INTERNACIONAL
Diputados de partidos políticos evitan votación y tumban citación a ministra por caso de albergues en Panamá
Un grupo de diputados en la Asamblea Nacional de Panamá intentó sin éxito citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda sobre un extenso cuestionario relacionado con denuncias de irregularidades, maltrato y presunto abuso en un albergue administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), entidad adscrita al Mides.
La citación, impulsada por legisladores independientes y respaldada inicialmente por 19 votos, fue declarada “inexistente” por falta del quórum necesario después de que diputados de los partidos tradicionales se retiraron antes de la votación.
La iniciativa para llevar a la ministra ante el pleno era promovida principalmente por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, quien presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades tras una visita de inspección al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
El cuestionario que sustentaba la citación buscaba que la ministra precisara, primero, el tamaño real del sistema de albergues: cuántos centros de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno, con un desglose por nombre del albergue, provincia o comarca y rangos de edad.
También solicitaba información sobre cuántos menores con discapacidad permanecen bajo custodia y en qué albergues se encuentran.
La denuncia señala problemas como deterioro de la infraestructura, falta de personal técnico idóneo, convivencia de adultos con niños, e incluso hallazgos que contravendrían estándares básicos de protección infantil.
Brenes y otros diputados independientes argumentaron que la ministra, como titular del Mides y presidenta de la Junta Directiva del SENNIAF, debe rendir cuentas directamente ante el pleno sobre lo que ocurre en los albergues estatales, especialmente tras las graves acusaciones.
Sin embargo, su propuesta quedó trunca cuando los diputados de partidos tradicionales se retiraron del pleno antes de la votación final, lo que impidió alcanzar el número mínimo de votos necesario para validar la moción.
“El Estado no puede seguir fallándole más a la niñez que hoy está bajo custodia de los albergues”, señaló uno de los legisladores en respaldo a la propuesta, reflejando el malestar entre algunos sectores de la Asamblea ante la percepción de omisión y falta de respuestas claras por parte de las autoridades competentes.
Otra parte del cuestionario se enfocaba en el cumplimiento de estándares mínimos. Los diputados pedían detallar cuáles son las condiciones físicas y técnicas que deben cumplir los albergues según la normativa vigente y cuántos centros presentan incumplimientos, especificando el tipo de falla detectada y las medidas adoptadas para corregirla.
El cuestionario incluía además preguntas sobre casos de convivencia de menores con adultos y sobre la permanencia de grupos etarios en albergues que no corresponderían a su perfil. Finalmente, el cuestionario buscaba datos concretos sobre supervisión, denuncias y sanciones. Se solicitaba precisar con qué frecuencia se realizan inspecciones y monitoreos, cuántas actas se han levantado desde julio de 2024 y qué hallazgos se documentaron.
Tras la visita legislativa al CAI de Tocumen, la diputada Brenes presentó al Ministerio Público correos, informes internos y fotografías que describían situaciones de riesgo para los menores bajo custodia estatal.
La Fiscalía de Panamá respondió abriendo una investigación formal, que incluye diligencias investigativas, inspecciones técnicas y levantamiento de evidencia en el albergue. La pesquisa busca determinar si hubo delitos como maltrato a menores, abuso sexual, negligencia y omisión de funciones por parte de funcionarios públicos encargados de la administración del centro.
En paralelo, la Junta Directiva del SENNIAF, encabezada por Beatriz Carles, adoptó un paquete de medidas urgentes tras la denuncia. Entre las decisiones estuvo la orden de una inspección técnica inmediata al CAI de Tocumen por parte de un equipo técnico interinstitucional, con participación de representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y otros organismos, con el objetivo de verificar las condiciones reales en el albergue y determinar acciones correctivas.
También se aprobó iniciar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que estaba residiendo en el albergue, con miras a su traslado a instituciones adecuadas, así como una evaluación administrativa del SENNIAF para fortalecer la supervisión institucional.
Las reacciones políticas no se limitaron a la Asamblea. Organismos internacionales como UNICEF han manifestado su preocupación por las denuncias, recordando que los albergues no siempre constituyen entornos idóneos para el desarrollo infantil, y que modelos alternativos como la atención en familias acogentes suelen ofrecer mejores condiciones para el crecimiento y bienestar de los menores.
El caso también encendió un debate sobre el presupuesto del SENNIAF. Mientras la directora del organismo, Ana Fábrega, afirmó que la falta de recursos limita su capacidad de mejora, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los fondos sí existen, aunque problematizó la eficiencia en su uso.
Para 2026, el presupuesto del SENNIAF alcanza los $7.6 millones, de los cuales una parte mínima se destina a inversiones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de la institución para atender las necesidades de los albergues de manera adecuada.
