POLITICA
Un juez aceptó a “Chiqui” Tapia como querellante en una causa por extorsión contra un dirigente de la Coalición Cívica

En un giro en la causa contra Matías Yofe, titular de la Coalición Cívica (CC) en Pilar, Claudio “Chiqui” Tapia fue aceptado como querellante. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se había presentado ante el juez Walter Saettone para denunciar al imputado, al legislador porteño de la CC Facundo Del Gaiso y al empresario Leandro Camani.
Saettone, magistrado de garantías de San Isidro que viene de rechazar el pedido de recusación por parte de la defensa, resolvió incluir a Tapia en la denuncia en carácter de particular damnificado.
“Resultaría ser posible víctima del hecho investigado”, consideró el juez en el fallo. El magistrado investiga si Yofe incurrió en un acto de extorsión al tomar contacto con personas a las que avisó que iba a denunciar ante la Justicia. Un caso específico es el de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
“No es un gesto simbólico: es un cambio procesal de enorme gravedad para quienes fueron denunciados”, afirmó Gregorio Dalbon, abogado de Tapia. La resolución ahora les permite tener acceso al expediente, solicitar medidas de prueba y colaborar en la investigación a cargo del fiscal Germán Camafreita.
Por su parte, Del Gaiso consideró: “Si ese es el precio por enfrentar a las mafias, lo afronto con gusto. Vamos a seguir presentando las pruebas para demostrar que hay una matriz de corrupción y de lavado de dinero en la AFA”.
El legislador anticipó que ampliará su denuncia en la causa por la mansión de Pilar, la cual tiene a Yofe como denunciante.
“Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, declaró Tapia por Zoom ante el fiscal y ratificó la denuncia que presentó la semana pasada. “Leandro Camani, escudándose en Matías Yofe y Fernando del Gaiso, materializa las denuncias para coaccionarme, junto con periodistas, no descarto que todo sea un concierto de una asociación ilícita”, apuntó.
La Justicia, en el marco de la denuncia por “extorsión”, realizada contra Yofe por el chofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, intenta determinar si existieron ofrecimientos de dinero al dirigente de la CC por parte de terceros y sospecha que él podría haber sido utilizado como fachada. Tanto en la fuerza de Elisa Carrió como cerca de Camani niegan que el empresario y los políticos hayan trabajado juntos.
En su presentación ante el juez Saettone, Tapia vincula la causa que tiene imputado a Yofe, así como su denuncia por la fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a las autoridades de la AFA, a su rol como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (Ceamse).
Es que Camani, empresario y titular de la empresa Secutrans, que provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en tres municipios de la provincia de Buenos Aires, habría estado interesado en la instalación de cámaras de fotomultas en zonas administradas por el Ceamse, según declara Tapia.
Ante la negativa de Tapia, “el vínculo con Camani se tornó conflictivo, y comenzaron a manifestarse presiones directas e indirectas orientadas a revertir al decisión adoptada”. Fue así que, como consta en el acta, “Camani transmitió un mensaje inequívoco de carácter intimidatorio, en el sentido que, si no accedía a habilitar el negocio de las fotomultas, se activarían falsas denuncias penales en mi contra”.
Las advertencias se habrían consumado con la presentación de la denuncia vinculada a la mansión de Pilar, “tramitada en una causa distinta a la presente, pero funcionalmente conectada con la amenaza previa”, la cual tiene como impulsores a Del Gaiso y Yofe.
En el entorno de Camani describen el planteo de la querella como “un delirio” y cuestionan el funcionamiento del juzgado. En una presentación por parte del empresario ante el juez en respuesta a la del titular de la AFA, Camani asegura que jamás mantuvo una “relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el señor Tapia”.
Además, el empresario aclara que su vínculo con Yofe “se circunscribe a las denuncias de hechos de corrupción”, al referirse a las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas bonaerense, en cuya causa ambos son denunciantes de D’Onofrio y Claudia Pombo, dirigente massista y expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar.
“Jamás he financiado, directa o indirectamente, al señor Yofe ni a persona alguna de su entorno, ni he requerido ni recibido de su parte colaboración fuera del cauce institucional. Por el contrario, he actuado en nombre propio”, sentenció Camani.
