“Al proyecto no le vamos a tocar ni una coma”, vociferó hace unos días Manuel Adorni en un pasillo de la Casa Rosada. Finalmente, el Gobierno aceptó 28 modificaciones en su iniciativa de “modernización laboral”. Algo parecido sucedió con la Ley Bases, en 2024, cuando la Casa Rosada tuvo que resignar 42 de los 58 artículos previstos para lograr el aval de la oposición dialoguista en los ítems laborales.

Entre los cambios más salientes del proyecto que se discute hoy en el Senado surgen algunas concesiones a los reclamos de la CGT: conservar intactos los recursos de las obras sociales sindicales, sostener las cuotas solidarias y mantener a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación sindical. Es decir, la caja no se toca. Tampoco se alteraría el modelo sindical, la viga maestra sobre la que los gremios peronistas construyeron su poder. Si avanza el proyecto, las limitaciones al derecho a huelga y a las asambleas en los lugares de trabajo empujarán a la CGT tener el monopolio de la negociación con el Gobierno y los empresarios, y perderán los gremios más combativos. “Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores”, sintetizó Rodolfo Aguiar, dirigente estatal de ATE, en radio Con Vos.

“Los cambios no nos conforman y vamos a seguir negociando”, dijo un jerárquico de la CGT. El sabor agridulce es porque temen que en el debate legislativo permanezca la intención de eliminar el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos para allanar el camino a que prevalezcan los acuerdos por empresa por sobre los que pacte el gremio principal de la actividad, como sucede en la actualidad. Hay muchas compañías, sobre todo las multinacionales, que prefieren negociar con el sindicato principal de la actividad antes que con la comisión interna. En este punto, la CGT y la Unión Industrial muestran coincidencias.

La relación entre la gestión libertaria y los gremios peronistas estuvo guiada por la ambigüedad. Si bien la CGT activó su primer paro general a 45 días de la asunción de Milei para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, con el que Javier Milei intentó con menos de un mes en el poder modificar la legislación laboral sin pasar por el Congreso, se abrió después una etapa de diálogo y entendimiento. Esta suerte de pacto alcanzó su cima cuando los diputados de La Libertad Avanza le quitaron su apoyo a la UCR y Pro para avanzar en el Congreso con los proyectos de ley que buscaban limitar el poder de los sindicatos. Radicales y macristas, hoy aliados al oficialismo, lo denunciaron tímidamente.

Con la presentación del proyecto de reforma laboral a fin de año, después del triunfo electoral de octubre, el Gobierno volvió a la carga con el contenido del DNU 70/23, cuyos cerebros del capítulo laboral, Federico Sturzenegger y el exTechint Miguel Ángel Punte, deberán estar hoy decepcionados al ver las concesiones al sindicalismo. Stuzenegger había dicho en una exposición reciente en Madrid que la intención era “desarticular” a los gremios y habló “de peajes” al referirse a los aportes solidarios, que se mantendrán igual hasta 2028, aunque con un tope de 2%.

Al filo del fin de año, en medio de la negociación de la letra chica del proyecto de reforma laboral, hubo otro gesto del Gobierno a los gremios que pasó casi por debajo del radar. Con el aval de Santiago Caputo, el ministro de Salud, Mario Lugones, apeló a un fondo de emergencia para afrontar una deuda millonaria con las obras sociales sindicales en concepto de reintegros por tratamientos y medicamentos que suelen ser subsidiados. Se trata de un monto de $64.000 millones que desde noviembre y hasta la semana pasada la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) reparte entre las prestadoras médicas sindicales. Preventivamente, tal vez para blindarse en caso de un eventual reclamo, el jefe de la SSS, Claudio Stivelman, se hizo autorizar por escrito por Lugones para echar mano a $52.830 millones del Fondo de Emergencia y Asistencia, una caja creada por decreto durante la gestión de Cambiemos y cuya finalidad era para afrontar “situaciones de excepción” y “asistir financieramente ante desequilibrios temporales o coyunturales”. Un exfuncionario de la SSS lo explicó así: “Vaciaron un fondo de emergencia para hacer frente a los gastos corrientes”.

El apretón de manos por conservar intacta la caja de la salud se coronó con la eliminación del artículo que proponía la reducción del 6 al 5% del aporte a las obras sociales que deben hacer los empleadores.

“Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, subrayó Gerardo Martínez en Infobae. En la misma entrevista, endulzó a Patricia Bullrich por su rol dialoguista con los gremios. El secretario general de la Uocra es uno de los sindicalistas más influyentes del país desde la década del 90 hasta la actualidad. Se sentó en la mesa de negociación con el menemismo, cuando se flexibilizaron convenios y se congelaron paritarias, y también estuvo durante la Alianza, cuando Fernando de la Rúa intentó avanzar con una reforma laboral similar a la de Milei, que se cayó por denuncias de pago de sobornos. Martínez integró el Consejo de Mayo y estuvo ahora en la negociación con funcionarios libertarios, gobernadores y legisladores. Tal vez su influencia sobre el triunvirato de mando de la CGT fue lo que frenó lo que se anticipaba como el cuarto paro general contra las políticas de Milei.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional que gestiona el curso de agua limítrofe entre la Argentina y Uruguay, quedó envuelto en una controversia por sospechas de corrupción. Un documento interno al que accedió describe estas presuntas irregularidades como “una situación que amerita un análisis detallado” y apunta a la delegación argentina.

