La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para febrero de 2026, que determina la fecha exacta en que cada beneficiario recibirá su prestación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Si tu DNI termina en 6, es fundamental consultar el cronograma para planificar tus finanzas y evitar demoras en el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

El cronograma, publicado por la ANSES y disponible en su sitio web, organiza las fechas según el tipo de prestación y la terminación del documento, considerando los feriados nacionales y el esquema escalonado dispuesto para evitar demoras en las entidades bancarias.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 podrán cobrar el miércoles 19 de febrero de 2026. El monto actualizado de la jubilación mínima para este mes es de $359.254,35, pero si se incluye el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $429.219,42. Este pago busca acompañar la suba de precios y se acredita automáticamente, según el esquema de movilidad mensual regulado por el decreto 274/2024.

La Administración Nacional de la Seguridad Social también recuerda que el monto máximo para febrero es de $2.417.441,63. El calendario puede consultarse en cualquier momento a través del sitio web oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.

Para quienes cobran una jubilación o pensión superior al haber mínimo y tienen DNI finalizado en 6, el pago está programado para el jueves 26 de febrero de 2026. En este caso, el bono extraordinario se otorga de manera proporcional solo si la suma del haber y el bono no supera los $429.254,34, según lo dispuesto por la normativa vigente.

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 6 podrán cobrar el miércoles 19 de febrero de 2026. El monto básico de la AUH para febrero es de $52.554 por cada hijo o hija, según la última actualización difundida por ANSES, aunque puede variar si se acreditan complementos o retenciones previas.

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) con DNI terminado en 6 recibirán el pago correspondiente el jueves 20 de febrero de 2026. El monto de la asignación para este mes se ubica en $52.554 por embarazo, según la escala oficial publicada por ANSES para el ciclo vigente.

Este beneficio está destinado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y se acredita utilizando el mismo sistema de escalonamiento que rige para otras asignaciones.

Quienes perciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI finalizado en 6 cobrarán el martes 18 de febrero de 2026. El monto de la asignación por prenatal varía según los ingresos del grupo familiar, pero el valor base para febrero es de $52.554 por embarazo, de acuerdo con el esquema oficial de ANSES.

Las pensiones no contributivas para personas con invalidez o vejez que tienen DNI terminado en 6 se acreditarán el jueves 12 de febrero de 2026. El monto actualizado de estas pensiones es de $251.453,59 por persona, cifra que incluye el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a quienes no cuentan con los años de aporte requeridos para jubilarse, se eleva a $287.403,48 para este mes.

Los beneficiarios del Seguro por Desempleo Plan 1 que tienen DNI terminado en 6 podrán cobrar el viernes 27 de febrero de 2026. El monto varía según el tiempo de aportes y la situación particular del trabajador, por lo que se recomienda consultar el recibo de haberes a través de la plataforma oficial de ANSES.

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción estarán disponibles desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo de 2026, sin distinción por terminación de documento. Las asignaciones familiares asociadas a pensiones no contributivas se abonan entre el 9 de febrero y el 12 de marzo para todos los DNI.

La consulta del calendario completo y de los montos actualizados puede realizarse en el portal oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, por teléfono o en las delegaciones habilitadas en todo el país.

A escasas semanas de entregada la concesión del estadio mundialista José María Minella, en la ciudad de Mar del Plata, a Minella Stadium SA, controlada mayormente por inversores brasileños, un escándalo comienza a salpicar a ese contrato. Ocurre que, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue a Sur Finanzas, la financiera vinculada a Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield, y Ariel Vallejo, un financista cercano a Claudio «Chiqui» Tapia, titular de la AFA, la Justicia llamó a declarar a dos funcionarios marplatenses para que brinden explicaciones sobre el proceso que derivó en el acuerdo concretado con, precisamente, Minella Stadium SA. Los tribunales rastrean un posible nexo entre la Municipalidad de General Pueyrredón y el mismo Spinosa, quien participó del proceso de licitación y apertura de sobres que otorgó a Minella Stadium SA el control del estadio por 30 años con posibilidades de extender ese dominio por otros 10.

Según fuentes en la ciudad balnearia, el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora demanda la declaración testimonial del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y el presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), Sebastián D’Andrea.

La presunción judicial es que ambos fueron piezas clave en la negociación que terminó con el contrato a favor de Minella Stadium SA, la única oferente que compitió por el control del estadio de fútbol, el Polideportivo de La Feliz y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes. Martinelli y D’Andrea deberán comparecer el martes 24 de este mes.

«Ambos funcionarios fueron nombrados durante la gestión del intendente Guillermo Montenegro y continúan en funciones en el interinato de Agustín Neme», indicaron medios provinciales.

Minella Stadium, la única empresa que compitió por la cancha

En Mar del Plata, concejales de la oposición como Diego García (Unión por la Patria) indicaron que la controversia judicial se suma a la falta de avances en el plan de obras comprometido por la concesionaria.

