POLITICA
Jeffrey Epstein negoció con insistencia la venta de un helicóptero al gobierno argentino
A comienzos de 2010, Jeffrey Epstein puso en marcha una operación para venderle al estado argentino un helicóptero Sikorsky S-76C++ identificado en distintos correos como un “750”. La reconstrucción de las comunicaciones, obtenidas a partir de la última publicación de documentos del pederasta, permite seguir, paso a paso, cómo se intentó canalizar esa venta a través de una licitación oficial, cómo se exploraron esquemas de intercambio con el fabricante, reuniones con autoridades nacionales y cómo las negociaciones finalmente fracasaron.
El 3 de enero de 2010, Epstein consultó por correo electrónico a Larry y Darren Indyke, sus abogados personales, sobre el estado del negocio: preguntó simultáneamente a su bróker George Reenstra, por la eventual venta a la Argentina, por demoras y por la alternativa de un modelo distinto.
La respuesta llegó pocas horas después. Larry Indyke transmitió que, según Reenstra, la entrega del helicóptero a la Argentina formaba parte de una respuesta a una licitación del gobierno argentino que ya había sido presentada y que ahora solo restaba esperar una definición oficial. En ese mismo mensaje se mencionó una fecha límite concreta: el 21 de enero, cuando el helicóptero debía estar disponible para una exhibición.
Durante los meses siguientes no hay registros de avances formales hasta julio de 2010, cuando reaparecen las comunicaciones con un giro en la estrategia. El 8 de julio, Reenstra informó que un acuerdo previo había quedado sin efecto, pero que surgía una nueva oportunidad vinculada otra vez al gobierno argentino. Según explicó, Sikorsky identificaba a la Argentina como cliente potencial y buscaba un compromiso para septiembre con entrega inmediata. Reenstra afirmó que funcionarios argentinos habían visto fotografías del “750” y que estaban conformes con la aeronave. En ese contexto propuso dos esquemas de intercambio: entregar un nuevo S-76C++ idéntico al “750” durante el verano de 2011, en un canje directo, o bien ofrecer un modelo D, configurado como clon del “750”, también como parte de un swap.
La reacción de Epstein fue negativa. En un correo enviado ese mismo día expresó que había dedicado demasiado tiempo a operaciones sin viabilidad real y que solo evaluaría opciones cuando existiera un acuerdo concreto. Reenstra acusó recibo y respondió que volvería a contactarlo cuando Sikorsky tuviera una posición más clara.
Las gestiones se intensificaron en agosto de 2010. El 10 de ese mes, Reenstra informó que había pasado tres horas en el Consulado Argentino, adonde asistió como invitado en representación del helicóptero “750”. Según su relato, los interlocutores argentinos dudaban entre incorporar esa aeronave, que podría estar operativa en enero, o esperar a un C++ nuevo con entrega en agosto. Reenstra señaló que su objetivo era persuadirlos de no postergar la decisión y que intentaría llevarlos a St. Thomas para que vieran el helicóptero en persona. En ese mismo mensaje dejó asentada su expectativa económica: si la aeronave se vendía o intercambiaba por 12,5 millones de dólares, esperaba cobrar una comisión de US$100.000.
Al día siguiente, el 11 de agosto, Reenstra escribió que intentaría avanzar con Sikorsky en relación con la Argentina. Horas más tarde envió una actualización antes de una reunión prevista en Nueva York. Allí sostuvo que el gobierno argentino podría aceptar pagar un valor superior por el “750”, al que describió como el mejor de su tipo construido hasta ese momento, y volvió a poner sobre la mesa la alternativa del modelo D, valuado en 13 millones de dólares, con entrega estimada para mediados de 2013.
El 23 de agosto marcó un punto de quiebre. Ese día, Reenstra comunicó que el acuerdo con la Argentina no avanzaría y que, ante ese escenario, quería mantener el helicóptero en el mercado. Señaló que el contrato de corretaje había expirado y propuso firmar uno nuevo para ofrecer la aeronave a un precio de 12,5 millones de dólares. La respuesta de Epstein fue inmediata: preguntó qué había ocurrido con la operación argentina. Reenstra explicó que Sikorsky había planteado una oferta baja para resultar competitivos en la licitación y que el máximo que estaban dispuestos a pagar rondaba los US$11,4 millones, una cifra que consideraba demasiado baja para continuar compitiendo.
