El mercado automotor argentino también está pendiente de lo que pueda suceder a partir de este miércoles con el debate por la Reforma Laboral en el Congreso. Pero la atención no está puesta tanto por el impacto que podrían tener los cambios respecto al régimen laboral en sí mismo, que a esta industria no le cambia el escenario como a otras, sino por el capítulo fiscal que incluye en uno de sus últimos artículos.

Se trata del inciso que elimina el impuesto interno, que en Argentina se hizo famoso como “Impuesto al lujo”, y que en la actualidad impacta en los autos con precios superiores a los $103.000.000 en un 18%. Si bien la eliminación de este tributo beneficiará a los consumidores de autos de alta gama o precios altos, también podría generar un reacomodamiento de precios de un segmento muy especial para los argentinos: las pick-up medianas de mayor equipamiento, que aunque no pagan impuesto al lujo por su condición de ser vehículos comerciales, se verán empujadas a ajustar su escala de precios para no perder mercado.

Un año atrás, a comienzos de 2025, el Gobierno suspendió la escala 1 de este impuesto, que afectaba a la franja media de precios del mercado con una alícuota del 20% -que terminaba siendo casi del 25% al aplicarse-, y redujo al 50% la escala 2, la que sigue vigente, al llevarla del 35% al 18 por ciento.

Sin embargo, la posible eliminación definitiva de este impuesto, de aprobarse, significará un alivio para los importadores, sean terminales automotrices nacionales o solo representantes oficiales, porque las ventas de autos alcanzados por este impuesto quedaron prácticamente paralizadas desde el mes de diciembre, al conocerse la existencia de este item en el proyecto de ley del Gobierno.

La expectativa de los consumidores de autos que pagan impuesto al lujo respecto a una baja sustancial en el precio generó que se frenen casi todas las operaciones de compra desde el 15 de diciembre en adelante. Como cuenta básica para entenderlo, se podría decir que un vehículo que hoy cuesta $125.000.000 y está alcanzado por este impuesto, podría bajar su precio a unos $108.000.000.

Ante ese escenario, hubo diferentes reacciones de los importadores. Algunas marcas incluso decidieron paralizar la nacionalización de los autos que llegaron desde entonces y dejarlos en depósito fiscal hasta que se tenga certeza respecto al resultado que se logre en el Congreso, especialmente porque hubo varios actores del sector que consideraron que este capítulo impositivo de la Reforma Laboral cumplía un doble rol de ser una “moneda de cambio”, como de hecho sucedió con el impuesto a las Ganancias recientemente. Es decir, que la eliminación del impuesto interno a los autos podría caerse si el Gobierno tuviera que hacer concesiones para que se apruebe el proyecto de ley.

Otros, en cambio, apostaron por seducir a los compradores con descuentos cercanos al 10% durante enero y febrero, algo representativo de la baja de precio que podía hacerse en caso de que se sancione la ley, y que en el caso de una hipotética caída del capitulo impositivo o el artículo relacionado con impuestos internos, será un beneficio que ya no existirá en marzo.

Pero la eliminación del impuesto interno no beneficiará únicamente a los consumidores de autos de alta gama o precios altos, sino que podría generar un reacomodamiento de precios de un segmento muy especial para los argentinos: las pick-up medianas de mayor equipamiento. Si bien esta clase de vehículos no pagan impuestos internos por ser automotores destinados a actividades comerciales y producción, la baja de los SUV más caros pisarán su precio.

“La baja de impuestos es siempre una buena noticia. Más allá de la franja de precios que afecte o beneficie. Cuando bajan los impuestos a un segmento, automáticamente se redefinen los precios que están alrededor”, explicó un importador de autos de alta gama a Infobae.

“Los que se ven más influidos son los inmediatamente por debajo, porque deben bajar precio para no competir con vehículos de mejor categoría. Siempre es importante entender que así como en las gamas bajas de autos tienen muy poco margen de ganancia para el fabricante porque en esos segmentos se apuesta a ganar volumen y participación de mercado, en los autos más caros el margen es mayor y se puede ajustar sin perjuicios importantes para la marca”, señaló la misma fuente.

Si se aprueba la eliminación del impuesto interno a los autos, la franja de vehículos que tendría que ajustar precios es la que tiene modelos entre los $70.000.000 y los $90.000.000, lo que automáticamente deja incluidas a las pick-up argentinas de precios superiores, las de mayor equipamiento de todo el portafolio de las marcas.

