El Gobierno siguió de cerca este miércoles el devenir de la protesta afuera del Congreso y aprovechó para contrastar con los grupos más violentos, que rompieron veredas, tiraron vallas, usaron gomeras y hasta prepararon bombas molotov a plena luz del día, muchos de ellos con la cara tapada. Los definieron como “de izquierda” y lus repudiaron para, además, promocionar la reforma laboral que se trata en el Congreso.

La Casa Rosada evitó cargar contra los líderes de la CGT, que tuvieron un paso sin muchas luces por la plaza del Congreso, debido a que ni siquiera pudieron ocupar las posiciones que cada gremio había pactado desde antes de la concentración. Es que cerca de las vallas se desarrollaron los desmanes de sectores inorgánicos y también la acción de las fuerzas federales, con balas de goma y el camión hidrante. Los dirigentes se mantuvieron alejados de los disturbios.

Desde temprano, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se encargó personalmente del operativo en el exterior del Palacio, mientras las terminales políticas del Gobierno se enfocaron en mantener sólidos en el recinto y hasta el final de la extensa jornada los 38 votos que se aseguraron para el quorum. Fuentes del Gobierno descartaron que la ministra viajara a Rosario este miércoles para atender la protesta de la Policía de Santa Fe, porque estaba abocada al despliegue en Capital.

La protesta, que iba a ser liderada por la CGT, quedó copada por reducidos grupos de violentos. Los popes sindicales llegaron apenas a marchar en las inmediaciones del Palacio Legislativo y a tomarse una foto. Tras negociar todos estos meses con el Gobierno y conseguir modificaciones en la letra del proyecto que evitaron una afectación total de los fondos sindicales, publicaron un comunicado con el título Nos movilizamos contra la reforma laboral y en defensa del trabajo y posaron con una pancarta con la bandera argentina y el logo de la central, que también decía: “En defensa del trabajo”.

Cuando la tensión comenzó a escalar en la plaza, dentro del Congreso había tres funcionarios nacionales: el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos y enlace formal de la Casa Rosada con el Parlamento, Ignacio Devitt; y Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general, Karina Milei. La hermana presidencial y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todavía no habían llegado.

Entre los funcionarios, hubo comentarios sobre lo reiterado de las acciones de este tipo de grupos a lo largo del devenir de los distintos gobiernos. El macrismo, al que pertenecieron un séquito de integrantes del Gabinete libertario, denunció por años que cuando se trató la reforma previsional en el Congreso le tiraron “14 toneladas de piedras”.

Voces del Gobierno decían que esperaban una marcha sin tantas fricciones, sobre todo porque la convocatoria venía de sectores orgánicos: la CGT y espacios políticos opositores.

Inmediatamente, cuando personas no identificadas se violentaron contra el Palacio Legislativo y los efectivos federales, se activó la tradicional orden comunicacional libertaria de contrastar con esos sectores. En la administración de Milei están convencidos de que eso les suma.

Desde el Presidente hasta sus funcionarios más importantes usaron sus cuentas de X para denunciar la violencia en el exterior del Congreso y para ubicarse en la vereda opuesta. Así, además, intentaron capitalizar el discurso político de mano dura y arremeter contra quienes se oponen a esta gestión -por lo tanto, a la reforma laboral-.

“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes, ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan… MAGA [Por Make Argentina Great Again, ‘hagamos a la Argentina grande nuevamente’, en inglés]. Fin”, dijo Milei desde Olivos.

Se sumaron distintos funcionarios: Adorni habló de la “izquierda cavernícola”; Santilli se refirió a “delincuentes organizados” y dijo que “por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí“; el secretario de Prensa, Javier Lanari, planteó que fueron ”el kirchnerismo y la izquierda en su enésimo intento de voltear al gobierno de Milei, ahora con la excusa de la modernización laboral»; la senadora oficialista Patricia Bullrich sostuvo: “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”.

Monteoliva, por su parte, denunció que efectivos de las fuerzas federales fueron heridos y prometió identificar a los responsables. “Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones. Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley», advirtió.

Para las 18, el Gobierno reportaba seis heridos de las fuerzas de seguridad. Según detallaron a eran un subcomisario con una lesión en el dedo pulgar izquierdo; otro, en el brazo izquierdo por un piedrazo; un cabo de la Gendarmería con una lesión en la pierna izquierda también por un piedrazo; un cabo de la Policía Federal, en el pómulo derecho, por un “objeto contundente”; y un cabo de la Gendarmería y un gendarme ambos con “erosión por disuasivo químico”.

