POLITICA
Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires cuestionan a Kicillof y amenazan con no empezar las clases
La luna de miel entre los gremios bonaerenses y Axel Kicillof parece haber llegado a un punto de quiebre. En un giro inesperado para la dinámica política de la Provincia, los principales sindicatos docentes lanzaron una advertencia inesperada: si el Ejecutivo no mejora la oferta salarial, las clases no comenzarán el próximo 24 de febrero.
Se trata de un escenario inédito. Desde que asumió en 2019, Kicillof había logrado mantener una relación de sintonía con los sindicatos docentes, garantizando inicios de ciclo lectivo sin paros, algo que sus antecesores rara vez consiguieron. Sin embargo, la aceleración inflacionaria y el atraso en los haberes dinamitaron esa paz social.
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La tensión escaló tras la última reunión paritaria. El gobierno de PBA ofreció un incremento que fue calificado de “insuficiente” por los representantes de los trabajadores.
El desafío de Kicillof es doble: evitar la foto de las escuelas vacías y contener un desborde salarial que sus arca dicen en el Ministerio de Economía provincial, difícilmente puedan resistir.
El conflicto
La distancia entre las pretensiones de las bases y la propuesta del Ejecutivo provincial es hoy un abismo. Mientras que los gremios mayoritarios como UPCN, ATE y Fegeppba rechazaron la oferta de plano, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —la alianza que integran el Suteba de Roberto Baradel y la FEB— optó por una posición de cautela y se llevó los números para analizar en asambleas.
El nudo del conflicto radica en la interpretación de las planillas salariales. Desde la gestión de Kicillof aseguran que en enero los estatales percibieron un 4,5% de aumento respecto a diciembre.
Sin embargo, los sindicatos denuncian un “maquillaje” contable. Explican que ese número incluyó dos retroactivos (del 1,5% total) que ya caducaron.
A su vez, advierten que la nueva oferta solo consolida ese 1,5% previo y suma apenas un 1,5% adicional. De esta forma, el incremento queda peligrosamente por debajo de la inflación de enero, que marcó un 2,9%.
Si las paritarias se estancan, el Gobierno bonaerense baraja una carta de riesgo: aplicar el aumento por resolución de forma unilateral para no demorar la liquidación, mientras intenta seguir negociando.
No obstante, el clima interno en el frente docente es volátil. En enero, la FEB ya había marcado la cancha rechazando el acuerdo (que finalmente salió por mayoría del FUDB), y los trabajadores judiciales aceptaron la última oferta “en disconformidad”. Esta vez, el margen para cerrar una paritaria “con fórceps” parece haberse agotado.
Axel Kicillof, Docentes, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
El abogado laboralista Mario Ackerman analizó los puntos centrales de la reforma que obtuvo media sanción: “Faltó debate jurídico”
En una entrevista en Infobae en vivo, el abogado laboralista Mario Ackerman evaluó la reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados y cuestionó la forma en la que se avanzó en el Congreso: “Me parece mal cómo se hizo, el debate que empieza ahora es jurídico y no se dio”. Considerado uno de los mayores especialistas en la materia, Ackerman remarcó que el texto aprobado “es muy imperfecto, sobre todo con los últimos agregados que hicieron”, y anticipó que la falta de definiciones técnicas generará conflictos en la Justicia.
Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Ackerman desgranó los principales ejes que, a su criterio, quedaron mal resueltos en la reforma. “Algunos puntos clave se agregaron ‘a puño alzado’ el día anterior al tratamiento parlamentario. Ahora viene la discusión sobre, por ejemplo, cuál es el límite de la jornada de trabajo. ¿Siguen existiendo las ocho horas? ¿Podría un empleador exigir que el trabajador trabaje veinticuatro horas como hace la policía? No está claro”, sostuvo.