Estos vehículos tuvieron un mayor auge cuando las restricciones a la libre importación del Gobierno de Alberto Fernández y la plena vigencia del impuesto interno afectaba los autos y SUV de ese nivel de precios, y como las camionetas no pagan el impuesto al lujo por estar enmarcadas entre los vehículos comerciales livianos, dotarlas de mayor equipamiento y confort las convirtió en una excelente alternativa para los usuarios que le daban un uso como automóvil particular.

Esto llevó a las pick-up argentinas a aumentar su cuota en el mercado automotor durante varios años, alcanzando casi el 30% del total de patentamientos. Sin embargo, desde la apertura de las importaciones promovida por el Gobierno, con dos años en los que empezaron a llegar más SUV medianas y grandes de precio equivalente, el porcentaje de mercado de las pick-up medianas bajó considerablemente y hoy ocupa el 18% del segmento de autos particulares y comerciales livianos.

De hecho, como consecuencia de ese reordenamiento de precios que está ocurriendo, la mayoría de los fabricantes de camionetas están reforzando su oferta en la gama más baja, las pick-up de trabajo, entendiendo que las de precios más altos tendrán un ajuste de ventas en un mercado cada vez más competitivo. En los últimos meses, Ford y Chevrolet volvieron a apostar por las versiones de cabina simple con caja, como ejemplo de este nuevo escenario.

Hipercrítico el modelo económico del gobierno, el secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), Daniel Yofra, fue uno de los primeros dirigentes en salir a militar contra la reforma laboral libertaria.

Fiel a su discurso, impulsó acuerdos con otras organizaciones gremiales y fue uno de los creadores del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), junto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, Pilotos, Viales, Marítimos y Portuarios, entre otros, que realizaron una masiva movilización de Córdoba y promete continuar con otras medidas de fuerza.

Para Yofra, «no van a modernizar nada»

Si bien acompañan la marcha de este miércoles al Congreso, los llamados «Aceiteros» dispusieron un paro total por 24 horas durante esta jornada, dando una señal de que no le tiembla el pulso a la hora de la protesta, sin importar que se trata de una de las actividades mejor remuneradas, con un básico de 2.300.000 pesos, que el propio Yofra se encarga de aclarar que «es fruto de la lucha de los compañeros y compañeras».

La huelga afecta a los agroexportadores -la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), la Cámara de la Industria de Aceites Vegetales y Afines (CIAVEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO)- que además es generador de la liquidación de divisas, fundamental para el plan del Ejecutivo. 

Para el gremio, el proyecto «no incluye ni un sólo artículo que favorezca a las y los trabajadores, sólo fortalece la posición de las patronales» y remarcó que «no va a modernizar nada, solo busca hacer retroceder el tiempo, debilitando y eliminando conquistas que costaron muchos años conseguir y que constituyen la fortaleza del sindicalismo argentino, como los convenios colectivos de trabajo, el ejercicio irrestricto del derecho de huelga, las asambleas y las comisiones internas».

Diferencias con la CGT: ¿huelga por tiempo indeterminado?

Yofra, quien convocó a la manifestación de hoy a pesar de sus serias diferencias con la conducción de la CGT, sostuvo que «esta reforma no va a crear empleo de calidad» y advirtió que «ninguna ley regresiva crea trabajo de calidad, no ocurrió en los años 90 en nuestro país ni pasó nunca en ningún lugar del mundo. El empleo se crea gracias a políticas económicas que generan crecimiento, aumentan los salarios y el consume».

A propósito de la central obrera, que impulsó la movilización, pero descartó un paro nacional, afirmó­­­: «Dejémonos de dar vuelta con esos que dicen que no hay motivos para ir a una huelga. Sobran los motivos. No puede ser que los abuelos sean la punta de lanza de la clase trabajadora».

Avisando que la escalada conflictiva puede ir creciendo, Yofra manifestó: «Si no podemos garantizar una vivienda digna para los compañeros, vacaciones, que nuestros hijos vayan a la facultad, que tengan las 4 comidas diarias, que se puedan vestir, que tengan salud, vamos a ir a una huelga por tiempo indeterminado, sino esto no se va a terminar nunca».

Por último, explicó que «el Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal, la democracia sindical con asambleas en fábrica, la salud y la seguridad laboral y cada uno de nuestros derechos laborales, sindicales, previsionales y democráticos».

