POLITICA
Billeteras virtuales, licencias laborales y régimen penal juvenil: los próximos desafíos del oficialismo en el Congreso
La agenda política argentina entró en una etapa de definiciones tras la media sanción de la reforma laboral. En Infobae en vivo, el equipo de Infobae a la Tarde desglosó las estrategias, conflictos y prioridades que enfrenta el Gobierno para encaminar tres leyes clave antes del inicio de las sesiones ordinarias.
La mesa conformada por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé puso el foco en el hito parlamentario: “Primera vez desde el regreso de la democracia que hay una legislación laboral integral que consigue aprobar un gobierno, entonces, en democracia”, subrayó Jove al abrir el análisis. De inmediato, advirtió sobre el carácter provisorio del avance: “Un éxito a medias todavía, porque falta, por supuesto, lo que pase en la Cámara de Diputados”.
La reforma laboral, aprobada en el Senado, enfrenta ahora una etapa decisiva en Diputados. El oficialismo busca evitar cualquier modificación que obligue a devolver el texto a la cámara de origen. “Hay dos temas que pueden llegar a ser ruidosos, complejos para el Gobierno, que pretende que se apruebe tal y como salió del Senado. Si en Diputados se hace cualquier cambio, tiene que volver al Senado”, explicó Jove, remarcando la fragilidad de los consensos logrados.
El desafío de blindar la reforma laboral en Diputados
Uno de los puntos que genera inquietud es la nueva regulación sobre licencias por enfermedad. “En lo que se terminó modificando y se votó, el empleado tendrá derecho a cobrar el cincuenta por ciento en caso de una licencia por enfermedad, por supuesta enfermedad, o accidente fuera del horario laboral”, detalló Jove. La referencia a “supuestas enfermedades” y la reducción salarial encendió alarmas en sectores sindicales y de la oposición.
El panel alertó que modificar ese articulado podría trabar el proceso legislativo. Paula Guardia Bourdin sintetizó: “Sería una pesadilla que esto vuelva para atrás y que se empiecen a tocar estos temas que ya estaban saldados en algún punto”. Ante la consulta de Tomás Trapé sobre el posible recorrido parlamentario, Manu Jove precisó: “Se vuelve al Senado sobre las modificaciones exactas, no sobre el completo de la ley. Todo aquello que no se modifique queda como está, ya no se puede cambiar”.
La dinámica legislativa impone una carrera contrarreloj para el oficialismo: “El Gobierno pretende que ambas cosas se aprueben antes de marzo, es decir, antes del periodo ya de sesiones ordinarias”, reiteró Jove.
El régimen penal juvenil: consenso para la sanción exprés
El segundo gran frente del oficialismo es el régimen penal juvenil. El texto, que ya obtuvo respaldo en Diputados, espera tratamiento en el Senado con pronóstico favorable. “No va a sufrir modificaciones o no debería. Están los consensos para conseguir la aprobación también en el Senado, sobre todo con esta nueva mayoría que consiguió el Gobierno y que quedó explícita con reforma laboral”, planteó Jove.
La clave del acuerdo fue la fijación de la edad de imputabilidad en catorce años, un punto que sumó apoyos desde sectores inesperados. “Hasta un sector del peronismo termina acompañando puntualmente el tema de la edad de imputabilidad”, describió el conductor, y subrayó la importancia de mantener los pactos alcanzados para garantizar la sanción definitiva.
El staff coincidió en que el Gobierno busca mostrar capacidad de gestión y control parlamentario, logrando que ambas leyes estén listas para la apertura de sesiones de Javier Milei en el Congreso.
Billeteras virtuales, bancos y los intereses cruzados en Diputados
El tercer eje de tensión atraviesa la regulación de billeteras virtuales y su relación con el sistema bancario. Paula Guardia Bourdin sintetizó el escenario: “Conflicto banco-billeteras virtuales”. Tomás Trapé sumó: “Está esta especie de grieta entre las billeteras virtuales, los bancos, sobre todo los bancos provinciales, que pertenecen a varios gobernadores. Hay intereses de por medio”.
El avance sobre el sistema de pagos digitales involucra a actores con fuerte peso político y económico. Manu Jove remarcó: “Un aliado estratégico del Gobierno, desde lo discursivo, pero también desde el apoyo concreto, por ejemplo, Marcos Galperín, hablaba de Mercado Libre como la billetera virtual que no te digo monopoliza, pero sí concentra buena parte de los usuarios en el mercado argentino”.
La intención del oficialismo es sumar esta regulación a la agenda extraordinaria de febrero. El panel advirtió que cualquier reforma que afecte al negocio de los bancos provinciales podría enfrentar resistencia de legisladores alineados con los gobernadores. “Si en Diputados se hace cualquier cambio, tiene que volver al Senado”, insistió Jove, resaltando la dificultad de blindar el texto original.
La posibilidad de que los salarios puedan cobrarse también en billeteras virtuales es uno de los puntos de mayor disputa. Frente a la incertidumbre, el staff coincidió en que el oficialismo deberá negociar cada voto para evitar que la normativa se diluya en modificaciones sucesivas.
