POLITICA
Discreción y proximidad a las fronteras: por qué registraron actividad del Tren de Aragua en Corrientes
El Tren de Aragua parece haber elegido a la provincia de Corrientes como una posible base de operaciones en la región. Es en esa jurisdicción que se encontró mayor presencia de grupos e individuos relacionados con la organización terrorista que tiene vínculos con el régimen chavista de Venezuela.
El fiscal federal coordinador del distrito, Carlos Schaefer, indicó a Infobae que la elección de esta provincia por parte de la organización criminal se puede entender gracias a su ubicación geográfica. Según explicó, “la cuestión limítrofe” con Brasil, Paraguay y Uruguay es un factor a considerar.
Sin embargo, “no tenemos un dato preciso” de qué motiva la elección, confesó. Otro elemento que sumó es que la provincia permite moverse con algo más de anonimato, fuera de los centros urbanos principales. La intención podría ser “pasar desapercibidos y ubicarse en una zona limítrofe para, según entiendo, recibir a otros miembros de la organización”.
La banda de Yiyi
En 2023, un procedimiento realizado en la Ruta Provincial 43 de esta provincia culminó con la captura de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”. Regenteaba una gavilla compuesta por trece personas. Once de ellas son de nacionalidad venezolana. Hay un colombiano y un argentino. El esquema estaba dividido en dos células. Una a cargo de su primo. La otra, de su pareja.
Boscán Bracho vivía en un country de lujo en la ciudad de Corrientes. Allí estaba una parte de su estructura criminal. La restante actuaba en Ezeiza y La Plata.
Interpol había emitido una “alerta roja” sobre el jefe de la banda. En Venezuela lo buscan por varios delitos. Entre ellos, extorsión y asociación para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles. También terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios.
En Corrientes llamó la atención que haya comprado una propiedad rural de 15 hectáreas de tierras improductivas a un precio de USD 75 mil y que, además, la pagó en efectivo. La pesquisa judicial descubrió que, mientras estuvo operativo, la banda adquirió campos. También se hizo con propiedades en countries y hasta locales comerciales. Uno de ellos era un centro de estética de uñas en La Plata.
“Yiyi” ingresó a la Argentina con identidad falsa en 2019. Para la Justicia, su arribo marcó el inicio de las actividades del Tren de Aragua en el país.
Se lo procesó por ser miembro de la organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El resto de la banda tiene, en su mayor parte, las mismas acusaciones. Está alojado con el rótulo de “extrema peligrosidad” en Ezeiza. Pasa 20 horas al día recluido en su celda. Su expulsión del país está aún en trámite.
En diciembre del 2025, la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos de toda la gavilla. Casi en paralelo, la Prefectura detuvo a otro supuesto integrante del Tren de Aragua en la provincia.
Los “lobos solitarios”
Uno de estos se llama José Féliz Peñalver Veliz y se lo detectó el sábado 20 de diciembre de 2025, “justo el fin de semana posterior a que se hayan ratificado los procesamientos de la organización” de Yiyi, señaló el fiscal Schaefer.
El hombre fue detenido en Ituzaingó. Intentaba llegar por vía fluvial a Paraguay. Cuando la Prefectura lo detuvo, dijo que le habían robado sus documentos. Fue arrestado.
Se inició entonces una pesquisa internacional para dar con sus datos. Los informes que arribaban a la Justicia Federal de Corrientes eran alarmantes.
El hombre de 35 años formó parte del Ejército venezolano. Tenía una causa pendiente por homicidio en su país. Además, se lo expulsó de los Estados Unidos a comienzos del 2025 por estar indocumentado, portar un arma blanca y tener tatuajes y otros elementos que lo vinculaban con el Tren de Aragua.
Cuando se le hicieron los controles de rutina en Estados Unidos, se le detectaron más de 20 cicatrices en el cuerpo y una bala alojada en el abdomen. Se justificó alegando su condición de militar.
A la Argentina ingresó por Salta a través de un paso clandestino. La Justicia encontró en sus redes sociales un video donde enviaba su “respeto al Tren”. Fue expulsado del país la semana pasada. Estaba alojado en el penal de Marcos Paz.
Menos de 40 días después, se detuvo a otro venezolano relacionado al Tren de Aragua. Esta vez lo ubicaron en Ita-Ibaté. También había traspasado las fronteras nacionales de manera clandestina. Tiene 32 años y se le identificó como Delvis Joel Ascanio Salazar.