La tensión escaló al día siguiente. El 24 de agosto, Epstein reprochó a Reenstra la falta de resultados y le recordó que, si actuaba como corredor, esperaba que concretara la operación. En caso contrario, advirtió que buscaría un contacto directo con las autoridades argentinas. Horas más tarde, Reenstra respondió que sin una utilidad concreta para un helicóptero Blackhawk no era posible avanzar en la licitación y que, desde su perspectiva, no había forma de sortear la posición de Sikorsky en ese proceso.
El intercambio cerró el 26 de agosto con un intento de comunicación directa. Epstein pidió hablar ese mismo día y Reenstra respondió solicitando horario y número telefónico. No hay registros posteriores que indiquen una reactivación de la negociación.
Tampoco de compras de helicópteros Sikorsky por parte de la Argentina entre esos años, aunque las bases de datos de licitaciones de esa época no están completamente digitalizadas. En septiembre de 2010, el Ministerio de Defensa de Argentina firmó un contrato con Rusia para adquirir dos helicópteros de transporte multipropósito Mil Mi-17. En el mismo año se firmaron acuerdos y memorandos con proveedores extranjeros para posibles compras de helicópteros (por ejemplo con Italia y la Corporación Comercial Canadiense para helicópteros destinados al Ejército y Fuerza Aérea), aunque la materialización concreta de esas compras se terminó registrando formalmente más allá de 2012.
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POLITICA
Revés para Chiqui Tapia: rechazan un pedido del empresario Faroni para que la Justicia federal investigue las maniobras de la AFA en EE.UU.
Pese a los pedidos del empresario Javier Faroni, la Justicia ordinaria seguirá a cargo de la investigación de las supuestas maniobras de fraude que habría realizado la AFA en Estados Unidos.
La decisión fue tomada este jueves por la Cámara del Crimen porteña, a cargo del camarista Ignacio Rodríguez Varela, quien revocó un pedido de la defensa de Javier Faroni y Érica Gillette para declinar la competencia en favor del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, que investiga la causa contra Sur Finanzas.
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La resolución judicial surge luego de que Guillermo Luis Tofoni presentara una denuncia contra los directivos de la AFA por presunta administración fraudulenta, por la cual se habrían desviado cerca de 300 millones de dólares mediante contratos de partidos amistosos hacia sociedades extranjeras.
Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Silvana Russi, pretendía trasladar la causa a la Justicia Federal de Lomas de Zamora, argumentando que podría haber alguna vinculación con el delito de lavado de activos. A este pedido había adherido la defensa de Gabriela Gillete y Javier Faroni, dos de los imputados.
La jueza de primera instancia, Paula Petazzi, accedió a la solicitud de declinación de competencia, y dictó una resolución a principio de enero, basándose en argumentos de identidad de hechos y conexidad con causas que tramitan ante el juez Luis Armella en Lomas de Zamora.
Sin embargo, Tofoni apeló la declinatoria y, este jueves, la Cámara revocó esta decisión al considerar que la defraudación es un delito común que debe ser investigado por el fuero nacional ordinario.
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El tribunal subrayó que la competencia federal es excepcional y que los fraudes no se vuelven federales solo porque el monto sea elevado o involucren a una institución de gran relevancia como la AFA.
El fallo sostiene que no se pueden confundir las conductas de administración infiel con el lavado de activos que se investiga en el fuero federal. Mientras que el fraude busca “lesionar el patrimonio”, en este caso de la AFA, “el lavado de dinero protege el orden económico y financiero buscando dar apariencia lícita a bienes de origen delictivo”. Para el camarista, son hechos independientes que no justifican desplazar la causa de su juez natural.
Por su parte, la Cámara señaló que no existe una superposición lógica entre esta causa y la que tramita en Lomas de Zamora. Advirtió que en el juzgado federal no hay un objeto procesal preciso respecto de la AFA, ya que esa investigación nació por irregularidades en el Club Banfield y solo se extendió a la asociación después de que se presentara esta denuncia.
A su vez, el tribunal aclaró que no existen normas que permitan unificar causas entre el fuero nacional y el federal por mera “conexidad”. La existencia de prueba común no autoriza a que la justicia federal absorba delitos de competencia ordinaria, ya que eso implicaría una “prórroga general” de la competencia cada vez que haya una hipótesis de lavado.