Milei prepara nuevas reformas y reabre el debate sobre el sistema electoral
Mientras avanza sobre las leyes clave, el Gobierno ya proyecta nuevas reformas: financiamiento universitario, reforma impositiva y cambios en el sistema electoral. “El Gobierno va a poner en agenda algunos temas como nueva ley de financiamiento universitario. Esto es más una estrategia que otra cosa, porque incluso con la intención de agregarlo la próxima semana en el periodo de la ventana, que queda abierta todavía hasta fin de febrero, de extraordinarias”, anticipó Jove.
El vínculo entre el secretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, y los rectores de universidades públicas suma tensión a la discusión. Jove describió: “No tiene la mejor relación en general con los dos rectores de universidades. Tiene, de hecho, públicamente se conoce, en particular, por ejemplo, con los referentes de la UBA, Emiliano Yacovitti, una enemistad declarada casi te diría y, a partir de eso, una relación bastante compleja”.
En materia tributaria, el oficialismo planea usar la sanción de la reforma laboral como plataforma para una reforma impositiva más amplia. “El planteo era reforma laboral primero para habilitar una reforma impositiva y que ese combo en algún momento, dicen, ya para el segundo mandato de Milei, si es que por supuesto se da, pero esto es en el marco y escenario optimista que ve el Gobierno, sobre todo por estos días, una reforma previsional”, explicó Jove.
También se reabre la discusión sobre el calendario electoral y la vigencia de las PASO. “El Gobierno ya propone, o por lo menos anticipa, que va a volver a poner en consideración la idea de suspender de vuelta, no eliminar, es decir, se vuelve a patear, a correr el arco, por lo menos por dos años más”, anticipó el panel. La estrategia oficialista apunta a introducir una reforma electoral más amplia, que incluya la boleta única a nivel nacional y una nueva ley de financiamiento de campañas.
El staff de Infobae a la Tarde concluyó que la agenda del Gobierno combina pragmatismo y ambición: “No tenemos algún tipo de especulación del año impar planteando esto, sino que lo hacemos ahora anticipándonos a todo lo que pueda ser visto de esa manera”, sintetizó Jove.
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POLITICA
El Gobierno busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil antes del 1 de marzo
El oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo para que la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea estén aprobados antes del 1 de marzo, con el objetivo de que formen parte del discurso del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.
Para cumplir con este cronograma, el Gobierno ya giró el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se espera que el Ejecutivo publique un nuevo decreto que extienda las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
En la Cámara de Diputados, la intención de Martín Menem y Gabriel Bornoroni es citar a un plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero, con el fin de dictaminar y sesionar el jueves 19. Sin embargo, esta estrategia de tratamiento “exprés” enfrenta cuestionamientos de la oposición.
“En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo”, advirtió un diputado opositor, mientras que otros sectores critican lo que consideran un funcionamiento de “escribanía” por parte de quienes antes cuestionaban estas prácticas.
Diputados aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el debate se traslada al Senado
Además del rechazo opositor, La Libertad Avanza enfrenta la resistencia de sus socios, como el bloque del PRO encabezado por Cristian Ritondo, que adelantó que pedirá modificaciones al proyecto de reforma laboral.
Según interpretan sectores del kirchnerismo, el apuro oficialista responde al temor de que se introduzcan cambios que obliguen al texto a volver al Senado. En paralelo, Patricia Bullrich impulsa su propio ritmo en la Cámara Alta con la meta de dictaminar la próxima semana el Régimen Penal Juvenil y el tratado con la Unión Europea.
El oficialismo necesita cumplir con los siete días de plazo reglamentario entre el dictamen y la llegada al recinto para sesionar antes de fin de mes. Una alta fuente libertaria admitió a Infobae las dificultades de la negociación con los aliados para asegurar el quórum y las firmas necesarias: “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”.
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CÓMO ES HOY. En cuanto a las plataformas digitales, como Rappi, Uber o Pedidos Ya, sus trabajadores se encuentran hoy en una zona gris. Trabajan de manera independiente, el tiempo que desean; suelen estar registrados como autónomos y facturan por sus servicios, pero siempre por fuera de la ley de contrato de trabajo. Algunos fallos judiciales, sin embargo, ya identifican en ese vínculo laboral algunos elementos típicos de una relación de dependencia.
En cuanto a los trabajadores de tiempo parcial, hoy no pueden superar los dos tercios de una jornada completa. Si eso ocurre, aunque sea por una hora, los trabajadores cobran la totalidad del salario.
QUÉ DICE EL PROYECTO. En cuanto a las plataformas digitales, se les otorga un marco legal más definido, al introducir la figura legal del “trabajador independiente”, que reconoce, por caso, una cobertura a los accidentes laborales. No obstante, la reforma genera cierto rechazo en el sector porque mantiene al trabajador de plataforma por fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Para los trabajadores de tiempo parcial, se prevé una paga proporcional al tiempo de trabajo, sin cláusula “gatillo”. Así, si se trabaja el 80% de la jornada, se cobra por el 80% de la jornada.
