POLITICA
Quiénes son los 17 manifestantes denunciados por terrorismo tras causar destrozos en el Congreso

El Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su participación en los disturbios ocurridos durante la protesta por la reforma laboral frente al Congreso de la Nación. La lista, a la que accedió , incluye nombres, documentos y las fotos que permitieron la identificación de los involucrados, cuyas detenciones comenzaron a ser tratadas por la Justicia Federal tras los actos que la ministra Alejandra Monteoliva calificó como “de violencia extrema”.
En una entrevista con Radio Mitre, la jefa de la cartera precisó que la identificación de los manifestantes fue resultado de un “trabajo conjunto entre las fuerzas federales y la Justicia”, utilizando imágenes de seguridad, registros de los medios y material de redes sociales.
Y sentencio: “Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”.
Según datos oficiales, los identificados son:
Parte de este listado, según las autoridades, tiene antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil.
Por otra parte, la ministra sostuvo que la intención de quienes participaron de los incidentes “no era solo agredir a la policía, sino desestabilizar las instituciones”, aludiendo al uso de bombas molotov, martillos y bulones.
Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con organizaciones y financiamiento, así como la relación entre los detenidos y hechos delictivos anteriores.
Respecto a la judicialización, la Unidad de Flagrancia Este de CABA, a cargo de la doctora Mergulliani, interviene en la causa y ya recibió los primeros informes de identificación.
Distintas imágenes mostraron el miércoles cómo manifestantes manipularon botellas y líquidos inflamables antes de arrojarlos en dirección a las fuerzas de seguridad, en momentos en que los senadores debatían la propuesta oficialista. Tras el lanzamiento de los artefactos incendiarios, los uniformados intensificaron el uso de hidrantes y gases para intentar frenar la escalada.
Otros registros audiovisuales difundidos a lo largo de la tarde del miércoles dieron más detalles del clima en la zona. Cerca de las 15.50, se observó a un manifestante pintando consignas contra la reforma laboral sobre la calzada, mientras de fondo se escuchaban detonaciones, sirenas y cánticos de protesta.
En paralelo, captaron a personas rompiendo veredas con una maza y desprendiendo baldosas para utilizarlas como proyectiles, así como el lanzamiento de botellas y piedras hacia el vallado policial.
Según fuentes consultadas por , tras la desconcentración de la marcha, se reportaron 71 detenidos.
71 detenidos,Conforme a,,Uno por uno. Quiénes son los 17 manifestantes denunciados por terrorismo tras causar destrozos en el Congreso,,Media sanción en Diputados. Cúneo Libarona defendió la reforma penal juvenil: “Es darle otra oportunidad al pibe”,,Uno a uno, quiénes son. El Gobierno identificó a 17 manifestantes y los denunció por terrorismo tras los destrozos fuera del Congreso
POLITICA
La Justicia rechazó un recurso de la comunidad mapuche y es inminente el desalojo de tierras usurpadas en Neuquén

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A través de una reciente resolución, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén rechazó una presentación de la comunidad mapuche Paicil Antriao, de Villa La Angostura, y el desalojo sería inminente.
Si bien las diversas causas vinculadas a la comunidad están en la Corte Suprema, lo cierto es que la queja presentada por su abogado ante el máximo tribunal no suspende la ejecución de la sentencia del año pasado, que ordenaba el desalojo. Una de las acciones había sido iniciada por el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili por una propiedad que compró en 2004 en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura.
En septiembre de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino consideró acreditado el título de propiedad de Ginóbili y dio un plazo de 30 días para el desalojo de la comunidad mapuche. Cuando se quiso ejecutar esa sentencia, el juez de Junín de los Andes se declaró incompetente y el abogado del lof Paicil Antriao, Luis Virgilio Sánchez, cuestionó esa competencia. “El tema llegó al Tribunal Superior de Justicia. Estábamos discutiendo la ejecución de esa sentencia y ahora el tribunal rechazó mi recurso de casación y le da la causa a Bonorino, juez de Villa La Angostura, para llevar adelante el desalojo”, explicó Sánchez.
Sumó que, en paralelo, mantenían una instancia de diálogo con el municipio de esa localidad neuquina, que “a esta altura parece que está quebrada”. De todas formas, está pendiente que el abogado de la comunidad mapuche presente un recurso extraordinario contra el reciente fallo del TSJ.
El conflicto con Ginóbili comenzó por un terreno de alrededor de 20 hectáreas. Según los integrantes de la comunidad mapuche, el reconocido deportista no estaba al tanto de que esas tierras eran usadas por la comunidad para pasear el ganado ovino. La comunidad Paicil Antriao aseguró que Ginóbili “fue estafado” al comprar los lotes. De acuerdo con el lof Paicil Antriao (que administra un camping en el lago Correntoso), esas tierras fueron históricamente de su propiedad desde 1900, cuando el general Julio Argentino Roca les entregó la posesión de 625 hectáreas del histórico lote número 9, que incluye al cerro Belvedere, sobre el lago Correntoso.
