Javier Milei llevaba una semana en el poder y aceptó casi empaquetada una propuesta para reformar la legislación laboral. Era una carpeta con papeles apilados que se la habían acercado a Federico Sturzenegger influyentes estudios jurídicos vinculados al sector privado. Dos de los cerebros de esa iniciativa fueron empleados históricos del Grupo Techint: Miguel Ángel Punte y Julio Cordero. Ambos luego se incorporaron a la función pública en la Secretaría de Trabajo de la mano de Sandra Pettovello. Punte ya se fue de la gestión, pero Cordero continúa al frente del organismo y su futuro está condicionado a la suerte del proyecto de ley que se tratará el miércoles próximo en el Senado.

La propuesta que le acercaron los especialistas a Milei se cristalizó unos días después en el capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo y que a dos años de su publicación espera todavía por un pronunciamiento de la Corte Suprema. El contenido de ese DNU es hoy el corazón del proyecto de ley que se debatirá en el Congreso, cuyos ejes son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal, limitar el derecho a huelga y licuar el poder de representación y recaudación sindical.

Frenado el DNU en la Justicia, el Gobierno intentó otra vez modificar puntos de la legislación laboral a través de la Ley Bases, sancionada por el Congreso a mediados de 2024. Milei tuvo que resignar 42 de los 58 artículos previstos para lograr el aval de la oposición dialoguista en los ítems laborales. Así consiguió avanzar con la oficialización del fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones para los sectores que lo acuerden mediante convenio colectivo. También logró que se eliminen las multas a los empleadores por falta de registración laboral y activar una suerte de blanqueo, con condonación de deudas y sanciones para los que regularicen relaciones vigentes iniciadas antes de julio de 2024. Las tres medidas tuvieron poco éxito e impacto casi nulo. Así hasta lo reconocen fuentes de la Secretaría de Trabajo.

El fondo de cese no fue aplicado por ninguna actividad, con la excepción de la Uocra, que lo había incorporado desde mucho antes. Las facilidades para formalizar relaciones laborales tuvieron un efecto inverso: se dispararon el empleo “en negro” y los cuentapropistas, tanto formales (monotributistas) como informales. Un dato adicional: el Ministerio de Capital Humano suprimió la subsecretaría de fiscalización y se redujo la estructura del área de inspección del trabajo, con ajustes de recursos económicos y humanos para desarrollar las tareas de control. Solo están hoy vigentes los controles provinciales. Las registraciones laborales se dieron en dosis homeopáticas a pesar del repliegue estatal.

¿Qué pasó un año después de la sanción de la Ley Bases? Se crearon 450.000 puestos de trabajo, de los cuales dos de cada tres son cuentapropistas y uno de cada tres es asalariado no registrado, según los datos del Indec que surgen de la comparación del tercer trimestre de 2024 con el de 2025. En cuanto al empleo registrado, la ecuación es negativa: en los primeros dos años de la gestión de Milei 270.852 asalariados formales perdieron su puesto de trabajo, de acuerdo a los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Entre las bajas, 63.234 son del sector público. Las empresas públicas Correo Argentino, Trenes, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación son de las áreas que más recortaron. Desde el comienzo de su mandato, Milei advierte que estas compañías podrían ser privatizadas.

Surge algo curioso del proyecto de ley oficialista sobre otro fenómeno de la geografía laboral: los trabajadores de plataforma. Se calcula que es un universo de más de medio millón de personas si se tiene en cuenta a los repartidores de Rappi y PedidosYA y a los conductores de Uber, Cabify o Didi. Para la iniciativa oficial, no existe un vínculo laboral. Es decir, no son considerados trabajadores. Hay un limbo que difícilmente se pueda resolver en el corto plazo.

En el país el empleo privado registrado está estancado en alrededor de 6,1 millones de personas desde hace 15 años. El empleo informal, que incluye a aquel trabajador que no cuenta con beneficios como obra social, aportes jubilatorios y vacaciones pagas, llegó al 43% en el segundo trimestre de 2025. Eso representa un universo de casi 5,7 millones de personas. Si la tendencia alcista continúa, en cualquier momento podría haber más trabajadores en la informalidad que en la formalidad. La crisis no es de ahora.

El proyecto de ley oficialista también apunta a modificar el modelo sindical. Es una amenaza inédita al poder de los gremios desde el regreso de la democracia: se limitaría el derecho a huelga; dejaría de ser obligatorio para los empleadores retener el pago de la cuota sindical y de los aportes solidarios, y se desfinanciaría al sistema de salud, ya que se baja de 6 a 5 por ciento el aporte patronal a las obras sociales. Se busca también eliminar el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos para allanar el camino a que prevalezcan los acuerdos por empresa por sobre los que pacte el gremio principal de la actividad, como sucede en la actualidad. Este cambio se había intentado incorporar en la frustrada reforma laboral de 2000, con la denominada “Ley Banelco”, durante el gobierno de la Alianza.

