POLITICA
Desafíos y oportunidades del acuerdo Unión Europea – Mercosur
El acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, debe ser analizado en su verdadera dimensión. No se trata de una iniciativa coyuntural del actual gobierno, sino de una Política de Estado que la Argentina construyó durante más de 25 años junto a los países de la región, a partir de una visión compartida sobre la inserción internacional y el fortalecimiento del desarrollo productivo. Junto a 47 diputadas y diputados de Unión por la Patria coincidimos en que el acuerdo puede representar una oportunidad para el complejo agroindustrial, las economías regionales, la minería y las energías renovables, entre otros sectores como la economía del conocimiento, siempre que su implementación esté indelegablemente acompañada por políticas públicas activas orientadas a balancear las asimetrías que tienen ambos bloques que entran al acuerdo. Poniendo énfasis en la necesidad de proteger la industria nacional, fortalecer el entramado productivo y preservar el empleo argentino, hoy ausentes en la orientación del Gobierno nacional.
En el marco del Acuerdo Unión Europea – MERCOSUR, corresponde señalar que, en el tramo final de las negociaciones, la República Argentina prescindió de contar con una representación diplomática plena ante la Unión Europea. El retiro del embajador argentino en los primeros meses del año 2024 implicó que, durante un período sustantivo en el que se definían los aspectos finales del tratado, el país no dispusiera de una voz institucional directa en el ámbito de las negociaciones. En ese contexto, otros Estados Parte del MERCOSUR, particularmente la República Federativa del Brasil, asumieron un rol central en la conducción del proceso.
No debemos equivocarnos. No es el Acuerdo del gobierno de Javier Milei, es un acuerdo de la Nación Argentina que durante más de 25 años construyó junto a los países miembros del MERCOSUR
Resulta igualmente necesario advertir sobre el debilitamiento institucional de la Cancillería argentina en el plano funcional y profesional. Pese a contar con un cuerpo diplomático de reconocida capacidad técnica, la ausencia de designaciones en cargos estratégicos y representaciones clave ha afectado la proyección internacional del país. La política exterior constituye una herramienta esencial para el desarrollo económico y la inserción estratégica de la Nación, y no puede reducirse a alineamientos automáticos que limiten la autonomía decisional y la defensa de los intereses productivos nacionales.
No obstante lo anterior, el Acuerdo suscripto presenta tanto desafíos como oportunidades que deben ser evaluados con una mirada integral y estratégica.
En el plano agroalimentario, se abren perspectivas relevantes para las economías regionales en sectores como frutas, aceites y vinos entre otros. La posibilidad de acceder a un mercado de veintisiete países, con elevado poder adquisitivo y estándares de calidad exigentes, representa una oportunidad significativa para ampliar, diversificar y agregar valor a nuestras exportaciones. Aun frente al ingreso de productos europeos al mercado interno, la producción vitivinícola argentina cuenta con competitividad, calidad y diferenciación suficientes para posicionarse favorablemente.
En el ámbito industrial, el Acuerdo impone la necesidad de consolidar una política activa de desarrollo productivo, promoción de inversiones y fortalecimiento de la competitividad. La experiencia internacional demuestra que la apertura comercial sólo resulta sostenible cuando se articula con instrumentos de política industrial, financiamiento estratégico e innovación tecnológica. Argentina dispone de capacidades consolidadas en sectores como energía nuclear, economía del conocimiento, informática y comunicaciones, que deben ser protegidos y potenciados en el marco de una estrategia nacional de desarrollo.
La inserción en un acuerdo de esta magnitud exige, asimismo, una diplomacia económica profesional y proactiva, orientada a la defensa de los intereses productivos y regionales del país.
En virtud de lo expuesto, y aun expresando las diferencias y cuestionamientos respecto de la actual conducción de la política exterior, se considera que el Acuerdo Unión Europea – MERCOSUR constituye una herramienta estratégica que, gestionada adecuadamente, puede contribuir a ampliar mercados, fortalecer las economías regionales y mejorar la inserción internacional de la República Argentina.
En consecuencia, se manifiesta la decisión de acompañar el Acuerdo, instando a la adopción inmediata de políticas complementarias de desarrollo productivo, fortalecimiento industrial y promoción de exportaciones que permitan maximizar sus beneficios y mitigar sus eventuales impactos adversos.
No debemos equivocarnos. No es el Acuerdo del gobierno de Javier Milei, es un acuerdo de la Nación Argentina que durante más de 25 años construyó junto a los países miembros del MERCOSUR de la Región una mirada en común sobre la manera en que la región debe integrarse al mundo. Este acuerdo es una verdadera Política de Estado en cuyo diseño e implementación participaron administraciones de distinto signo político, tanto en nuestro país como en el resto.