INTERNACIONAL
Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa
La Corte Constitucional de Ecuador admitió a trámite dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra leyes aprobadas por la Asamblea Nacional a partir de proyectos calificados como urgentes en materia económica por el presidente Daniel Noboa. Se trata de las causas 118-25-IN, relacionada con la Ley Orgánica de Transparencia Social, y 160-25-IN, respecto de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, ambas publicadas en 2025 y remitidas por el Ejecutivo bajo el procedimiento abreviado previsto en la Constitución.
En el caso 118-25-IN, la Sala de Admisión avocó conocimiento el 4 de febrero de 2026 y resolvió admitir la acción pública de inconstitucionalidad por la forma contra la Ley Orgánica de Transparencia Social. El accionante sostiene que la norma vulnera el principio de unidad de materia al incluir disposiciones reformatorias en ámbitos tributarios y mineros que, a su criterio, no guardan conexidad con el objeto principal de la ley. En su demanda, argumenta que la incorporación de reformas sobre dividendos, utilidades no distribuidas y fases de exploración minera habría desbordado el eje temático del proyecto original, afectando los artículos 82, 136, 137 y 424 de la Constitución.
El tribunal de admisión consideró que los cargos expuestos cumplen con los requisitos formales y argumentativos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), en particular en cuanto a la claridad y pertinencia de los argumentos sobre la supuesta infracción constitucional. En consecuencia, dispuso correr traslado a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General del Estado para que, en el término de quince días, intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la norma.
Por su parte, en la causa 160-25-IN, la Corte admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) contra disposiciones específicas de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. La demanda se dirige, por el fondo, contra reformas introducidas a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y a la Ley de Seguridad Social.
Entre los puntos cuestionados se encuentran las disposiciones que permiten al BIESS realizar operaciones de reporto, gestionar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras y pignorar parte de su portafolio de inversiones, así como la posibilidad de vender cartera vencida. La accionante sostiene que estas medidas podrían afectar la intangibilidad de los fondos y reservas de la seguridad social, protegidos por el artículo 372 de la Constitución, y comprometer el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 34. Asimismo, impugna la reforma que modifica el mecanismo de designación del vocal representante de la Función Ejecutiva en el Consejo Directivo del IESS y la norma que atribuye al propio IESS la determinación del presupuesto para el proceso electoral de sus representantes.
La Sala de Admisión verificó que la demanda cumple con los requisitos del artículo 79 de la LOGJCC y que los cargos formulados permiten, en la fase de sustanciación, plantear problemas jurídicos sobre la compatibilidad de las normas impugnadas con la Constitución. Por ello, resolvió admitir la causa sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo. En ambos casos, la Corte enfatizó que la admisión a trámite no constituye prejuzgamiento.
En la causa 160-25-IN, el tribunal negó además la solicitud de medidas cautelares que buscaba suspender provisionalmente las disposiciones impugnadas, al considerar que la argumentación presentada no acreditaba de manera suficiente los requisitos de verosimilitud, inminencia y gravedad exigidos por la LOGJCC.
Con estas decisiones, la Corte Constitucional abre la fase de sustanciación de dos procesos que cuestionan la validez formal y material de leyes tramitadas bajo el mecanismo de urgencia económica, lo que reabre el debate sobre los límites del procedimiento legislativo abreviado y el alcance de las reformas en materia financiera y de seguridad social impulsadas por el Ejecutivo.
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INTERNACIONAL
Biden admin skirted rules to deliver massive contract to nonprofit run by ex-official, IG report reveals
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EXCLUSIVE: A new Inspector General’s report released Thursday morning accuses the former Biden administration of bypassing federal rules when issuing a more than half-a-billion dollar «sole source contract» to a nonprofit led by a former Biden official to deal with the unaccompanied minor crisis in 2021.
The Administration of Children and Families (ACF), which is under HHS and manages unaccompanied minors, awarded $529 million for a 1-year contract in March 2021 to a nonprofit called Family Endeavors, Inc. to help establish and manage a new emergency intake site in Texas (EIS) with 2,000 extra beds. However, according to the OIG’s new report, Biden’s ACF failed to follow federal procurement requirements that require full and open competition due to their own «insufficient planning,» rather than the COVID induced emergency the Biden administration cited.
Furthermore, the inspector general’s report found that the contract price was more than double the agency’s own cost estimate of $244 million, and indicated that the agency «subsequently modified» the award 15 times, extending the period until May 2022 and increasing the value to more than three times the original estimate from ACF.