Hay muchas compañías, sobre todo las multinacionales, que prefieren negociar con el sindicato principal de la actividad antes que con la comisión interna. Es porque en algunos casos la comisión suele estar controlada por dirigentes trotskistas, dispuestos a desafiar tanto al empleador como a su jefatura sindical. La izquierda exhibe como caso testigo del avance del Estado sobre la protesta sindical un conflicto por despidos en la empresa de limpieza Lustramax, donde el 15 de enero un operativo de la Gendarmería irrumpió sin orden judicial en una asamblea de delegados. Los dueños de la empresa tienen un vínculo con la exfuncionaria del Ministerio de Seguridad y senadora provincial libertaria Florencia Arietto, según una investigación de La Izquierda Diario en la que se advierte sobre “el delivery de gendarmes” para neutralizar convocatorias sindicales.

La relación entre la gestión libertaria y los gremios peronistas estuvo guiada por la ambigüedad hasta la presentación del proyecto de reforma laboral. Si bien la CGT activó su primer paro general a 45 días de la asunción de Milei para rechazar el DNU 70/23, se abrió después una etapa de diálogo y entendimiento. Esta suerte de pacto alcanzó su cima cuando los diputados de La Libertad Avanza le quitaron su apoyo a la UCR y Pro para avanzar en el Congreso con los proyectos de ley que buscaban limitar el poder de los sindicatos. Radicales y macristas, hoy aliados al oficialismo, lo denunciaron tímidamente.

A fin de año, en medio de la negociación de la letra chica del proyecto de reforma laboral, hubo otro gesto del Gobierno a los gremios que pasó casi por debajo del radar. Con el aval de Santiago Caputo, el ministro de Salud, Mario Lugones, apeló a un fondo de emergencia para afrontar una deuda millonaria con las obras sociales sindicales en concepto de reintegros por tratamientos y medicamentos que suelen ser subsidiados. Se trata de un monto de $64.000 millones que desde noviembre y hasta la semana pasada la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) reparte entre las prestadoras médicas sindicales. Preventivamente, tal vez para blindarse en caso de un eventual reclamo, el jefe de la SSS, Claudio Stivelman, se hizo autorizar por escrito por Lugones para echar mano a $52.830 millones del Fondo de Emergencia y Asistencia, una caja creada por decreto durante la gestión de Cambiemos y cuya finalidad era para afrontar “situaciones de excepción” y “asistir financieramente ante desequilibrios temporales o coyunturales”. Un exfuncionario de la SSS lo explicó así: “Vaciaron un fondo de emergencia para hacer frente a los gastos corrientes”.

La celeridad que impuso el oficialismo antes de la Navidad para avanzar con el proyecto de reforma laboral volvió a tensar el vínculo y reabrió la posibilidad de que se active el cuarto paro general de la CGT contra Milei. En el flamante triunvirato de mando cegetista hay expectativa de incidir para edulcorar los artículos que licuarían su poder. Pero en caso de no logarlo ya se habla puertas adentro de lanzar una campaña de desprestigio y presiones a los senadores y gobernadores que eventualmente jueguen con el Gobierno. La media sanción de la ley depende hoy de un grupo de 20 senadores que levantan o baja la mano según la orden de su gobernador. La negociación fina no pasa por la letra chica de lo laboral sino por lo impositivo y su impacto en la coparticipación. No son conversaciones sostenidas por la convicción o la ideología. Se promete obra pública, financiamiento de deuda o fondos en concepto de ATN a cambio de apoyo legislativo. Son negociaciones que nublan de sospechas el tratamiento de cualquier ley.

Otro banco de pruebas de la reforma laboral es el intento oficial de moderar las paritarias. Julio Cordero admitió que recibió órdenes del Ministerio de Economía de no homologar acuerdos por encima del 1%. De la caída salarial no zafó el año pasado ningún sector y los dirigentes sindicales ya son blanco de críticas de sus afiliados por aceptar acuerdos por debajo del índice de precios. A Hugo Moyano un sector rebelde se animó a objetar sus tratos de 1% mensual con panfletos y publicaciones que exhiben por primera vez en décadas una señal de insurgencia en Camioneros. Detrás de esa movida está la sombra de su hijo Pablo.

La sorpresiva salida de Marco Lavagna del Indec y la decisión de Luis Caputo de dar marcha atrás con en el nuevo sistema de medición de la inflación abrió una herida en la credibilidad del Gobierno. Es un episodio que también se colará irremediablemente en el debate laboral antes del campanazo de largada para la temporada alta de las paritarias. La proyección inflacionaria de 10,1% anual que trazó el Presupuesto para 2026 se anticipa imposible. El jueves próximo se conocerá la inflación de enero y estaría alrededor del 2,5%, según anticipó Caputo en un raid mediático en el que naturalizó las altas y bajas del mercado laboral y defendió la política aperturista a pesar de sus consecuencias internas.

En su exposición en el Foro Económico de Davos Milei reforzó su manifiesto anti estado. “Los estados deben dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Regular mata el crecimiento”, expuso el 21 de enero último. Esta frase del Presidente sintetiza su visión crítica de las regulaciones en un país en el que la apertura de las importaciones está haciendo estragos en la economía doméstica.