«La conexión de esta causa judicial con la licitación del Minella suma preocupación. Nadie pensaba que iba a tener este desenlace. Pero a mí me preocupa que no se esté poniendo en valor el estadio como se decía», señaló.

Acerca del proceso previo al contrato, García comentó que «se hizo un anuncio de una licitación que iba a ser internacional, en la que se iban a elegir las mejores ofertas para la ciudad, pero se presentó una sola empresa, de reciente creación».

«No hubo competencia. Todo fue muy raro desde el primer momento», concluyó. Minella Stadium SA fue la única firma que se presentó a la licitación para recuperar al emblemático estadio marplatense.

La sociedad se encuentra conformada por el Grupo Revee, perteneciente a un poderoso fondo de inversión de Brasil con negocios en el ámbito de la infraestructura deportiva y el entretenimiento, y la compañía local Pro Enter.

Entre otras operaciones, Grupo Revee llevó a cabo la modernización de estadios en Brasil como el Allianz Parque y la Fonte Luminosa de Araraquara, y también integró una sociedad que reformó el Canindé, propiedad de la Associação Portuguesa de Desportos en Sao Paulo.

Por su parte, Pro Enter se dedica a la comercialización y producción de eventos deportivos, fundada y dirigida por Javier Schmidt y Diego Ávila, ambos con pasado en Torneos.

Quejas porque no hay avances en las obras comprometidas

Si bien activó los trabajos preliminares de mantenimiento de la cancha en cuestión y el Polideportivo de La Feliz, Minella Stadium SA viene de pedir una prórroga de 30 días para presentar su plan general de obras para ambos complejos.

En el municipio de General Pueyrredón poco a poco florece el malestar en tanto se esperaba que la firma cumpla con ese requisito al asumir la concesión, acto que comenzó en el abrir de 2026.

Por otra parte, también hay controversia por la decisión de Minella Stadium SA de cobrarles a los clubes marplatenses por utilizar estos escenarios deportivos. En Mar del Plata afirman que rige una ordenanza municipal que establece el uso gratuito de las instalaciones para las instituciones locales.

Siempre según fuentes marplatenses, y de acuerdo a lo fijado en el pliego de licitación, Minella Stadium SA debía «presentar al municipio dentro de los 30 días computados desde la entrega de los espacios «todas las tramitaciones establecidas por las reglamentaciones vigentes a fin de gestionar los permisos, registros y aprobaciones necesarias, previas al inicio de obra».

«Pero el apoderado de Minella Stadium pidió 30 días más para elevar al municipio la documentación técnica correspondiente al proyecto ejecutivo», precisaron las fuentes en esa ciudad.

Malestar porque Minella Stadium le cobra a clubes locales

Al parecer, la compañía en cuestión argumentó que requiere ese plazo en tanto se encuentra desarrollando «revisión integral del proyecto original con sus equipos técnicos de arquitectos e ingenieros para garantizar la excelencia técnica y el cumplimiento riguroso de la normativa vigente, redundando ello en una propuesta más sólida y beneficiosa para el interés público y el patrimonio».

«Por el momento, a casi cinco meses de la adjudicación, en el Parque Municipal de los Deportes solo se colocaron vallas y se realizaron tareas menores», reconocen en La Feliz.

Además, y como expuso recientemente iProfesional, se señala que la empresa estaría exigiendo «hasta 5 millones de pesos por partido en el Minella, además de quedarse con la explotación del estacionamiento. En el caso del Polideportivo Islas Malvinas, la cifra supera el millón de pesos».

Al mismo tiempo, se expuso que «el mantenimiento del césped en el Minella corre a cargo del Club Aldosivi, dado que la empresa concesionaria no tiene la maquinaria ni el personal necesario para cumplir con esta tarea».

Desde marzo, la provincia de Buenos Aires implementa un nuevo esquema para el pago del impuesto automotor, que modifica la frecuencia y las modalidades de abono para los propietarios de vehículos. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que el tributo, tradicionalmente bimestral, pasará a liquidarse todos los meses. Este cambio introduce la posibilidad de pagar la patente en diez cuotas mensuales, desde marzo hasta diciembre, o bien en un solo pago anual.

La decisión oficial responde a una estrategia de facilitar la gestión financiera de los contribuyentes. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la modificación busca que las familias puedan organizarse mejor económicamente, ya que la facturación bimestral solía concentrar los pagos y generar dificultades en la administración del presupuesto doméstico. Desde marzo, los contribuyentes recibirán diez facturas, una por mes, lo que distribuye la carga impositiva de manera más uniforme a lo largo del año. Girard señaló que el propósito es aliviar el impacto que generaba la acumulación de dos meses en una sola boleta.

El funcionario detalló que la implementación del pago mensual requirió una modernización tecnológica en los sistemas de ARBA, proceso que demandó tiempo y actualización de herramientas internas. Una vez alcanzada la capacidad operativa para esta transición, la agencia avanzó con el nuevo cronograma. Además, adelantó que el objetivo es trasladar este formato a otros impuestos, como el inmobiliario, en un futuro próximo.