El hecho ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, donde la AFA tiene su sede y domicilio legal en calle Viamonte, lo cual ratifica la competencia de la justicia nacional de la Capital Federal frente a la de Lomas de Zamora.
Cómo era la supuesta maniobra de fraude
Según la denuncia presentada por Guillermo Tofoni, el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Ariel Toviggino habrían montado una maniobra para desviar fondos millonarios a través de contratos con empresas fantasma.
La presentación judicial, radicada en Buenos Aires —donde funciona la sede de la AFA, en la calle Viamonte—, detalla que Tapia y Toviggino firmaron acuerdos con ProSport Live LLC y CRI para organizar al menos siete partidos amistosos de la Selección argentina. El dinero generado por esos encuentros, según la denuncia, terminó en cuentas de sociedades sin actividad real.
De acuerdo a la acusación, los directivos de la AFA “defraudaron a la asociación que administran” en complicidad con Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni, responsables de la firma Tour ProdEnter LLC. El contrato con esta empresa les permitió gestionar intereses y cobros en el extranjero, lo que habría facilitado el desvío de fondos fuera del patrimonio de la AFA.
Tofoni sostuvo que el dinero “defraudado” fue depositado primero en cuentas de Tour ProdEnter LLC, en un monto total de alrededor de 300 millones de dólares. Luego, la mayor parte de esos fondos se giró a nombre de al menos siete sociedades sin actividad real, integradas o dirigidas por personas vinculadas a los imputados.
Además, parte del dinero habría sido utilizado para pagar “servicios suntuosos”, como el alquiler de embarcaciones y aeronaves.
Chiqui Tapia, AFA, Javier Faroni
POLITICA
Régimen penal juvenil: la baja de la edad de imputabilidad logra un apoyo contundente en la opinión pública, según las encuestas
La baja de la edad de imputabilidad cuenta con un respaldo contundente en la opinión pública, según un conjunto de encuestas analizadas por . La modificación del piso para juzgar penalmente a un menor, actualmente establecido en 16 años, es el eje del proyecto de ley penal juvenil que impulsa el oficialismo, que este miércoles logró dictamen de comisión y se debatirá hoy en la Cámara de Diputados.
Un estudio de la consultora Opinaia indica que el 80% de los argentinos está de acuerdo con la iniciativa: 67 puntos corresponden a quienes se declaran “muy de acuerdo” y 14 a los que están “bastante de acuerdo”. Apenas el 15% de los encuestados la rechaza.
Se trata de un apoyo transversal que alcanza a votantes de distintos espacios. Llega al 95% entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre pasado y al 96% entre quienes optaron por Provincias Unidas. La adhesión es menor en Fuerza Patria (64%) y el Frente de Izquierda (65%), aunque en ambos casos se mantiene como mayoritaria. Los datos fueron relevados entre el 5 y el 9 de febrero.
En tanto, un relevamiento de la consultora Giacobbe muestra un 73,1% de apoyo a la iniciativa. Dentro de ese visto bueno, 63,6 puntos respaldan que la edad se reduzca a 13 años, mientras que 9,5 se inclinan por fijarla en 14.
El oficialismo había impulsado este lunes por la mañana un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pese al consenso logrado el año pasado con la oposición para fijarla en 14 años. Ante la resistencia, y la amenaza de perder el respaldo de sus aliados, esa misma noche terminó levantando su propia iniciativa.
El 20,1% de los encuestados por Giacobbe prefieren mantener el piso de imputabilidad en 16 años. Se trata de la postura apoyada por el kirchnerismo en el Congreso. Los datos de la consultora fueron recolectados entre el 27 de enero y el 2 de febrero.
“Si se suman los que quieren bajar la imputabilidad a 13 y los que la quieren bajar a 14, es una mayoría muy amplia. Es evidente que, dentro de esos dos números, hay gente que votó a [Javier] Milei, [Mauricio] Macri, Cristina [Kirchner], [Sergio] Massa o a cualquier versión del kirchnerismo, del progresismo y de la izquierda”, indicó el consultor Jorge Giacobbe a . “Demuestra que los argentinos somos menos políticamente correctos que lo que creyó todo el arco de pensamiento progresista”.