Para terminar, tengamos presente que el acuerdo es una oportunidad; construir una Nación próspera dependerá de nuestra capacidad de implementar políticas de desarrollo productivo de calidad que permitan transformar la oportunidad en un hecho.
media sanción en la Cámara de Diputados,Victoria Tolosa Paz,Conforme a
POLITICA
El abogado laboralista Mario Ackerman analizó los puntos centrales de la reforma que obtuvo media sanción: “Faltó debate jurídico”
En una entrevista en Infobae en vivo, el abogado laboralista Mario Ackerman evaluó la reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados y cuestionó la forma en la que se avanzó en el Congreso: “Me parece mal cómo se hizo, el debate que empieza ahora es jurídico y no se dio”. Considerado uno de los mayores especialistas en la materia, Ackerman remarcó que el texto aprobado “es muy imperfecto, sobre todo con los últimos agregados que hicieron”, y anticipó que la falta de definiciones técnicas generará conflictos en la Justicia.
Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Ackerman desgranó los principales ejes que, a su criterio, quedaron mal resueltos en la reforma. “Algunos puntos clave se agregaron ‘a puño alzado’ el día anterior al tratamiento parlamentario. Ahora viene la discusión sobre, por ejemplo, cuál es el límite de la jornada de trabajo. ¿Siguen existiendo las ocho horas? ¿Podría un empleador exigir que el trabajador trabaje veinticuatro horas como hace la policía? No está claro”, sostuvo.
Ackerman explicó que la ausencia de discusión jurídica deja abiertas preguntas centrales para la vida laboral cotidiana. “Se perdió una oportunidad de hacer las cosas bien. Acá se podía haber hecho una cosa completamente distinta, conveniente para todos, sin sacarle plata a los trabajadores, bajando el costo de las empresas”, lamentó.
Las grietas de la litigiosidad y la indemnización
Ackerman desmintió que la reforma resuelva la llamada “industria del juicio”. “No hay una industria de juicio, lo que hay es mucha litigiosidad, y esta reforma no va a resolverlo si no se atacan las causas de fondo”, afirmó. Detalló que, según los datos de los tribunales laborales de la Capital Federal, “más de la mitad de los juicios en trámite son por accidentes de trabajo y el cuarenta por ciento restante por empleo no registrado o por no reconocer la relación de dependencia”.
El abogado profundizó sobre el cálculo de las indemnizaciones y las zonas grises que persisten. “En la base de cálculo de la indemnización, la pregunta es si en ese sueldo entran el aguinaldo, los premios anuales. Esto la ley lo unifica, pero no es lo que provoca más litigiosidad”, aclaró. Para Ackerman, el verdadero núcleo de conflicto se encuentra en la actualización de los créditos laborales: “Hoy los líos pasan por la tasa de interés, cómo se actualizan los créditos. Esto lo resuelve la ley y para mi gusto, de buena manera: de aquí en adelante, costo de vida más el tres por ciento anual”.
Sin embargo, advirtió que la distinción que introduce la reforma para los juicios en trámite incentivará la judicialización: “Si hubieran dicho que a todos los juicios, aun a los juicios en trámite, se aplica costo de vida más el tres por ciento, eso no se discute más. Pero si hacés esta distinción caprichosa, esto va a provocar litigiosidad, porque el negocio es no pagar”.
Pymes, informalidad y el costo del trabajo en negro
Consultado sobre el impacto en el universo pyme, Ackerman fue taxativo: “La pyme tiene trabajadores en negro en términos de legítima defensa. Es la única vía que tiene para bajar los costos”. Dijo que la presión fiscal y la caída de la actividad empujan a las pequeñas y medianas empresas a la informalidad como alternativa para sobrevivir. “Al Estado no puede dejar de pagarle, los servicios no puede dejar de pagarlos. Al trabajador le puede pagar en negro, o por lo menos una parte en blanco y una parte en negro”, puntualizó.
Para el abogado, el centro del problema no reside en la voluntad de las pymes, sino en la estructura de la economía argentina: “¿Por qué los grandes supermercados no tienen trabajadores en negro? Porque son formadores de precio. El problema de la pyme es un problema de números, pero no le castiguemos al trabajador”.
Ackerman relató casos de empresas metalúrgicas que, ante la caída de ventas y la imposibilidad de financiarse, debieron reducir personal y recurrir al pago informal: “Hoy cada vez es más necesario que la pyme tenga trabajadores en negro y venda productos en negro para equilibrar los costos. No puede exportar porque no le dan los números y tampoco puede pedir crédito porque es inaccesible”.