“Peñalver Veliz tenía un tatuaje: una pipa como la de Nike. Este tiene otro tipo de tatuajes que podrían vincularlo. Pero no podemos hacer una acusación solo por eso”, puntualizó el Fiscal Federal. “Los estamos encontrando como lobos solitarios”, reseñó luego el funcionario judicial.
La preocupación de los integrantes de la Justicia no se detiene en la penetración del Tren de Aragua. “También detuvimos a una asociación ilícita colombiana que operaba con el ‘gota a gota’, un préstamo usurario a ciudadanos comunes que muchas veces terminan pagando con la vida”, aseveró.
El valor de la decisión política
A la hora de señalar fortalezas del proceso de lucha contra el crimen organizado en general y en particular frente al Tren de Aragua, Schaefer destacó dos factores: la voluntad de acción política y el compromiso de la ciudadanía.
“Hay una decisión política. A este tipo de organizaciones hay que combatirlas a partir de una determinación que surja del Poder Ejecutivo (y que se proyecte) a todas las fuerzas de seguridad abocadas a eso. Se trata de la prevención de un delito grave”, evaluó.
En esa línea, puso énfasis en valorar que el Estado nacional haya declarado al Tren de Aragua como organización terrorista. “Eso facilita las cosas”, enfatizó.
La decisión se tomó durante el 2025 a través de la Resolución 186/2025 firmada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por medio de esa normativa, el Tren de Aragua quedó incluido en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET).
El Ejecutivo nacional llegó a esta determinación luego de considerar que la organización representaba “una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.
De conformidad con informes “de carácter reservado”, se advirtió que el Tren de Aragua desarrollaba conductas vinculadas con el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando. Entre sus actividades ilícitas también se contaban el secuestro, la extorsión y el lavado de activos.
“En numerosas ocasiones se vale del terror para lograr sus objetivos”, evaluó la cartera de Seguridad.
La complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales ligadas al crimen organizado “demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas”, estimó el Ministerio. Así, se permitiría optimizar la asignación de recursos y mejorar los resultados de las investigaciones. Estados Unidos y otros países también impusieron la misma calificación a la organización.
El compromiso social
Por otro lado, Schaefer colocó en la columna de las preocupaciones que los integrantes de estas bandas pueden ingresar con facilidad al país.
Pese a esto, el fiscal dijo que es primordial también proteger a la estructura judicial que investiga los delitos. Por eso se han tomado “medidas para resguardarnos, sobre todo los que estamos más cerca de este tipo de situaciones”, expresó.
Por último, dudó de que exista un conocimiento extendido en la sociedad del peligro que representan este tipo de organizaciones. “Es importante que la comunidad lo sepa. Tiene que estar atenta y alerta a quién se instala en sus lugares. Preguntarse a qué se dedican esas personas, porque a veces ni siquiera tienen una actividad y poseen un montón de bienes”, concluyó.
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POLITICA
El Gobierno tuvo que retirar su reforma penal juvenil y enviará otra que lleva la edad de imputabilidad a 14 años
A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso, debido a que no contempla la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras, y remitir uno nuevo para ser tratado mañana en comisiones.
El Poder Ejecutivo enviará este martes nuevamente un proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil que establece el límite para la punibilidad en menores será de 14 años y no de 13, como establecía el documento que se había remitido al Poder Legislativo al comienzo de la semana.
“Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.
La hoja de ruta prevista para los próximos días será la siguiente. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones clave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se verá quienes ocuparán la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Mientras que a las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia. Ambas deberán fijar sus respectivos presidentes, vices, secretarios y vocales.
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La incorporación de esta última comisión se produce porque, además de tener un efecto concreto en la baja de la edad en la cual un menor cumple responsabilidades penales, el proyecto tiene una importante implicancia presupuestaria.
En el artículo 51 se determina la asignación de $23.739.155.303,08 para la implementación del nuevo régimen, detallando las partidas que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones. “Este último punto fue negociado desde el Ejecutivo y el mismo bloque de LLA en Diputados, presidido por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien fue el principal responsable de convencer internamente la necesidad de movilizar de manera exprés el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años”.
Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a Infobae. Así, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año previo, proponiendo penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua.
