POLITICA
Causa por violencia de género: Fabiola Yáñez rechazó un planteo y pidió que Alberto Fernández vaya a juicio oral
En un nuevo capítulo de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género, la exprimera dama, Fabiola Yañez, rechazó el intento de la defensa del expresidente de reiniciar la investigación y pidió que el expediente se eleve a juicio oral.
A través de un escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, Yañez remarcó que cualquier dilación en el proceso implicaría una revictimización.
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El documento aseguró que el expresidente “en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas».
Representada por Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, Yáñez sostuvo que Fernández implementó maniobras para que la causa vuelva a foja cero porque sabe que cuenta con “altas chances de terminar en condena”.
Cualquier decisión que dilate el juicio, ponderó la defensa de Yáñez, hablaría de “un poder judicial corporativo al servicio de intereses inconfesables (es increíble que esto sea dicho por quien fue el máximo responsable del gobierno y poco y nada hizo para cambiar estas instituciones que, según él, estarían viciadas)”.
La causa se originó con las denuncias por los supuestos golpes y maltratos que Yañez recibió por parte del exfuncionario, ocurridos antes y durante su residencia en la Quinta de Olivos. La investigación avanzó bajo la dirección del fiscal Ramiro González, quien ya se opuso al pedido de la defensa de Fernández en un dictamen contundente.
El fiscal criticó el enfoque de Fernández, al que describió como un intento de posicionarse como víctima en un caso donde él es señalado por atormentar, golpear y amenazar a su expareja.
La defensa de Fernández, por su parte, busca anular gran parte de la instrucción argumentando que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, apartado por la Cámara Federal de Casación Penal debido a una presunta enemistad con el exmandatario.
A pesar de la decisión de apartar al juez, la Cámara validó todo lo realizado en la causa por Ercolini, ya que la salida del magistrado es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
Fernández se encuentra procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, en un marco de violencia de género.
La denuncia de Fabiola Yáñez
En la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yáñez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama.
Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja se presentara en la Justicia, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.
La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció “de manera sistemática” violencia psicológica contra Yáñez, mediante “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”.
El fiscal subrayó que el imputado “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.
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Entre las pruebas, el expediente incluye imágenes difundidas públicamente en 2023 que muestran lesiones en el brazo y en el ojo derecho de la entonces primera dama. Esas fotos, enviadas por Yáñez vía WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, dieron origen a la investigación. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, afirmó el fiscal González.
Durante el año que duró la pesquisa, se tomó declaración a médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares de Yáñez y allegados, así como a su esteticista. También se analizaron historias clínicas, registros de ingreso y egreso de Olivos, videos y comunicaciones telefónicas desde 2016.
Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Justicia
La causa judicial que investiga a la financiera Sur Finanzas dio un nuevo giro tras múltiples allanamientos ordenados por la Justicia Federal. Cuatro personas fueron detenidas, acusadas de estar vinculadas con las maniobras bajo investigación.
Los allanamientos respondieron a órdenes del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Se están buscando pruebas sobre presuntas operaciones cambiarias irregulares y el posible ocultamiento o supresión de documentación y pruebas por parte de los investigados.
Sur Finanzas: la Justicia acreditó un operativo interno para destruir pruebas antes de los allanamientos
Los detenidos son: Daniela Eliana Sánchez, Juan Soler, Cesar Zapaia y Rolando Soloaga.
Daniela Eliana Sánchez, secretaria del titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. El pasado 1 de diciembre la mujer había ordenado borrar archivos de una cámara de seguridad.
Juan Soler es empleado de la financiera y fue detenido porque le ordenó a la jefa de Recursos Humanos que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas. Cesar Zapaia también ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.
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Ariel Vallejo,detenciones financieras,Investigación Judicial,Sur Finanzas
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Cuatro personas fueron detenidas por borrar evidencias contra el financista allegado a la AFA
Cuatro personas fueron detenidas acusadas de borrar evidencias y encubrir al financista Ariel Vallejo, allegado a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) y dueño de Sur Finanzas. Las detenciones se concretaron después de 13 allanamientos efectuados en un centro de salud del conurbano, en locales, galpones y en un balneario de Villa Gessel.
Los detenidos, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, fueron apresados por orden del juez federal Luis Armela. Se trata de colaboradores de Vallejo y dieron instrucciones para hacer desaparecer computadoras, planillas, ocultar teléfonos y borar información, antes de ser allanados por la policía en diciembre pasado.
Los detenidos son Daniela Sánchez, Rolando Soloaga, César Zapaia y Juan Soler. Sánchez era la mano derecha de Vallejo, Soloaga y Zapaia sus colaboradores, y Soler estaba a cargo de la parte de sistemas de la financiera.
Además, el juez Armella dispuso la citación a prestar declaración indagatoria de otros tres colaboradores de Sur Finanzas, la empresa bajo la lupa.