El calendario de vencimientos para el año 2026 ya fue publicado y establece que la primera cuota mensual y la opción de pago anual estarán disponibles a partir del 10 de marzo. Los vencimientos siguientes mantienen fechas fijas mensuales: la segunda cuota vence el 9 de abril, la tercera el 7 de mayo, la cuarta el 9 de junio, la quinta el 8 de julio, la sexta el 11 de agosto, la séptima el 10 de septiembre, la octava el 9 de octubre, la novena el 10 de noviembre y la décima el 10 de diciembre. Estas fechas permiten prever y ordenar el cumplimiento fiscal durante todo el período.

El esquema de pago mensual no modifica el monto total del impuesto a abonar en el año. Lo que cambia es la frecuencia y el modo en que se presenta la obligación, con el objetivo de hacer más previsible el impacto en la economía familiar. Según Girard, la propuesta tuvo que esperar hasta contar con el soporte tecnológico necesario, ya que el sistema anterior no permitía una facturación mensual sin inconvenientes.

En cuanto al cálculo del impuesto automotor, ARBA precisó que el sistema vigente para 2026 se apoya en una estructura de tramos y alícuotas progresivas, basadas en la valuación fiscal de cada vehículo, el tipo de uso y parámetros establecidos en la Ley Impositiva 2026. A diferencia de años anteriores, el número de escalas se redujo de quince a cinco, con el objetivo de simplificar el proceso y dar mayor transparencia al contribuyente sobre el importe a pagar.

La escala para determinar el impuesto comienza con una alícuota del 1% sobre el valor fiscal para vehículos hasta $14.100.000. El segundo tramo, de $14.100.000 a $18.700.000, suma una cuota fija de $141.000 más el 2% sobre el excedente de ese monto. El tercer segmento, de $18.700.000 a $26.100.000, aplica una cuota fija de $233.000 más el 3% sobre el excedente. Para valores entre $26.100.000 y $53.900.000, la cuota fija asciende a $455.000 y la alícuota, al 4% sobre el excedente. Finalmente, para vehículos superiores a $53.900.000, corresponde una cuota fija de $1.567.000 y un 4,5% sobre el excedente.

Este sistema progresivo establece que cada porcentaje se aplica solo sobre el tramo que excede el mínimo de cada escala, de modo que quienes poseen vehículos de mayor valuación fiscal abonan montos superiores, pero sin que la alícuota se aplique sobre el valor total del rodado. Las nuevas escalas rigen tanto para autos particulares como para otras categorías, según lo dispuesto por la Ley Impositiva 2026.

En cuanto a los vehículos con uso comercial o laboral, como utilitarios, pickups y camionetas de trabajo, existe la posibilidad de tributar bajo un régimen alternativo. Para acceder a esta opción, los propietarios deben acreditar que el vehículo está vinculado a una actividad registrada en Ingresos Brutos y aportar la documentación correspondiente, incluyendo el pago del Impuesto de Sellos, cuando corresponda. Si el contribuyente no cumple con estos requisitos, el vehículo queda incluido en el régimen general, como si se tratara de un uso particular. En cambio, quienes puedan demostrar el destino laboral del rodado acceden a alícuotas diferentes, normalmente más bajas que las del régimen general.

La provincia de Buenos Aires gestiona el cobro del impuesto automotor durante los primeros diez años de antigüedad del vehículo, siempre que esté radicado en la jurisdicción bonaerense. Luego de ese plazo, la responsabilidad de la recaudación pasa a los municipios locales, que aplican el mismo sistema de tramos y alícuotas dispuesto por la normativa provincial.

Para simplificar el cumplimiento tributario, ARBA habilitó diversos canales de pago: los contribuyentes pueden descargar las boletas de manera digital y abonar online, mediante tarjetas de crédito o débito, o utilizando códigos electrónicos generados por el sistema. Estas alternativas buscan reducir la necesidad de trámites presenciales y facilitar el acceso a la información fiscal. Las boletas están disponibles en los canales digitales oficiales, con la posibilidad de imprimirlas o pagarlas electrónicamente desde cualquier dispositivo habilitado.

En una entrevista con Radio Provincia, Cristian Girard sostuvo que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado” en concepto de patente. Según su explicación, durante 2025 el impuesto automotor registró un aumento significativo porque la legislatura no aprobó la ley impositiva ese año, lo que generó un desajuste entre las valuaciones y las alícuotas. Girard remarcó que el problema surgió por la falta de legislación adecuada y que la situación se corrigió para 2026, tras la aprobación del proyecto enviado por el gobernador. El funcionario aclaró que la única excepción corresponde a vehículos de alta valuación, que continuarán tributando montos superiores en comparación con el año anterior.

Las disposiciones para el pago de la patente automotor en la provincia de Buenos Aires buscan una mayor previsibilidad para los contribuyentes, al tiempo que simplifican la estructura de cálculo y los mecanismos de pago. La actualización tecnológica de ARBA y la publicación anticipada del calendario permiten que los usuarios organicen sus obligaciones tributarias con mayor antelación y accedan a información clara sobre montos y fechas.