En Balcarce 50, las oficinas del área Martín Fierro mantuvieron la actividad habitual. El ministro de Salud, Mario Lugones, pasó a ver al estratega Santiago Caputo. Tambien entraron y salieron colaboradores de Santilli y el encargado de la Oficina de Respuesta, Juan Pablo Carreira.

“Se portaron bien”, comentó una fuente de la mesa política respecto de cómo marcharon los dirigentes de la CGT.

Desde que presentó la reforma, el Gobierno mantuvo los canales abiertos con la central sindical, con momentos de más y menos fricción a lo largo de los meses. Además de sumar a Gerardo Martínez (Uocra) al Consejo de Mayo, el interlocutor más fuerte en un primer momento fue el estratega Caputo y, después, la conversación la llevaron Bullrich y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Durante las charlas, en la Casa Rosada aseguraban que no tocarían el texto, que los gremios pedían cambios al corazón del proyecto y que eso derivaría en una reforma que nada tendría de reforma, por lo que no pensaban convalidarlos.

Desde la CGT activaron algunas quejas públicas, buscaron aval de gobernadores peronistas y se mantuvieron a la espera de una luz verde del Gobierno hasta el final.

A pesar de todo lo dicho, la gestión de Milei fue marcha atrás con una cantidad de cuestiones que avanzaban sobre la actividad gremial, tal como contó este miércoles: se conservaron intactos los recursos de las obras sociales sindicales, se sostuvieron las cuotas solidarias y se mantuvieron a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación sindical.

Si la reforma camina en el Senado (como dice el oficialismo) pasará a Diputados. En esa instancia, más cercana a la aprobación definitiva, la CGT puede recrudecer su discurso o quedarse conforme con los cambios que logró que el Gobierno le hiciera al texto oficialista.

En un anticipo de lo que ocurrirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo hoy un amplio respaldo en torno al dictamen de un nuevo régimen penal juvenil, iniciativa cuyo punto medular es la baja en edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El dictamen, que se firmó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto, obtuvo 73 firmas y será llevado mañana a la sesión especial que convocó el oficialismo, adonde espera darle media sanción. Se descuenta que será aprobado con amplia mayoría con el apoyo de Fuerza del Cambio –el interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; los bloques provinciales de Innovación Federal, los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas.

Este debate meterá una cuña en la bancada de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo al proyecto, el Frente Renovador –que se referencia en Sergio Massa– se desmarcó del resto del bloque con un dictamen propio que, si bien propicia la baja a 14 años de la edad de imputabilidad al igual que el oficialismo, considera que para ello debería modificarse el Código Penal y no instrumentarse por medio de este régimen especial. Por ello se abstendría en la votación en general pero acompañaría el artículo puntual que establece los 14 años como el piso mínimo de imputabilidad.

También votará dividido el interbloque Provincias Unidas, ya que los diputados cordobeses acompañan –con disidencias- el proyecto impulsado por el oficialismo.

Los libertarios celebran el consenso alcanzado. Si bien su intención original era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la propuesta no tuvo consenso entre sus potenciales aliados.

“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable –destacó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal-. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”.

El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.

En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.

Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. Enfatizó que la iniciativa atenta contra los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y es objetada por un amplio abanico de especialistas en la materia, incluso la Iglesia.

“No cuestionan el proyecto porque Argentina no necesite un nuevo régimen penal juvenil —lo necesita— sino porque ‘delito de adulto, pena de adulto es una consigna vacía e inconstitucional”, advirtió Tolosa Paz, quien alertó que el presupuesto que asignó el Gobierno para financiar este nuevo régimen -$23.000 millones- es insuficiente y no llegará a las provincias.

El grueso de la bancada de Unión por la Patria es contrario a reducir la edad de imputabilidad aunque sí propone un nuevo régimen especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal “sin punibilidad, con justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expuso la legisladora

En réplica a Tolosa Paz, la diputada oficialista Silvana Giudici insistió en que el proyecto “no niega derechos” y que, por el contrario, “adecúa los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”.

Remarcó, además, que la mayoría de los proyectos presentados sobre la materia en la Cámara de Diputados, de la mayoría de las bancadas, proponen reducir la edad de imputabilidad, tendencia que se consolidó en legislaciones de distintos países del cono sur, como Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.