A su vez, remarcó el desfase con la política que, de avanzar con el proyecto, bajaría el piso a 14 años: “El sistema político va a aprobar, de todas las posiciones de la opinión pública, la menos popular”.
Por su parte, Julio Burdman, de la consultora Isasi/Burdman, explicó, en diálogo con , que en un estudio realizado en noviembre pasado el 68% de los encuestados mostró su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad, frente a un 29% que la rechazó.
“Medimos varias veces esta pregunta entre mediados de 2024 y fines de 2025. El resultado siempre fue muy alto en favor de la baja de la edad de imputabilidad. En alguna medición previa [a noviembre], llegó a dar más de 70%”, sostuvo Burdman.
Y agregó: “Estos niveles de acuerdo son consistentes con una creencia muy instalada, que medimos en alguna oportunidad en provincia de Buenos Aires, de que la incidencia de los menores en el delito es muy alta. Las cifras oficiales no dicen eso, pero la sociedad evidentemente cree otra cosa”.
En la misma línea, un estudio realizado por la consultora Sentimientos Públicos muestra que, en abril del año pasado, el 63% de los bonaerenses consideraban que la baja de la edad de imputabilidad es necesaria para combatir la inseguridad.
Además, un 60% de los consultados por Isasi/Burdman acordaron con la frase “A delito de adulto, pena de adulto” –el lema del Gobierno para la ley penal juvenil–, mientras el 28% se mostró en desacuerdo.
En contraste con la opinión pública, un grupo de obispos que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas de la Iglesia católica rechazaron mediante un duro documento la baja de la edad de imputabilidad. Sostuvieron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico, y en cambio pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel.
Bajo el título “Cuando el oportunismo reemplaza al realismo”, señalaron que “el debate se está dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático”.
Las organizaciones eclesiásticas rechazaron el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Lo consideraron una medida regresiva que “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo desplaza y lo endurece”. También alertaron sobre la creciente desfinanciación en materia social.
Advirtieron, además, que el encarcelamiento temprano suele aumentar los niveles de reincidencia y violencia, en lugar de disminuirlos, y mencionaron que países con una edad de imputabilidad de 12 años, como Ecuador, Honduras y Brasil, tienen tasas de homicidio drásticamente más altas (entre 23 y 45 cada 100.000 habitantes) que la Argentina, que tiene un índice de 3,8 cada 100.000 habitantes, mientras mantiene la edad en 16 años.
Recordaron que hay una baja incidencia en la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en delitos. Están presentes en el 0,42% de los procesos penales y, mayoritariamente, en delitos contra la propiedad, no homicidios.
Lo mismo sostiene un informe de Unicef, que agrega: “Los datos existentes no indican con certeza un aumento progresivo de su participación en la comisión de delitos, menos aún en niños, niñas y adolescentes menores de 16 años”.
A su vez, afirma que, en la Argentina, “la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”. En paralelo, advierte que experiencias internacionales demostraron que “disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.
“La utilización de la privación de libertad como medida habitual no ha servido para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia”, añade. En cambio, “las políticas sociales que promueven la educación, el deporte y la salud de los adolescentes son la mejor estrategia para prevenir el delito juvenil”.
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POLITICA
Fallo clave en la causa que más preocupa a “Chiqui” Tapia: los negocios de la AFA con la Selección se investigarán en la justicia ordinaria
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió frenar el traslado a la justicia federal de la investigación sobre presuntas maniobras irregulares en los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ordenó que el expediente continúe en los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión reactivó una de las causas que más inquieta a la dirigencia del fútbol argentino y volvió a poner bajo la lupa el rol del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; y los empresarios Javier Faroni y Gabriela Érica Gillette, responsables de Tour ProdEnter LLC, la firma que habría canalizado ingresos multimillonarios de la Selección que ganó la Copa del Mundo.
El pronunciamiento, firmado por el camarista Ignacio Rodríguez Varela, revocó la declaración de incompetencia que había dispuesto el envío del expediente al juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se investiga una causa paralela por lavado de activos. En una resolución extensa, el magistrado sostuvo que la remisión fue “precipitada y prematura”, que no existía identidad de hechos entre ambos procesos y que no estaban dadas las condiciones legales para desplazar la causa del fuero ordinario.
Gran parte del fallo reproduce y analiza los argumentos presentados por el denunciante Guillermo Luis Tofoni en su apelación, utilizándolos como insumo para evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida.