Ackerman explicó que la ausencia de discusión jurídica deja abiertas preguntas centrales para la vida laboral cotidiana. “Se perdió una oportunidad de hacer las cosas bien. Acá se podía haber hecho una cosa completamente distinta, conveniente para todos, sin sacarle plata a los trabajadores, bajando el costo de las empresas”, lamentó.
Las grietas de la litigiosidad y la indemnización
Ackerman desmintió que la reforma resuelva la llamada “industria del juicio”. “No hay una industria de juicio, lo que hay es mucha litigiosidad, y esta reforma no va a resolverlo si no se atacan las causas de fondo”, afirmó. Detalló que, según los datos de los tribunales laborales de la Capital Federal, “más de la mitad de los juicios en trámite son por accidentes de trabajo y el cuarenta por ciento restante por empleo no registrado o por no reconocer la relación de dependencia”.
El abogado profundizó sobre el cálculo de las indemnizaciones y las zonas grises que persisten. “En la base de cálculo de la indemnización, la pregunta es si en ese sueldo entran el aguinaldo, los premios anuales. Esto la ley lo unifica, pero no es lo que provoca más litigiosidad”, aclaró. Para Ackerman, el verdadero núcleo de conflicto se encuentra en la actualización de los créditos laborales: “Hoy los líos pasan por la tasa de interés, cómo se actualizan los créditos. Esto lo resuelve la ley y para mi gusto, de buena manera: de aquí en adelante, costo de vida más el tres por ciento anual”.
Sin embargo, advirtió que la distinción que introduce la reforma para los juicios en trámite incentivará la judicialización: “Si hubieran dicho que a todos los juicios, aun a los juicios en trámite, se aplica costo de vida más el tres por ciento, eso no se discute más. Pero si hacés esta distinción caprichosa, esto va a provocar litigiosidad, porque el negocio es no pagar”.
Pymes, informalidad y el costo del trabajo en negro
Consultado sobre el impacto en el universo pyme, Ackerman fue taxativo: “La pyme tiene trabajadores en negro en términos de legítima defensa. Es la única vía que tiene para bajar los costos”. Dijo que la presión fiscal y la caída de la actividad empujan a las pequeñas y medianas empresas a la informalidad como alternativa para sobrevivir. “Al Estado no puede dejar de pagarle, los servicios no puede dejar de pagarlos. Al trabajador le puede pagar en negro, o por lo menos una parte en blanco y una parte en negro”, puntualizó.
Para el abogado, el centro del problema no reside en la voluntad de las pymes, sino en la estructura de la economía argentina: “¿Por qué los grandes supermercados no tienen trabajadores en negro? Porque son formadores de precio. El problema de la pyme es un problema de números, pero no le castiguemos al trabajador”.
Ackerman relató casos de empresas metalúrgicas que, ante la caída de ventas y la imposibilidad de financiarse, debieron reducir personal y recurrir al pago informal: “Hoy cada vez es más necesario que la pyme tenga trabajadores en negro y venda productos en negro para equilibrar los costos. No puede exportar porque no le dan los números y tampoco puede pedir crédito porque es inaccesible”.
Las nuevas restricciones al derecho de huelga y el riesgo de inconstitucionalidad
Ackerman cuestionó la ampliación de los servicios considerados “esenciales” o “de importancia trascendental” en la nueva legislación y su impacto sobre el derecho de huelga. “Ahora pasamos a tener más de 70 rubros considerados esenciales. ¿No es una restricción al derecho a huelga?”, señaló.
Como exintegrante de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, explicó: “El criterio de la OIT es que los servicios esenciales, en sentido estricto, son aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. En esas actividades, la prohibición del derecho de huelga es admisible, pero en otros casos la interpretación debe ser restrictiva”.
El especialista anticipó una ola de impugnaciones sindicales y criticó la incorporación a último momento de la obligación de cumplimiento total para las fuerzas de seguridad: “Van a cansarse de plantear inconstitucionalidades los gremios por este tema. Eso implica reconocer el derecho de huelga a la fuerza de seguridad, un error tremendo que incorporaron a último momento”.
