Otro revés judicial para los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El camarista Ignacio Rodríguez Varela decidió en las últimas horas que la denuncia del empresario Guillermo Tofoni por administración fraudulenta tramite en el fuero penal ordinario, lejos del fuero federal.

En ese expediente se presentaron todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, que reveló el 28 de diciembre. En los jugados federales de Campana como en Lomas de Zamora, donde tramitan otras causas vinculadas a la AFA, estaban atentos al destino final de esos documentos.

Rodríguez Varela sostuvo que el fraude debe tramitar en el fuero ordinario. “Los fraudes no dejan de ser comunes -y manifiesta competencia de este fuero-, porque el monto del perjuicio sea muy importante, o porque sus efectos trasciendan a varias jurisdicciones de la república o involucren a una institución privada de enorme relevancia para la ciudadanía argentina”, dice la resolución a la que accedió .

La causa le había tocado a la jueza Paula Petazzi y a la fiscal Silvana Russi, quien apenas un día después de la denuncia, planteó que debía tramitar en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, que esa misma madrugada había allanado la casa de Faroni en Nordelta, tras un llamativo episodio en Aeroparque, donde el empresario no pudo abordar un avión privado rumbo a Punta del Este. Justo antes de ser interceptado por los efectivos de la PSA en el control migratorio, Faroni logró descartar su celular.

Con ese dictamen, la jueza declinó la competencia y rompió la hoja de ruta que había ideado Tofoni junto a sus abogados. Pero el empresario apeló la decisión y la causa pasó a la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional, donde Rodríguez Varela decidió de manera unipersonal.

Durante la feria de enero, el expediente tuvo algunos movimientos, casi imperceptibles. El juez que reemplazó a Petazzi notificó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino a través del área de legales de la AFA y como no proponían abogados particulares, les designó un defensor oficial. La decisión duró apenas 24 horas. El 21 de enero, tanto el presidente de la AFA como el tesorero nombraron a Alejandro Higa, el mismo abogado que promovió una medida cautelar en 2024 para suspender la parte del DNU 70/23 que autorizaba a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas (SAD).

Antes de decidir, Rodríguez Varela llamó a una audiencia este martes que se reemplazó con la presentación de memoriales. Los abogados de Javier Faroni y su mujer Erica Gilette pidieron que se confirme la competencia en el fuero federal. En cambio, el defensor de Tapia y Toviggino no hizo ninguna presentación.

Apenas 24 horas después, el camarista rechazó el pase al fuero federal. “Debe ahora decirse que incluso en los límites propios del estado actual de la causa, no parece posible confundir las conductas que pudieran ser abarcadas por el delito de lavado de activos con el alegado desbaratamiento de los intereses del pretenso querellante merced a los actos posteriores en los que se habría violado la exclusividad acordada o bien el desvío del fruto de esos nuevos contratos fuera del giro o administración del patrimonio de la AFA confiado a los imputados”, dice la resolución de 20 carillas.

Además, Rodríguez Varela resaltó que la causa que tramita en el juzgado de Armella comenzó con una denuncia contra exdirigentes de Banfield y fue ampliando su objeto con el paso de los días. Y hasta se metió con la famosa polémica sobre el domicilio legal de la AFA. “La denuncia – resalta el fallo- fue radicada en esta jurisdicción, donde se habrían firmado los actos con la participación del pretenso querellante y, en suma, donde la Asociación Civil en cuestión posee domicilio legal y sede de su administración en ese mismo lugar, a pocas cuadras del tribunal sobre la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la república”.

Los abogados que analizan el enjambre de causas en torno a la AFA coincidían que era un decisión trascendente. A la denuncia de Tofoni se anexaron más de 3000 páginas de registros bancarios de TourProdEnter obtenidos a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC.

La resolución es un nuevo revés para Tapia y Toviggino. Este lunes, el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, había rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de los dirigentes de la AFA y ratificó la continuidad de la investigación que comenzó con una denuncia de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El juez Diego Amarante investiga la presunta apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social por una suma que, según la denuncia original, asciende a los 19.300 millones de pesos.