Luego de debatirse con distintos sectores, la versión definitiva de la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Congreso tiene 28 modificaciones clave. El Gobierno apunta a obtener la aprobación legislativa durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

En Casa Rosada consideran que cuentan con el respaldo suficiente para que el proyecto consensuado con sectores de la oposición avance sin dificultades hacia la media sanción y sea girado a la Cámara de Diputados, donde la discusión presenta mayores desafíos. Empresas, bancos y la CGT fueron los principales beneficiados con los cambios, aunque en algunos casos se matizaron varios puntos de la reforma original.

Los cambios más importantes, según detalló Walter Mañko, abogado, socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte; son los siguientes:

• Se eliminó el artículo que proponía reducir del 30% al 27% las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas y que afectaba las cajas provinciales
• Se confirmó la bancarización y se descartó el uso de billeteras virtuales para el pago de salarios.
• La derogación de los estatutos y regímenes especiales entrará en vigencia 180 días después de la sanción de la ley.
• El aporte solidario a los gremios se mantendrá durante dos años, con un tope del 2%. Actualmente, algunos gremios perciben hasta el 4%.
• No avanzó el artículo que proponía reducir las cargas patronales para las obras sociales. La alícuota se mantendrá en 6% y no bajará al 5% como establecía el proyecto original.
• Las empresas continuarán actuando como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical.
• Se incorpora la palabra “especialización” a los programas, cursos o seminarios cuyo otorgamiento o pago debe documentarse contra recibo.
• Se exige que el pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador esté debidamente documentado mediante comprobante.
• Se permite que las sentencias judiciales a grandes empresas se paguen en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. Para micro, pequeñas y medianas empresas, el pago podrá realizarse en hasta doce cuotas mensuales consecutivas. Se permite el pago en cuotas también para personas humanas (empleadores simples).
• Se establecen nuevos porcentajes de contribución mensual obligatoria: 1% para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.
• Los porcentajes podrán incrementarse hasta 1,5% y 3% respectivamente si lo dispone el Poder Ejecutivo, con aprobación de la Comisión Bicameral.
• Se agregan como servicios esenciales en sentido estricto: cuidado de menores y educación en niveles guardería, preescolar, primario, secundario y especial; transporte de caudales; servicios privados de seguridad y custodia.
• Se establece que las fuerzas de seguridad no podrán brindar una cobertura menor al 100% de su prestación normal.
• Se fijan topes: 0,5% de las remuneraciones para aportes a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores; 2% para asociaciones de trabajadores.
• Desde el 1 de enero de 2028, los aportes a asociaciones de empleadores serán voluntarios. Desde la misma fecha, el pago de cuotas, aportes o contribuciones sindicales a trabajadores será voluntario y requerirá consentimiento individual expreso, sin presunción de aceptación.
• A partir del 1 de enero de 2028, el INCAA será financiado exclusivamente a través de las partidas de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.
• Si transcurriese un plazo de 3 años entre el cese del vínculo laboral, cualquiera fuera la causa, y el trabajador reingresara a prestar servicios con el mismo empleador, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada
• Si un trabajador sufre un accidente o enfermedad ajenos a sus tareas laborales y no puede trabajar, recibirá el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo, o seis meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente que implique un riesgo para su salud.
• Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos. Las recaídas de enfermedades crónicas solo se considerarán distintas si pasan más de dos años entre episodios. Las suspensiones económicas o disciplinarias decididas por el empleador no afectan este derecho a remuneración parcial durante los períodos indicados.

Por otra parte, Mañko señaló cuáles son los puntos que cree más relevantes desde la perspectiva empresarial:

Se redefine la “mejor remuneración” para el cálculo de indemnizaciones

• Solo lo mensual, normal y habitual.
• Excluye conceptos no mensuales como SAC, vacaciones, etc.
• Se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de Créditos Laborales

• Se establece un nuevo esquema claro y preciso de actualización de créditos laborales: IPC + 3% anual

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias.

Aporta el empleador:

• 1% mensual grandes empresas
• 2,5% mensual MiPyMEs

Es un patrimonio separado: inembargable, inajenable y de afectación específica.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

• El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades.
• Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

• Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etc.).

Banco de horas

• Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones

• Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada.
• Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.

Licencia por enfermedad. Junta médica: reglas nuevas.

• Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

• Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión.

RIMI: incentivo a inversiones productivas

• Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
• Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de Cargas Sociales para nuevos empleos

• Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados

Prelación de convenios de empresas

• Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

• Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.