El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.
El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables. El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.
Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso. El Gobierno también propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.
El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia, elementos que fueron motivo de debate presupuestario y que ahora aparecen previstos en la nueva estructura financiera del proyecto.
La Argentina cayó cinco puestos en el ranking de índice de Percepción de la corrupción que realiza la organización Transparencia Internacional, que año a año analiza el desempeño de los países a nivel global. El país pasó del puesto 99 en el 2024 al 104 en el 2025, con 36 puntos sobre 100, en el segundo año de mandato del presidente Javier Milei. De esta manera se ubica en el puesto 106 entre 182 naciones.
El nuevo informe se conoció luego del procesamiento sin prisión preventiva del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa por corrupción en el organismo. Sumado al caso Libra y a la renuncia de Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina en medio de sospechas de sobreprecios.
Leé también: La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en la causa por corrupción en la ANDIS
La organización advirtió, en el caso de la Argentina, que “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”. La Argentina comparte el puesto con Belice y Ucrania, y está por encima de otros países como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.
La Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países en América, donde quienes tienes mejores puntuaciones son Canadá (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17. Mientras que Nicaragua y Venezuela son los países con las peores calificaciones del continente.
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D´Alessandro, dijo al respecto que “es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo». Advirtió que “en el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente».
Mientras que el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó: “Las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción».
Secchi le hizo fuertes advertencias al Gobierno en materia de transparencia, luego de la difusión de un nuevo informe de Transparencia Internacional: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad que, además de la sospecha de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”.
Javier Milei, Corrupción
POLITICA
Acuartelamiento policial en Santa Fe: reclamo salarial y temor a un conflicto nacional de seguridad
Rosario — Una fuerte tensión institucional se vivió durante la madrugada en la provincia de Santa Fe luego de que efectivos policiales realizaran un acuartelamiento parcial en distintas dependencias, principalmente en la ciudad de Rosario. La medida se produjo tras una protesta interna vinculada a reclamos salariales y condiciones laborales, generando preocupación tanto en el gobierno provincial como en el resto del país por el posible efecto contagio.
Qué ocurrió
El conflicto se originó luego de manifestaciones realizadas por familiares, retirados y personal activo de la Policía de Santa Fe. Tras la protesta, varios efectivos permanecieron dentro de las dependencias sin realizar patrullajes habituales, reduciendo la presencia preventiva en las calles.
Aunque oficialmente no se declaró un paro —prohibido para fuerzas de seguridad—, en la práctica se registró una retención de tareas, situación que en Argentina suele denominarse “acuartelamiento de hecho”.
El motivo del reclamo
El petitorio presentado por los uniformados incluye:
- actualización salarial frente a la inflación
- mejoras en adicionales y horas extra
- mejores condiciones laborales y equipamiento
- reconocimiento profesional y jerárquico
Fuentes vinculadas al conflicto señalaron que el desfasaje salarial respecto a otras fuerzas provinciales y federales es el principal detonante. La imposibilidad legal de sindicalización obliga históricamente a este tipo de medidas informales para presionar negociaciones.
Impacto en la seguridad
Durante las horas de tensión se registró menor presencia policial preventiva, lo que encendió alertas en autoridades locales. El gobierno provincial inició negociaciones urgentes para evitar que la situación escale.
Especialistas en seguridad advierten que estos episodios son particularmente sensibles en Argentina: cada vez que una protesta policial se prolongó en el tiempo, derivó en aumentos abruptos del delito oportunista.
Temor a efecto contagio en el país
El mayor temor de las autoridades nacionales es la posibilidad de que el reclamo se replique en otras provincias. Históricamente, los conflictos salariales policiales suelen propagarse rápidamente debido a que:
- las escalas salariales son comparables entre provincias
- las fuerzas no tienen representación gremial formal
- los aumentos otorgados en una jurisdicción generan presión en las demás
Por el momento, no se registran medidas similares en otros distritos, pero los gobiernos provinciales siguen la situación con atención ante la posibilidad de un conflicto de alcance federal.
Situación actual
Las negociaciones continúan abiertas y el objetivo oficial es normalizar el servicio sin sanciones disciplinarias masivas que puedan profundizar la crisis. El resultado de la negociación será clave para determinar si el episodio queda como un reclamo aislado o se convierte en un precedente nacional.
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