“Ha generado reiterados conflictos con la delegación uruguaya, la cual debió intervenir para frenar diversas iniciativas”, afirma el texto. “No hay malestar”, aseguran por otro lado en la representación oriental, que toma distancia de la filtración y se la atribuye a una fuente administrativa interna de la CARU en conflicto con Raúl Luis Montero, presidente de la delegación argentina.

Montero, asesor general del gobierno bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, fue designado en el decreto 394/2025 de junio pasado por el entonces canciller Gerardo Werthein, junto a Francisco Mansanta (exfuncionario de Pro) y María Agustina Piñeiro (exfuncionaria de Sandra Pettovello), ambos provenientes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Todos ellos, con la diplomática de carrera María Laura Ojeda, que completa la delegación, fueron designados ad honorem. Es decir, que sus cargos no generan ”erogación presupuestaria adicional alguna al Estado Nacional”, según surge del decreto. Por lo tanto, continuarían percibiendo sus salarios en sus respectivos organismos de origen.

Sin embargo, de acuerdo con la nota DACARU 52/2025, Montero solicitó que los gastos de representación de los “cinco delegados” argentinos fueran depositados en la cuenta N°0122773 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Montevideo. El argumento fue que esos fondos −cercanos a los 50.000 dólares mensuales, según la filtración−, serían utilizados para afrontar gastos de mantenimiento.

El pedido no fue tratado por la contraparte uruguaya, según pudo averiguar este medio. Entre las razones que elabora el documento interno, se expone que la delegación argentina se compone de cuatro miembros, contrario a lo establecido por el estatuto de la CARU y al propio planteo de Montero. “No correspondería bajo ningún concepto que perciban gastos de representación por parte del la CARU”, afirma el texto filtrado.

En la delegación uruguaya llamó la atención los montos salariales descriptos por el documento interno, ya que todos los miembros cobran 8580 dólares al mes. Es decir que, incluso con una representación con cinco delegados, el número se aleja de los 50.000 dólares mensuales. Aclaran también que, a pesar de que los argentinos no perciben su salario, ese dinero sigue siendo depositado en una cuenta del Banco Nación en el país vecino.

Por otra parte, se detalla en el informe que los delegados argentinos “gozan de múltiples beneficios solventados íntegramente por la CARU”: oficinas, vehículos de alta gama con choferes asignados, cobertura total para combustibles, peajes y viáticos y alojamiento en habitaciones la sede con servicios “all inclusive” durante su estadía. Su financiamiento, como el de buena parte del organismo, proviene de los peajes binacionales en los puentes General Artigas y General San Martín.

En ese contexto, el texto destaca un chofer que actualmente se desempeñaría como asesor de la delegación argentina, quien “realiza mensualmente traslados a la ciudad de Montevideo en vehículos de la CARU para retirar los fondos depositados”. Estos fondos, que corresponderían a los mencionados viáticos, “excederían los límites permitidos por la normativa aduanera vigente” para poder regresar al lado argentino. “Eso en la CARU lo saben todos”, deslizaron al respecto cerca del organismo.

“Uno de los episodios más graves”, continúa la filtración, fue la propuesta −DACARU 50/2025, con el sello de Montero− de la firma de un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para la repavimentación, entre otras obras, de la ruta nacional 136 en nuestro país. “Una inversión estimada en 15 millones de dólares”, se precisa.

La iniciativa fue rechazada por la representación uruguaya, bajo el pretexto que el proyecto no está en de las potestades que atiende el estatuto de la CARU. “La expectativa del otro lado era que se hiciera”, reconocieron. “Pretendía financiarse con fondos de reserva de la CARU, fondos de contingencia de los puentes binacionales e incluso recursos destinados al dragado del Río Uruguay, además de un eventual aumento de peajes”, pormenorizó el documento interno.

“El hecho deterioró gravemente la relación bilateral dentro de la Comisión y explicaría la ausencia de la delegación argentina en el acto conmemorativo por los 50 años del Puente Internacional General Artigas”, consideró la filtración. Por su parte, aunque no niegan el “malestar” por el faltazo justificado por motivos de “austeridad” del lado argentino, en la otra orilla del río le ponen paños fríos al asunto. “Tengo la mejor relación”, deslizó una fuente inobjetable.

se comunicó con la presidencia de la delegación argentina ante la CARU para consignar su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de esta nota.