POLITICA
El abogado laboralista Mario Ackerman analizó los puntos centrales de la reforma que obtuvo media sanción: “Faltó debate jurídico”
En una entrevista en Infobae en vivo, el abogado laboralista Mario Ackerman evaluó la reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados y cuestionó la forma en la que se avanzó en el Congreso: “Me parece mal cómo se hizo, el debate que empieza ahora es jurídico y no se dio”. Considerado uno de los mayores especialistas en la materia, Ackerman remarcó que el texto aprobado “es muy imperfecto, sobre todo con los últimos agregados que hicieron”, y anticipó que la falta de definiciones técnicas generará conflictos en la Justicia.
Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Ackerman desgranó los principales ejes que, a su criterio, quedaron mal resueltos en la reforma. “Algunos puntos clave se agregaron ‘a puño alzado’ el día anterior al tratamiento parlamentario. Ahora viene la discusión sobre, por ejemplo, cuál es el límite de la jornada de trabajo. ¿Siguen existiendo las ocho horas? ¿Podría un empleador exigir que el trabajador trabaje veinticuatro horas como hace la policía? No está claro”, sostuvo.
Ackerman explicó que la ausencia de discusión jurídica deja abiertas preguntas centrales para la vida laboral cotidiana. “Se perdió una oportunidad de hacer las cosas bien. Acá se podía haber hecho una cosa completamente distinta, conveniente para todos, sin sacarle plata a los trabajadores, bajando el costo de las empresas”, lamentó.
Las grietas de la litigiosidad y la indemnización
Ackerman desmintió que la reforma resuelva la llamada “industria del juicio”. “No hay una industria de juicio, lo que hay es mucha litigiosidad, y esta reforma no va a resolverlo si no se atacan las causas de fondo”, afirmó. Detalló que, según los datos de los tribunales laborales de la Capital Federal, “más de la mitad de los juicios en trámite son por accidentes de trabajo y el cuarenta por ciento restante por empleo no registrado o por no reconocer la relación de dependencia”.
El abogado profundizó sobre el cálculo de las indemnizaciones y las zonas grises que persisten. “En la base de cálculo de la indemnización, la pregunta es si en ese sueldo entran el aguinaldo, los premios anuales. Esto la ley lo unifica, pero no es lo que provoca más litigiosidad”, aclaró. Para Ackerman, el verdadero núcleo de conflicto se encuentra en la actualización de los créditos laborales: “Hoy los líos pasan por la tasa de interés, cómo se actualizan los créditos. Esto lo resuelve la ley y para mi gusto, de buena manera: de aquí en adelante, costo de vida más el tres por ciento anual”.
Sin embargo, advirtió que la distinción que introduce la reforma para los juicios en trámite incentivará la judicialización: “Si hubieran dicho que a todos los juicios, aun a los juicios en trámite, se aplica costo de vida más el tres por ciento, eso no se discute más. Pero si hacés esta distinción caprichosa, esto va a provocar litigiosidad, porque el negocio es no pagar”.
Pymes, informalidad y el costo del trabajo en negro
Consultado sobre el impacto en el universo pyme, Ackerman fue taxativo: “La pyme tiene trabajadores en negro en términos de legítima defensa. Es la única vía que tiene para bajar los costos”. Dijo que la presión fiscal y la caída de la actividad empujan a las pequeñas y medianas empresas a la informalidad como alternativa para sobrevivir. “Al Estado no puede dejar de pagarle, los servicios no puede dejar de pagarlos. Al trabajador le puede pagar en negro, o por lo menos una parte en blanco y una parte en negro”, puntualizó.
Para el abogado, el centro del problema no reside en la voluntad de las pymes, sino en la estructura de la economía argentina: “¿Por qué los grandes supermercados no tienen trabajadores en negro? Porque son formadores de precio. El problema de la pyme es un problema de números, pero no le castiguemos al trabajador”.
Ackerman relató casos de empresas metalúrgicas que, ante la caída de ventas y la imposibilidad de financiarse, debieron reducir personal y recurrir al pago informal: “Hoy cada vez es más necesario que la pyme tenga trabajadores en negro y venda productos en negro para equilibrar los costos. No puede exportar porque no le dan los números y tampoco puede pedir crédito porque es inaccesible”.
Las nuevas restricciones al derecho de huelga y el riesgo de inconstitucionalidad
Ackerman cuestionó la ampliación de los servicios considerados “esenciales” o “de importancia trascendental” en la nueva legislación y su impacto sobre el derecho de huelga. “Ahora pasamos a tener más de 70 rubros considerados esenciales. ¿No es una restricción al derecho a huelga?”, señaló.
Como exintegrante de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, explicó: “El criterio de la OIT es que los servicios esenciales, en sentido estricto, son aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. En esas actividades, la prohibición del derecho de huelga es admisible, pero en otros casos la interpretación debe ser restrictiva”.
El especialista anticipó una ola de impugnaciones sindicales y criticó la incorporación a último momento de la obligación de cumplimiento total para las fuerzas de seguridad: “Van a cansarse de plantear inconstitucionalidades los gremios por este tema. Eso implica reconocer el derecho de huelga a la fuerza de seguridad, un error tremendo que incorporaron a último momento”.
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