POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno recurrió la cautelar judicial y busca frenar la actualización salarial
El conflicto entre la Casa Rosada y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El Gobierno nacional presentó una apelación contra la medida cautelar que lo obligaba a implementar la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que dispone la actualización de salarios docentes y el refuerzo de partidas presupuestarias para el sistema educativo superior.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, el Ejecutivo solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo, lo que, de ser aceptado, dejaría sin aplicación inmediata el fallo de primera instancia mientras se analiza el caso.
La resolución cuestionada había sido dictada por el juez federal Enrique Cormick tras un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a decenas de casas de estudio. El magistrado consideró que la decisión del Poder Ejecutivo de no aplicar la ley implicaba una omisión concreta de obligaciones legales y afectaba el normal funcionamiento de las universidades.
En su fallo, el juez también había cuestionado el decreto presidencial que dejó en suspenso la aplicación de la norma hasta que se establecieran fuentes específicas de financiamiento. Desde la Justicia se entendió que esa medida podía resultar incompatible con una ley ya sancionada por el Congreso.
Sin embargo, el Gobierno sostuvo en su apelación que la decisión judicial invade atribuciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. Según la argumentación oficial, cualquier incremento de partidas debe estar respaldado por recursos identificados dentro del Presupuesto nacional, ya que de lo contrario impactaría en el equilibrio fiscal.
La administración nacional calificó la cautelar como arbitraria y advirtió que obligar al Estado a ejecutar gastos sin previsión financiera podría generar distorsiones macroeconómicas. En esa línea, también planteó objeciones sobre la imparcialidad del juez interviniente, al señalar que su actividad docente universitaria lo ubicaría dentro del universo de beneficiarios de la medida. La recusación, no obstante, fue rechazada por la Cámara.
Ahora el tribunal de alzada deberá resolver si confirma la cautelar o la deja sin efecto. La decisión tendrá consecuencias directas tanto en los salarios del personal docente como en el presupuesto operativo de las universidades nacionales.
Masiva marcha de estudiantes y docentes universitarios en 2024. Fuente: Infobae.
El trasfondo del conflicto es político y económico. Desde 2024, el sistema universitario protagonizó movilizaciones masivas en distintas ciudades del país reclamando mayor financiamiento. Las protestas se intensificaron luego del veto presidencial a la ley votada por el Congreso, lo que derivó en la vía judicial adoptada por las autoridades académicas.
En paralelo, el Gobierno abrió negociaciones con representantes universitarios para avanzar en un nuevo esquema legal. Funcionarios de la Secretaría de Educación mantuvieron reuniones con las autoridades del CIN con el objetivo de diseñar una alternativa normativa que contemple recursos disponibles y otorgue previsibilidad al sistema.
La estrategia oficial apunta a impulsar un nuevo proyecto legislativo que reordene el financiamiento sin comprometer las metas fiscales. Desde el sector universitario, en tanto, reclaman certezas presupuestarias y actualización salarial ante la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos años.
Mientras tanto, el escenario permanece abierto: la decisión de la Cámara será determinante para saber si el Gobierno debe aplicar de inmediato la ley vigente o si podrá continuar la negociación política antes de un nuevo debate en el Congreso.
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POLITICA
El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil y pidió un debate urgente en el Senado
La Oficina del Presidente celebró la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
La iniciativa fue aprobada en general con 149 votos positivos, 100 negativos y ninguna abstención, contando con el respaldo fundamental del radicalismo, el PRO y bloques provinciales. Este triunfo legislativo para La Libertad Avanza se suma a la reciente victoria en el Senado con la reforma laboral, consolidando la agenda del Ejecutivo en el Congreso.
EN VIVO | Diputados le dio media sanción a la baja en la edad de imputabilidad
A través de un comunicado oficial, el Gobierno destacó que durante más de cuarenta años se presentaron 37 proyectos sin tratamiento, mientras el delito se volvía “más violento, más organizado y más precoz”.
El documento sostiene que la Argentina no puede regirse por normas de un país que ya no existe y afirma que un ciudadano de 14 años comprende la gravedad de sus actos: “Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”.
El texto aclara que la medida busca que quien comete un delito responda ante la Justicia, bajo la premisa de que no se trata de perseguir jóvenes, sino de reconocer la realidad.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 12, 2026
El presidente Javier Milei agradeció a los legisladores que acompañaron la sanción, considerando que brindaron una respuesta a la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Tras el debate en la Cámara baja, el Gobierno Nacional manifestó su confianza en que el Senado trate la reforma con la urgencia necesaria para que “el fin de la impunidad sea una realidad”. De esta manera, el oficialismo busca convertir en ley este nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil para poner fin a lo que consideran una distorsión legal de décadas.
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POLITICA
Con una chicana a Bullrich, Pichetto cuestionó la falta de presupuesto para reformar el régimen penal juvenil
En medio del debate por la reforma del régimen penal juvenil, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto anticipó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque advirtió que detrás del proyecto hay un Gobierno “que no invierte en infraestructura, reparación de rutas ni educación”. También cuestionó la partida prevista por el oficialismo, de $23 mil millones, a la que calificó de “insignificante”. Además, sin mencionarla de manera explícita, lanzó un dardo contra la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich. “Es una medida de efecto para el lucimiento de determinadas exministras”, arremetió el legislador.
Desde el comienzo de su alocución, Pichetto aclaró que votará a favor del proyecto de ley y aclaró que representa una vieja discusión que data de la década de los ’90 cuando comenzó de la mano del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri.