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POLITICA
Pago de licencias: acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral
¿Quién introdujo el cambio en el pago de licencias en la reforma laboral, que entró por la ventana al texto el mismo jueves de la sesión? Con la polémica estallada, consultó a una decena de fuentes que se contradicen entre sí a pesar de haber compartido todas las discusiones por la reforma laboral.
En el gobierno libertario nadie se hace cargo de haber incorporado esa decisión al proyecto que se votó en la Cámara alta. Dicen que ellos no lo impulsaron. Pero, a la vez, senadores aliados que durante este tiempo estuvieron en conversaciones con la Casa Rosada no dudaron en asegurar que fue el Gobierno el que promocionó esa versión a través de sus negociadores, en el tramo final de la discusión, antes de llegar a recinto.
La nueva ley, que todavía tiene que tratarse en la Cámara de Diputados pero fue aprobada por el Senado, incluye en el capítulo VII, en su artículo 44, cambios en el régimen actual de licencias. Dice que si el trabajador sufre “un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación” tendrá derecho a cobrar solo 50% de su sueldo, por tres meses si no tiene personas a cargo y por seis meses si las tuviera.
Asimismo, plantea que si la imposibilidad de trabajar “no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud” percibirá 75% de su salario.
En ninguno de los casos está previsto que perciba el 100%, como hasta ahora. Un alto dirigente de la CGT resumió su visión del caso en tres palabras: “Es una locura”.
Esta modificación, que no estaba incluida en el texto que el presidente Javier Milei firmó y mandó al Congreso, pero que se sumó formalmente cuando arrancó el debate en el recinto, en voz del miembro informante, el senador de LLA de Chaco Juan Cruz Godoy, despertó revuelo con la oposición.
Sobre todo, después de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijera en Radio Mitre: “Yo lo llamo el tema de los abusos, de las licencias psiquiátricas. Cuando vos tenés una enfermedad que te sobrevino y no tenés nada que ver con eso, el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, pero va a ser al 75% y no al 100%. Y si te lastimaste por ejemplo jugando al fútbol, en algo en que vos tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver con que te discapacitaste para el trabajo, ahí es de 50%“.
Ante el revuelo, sin embargo, en el Gobierno sacaron los pies del plato. “La Casa Rosada no modificó esa parte del texto, no estaba en el proyecto original. Apareció en la conversación con los aliados. Habrá sido un senador el que lo propuso…”, deslizó una importante voz de Balcarce 50 este viernes ante la consulta de .
Otro integrante de la mesa política solo admitió que en una de las reuniones de ese grupo selecto de funcionarios libertarios la cuestión se habló, pero dio a entender que pasó sin pompa, como un tema más.
“Lo metieron a último momento, no sabemos a pedido de quién”, se escuchó en un ministerio clave de la Casa Rosada.
El intento por desconocer la variante fue tal que fuentes oficiales llegaron a asegurar que Sturzenegger no estaba de acuerdo con cambiar este artículo, pero que justo lo entrevistaron y debió dar él las explicaciones por todo el Gobierno. “Le preguntaron y lo tuvo que explicar, pero hay puntos de ese articulado que le hacen ruido”, dijeron en la Casa Rosada, pese a que el ministro fue uno de los principales ideólogos de la parte técnica de la reforma laboral.
Otra voz del Gobierno también buscó plantear que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aunque negoció junto a Patricia Bullrich el texto con los senadores aliados, las cámaras empresariales y los gremios, está en desacuerdo con esa nueva parte del texto y, en su defecto, que no la impulsó. Esa fuente hasta indicó que a Cordero se lo vio “indignado” por la inclusión de los cambios en el pago de las licencias.
Asimismo, sectores oficiales comentaron que el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de negociar con los gobernadores, en teoría no llevó la letra fina del texto, por lo que -supuestamente- no estaba al tanto del detalle de las bajas en los pagos de licencias.