DOGE SAYS TEXAS NONPROFIT WITH FORMER BIDEN TRANSITION MEMBER REAPED MILLIONS OPERATING EMPTY FACILITY
A family seen walking towards a barrier blocking passage across the U.S. border. (Department of Health and Human Services)
«ACF knew well in advance of March 2021 that it was projected to need more shelter beds than existing sites could provide and should have begun contract planning at that time,» the report states. «ACF failed to reasonably conduct the necessary advanced planning to execute a contract for procurement of those beds and related services using full and open competition.»
The report says ACF made only a limited attempt to do the necessary research for the contract, and did not even follow the findings it came up with.
«On March 5, 2021, Endeavors emailed ORR offering emergency assistance for the care of unaccompanied alien children. On March 13, 2021, Endeavors emailed ORR again with an unsolicited proposal, which included a statement of capabilities and concept of operations for an emergency shelter to serve unaccompanied alien children. Three days later, on March 16, 2021, ACF awarded a firm-fixed-price sole source contract to Endeavors to provide and operate an EIS facility in Pecos, Texas,» the report states.
Images of the emergency intake site in Pecos, Texas operated by Family Endeavors, Inc. The nonprofit received $529 million to build out 2,000 beds. (Department of Health and Human Services)
The contract beginning March 2021 was «by far the largest ever» for Endeavors Family, Inc., and came months after the company hired Andrew Lorenzen-Strait, who served as an adviser to the Biden-Harris transition team. The contract was also the second largest ever awarded by the agency, according to Axios.
«Despite multiple requests, ACF could not provide support for its review of the Endeavors quote, the price analysis techniques used to analyze the quote, or an [independent Government cost estimate] for an EIS dated before the contract was awarded,» the new inspector general’s report states. «When we asked for documentation, ACF told us that it was under significant time constraints to award contracts.»
WHITE HOUSE, DHS PUSH BACK ON CLAIMS ICE TARGETED 5-YEAR-OLD IN MINNESOTA, SAY CHILD WAS ‘ABANDONED’
Family Endeavors Inc. told Axios that its work on the border was a «continuation of services» that it has conducted for the migrant population since 2012. By April 2021, a month after the contract began, federal procurement records showed ACF had already paid $255 million of the no-bid contract to the nonprofit, which had already dwarfed the nonprofit’s total $43 million budget in 2018.
Family Endeavors, Inc. did not immediately respond to an after-hours email from Fox News seeking comment.
In September 2023, then-Chairman of the House Homeland Security Committee, former Rep. Mark Green, R-Tenn., and then-Chairman of the House Subcommittee On Oversight, Investigations and Accountability, former-Rep. Dan Bishop, R-N.C., sent a letter to Lorenzen-Strait about his ties to both the Biden administration and Endeavors. The letter requested him to both reach out to the committee for an interview and mandated he preserve records on his communications with leaders involved in granting other «sole source» contracts.
«On January 20, 2021, Family Endeavors, Inc. (Endeavors) named you the Senior Director for Migrant Services and Federal Affairs. Immediately preceding your position with Endeavors, you served on the Biden-Harris transition team, and previously was an Immigration and Customs Enforcement (ICE) official,» the letter said. «In March 2021, just two months after you joined Endeavors, ICE awarded an $86.9 million sole source contract to Endeavors to provide beds and services in hotels for migrants who illegally crossed the Southwest border.»
The letter cites an undercover video recording from Project Veritas of Lorenzen-Strait «boasting» about his participation in government contracts related to migrant services.
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«Specifically, you refer to the Endeavors contract as a ‘corrupt bargain.’ You further discuss ‘brokering’ a deal that won Cherokee Federal, a team of tribally owned federal contracting companies, a nearly $2 billion contract with the Department of Health and Human Services (HHS) to provide services to unaccompanied alien children,» the letter continues with its claims. «In the video, you admit that Cherokee Federal is not equipped to handle the contract. You also admit that while you are publicly involved with the company Deep Water Point & Associates, you hid participation in government contracts through the entities, VerdinPoint and The Tanager Group.»
A HHS spokesperson said that under President Donald Trump the ACF is implementing stricter accountability measures and strengthening oversight.
«The previous administration wasted more than $1.8 billion dollars on a facility intended to house illegal aliens that was not even used in the last year of the previous administration, and that kind of fiscal mismanagement is exactly what Secretary Kennedy is working to correct,» the spokesperson said. «In fact, this contract was cancelled in the early months of the Trump administration as soon as this mismanagement was discovered. HHS and ORR remain fully committed to protecting children, restoring accountability at every level of the system, and putting Americans first.»
Edmund DeMarche contributed to this report.
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