Al profundizar sobre la coyuntura actual, Pichetto sostuvo que el caso de Jeremías Monzón —el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas por tres adolescentes— volvió a reflotar un debate “circular” en la Argentina. Afirmó que la reforma penal juvenil impulsada por el oficialismo constituye “una medida de impacto frente a realidades que atraviesan a una sociedad rota, en decadencia, donde se ha perdido el valor de la escuela pública y de la familia como espacios de contención”. Según planteó, todos esos factores inciden en la incorporación de jóvenes al delito.
Si bien ahondó en la necesidad de avanzar con la reforma, Pichetto renovó sus críticas contra la administración de Javier Milei. “¿Qué hay detrás de este proyecto de un Gobierno que no invierte en infraestructura, en reparación de rutas ni en educación?”, planteó. “Son medidas de efecto para el lucimiento de determinados senadores o exministras que, disconformes con los 14 años, preferirían 13 o incluso 10, porque eso las corre más a la derecha y las instala en el facilismo discursivo que satisface a algunos sectores”, sentenció al respecto.
“La pavada de ‘delito de adulto, pena de adulto’ estuvo circulando todo el mes de enero en la Argentina y también ‘cárcel de adulto’, digamos todo completo”, agregó el diputado en referencia a una de las consignas adoptadas por Bullrich.
Sobre este punto, Pichetto consideró “inadmisible” que un joven pueda compartir un establecimiento penitenciario con adultos y sostuvo que la reforma requiere de una inversión que perminta la construcción de centros especializados, además de un esquema que contemple procesos educativos y de reinserción.
“Quiero sostener que los recursos asignados en el presupuesto son insignificantes estamos hablando, de 23 mil millones de pesos que no sé para qué van a servir”, alertó sobre el partida asignada por el Gobierno. “Hoy el metro cuadrado para la construcción de un edificio para encierro está en US$7000, ni hablar de las estructuras que hay que póner de asistencia terapéutica, profesores y gente que trate de reconstruir a ese menor que cometió el delito”, destacó.
En esa misma línea, Pichetto advirtió sobre la situación fiscal que atraviesan las provincias que, según sostuvo, “tienen graves dificultades por la pérdida de recursos de coparticipación”. Entonces, propuso incorporar una cláusula especial al proyecto que determine que en los distritos comenzará a regir el nuevo sistema “cuando estén dadas las condiciones y se hayan construido los establecimientos específicos para menores”.
Bajo ese contexto, el diputado ratificó su postura a favor de la baja de punibilidad a 14 años, pero volvió sobre sus críticas contra la gestión del Gobierno. “Este es un debate antiguo que se saca oportunamente para que no se hable de los temas que realmente son preocupantes para la sociedad argentina: la pérdida del empleo, el cierre de las industrias y el bajo salario que tiene la media argentina”, apuntó.
“Pero en principio si no hay asignación de recursos para que esta ley se pueda implementar de nada sirve poner 14, 15, o 12 años si no se logra concretar un proyecto que requiere de inversiones del Estado. Y permítanme dudar que este Gobierno vaya a poner los recursos”, concluyó Pichetto.
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POLITICA
Los empleados bancarios recibieron un aumento para enero: la cifra récord que alcanza el sueldo inicial
Los empleados bancarios percibirán un aumento salarial del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44.
Así lo informó la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, que tiene acordado con las cámaras empresariales una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El acuerdo salarial, alcanzado entre la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), estipula que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas de diciembre de 2025. Esta medida abarca los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales.
El valor para el Día del Bancario, además, fue fijado en $1.894.425,01 como monto mínimo, cifra que está sujeta a posibles ajustes en el futuro. El mismo mecanismo de actualización continuará vigente durante febrero de 2026 y se prevé que la negociación paritaria se retome en la segunda mitad de marzo de 2026.
Además de los bancarios, otros sindicatos acordaron aumentos para febrero de 2026 con mejoras que se ubicaron por encima del promedio salarial.
Por un lado, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, pactaron con las cámaras un aumento de 11% entre diciembre y enero, además de un retroactivo de 400.000 pesos.
De acuerdo con el convenio, el salario para la categoría de peón ascenderá a 2.344.000 pesos en enero de 2026. Esta mejora anual supera el 50% a nivel salarial, sin considerar sumas extra, lo que duplica el promedio de la mayoría de los acuerdos vigentes y representa uno de los avances más significativos del período.
Esta actualización se dio mientras la industria aceitera procesa el volumen de girasol más alto desde 2000, con perspectivas de crecimiento durante 2026.
En el sector de la salud, la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un incremento global de 31,5% para los empleados de la rama Laboratorios, que abarca el período que va de abril de 2025 a marzo de 2026, en proporción a la inflación oficial informada por el INDEC.
Además, el acuerdo incluyó el bono de $85.129,84 como premio por el Día de la Sanidad, suma que será reconocida como beneficio adicional y que refuerza la equiparación frente a la variación anual de precios.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), por su parte, cerró una actualización salarial para los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 36/89 de la rama Cal y Piedra, distribuyendo el aumento en tres tramos: 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo.
Los operarios de la rama de Molienda de Minerales y Afines, bajo el convenio colectivo 37/89, recibirán por su lado un incremento del 8%. Ambas partes acordaron reencontrarse en los primeros días de abril para evaluar el impacto de estas mejoras a la luz de los indicadores económicos. Este seguimiento permitirá ajustar los haberes ante posibles variaciones inflacionarias, una práctica que responde al dinamismo del sector y a su exposición a parámetros macroeconómicos.
Por otra parte, la reciente paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) establece sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales —integradas por $40.000 ya prorrogados y un refuerzo de $60.000 adicionales— para los meses de enero, febrero y marzo. A partir de abril de 2026, estos montos se incorporarán al salario básico, impactando sobre los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo.
El acuerdo salarial, que fue firmado por la FAECyS y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, incluye una cláusula de revisión en marzo de 2026 para analizar una mejora ante eventuales desfases inflacionarios.
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