El abogado de AFA, Gregorio Dalbón, comunicó a Infobae que “no hay preocupación alguna” con la causa, “ya que la resolución dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se limita estrictamente a resolver una cuestión de competencia”.
“No existe en el fallo pronunciamiento alguno sobre responsabilidad penal ni sobre la veracidad de las imputaciones formuladas por el denunciante. Se trata de una definición procesal que determina el ámbito jurisdiccional donde continuará la investigación, sin emitir juicio de mérito”, resaltó.
Y agregó: “La AFA mantiene absoluta tranquilidad institucional. Existe plena disposición a colaborar con la Justicia, aportar documentación y permitir que el proceso avance con rigor técnico y sin interferencias mediáticas. La institución no se guía por especulaciones sino por hechos verificables”.
Los detalles de la decisión de la Cámara
La causa se inició a partir de la denuncia de Tofoni, titular de la empresa World Eleven, quien sostuvo que la AFA violó contratos de exclusividad firmados en diciembre de 2019 y mayo de 2021 para la organización de partidos amistosos de la Selección entre noviembre de 2022 y diciembre de 2030. Según su presentación, esos convenios le otorgaban derechos exclusivos para gestionar encuentros internacionales, pero Tapia y Toviggino habrían celebrado contratos paralelos con otras compañías, entre ellas ProSport Live LLC y la firma china CRI, sin respetar ese compromiso.
El eje central del expediente no es solo el supuesto incumplimiento contractual, sino una presunta maniobra de administración fraudulenta. Tofoni afirmó que los pagos efectuados por los organizadores extranjeros nunca ingresaron al patrimonio de la AFA ni fueron registrados en su contabilidad, sino que habrían sido derivados a cuentas controladas por TourProdEnter LLC, desde donde luego se redistribuyeron hacia una red de sociedades sin actividad real.
El fallo recoge esa hipótesis y señala que, según el denunciante, la constitución de TourProdEnter y su designación como mandataria de la AFA constituirían “un capítulo más de la administración fraudulenta”, al haber funcionado como vehículo para cobrar y desviar fondos.
Uno de los puntos centrales del expediente es el rol de TourProdEnter LLC. De acuerdo con la reconstrucción realizada en la denuncia y reproducida en el fallo, esa empresa fue designada como “agente exclusivo para canalizar ingresos y egresos de la AFA fuera del país”, según surge de un contrato secuestrado en la causa federal.
Tofoni sostiene que TourProdEnter no sólo cobraba los pagos por los partidos, sino que tenía pactada una comisión del 30%, que calificó como injustificada. El camarista reproduce ese planteo al indicar que, conforme a la presentación del denunciante, la firma “independientemente de los fondos que se habría ocupado de cobrar y hacer desaparecer, tenía acordada una comisión del 30% que no tendría justificación alguna”.
Los partidos involucrados corresponden al período posterior al Mundial, cuando el valor comercial de la Selección alcanzó niveles inéditos. Entre 2023 y 2025, Argentina disputó amistosos en Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y Europa, con contratos multimillonarios. En ese contexto, TourProdEnter pasó a ocupar un rol central en la administración de esos recursos.
Uno de los segmentos más detallados de la resolución es la descripción del recorrido de los fondos, basada en la información aportada por Tofoni. Según su exposición, el monto total desviado rondaría los 300 millones de dólares (USD 300.000.000). El fallo enumera las principales transferencias denunciadas, que la encabeza un broker de Uruguay por 106.773.505 dólares, y otras siete transferencias a Sports Nextgen LTD: USD 5.719.204,20; Marmasch LLC: USD 13.477.350; Soagu Services LLC: USD 10.800.000; Velp LLC: USD 3.000.000; Velpasalt LLC: USD 14.700.000; Global FC LLC: USD 5.974.012,27 y transferencia a María Florencia Sartirana: USD 40.000.
Según el denunciante, varias de estas sociedades carecían de actividad comercial real y funcionaban como “fachadas” para dispersar fondos. El juez recoge esa caracterización al mencionar un “entramado de sociedades sin actividad real, integradas o dirigidas por individuos vinculados al resto de los imputados”. También se mencionan gastos en bienes y servicios suntuarios, como alquiler de embarcaciones y aeronaves privadas, señalados como posibles maniobras de aprovechamiento personal.