Vallejo no está entre las personas con pedido de captura. Se lo investiga por supuesta evasión y lavado de dinero mediante su financiera Sur Finanzas, usada para prestar dinero a los clubes de fútbol, girar dinero al exterior o intervenir en trasnferencias de futbolistas. Vallejo tenía cercanía con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
La investigación reveló que los empleados ejecutaron un plan coordinado para “despatrimonializar” la empresa, borrar servidores remotamente y esconder dinero en efectivo mientras ocurrían los allanamientos de diciembre de 2025.
El juez hizo lugar al pedido de Incardona porque había peligro de «entorpecimiento probatorio». Los imputados “ocultaron, alteraron e hicieron desaparecer evidencias digitales y documentales” vitales para investigar el lavado de activos, dice la acusación.
La fiscalía demostró que existía una estructura jerárquica que, alertada de los allanamientos, impartió órdenes para dejar las cuentas en cero y eliminar registros de cámaras de seguridad y computadoras.
Los presos serán indagados mañana. Son Daniela Eliana Sánchez, que comandaba la coordinación como mano derecha de Vallejo. Según los chats de Telegram y WhatsApp, no eran una simple secretaria, sino de extrema confianza del dueño de la financiera.
El día de los allanamientos, dio la orden de “dejar de hacer movimientos”, instruyó sacar el “grueso del capital” de las sucursales dejando solo un “puchito” para la policía, y ordenó al técnico Soler que no fuera a la oficina para evitar ser atrapado.
Juan Miguel Soler, encargado de sistemas ejecutó el borrado remoto de “las plano” (planillas) y formateó computadoras a pedido de Daniela Sánchez y Nahiara Gamarra. En los chats recuperados, se jactó ante Zapaia de haber escondido su celular y computadoras durante el allanamiento. La policía se llevó computadoras en desuso y celulares vacíos.
Además, mintió en su declaración testimonial inicial diciendo que las computadoras en su casa eran para “reacondicionar”, cuando en realidad contenían la información que intentaban destruir.
César Abilio Zapaia , pese a ser oficial de cumplimiento de la financiera ante la Unidad de Información Financiera, encargado de prevenir el lavado de dinero, hizo todo lo contrario. Realizó maniobras para garantizar la impunidad. Los chats revelan que el 10 de diciembre de 2025 le confesó a Soler haber escondido dos computadoras y su celular durante el allanamiento, entregando a la policía dispositivos obsoletos que “no se usan”.
Rolando Esteban Soloaga, aludido en los chats como “Rolo”, manejaba la flota de vehículos y los choferes. Se lo acusa de organizar el ocultamiento de las camionetas (una Toyota SW4 blindada) utilizadas para mover el dinero físico. En los chats del grupo “guardias playón segui”, daba instrucciones para vigilar que no robaran nada mientras “hacían limpieza” del lugar. Además, figura recibiendo camiones de caudales y haciendo depósitos millonarios a nombre de empresas vinculadas.
Otras tres personas fueron citadas a indagatoria. Susana Beatriz Hoffmann, a cargo de recursos humanos que será indagada el 25 de febrero. A las dos de la madrugada del día de los allanamientos pidió al técnico que “ingresara a las computadoras de los cajeros para desconectar los programas”.
La secretaria personal de Vallejo, Nahiara Gamarra, será indagada porque le pidió al teçnico Soler a “borrar todo”.
La cajera Cecilia Elizabeth Fioretti será indagada por una una conversación con la tesorera Micaela Sánchez en la que le dijo que tenía “bien guardados” dos cuadernos que le había dado, para ocultar documentación de la policía.
La tesorera Micaela Sánchez y dos choferes están presos desde el 11 de dicembre pasado cuando intentaban ocultar pruebas y sacarlas de un galpón de Turdera en una camioneta Toyota SW4 blindada.
La evidencia principal proviene de las extracciones forenses de los celulares incautados, a pesar de los intentos de borrado.
Las imágenes de llaves enviadas por WhatsApp permitieron ubicar depósitos clandestinos en Villa Gesell, un balneario y un corralón en Lomas de Zamora, donde se escondía documentación.
También se allanó “Sur Corralón”, de Lomas de Zamora, abandonado, pero “armado” repetentinamente con maquinaria, para ocultar documentación.
La policía allanó dos domicilios del Centro de Salud RDA Imágenes en Lomas de Zamora, donde Vallejo invirtió y en Villa Gessel se allanaron un galpón, el balneario de 107 y la costa), llamado Cautro Mares y la clásica parrilla el Estribo de la céntrica Avenida 3.