Pero, al unísono, senadores aliados de distintas fuerzas políticas consultados por , que durante estos meses estuvieron en contacto con los funcionarios nacionales para negociar el texto final, coincidieron en responsabilizar al propio Gobierno por impulsar los cambios en la normativa y por defenderlos ante ellos.
Incluso, dos de los legisladores consultados por separado refirieron que la letra que traía el oficialismo era aún más restrictiva sobre las licencias y que, como los partidos aliados se opusieron a votar una parte de esos ítems, la Casa Rosada debió quitarlos.
Dicen los aliados también que el Gobierno pretendía que el 50% o el 75% del pago se haga sobre el sueldo básico y que, como ellos no estaban de acuerdo, definieron que se calcule sobre el sueldo en bruto.
Todas estas versiones en el Gobierno las niegan de manera tajante, insisten con que no tuvieron nada que ver, pero llamativamente tampoco dicen quién fue el ideólogo de la modificación.
En el bloque del oficialismo en el Senado también se desligaron de señalar responsables, pero justificaron la baja en el pago. “Tiene como finalidad evitar conductas abusivas derivadas de la prolongación de las licencias, que generan un impacto económico y organizacional significativo en las empresas. Esto se debe a que el empleador se encuentra obligado a abonar el salario del trabajador que no presta servicios y, además, a asumir el costo de contratar a otro trabajador que lo reemplace. También induce al trabajador a evitar ausencias prolongadas porque le producen un perjuicio económico», se limitaron a comentar desde la bancada violeta.
Ahora que el texto llegará a Diputados deberá atravesar tanto la votación en general como en particular. Abogados que ejercen el derecho laboral advierten por una posible judicialización de este apartado si sale así y sectores gremiales confían en que los cambios en las licencias se van a caer en la Cámara baja.
Por el contrario, una alta fuente del Gobierno que sigue la estrategia política minuto a minuto refirió este viernes que el número en Diputados no está tan holgado como en el Senado pero se mostró confiado de que el Gobierno tiene los votos para conseguir igual la aprobación total de la reforma laboral. Y sin mayores sobresaltos.
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POLITICA
El Gobierno impulsa una nueva Ley de Financiamiento Universitario: podría tratarse en las extraordinarias
El Gobierno sumará el envío al Congreso de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio. La decisión se conoce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma actual, mediante la cual debe actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades.
En los últimos días, funcionarios del Presidente Javier Milei comenzaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas. La intención es “garantizar viabilidad fiscal” y al mismo tiempo responder a los reclamos históricos del sector.
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En este sentido, el Gobierno trabaja en una nueva ley, que no busca derogar el esquema financiero actual, sino modificarlo. En este punto será vital construir el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma que reemplace la anterior.
Según trascendió, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario. El Ejecutivo apunta a sumar a la nueva ley al temario de las sesiones extraordinarias por decreto, pese a que el reglamento de Diputados sostiene que debe votarse en el recinto.
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El decreto en cuestión se firmaría en las próximas horas y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes. También se formalizará allí la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero.
La jugada del Gobierno se produce luego de que en las últimas horas se lograra la aprobación de la reforma laboral en el Senado; y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil, donde también dieron el visto bueno al acuerdo del Mercosur.
La estrategia apunta a resolver dos frentes de una sola vez: la discusión presupuestaria por un lado y, al mismo tiempo, desactivar las discusiones legales y judiciales abiertas, para así también evitar sanciones penales.
Para ello, en el Ejecutivo trabajan sobre la “viabilidad” de la ley. Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, para pulir los detalles de la norma.
La Ley de Financiamiento Universitario se votó en 2024 y fue aprobada por ámbas cámaras. No obstante, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso la ratificó. Dicha norma es la que el Gobierno pretende reemplazar por una nueva.
Gobierno, FINANCIAMIENTO, universidades
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