La investigación continúa abierta. Se prevé que el fiscal Camafreita reciba a dos testigos de las presuntas amenazas de Camani, referidos por la querella, la próxima semana. Tras esas declaraciones, los investigadores determinarán su competencia en los hechos denunciados por Tapia.
se había presentado ante el juez,que viene de rechazar el pedido de recusación por parte de la defensa,causa por la mansión de Pilar,https://t.co/aJklteQwyh,February 6, 2026,en el marco de la denuncia por “extorsión”,las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas bonaerense,Coalición Cívica,AFA,Pilar,Conforme a,,Empresas fantasma. El Gobierno le vuelve a pedir explicaciones a la AFA sobre más de 400 millones de dólares,,AFAgate. Los vuelos a la quinta de Pilar fueron contratados por la misma empresa sospechada de actuar como testaferro,,Puja. Un fiscal pidió que se revise el juez a cargo de la causa por la mansión de Pilar atribuida a dirigentes de la AFA,Coalición Cívica,,Denuncias cruzadas. Tapia acusó de “extorsión” a los dirigentes de la Coalición Cívica y también apuntó contra un empresario,,Citó una canción de Spinetta. El juez Saettone rechazó el planteo de Carrió para sacarlo del caso Yofe,,En la Justicia. Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento
POLITICA
Patricia Bullrich habló con la familia de la argentina acusada de racismo en Brasil: «Están desesperados»

En medio de la polémica por la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, el Gobierno salió al cruce de la oposición. “Acabo de hablar con la madrastra de Agostina. Están desesperados. La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja”, manifestó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Al respecto, Bullrich indicó: “Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa. No están para especulaciones ni para juegos políticos”. Allí hizo referencia a la legisladora nacional Marcela Pagano y al expresidente Alberto Fernández, que “salieron a atribuirse gestiones, habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público”. Aunque aclaró: “La familia no aceptó”.
En la misma línea, la exministra de Seguridad señaló: “Mientras algunos buscan protagonismo, el Canciller Pablo Quirno y el consulado trabajan desde el primer día como corresponde: con responsabilidad, bajo las reglas de la diplomacia y enfocados en resultados. Sin show, sin fotos”.
Por último, Bullrich remarcó: “No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política”. Y sentenció: “Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno”.
Leé también: La abogada acusada de racismo en Brasil podrá volver a la Argentina y deberá hacer tareas comunitarias
La situación de la abogada argentina detenida en Brasil
Según trascendió, Agostina demorará dos semanas en volver al país. Todavía faltan definir detalles del acuerdo que se firmó este martes entre ella y el juez.
La fiscalía, que ayer no se oponía a reducir las medidas cautelares mientras se cerraba el caso, ahora cambió de postura: pidió que Páez permanezca en Brasil y que las restricciones se flexibilicen recién cuando el acuerdo esté completamente definido.
El giro se da luego de la filtración del monto que se había propuesto pagar a las víctimas, según pudo saber TN. De acuerdo al Ministerio Público, la joven debería abonar cerca de US$50 mil a cada una de las personas afectadas.
Este martes por la tarde, Páez se presentó a una audiencia de Instrucción y Juzgamiento en el Tribunal Penal N°37 de Río, donde se resolvió que podrá regresar a la Argentina y cumplir tareas comunitarias.
“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó la joven de 29 años ante los medios. Además, aseguró que le gustaría volver a Brasil, un destino que le resulta atractivo, aunque reconoció que hoy le genera temor: “Es un país que me gusta, pero obviamente que tengo miedo”.
Patricia Bullrich, abogada, Brasil
POLITICA
La esposa de Adorni pidió crédito en un organismo público que, ahora, LLA busca eliminar en la Ciudad

A semanas de que se conociera que la esposa de Manuel Adorni viajó a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial por la Argentina Week, la narrativa libertaria vuelve a enfrentar una contradicción. Es que Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, habría comprado una vivienda en Parque Avellaneda con un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el mismo organismo que ahora La Libertad Avanza (LLA) busca cerrar como parte de un ajuste que propone en la Ciudad.
Según pudo saber , en diciembre de 2008, Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, accedió a un crédito del IVC para comprar un departamento ubicado en Bragado 4747, en el barrio porteño de Parque Avellaneda. A través del organismo porteño también adquirió una cochera en ese mismo domicilio. La transacción que le permitió acceder al inmueble de 52 metros cuadrados se realizó en el marco de los programas “Operatoria Terreno, Proyecto y Construcción” y “Operatoria Acceso Inmediato en Pesos” del organismo porteño.
La compra del departamento -de acuerdo a fuentes oficiales- habría tenido un valor total de $104.654,89, financiados en 360 cuotas sociales -es decir, un plan de pago a 30 años– de $474, monto que incluye intereses. La cochera, en tanto, se habría adquirido por un valor total de $4000 financiados también en 360 cuotas de $19,10 con intereses.
En un listado de la cartera de préstamos del IVC publicado en 2015, Angeletti figura como beneficiaria de dos créditos del organismo. El documento da cuenta de un préstamo de 360 cuotas aprobado el 30 de marzo de 2009 por un total de $98.365,44 para la compra de un departamento ubicado en Bragado 4741. También está registrado un préstamo de 360 cuotas aprobado el 5 de mayo de 2009 por $3920,48 para la compra de una cochera en ese mismo edificio.