El juez Bonorino sostuvo en su sentencia que “no hay informe oficial alguno que determine que esas tierras gozan de la protección de la propiedad comunitaria indígena”, y que los informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) resultan “contradictorios” y “preliminares”, por lo que no constituyen prueba suficiente para acreditar ocupación tradicional.
“La argumentación de este juez en su sentencia plantea que hay carencia de soporte científico, tirando por la borda los informes de peritajes antropológicos presentados por la comunidad. No consideró los numerosos testimonios de mayores mapuches presentados en la causa, quienes son los que poseen y tienen la memoria y la historia de este territorio como nadie. Además, en el fallo Bonorino hace mención a la ‘autoproclamada comunidad Paichil Antriao’, cuando tenemos Personería Jurídica otorgada por el mismo Estado. Esto es discriminatorio y racista por donde se lo mire”, señalaron desde la comunidad tras conocerse el fallo.
Las comunidades mapuches también consideraron que el municipio de Villa La Angostura “coordina maniobras para volver a la carga” con diversos desalojos, como los que enfrentan los lof Quintriqueo y Melo. “Todavía quedan recursos para presentar. En la causa de Quintriqueo y Melo, inicié una acción contra la familia Broers. Y el juez integró la litis con el gobierno de la provincia de Neuquén, dijo que ellos estaban interesados en la causa y que eran demandados, por lo que nos ordenó notificar. Estoy haciendo los oficios para frenar el desalojo. Porque, por otro lado, el particular en el expediente madre trata de llevar adelante la ejecución de la sentencia”, explicó Sánchez.
En el caso de la comunidad Quintriqueo, el conflicto se originó a finales de 2011, cuando María Cristina Broers denunció que las personas de esa comunidad ingresaron en su lote, ubicado sobre el lago Nahuel Huapi, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, y recurrió a la justicia para recuperar la posesión. En 2016, un juez ordenó el desalojo, pero la ejecución se encuentra frenada tras la intervención el año pasado del Ministerio de Gobierno neuquino.
Finalmente, Sánchez advirtió que la comunidad Paicil Antriao enfrenta millonarias multas por parte del municipio: “Como no tienen licencia comercial (que no la tienen porque la municipalidad no se las quiere dar), les aplican multas de 1 millón de pesos por vender tortas fritas. Ya hemos apelado varias multas. Les han clausurado el camping para que no puedan llevar adelante actividades y también apelé esa clausura”.
conflicto con Ginóbili,Paz García Pastormerlo,Conforme a
POLITICA
Avanza una investigación que tiene en la mira a dos jueces y al intendente de Tandil por supuesta apropiación de tierras

Una investigación penal por la tenencia de tierras y desarrollos inmobiliarios en Tandil viene desatando un escándalo que aún no tiene capítulo final. Dos jueces del fuero civil y comercial de Azul fueron denunciados penalmente: uno de ellos fue suspendido, irá a juicio político y el otro recibió una sanción disciplinaria.
Esta semana la fiscalía avanzo en la investigación con medidas que apuntan al intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi por presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El magistrado José Martín Zárate ya fue suspendido de su cargo durante 90 días y se lo someterá a un juicio político que puede terminar con su destitución. En el mismo expediente, tambien se analizará la conducta de su par, Francisco Augusto Blanc.
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La denuncia que hicieron Jorge Heter y Juan Pedro Martín Burs apunta a que los jueces habrían querido apropiarse de determinados terrenos para lo cual manipularon pruebas y hasta uno de ellos habría realizado exigencias poco habituales en el marco de un proceso judicial.
Todo se remonta a 2016 cuando Heter y Burs como herederos de la sucesión de Ángel María Valiente Noailles quisieron tomar el control de un terreno de 250 parcelas. Sin embargo, en el predio estaba viviendo un empleado rural Juan Miguez Ramírez que adujo contar con el permiso del empresario Luis Cerone.
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A partir de allí comenzó una disputa judicial por el terreno donde de un lado están Heter y Burs y del otro el empresario Cerone. Cuando tomó intervención el juez Zárate la historia se enredó un poco más: instó a las partes a arreglar el “asunto” para lo cual a los herederos los conminó a pagar una suma de dinero importante para recuperar sus tierras.
En una de las reuniones, según consta en la denuncia que investiga una fiscalía de Azul, el juez se ofreció a poner US$50.000 que faltaban para sellar ese acuerdo económico.
Lo cierto es que el caso fue el puntapié que terminó con el juez Zárate camino a juicio político y con una investigación penal en su contra por presunta extorsión, cohecho y otros delitos. Pero tambien se sospecha de su colega, Francisco Augusto Blanc, quien fue denunciado y tambien quedó bajo investigación.