Las nuevas restricciones al derecho de huelga y el riesgo de inconstitucionalidad
Ackerman cuestionó la ampliación de los servicios considerados “esenciales” o “de importancia trascendental” en la nueva legislación y su impacto sobre el derecho de huelga. “Ahora pasamos a tener más de 70 rubros considerados esenciales. ¿No es una restricción al derecho a huelga?”, señaló.
Como exintegrante de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, explicó: “El criterio de la OIT es que los servicios esenciales, en sentido estricto, son aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. En esas actividades, la prohibición del derecho de huelga es admisible, pero en otros casos la interpretación debe ser restrictiva”.
El especialista anticipó una ola de impugnaciones sindicales y criticó la incorporación a último momento de la obligación de cumplimiento total para las fuerzas de seguridad: “Van a cansarse de plantear inconstitucionalidades los gremios por este tema. Eso implica reconocer el derecho de huelga a la fuerza de seguridad, un error tremendo que incorporaron a último momento”.
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POLITICA
Pago de licencias: acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral
¿Quién introdujo el cambio en el pago de licencias en la reforma laboral, que entró por la ventana al texto el mismo jueves de la sesión? Con la polémica estallada, consultó a una decena de fuentes que se contradicen entre sí a pesar de haber compartido todas las discusiones por la reforma laboral.
En el gobierno libertario nadie se hace cargo de haber incorporado esa decisión al proyecto que se votó en la Cámara alta. Dicen que ellos no lo impulsaron. Pero, a la vez, senadores aliados que durante este tiempo estuvieron en conversaciones con la Casa Rosada no dudaron en asegurar que fue el Gobierno el que promocionó esa versión a través de sus negociadores, en el tramo final de la discusión, antes de llegar a recinto.
La nueva ley, que todavía tiene que tratarse en la Cámara de Diputados pero fue aprobada por el Senado, incluye en el capítulo VII, en su artículo 44, cambios en el régimen actual de licencias. Dice que si el trabajador sufre “un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación” tendrá derecho a cobrar solo 50% de su sueldo, por tres meses si no tiene personas a cargo y por seis meses si las tuviera.
Asimismo, plantea que si la imposibilidad de trabajar “no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud” percibirá 75% de su salario.
En ninguno de los casos está previsto que perciba el 100%, como hasta ahora. Un alto dirigente de la CGT resumió su visión del caso en tres palabras: “Es una locura”.
Esta modificación, que no estaba incluida en el texto que el presidente Javier Milei firmó y mandó al Congreso, pero que se sumó formalmente cuando arrancó el debate en el recinto, en voz del miembro informante, el senador de LLA de Chaco Juan Cruz Godoy, despertó revuelo con la oposición.
Sobre todo, después de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijera en Radio Mitre: “Yo lo llamo el tema de los abusos, de las licencias psiquiátricas. Cuando vos tenés una enfermedad que te sobrevino y no tenés nada que ver con eso, el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, pero va a ser al 75% y no al 100%. Y si te lastimaste por ejemplo jugando al fútbol, en algo en que vos tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver con que te discapacitaste para el trabajo, ahí es de 50%“.
Ante el revuelo, sin embargo, en el Gobierno sacaron los pies del plato. “La Casa Rosada no modificó esa parte del texto, no estaba en el proyecto original. Apareció en la conversación con los aliados. Habrá sido un senador el que lo propuso…”, deslizó una importante voz de Balcarce 50 este viernes ante la consulta de .
Otro integrante de la mesa política solo admitió que en una de las reuniones de ese grupo selecto de funcionarios libertarios la cuestión se habló, pero dio a entender que pasó sin pompa, como un tema más.
“Lo metieron a último momento, no sabemos a pedido de quién”, se escuchó en un ministerio clave de la Casa Rosada.
El intento por desconocer la variante fue tal que fuentes oficiales llegaron a asegurar que Sturzenegger no estaba de acuerdo con cambiar este artículo, pero que justo lo entrevistaron y debió dar él las explicaciones por todo el Gobierno. “Le preguntaron y lo tuvo que explicar, pero hay puntos de ese articulado que le hacen ruido”, dijeron en la Casa Rosada, pese a que el ministro fue uno de los principales ideólogos de la parte técnica de la reforma laboral.
Otra voz del Gobierno también buscó plantear que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aunque negoció junto a Patricia Bullrich el texto con los senadores aliados, las cámaras empresariales y los gremios, está en desacuerdo con esa nueva parte del texto y, en su defecto, que no la impulsó. Esa fuente hasta indicó que a Cordero se lo vio “indignado” por la inclusión de los cambios en el pago de las licencias.