Ambos créditos aparecen asociados a “TPYC -Bragado 4741″, siglas que coinciden con el nombre del programa “Operatoria Terreno, Proyecto y Construcción” citado por las fuentes consultadas. En planillas del IVC de 2019 y 2020, “TPYC Bragado 4741″ aparece en conjunto con otras alturas de la misma calle: “TPYC BRAGADO 4741/61/63/65″. En tanto, en el despacho 0397/18 de la Legislatura porteña, esas mismas direcciones (4761/63/65) aparecen en tándem -como pertenecientes al mismo complejo habitacional- con la dirección Bragado 4747, informada por las fuentes consultadas.
Angeletti habría cancelado la deuda contraída por el IVC en agosto de 2024, después de que su esposo se incorporara al gobierno nacional como vocero presidencial. Alrededor de seis meses más tarde, el 14 de enero de 2025, Angeletti habría obtenido del Gobierno de la Ciudad la documentación que acreditaba el pago de la hipoteca y la titularidad de su vivienda social.
Que la esposa de Adorni utilizara un crédito del IVC para comprar un inmueble tensiona el discurso de LLA, que impulsa la eliminación del organismo bajo el argumento de que no ha logrado brindar “soluciones efectivas para quienes buscan acceder a la vivienda”.
El legislador libertario Nicolás Pakgojz -cercano a Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque violeta en la Legislatura porteña- es el autor del proyecto que busca cerrar el instituto y reasignar sus partidas presupuestarias. La iniciativa fue presentada ante el parlamento local el pasado 16 de marzo y tiene como coautores, entre otros, a la propia Ramírez -que difundió la propuesta en su cuenta de X- y Marcelo Gregorio Ernst, quien asumió su banca como reemplazante de Adorni luego de que el funcionario nacional decidiera permanecer en Casa Rosada.
“La continuidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), creado por la Ley N° 1.251, constituye un claro ejemplo de un esquema estatal que prioriza el sostenimiento de su propia estructura antes que la eficacia de la política pública que dice ejecutar», dice el proyecto presentado por el partido de Javier Milei.
Según cifras citadas en el texto, la mayor parte del presupuesto se destina a gastos operativos asociados al personal y funcionamiento general del organismo en detrimento de los programas de crédito. La iniciativa detalla que “el programa ‘Créditos Ley 341/964′ registra $4.026 millones (aprox 3,6% del total del IVC) y, dentro de ese programa, los ‘préstamos a largo plazo’ alcanzan apenas $1.045 millones (menos del 1% del total del Instituto)“. Estos últimos corresponden al tipo de crédito tomado por la esposa de Adorni.
viajó a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial,cartera de préstamos del IVC,despacho 0397/18,presentada ante el parlamento local,asumió su banca como reemplazante de Adorni,@LLA_CABA,pic.twitter.com/P2IgOfc0pK,March 16, 2026,proyecto presentado,Abigail Contreiras Martínez,La Libertad Avanza,Manuel Adorni,Legislatura Porteña,Conforme a,La Libertad Avanza,,La mano que le tendió Macri al Gobierno,,Piden la intervención de Milei. Adorni denunció un complot interno y Santiago Caputo teme que le quiten la SIDE y ARCA,,La interna no cede. Crece la desconfianza hacia María Ibarzábal en el círculo íntimo de Milei
POLITICA
Mahiques anunció el inicio del proceso formal para enviar al Senado 62 pliegos que cubrirán vacantes en la Justicia

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que enviará el pedido formal a la Cámara de Senadores para cubrir los cargos vacantes que hay en el Poder Judicial. Esto se da después de un nuevo encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei.
Según publicó en su cuenta de X, el titular de la cartera judicial señaló: “Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”.
Y agregó: “Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”.
Hoy por la mañana, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío a la Cámara Alta y sostuvo: “Para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía. Hoy, 364 mil cargos de la Justicia Federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60 % de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”.
“Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina”, continuó.
En una entrevista con Infobae, el propio Mahiques sostuvo que el Presidente «quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo“.
Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde —según describió— la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.
En las últimas horas, el ministro también anunció que comenzarán a redactar un nuevo Código Penal por pedido del mandatario. De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el encuentro se realizó el martes por la tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Entre las figuras que se van a incorporar, y tal como había anticipado este medio, están temas “migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.
Si bien era uno de los proyectos a tratar en estas sesiones ordinarias, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y optó por hacer varios cambios.
“El envío del proyecto se mantiene pero, conscientes de que es un proceso y que el nuevo código requiere revisiones, el Presidente considera que hay temas que no pueden seguir demorándose porque son delitos que están afectando el día a día”, explicaron fuentes calificadas.
Así las cosas, si bien la intención del Gobierno es presentar un texto integral en un futuro cercano, por el momento será un paquete más reducido.
“Van a debatir con el Presidente todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones, momentos antes de la reunión.
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