En diciembre de 2025, el fiscal de instrucción solicitó que la causa fuera remitida al juzgado federal de Lomas de Zamora, donde el juez Luis Armella investigaba inicialmente maniobras de lavado vinculadas al Club Banfield. La jueza de primera instancia aceptó el planteo al considerar que existía identidad o conexidad entre los hechos y que resultaba conveniente unificar las investigaciones. La decisión fue respaldada por la fiscalía general y por las defensas de Gillette y Faroni. Este movimiento dejó virtualmente paralizada la investigación en la justicia ordinaria.
Rodríguez Varela consideró que la declinatoria carecía de sustento suficiente. Señaló que no era posible afirmar, en ese estado inicial del proceso, que existiera identidad entre los hechos investigados y que no se realizó el análisis mínimo exigido por la jurisprudencia. En ese sentido, afirmó que no se cumplió el “discernimiento previo elemental” requerido y que la resolución apelada no se compadecía con los datos disponibles.
También explicó que, aun admitiendo la existencia de vínculos entre ambos expedientes, no puede confundirse la investigación por administración fraudulenta con la pesquisa por lavado de activos, ya que la primera tutela el patrimonio y la segunda el orden económico-financiero. Así, descartó la existencia de litispendencia o riesgo de doble persecución.
El núcleo jurídico del fallo es la reafirmación de la competencia de la justicia nacional. Rodríguez Varela recordó que la competencia federal es excepcional y que los delitos comunes deben ser investigados por jueces ordinarios, aun cuando involucren grandes sumas o instituciones relevantes. Sostuvo que los fraudes “no dejan de ser comunes porque el monto sea importante” ni porque sus efectos trasciendan jurisdicciones. Además, cuestionó que se haya enviado el expediente directamente a un juzgado específico, advirtiendo que no corresponde al juez ordinario asignar destinos dentro del fuero federal.
La resolución contiene críticas al desempeño de fiscales y jueza de primera instancia. El camarista señaló que se formularon afirmaciones categóricas sin fundamentación suficiente y que se priorizaron criterios de conveniencia sobre las reglas legales. Advirtió que las reglas de economía procesal no pueden ser usadas para apartarse del marco normativo.
El fallo reconstruye con precisión los hechos de diciembre de 2025: la denuncia del 26, la ampliación del 30 con un escrito de 80 páginas, la declaración ante la fiscalía, el aporte masivo de documentación y, en paralelo, la ampliación del expediente federal hacia la AFA. Para el tribunal, esa secuencia muestra que la expansión de la causa de Lomas de Zamora coincidió temporalmente con la presentación de Tofoni, lo que relativiza el argumento de que existía una investigación federal previa consolidada.
La causa se desarrolla en un contexto de fuerte concentración de poder en la conducción de la AFA. Tras la consagración mundial, Tapia consolidó su liderazgo y convirtió a la Selección en el principal activo económico del fútbol argentino. Los amistosos internacionales, las giras y los contratos comerciales se transformaron en la principal fuente de ingresos en dólares. En ese esquema, la operatoria financiera pasó a ser un área estratégica. El expediente pone en cuestión la transparencia de ese sistema. Una eventual comprobación de desvíos por cientos de millones de dólares impactaría sobre el núcleo de poder de la entidad.
La Cámara ordenó reanudar la instrucción “con prontitud” y recordó que siguen pendientes el pedido de querella y las medidas cautelares solicitadas por Tofoni, entre ellas el embargo de cuentas en el país y en el exterior. También habilitó el uso de documentación secuestrada en otras causas.
El fallo no adelanta conclusiones sobre la responsabilidad penal de los imputados. El propio juez aclara que no emite juicio de mérito ni sobre la verosimilitud de las acusaciones. La resolución devuelve la causa al ámbito donde podrá avanzar sin el paraguas del fuero federal. A partir de ahora, la investigación deberá determinar si los fondos ingresaron efectivamente a la AFA, si existieron rendiciones, cuál fue el verdadero rol de Tour ProdEnter y qué grado de intervención tuvieron Tapia, Toviggino, Faroni y Gillette.
Revés para Chiqui Tapia: rechazan un pedido del empresario Faroni para que la Justicia federal investigue las maniobras de la AFA en EE.UU.
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