Asimismo, sectores oficiales comentaron que el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de negociar con los gobernadores, en teoría no llevó la letra fina del texto, por lo que -supuestamente- no estaba al tanto del detalle de las bajas en los pagos de licencias.
Pero, al unísono, senadores aliados de distintas fuerzas políticas consultados por , que durante estos meses estuvieron en contacto con los funcionarios nacionales para negociar el texto final, coincidieron en responsabilizar al propio Gobierno por impulsar los cambios en la normativa y por defenderlos ante ellos.
Incluso, dos de los legisladores consultados por separado refirieron que la letra que traía el oficialismo era aún más restrictiva sobre las licencias y que, como los partidos aliados se opusieron a votar una parte de esos ítems, la Casa Rosada debió quitarlos.
Dicen los aliados también que el Gobierno pretendía que el 50% o el 75% del pago se haga sobre el sueldo básico y que, como ellos no estaban de acuerdo, definieron que se calcule sobre el sueldo en bruto.
Todas estas versiones en el Gobierno las niegan de manera tajante, insisten con que no tuvieron nada que ver, pero llamativamente tampoco dicen quién fue el ideólogo de la modificación.
En el bloque del oficialismo en el Senado también se desligaron de señalar responsables, pero justificaron la baja en el pago. “Tiene como finalidad evitar conductas abusivas derivadas de la prolongación de las licencias, que generan un impacto económico y organizacional significativo en las empresas. Esto se debe a que el empleador se encuentra obligado a abonar el salario del trabajador que no presta servicios y, además, a asumir el costo de contratar a otro trabajador que lo reemplace. También induce al trabajador a evitar ausencias prolongadas porque le producen un perjuicio económico», se limitaron a comentar desde la bancada violeta.
Ahora que el texto llegará a Diputados deberá atravesar tanto la votación en general como en particular. Abogados que ejercen el derecho laboral advierten por una posible judicialización de este apartado si sale así y sectores gremiales confían en que los cambios en las licencias se van a caer en la Cámara baja.
Por el contrario, una alta fuente del Gobierno que sigue la estrategia política minuto a minuto refirió este viernes que el número en Diputados no está tan holgado como en el Senado pero se mostró confiado de que el Gobierno tiene los votos para conseguir igual la aprobación total de la reforma laboral. Y sin mayores sobresaltos.
reforma laboral,dijera en Radio Mitre,#ReformaLaboral,pic.twitter.com/4zhkLRidKp,February 13, 2026,Paula Rossi,Reforma laboral,Senado de la Nación,Conforme a,,Conflicto con Ginóbili. La Justicia rechazó un recurso de los mapuches y es inminente el desalojo de tierras en Neuquén,,Revés. La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas,Reforma laboral,,Reforma laboral. Qué pasaría con las jubilaciones al reducirse las contribuciones patronales,,Banco de horas, vacaciones y despidos. Los cambios en la vida laboral que introduce la reforma que obtuvo media sanción,,»Apagón audiovisual». Postergan hasta 2028 la derogación de impuestos específicos que financian al cine argentino
POLITICA
El Gobierno impulsa una nueva Ley de Financiamiento Universitario: podría tratarse en las extraordinarias
El Gobierno sumará el envío al Congreso de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio. La decisión se conoce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma actual, mediante la cual debe actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades.
En los últimos días, funcionarios del Presidente Javier Milei comenzaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas. La intención es “garantizar viabilidad fiscal” y al mismo tiempo responder a los reclamos históricos del sector.
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En este sentido, el Gobierno trabaja en una nueva ley, que no busca derogar el esquema financiero actual, sino modificarlo. En este punto será vital construir el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma que reemplace la anterior.
Según trascendió, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario. El Ejecutivo apunta a sumar a la nueva ley al temario de las sesiones extraordinarias por decreto, pese a que el reglamento de Diputados sostiene que debe votarse en el recinto.
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El decreto en cuestión se firmaría en las próximas horas y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes. También se formalizará allí la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero.
La jugada del Gobierno se produce luego de que en las últimas horas se lograra la aprobación de la reforma laboral en el Senado; y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil, donde también dieron el visto bueno al acuerdo del Mercosur.
La estrategia apunta a resolver dos frentes de una sola vez: la discusión presupuestaria por un lado y, al mismo tiempo, desactivar las discusiones legales y judiciales abiertas, para así también evitar sanciones penales.
Para ello, en el Ejecutivo trabajan sobre la “viabilidad” de la ley. Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, para pulir los detalles de la norma.
La Ley de Financiamiento Universitario se votó en 2024 y fue aprobada por ámbas cámaras. No obstante, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso la ratificó. Dicha norma es la que el Gobierno pretende reemplazar por una nueva.
Gobierno, FINANCIAMIENTO, universidades
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