Consultado por TN a partir de la denuncia, el empresario Luis Cerone aseguró que “sí se pidieron US$500.000 por los derechos veinteañares que tiene la persona que habitó desde 1980 ese mismo lugar y con quien yo colaboro para defender su crédito”.
Además, “es mentira que yo tenga estrecho contacto con el intendente y sí puse a disposición mi hotel de Tandil para que se reúnan las partes y puedan llegar a un acuerdo”.
“Yo me reuní primero con un familiar de los que iniciaron la demanda, y luego junto con el juez y ellos para tratar de cerrar el acuerdo en pos de la persona que estaba viviendo en ese lugar desde hace muchísimos años, pero siempre en aras de defender el dinero del titular de los derechos”.
Luego los denunciantes aportaron documentos sobre diversos terrenos de vecinos de Tandil donde los magistrados habrían tenido una intervención irregular en cuanto a sucesiones o herencias.
Con un juez suspendido y otro bajo la mira, ahora la denuncia también apunta al intendente Lunghi y a funcionarios de su gabinete: los acusan de estar en connivencia con el empresario Cerone para bloquear nuevos proyectos inmobiliarios y, a su vez, intentar apropiarse de terrenos de forma irregular.
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Murió Juan Radonjic, un periodista comprometido con la democracia y con la calidad en la política

El interés permanente por mejorar la política y fortalecer los canales de diálogo en la sociedad, a lo que sumó una fuerte vocación por el periodismo responsable y de calidad, caracterizaron la trayectoria de Juan Radonjic, director y cara visible de El Economista, uno de los medios especializados más reconocidos de las últimas décadas en el país. Su muerte, ocurrida este viernes, suscitó sentidas condolencias en el escenario público.
Vecino de Martínez, en 1983 Radonjic sintió la etapa de la recuperación de la democracia como un llamado al compromiso político. Había comenzado su militancia en Franja Morada, el brazo universitario del radicalismo, cuando estudiaba la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde secundó a Facundo Suárez Lastra en las listas para elegir autoridades del centro de estudiantes. Tras la guerra de Malvinas y en momentos en que la Argentina salía de la dictadura militar, respaldó con entusiasmo la aparición de Raúl Alfonsín en la carrera presidencial.
Junto a Jesús Rodríguez fue uno de los diputados nacionales más jóvenes del Congreso en la reapertura del Poder Legislativo de 1983. Accedió a la banca de diputado por la provincia de Buenos Aires, en una lista integrada por Juan Carlos Pugliese, Juan Manuel Casella, Federico Storani y Leopoldo Moreau, entre otras figuras del radicalismo.
Tras sus dos años de mandato legislativo, sucedió como secretario del Interior a Suárez Lastra, quien asumió como intendente de la ciudad de Buenos Aires, y después pasó a conducir la estratégica Secretaría de Información Pública, donde en tiempos de arduas disputas políticas desplegó una tarea que fue valorada por distintos periodistas y empresas de medios de comunicación.
Reconocido por su sobriedad y capacidad profesional en el campo del periodismo, el propio Radonjic se consideraba una persona muy interesada en la política y, desde su lugar, asumió el desafío de mejorar la calidad de las prácticas políticas y los canales de diálogo.
Al dejar la función pública, Radonjic pasó al ejercicio del periodismo y desarrolló una vocación que se sustentaba en raíces familiares. A partir de 1987 fue director periodístico del semanario El Economista, un medio que renovó el tratamiento de las noticias económicas, en medio de la crisis de ese tiempo. Había sido creado cuarenta años antes por su abuelo Milan Stojadinovic, quien había llegado al país como inmigrante luego de haber sido ministro de Finanzas, canciller y primer ministro de Yugoslavia. Sucedió al fundador su yerno Dussan Radonjic y en 2001 Juan Radonjic se convirtió en editor y director del semanario.
Atento a la renovación que exigía el avance tecnológico de los medios de comunicación, Radonjic condujo en 1993 El Economista TV y en 2010 lanzó la revista quincenal El Estadista.
Muchos periodistas especializados en la información económica dieron sus primeros pasos en el medio dirigido por Radonjic.
El politólogo Andrés Malamud recordó especialmente en las redes su “generosidad y corazón militante”. Y lo definió como “un libro abierto”, al destacar su acompañamiento a Raúl Alfonsín.
Facundo Suárez Lastra recordó que conoció a Radonjic, a quien muchos apodaban “Boni”, durante los años del secundario, además de compartir después la militancia política. “Fue un amigo de muchos en un ámbito, el de la política, donde es difícil tener amigos”, expresó el dirigente radical.
El expresidente Mauricio Macri también lo evocó por X. “Quiero despedir con cariño a Juan ‘Boni’ Radonjic. Director de El Economista, exdiputado, exsecretario de Información Pública y también del Interior. Boni fue una persona especial, distinta. Un hombre culto, afectuoso, muy comprometido con el país. Mis condolencias a su familia y sus amigos”.
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