Sur Finanzas,Hernán Cappiello,Conforme a,,Fake news. Cornejo denunció a tuiteros por la difusión de un video «manipulado» sobre su vida privada: “No fue en París”,,Indemnizaciones. Cómo funcionará el fondo para financiar los despidos que estará bajo control del Estado,,Lavado de dinero. Sortearon al juez que completará el tribunal para juzgar a Cristina Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces
POLITICA
“El principal responsable de que la gente no pudiera movilizarse es la CGT”: Luca Bonfante, referente del PTS, tras los incidentes en el Congreso
“En todas las manifestaciones que está metida Patricia Bullrich, está llena de cosas ilegales, ilegítimas y fraudulentas”, afirmó Luca Bonfante, referente de Juventud del PTS, en comunicación exclusiva con Infobae en vivo. Sus declaraciones se dieron en el marco de los incidentes que se produjeron frente al Congreso durante el debate por la reforma laboral, donde rechazó que la violencia haya sido únicamente producto de infiltrados y apuntó contra la conducción sindical.
Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Bonfante remarcó: “Ese es el modus operandi de Patricia Bullrich. Se ha visto en las movilizaciones por Santiago Maldonado en 2017, en las movilizaciones contra la ley Ómnibus, después la ley Bases. Ese es un patrón común”. Sin embargo, advirtió que reducir los episodios violentos solo a la presencia de servicios de inteligencia sería “quitar del escenario una realidad” y puso la lupa sobre la liturgia de la CGT.
Bonfante advirtió sobre las limitaciones de la CGT y la reacción de las bases
El dirigente analizó que la tradicional forma de movilizar de la CGT fue desbordada: “La CGT tenía armado un esquema, una liturgia de movilización tradicional, que ya todos conocemos: llegar a las dos de la tarde, leer un documento y retirarse a las cuatro de la tarde. Eso no pasó ayer. Yo creo que ayer se empezó a resquebrajar parcialmente esa forma de operar”. Relató que durante la represión observó “personas, trabajadores, que no eran servicios, que se quedaron en la plaza y en los alrededores defendiendo el derecho a la protesta”.
Frente a la consulta sobre los métodos de protesta, fue categórico: “Yo parto de creer fervientemente que la violencia originaria parte de un Estado que reprime a los jubilados todos los miércoles”. Consideró que las conducciones sindicales ya no contienen el malestar: “Hay mucha bronca con las conducciones sindicales, que no puede haber cada vez más sectores que no quieran cumplir con la liturgia de la CGT de irse a las tres de la tarde a su casa y ver cómo votan una reforma laboral frente a sus propios ojos”.
Bonfante reclamó un paro general como herramienta para garantizar la participación social: “Tiene que haber un paro general, porque sin un paro general no pueden manifestarse muchas personas”. Al mismo tiempo, planteó que “las organizaciones deberían armar protocolos, los sindicatos para identificar cuáles son esos infiltrados y sacarlos de las marchas”.
La denuncia política: “La principal responsable es la conducción sindical”
El referente del PTS fue terminante al señalar a la dirigencia gremial: “El principal responsable político de que las personas no pudieron movilizar ayer son las conducciones sindicales que están pactando con el Gobierno”. Señaló que la CGT no actuó como contención: “La CGT no acercó ni siquiera tres paquetes de harina para el fondo de lucha de los trabajadores”, ejemplificó al hablar del conflicto en Lutramax.
Bonfante sostuvo que el malestar social continuará creciendo y que las protestas podrían superar el control sindical: “Como la crisis de las conducciones sindicales y la bronca es tanta y va a seguir creciendo, la verdad que sorprenderse de que cada vez haya más manifestaciones que vayan por fuera de ese guion, y a mí me parece bastante inocente creer que no van a pasar más esas cosas”.
El trasfondo de la reforma laboral: “Es apenas un round dentro de un plan mayor”
El joven dirigente del PTS ubicó la discusión de la reforma laboral dentro de un plan más amplio del Gobierno: “Estoy muy convencido de que esta reforma laboral forma parte de un plan más de conjunto, que el Gobierno lo viene expresando claramente. Uno lo escucha a Caputo y se ve claramente. La reforma laboral forma parte de un capítulo dentro de un plan más de conjunto”.
Advirtió que la estrategia oficial busca disciplinar a los trabajadores: “El balance no termina en el día de ayer, el balance es más de conjunto y sobre cómo vienen ubicándose las conducciones sindicales frente a un poder adquisitivo que viene en picada, frente a trabajadores tanto del sector público como del sector privado que vienen siendo despedidos”.
Insistió en que la resistencia social podría intensificarse: “No voy a condenar que haya sectores que quieran expresar su bronca frente a una situación de estas características. Sería muy malo para las organizaciones que quieren movilizarse y para un montón de gente que está sufriendo la situación actual, proponerle que la única forma de resistencia que tienen es cumplir con el protocolo de movilizaciones que tiene la CGT”.
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