POLITICA
Debajo de la lista de unidad, el PJ bonaerense podría tener internas distritales entre axelistas y kirchneristas
LA PLATA.- La sorpresiva pipa de la paz que fumaron Axel Kicillof y Máximo Kirchner para armar la nueva conducción del PJ bonaerense se gestó como un acuerdo de cúpulas, pero en los distritos hay dirigentes que no tienen vocación de compartir una lista única.
A tal punto, que en unos 30 municipios podrían registrarse elecciones internas si antes del 21 de febrero la Junta Electoral del partido no da de baja algunas de las nóminas que se presentaron.
Kicillof asumirá como nuevo presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires el 15 de marzo, tras seis años de gobierno ajeno a la estructura orgánica de la fuerza. Iniciará, desde allí, una nueva etapa para proyectar su construcción nacional hacia 2027. Tras el acuerdo con Máximo, el gobernador buscará eludir la conflictividad y enfocarse en su armado federal.
Pero en muchos municipios no piensan lo mismo. De hecho, las batallas más duras podrían tener lugar en Moreno, Tigre, Morón, Lanús, San Miguel, General Rodríguez y Presidente Perón, en el Gran Buenos Aires, donde incluso algunos de los intendentes fueron desafiados por competidores internos. El Movimiento Derecho al Futuro (MdF) axelista, La Cámpora kirchnerista y sectores vinculados al Frente Renovador massista protagonizan algunos de los enfrentamientos.
Según pudo saber de fuentes partidarias, en el interior del territorio bonaerense también habrá internas del PJ en Marcos Paz, Baradero, Colón, Pergamino, San Nicolás, San Andrés, San Antonio de Areco, Zárate, Magdalena, Bragado, Chivilcoy, Junín, Lincoln, Nueve de Julio, Balcarce, Mar del Plata, Lobería, Adolfo Alsina, el Partido de la Costa y Torquinst.
En Lobos y Roque Pérez, en la zona considerada como el pago chico de Juan Domingo Perón, también presentaron más de una lista para competir.
Al oeste del conurbano bonaerense, en Moreno, la intendenta Mariel Fernández deberá competir por encabezar el órgano partidario local frente al candidato Matías Arrizabal, impulsado por el MdF y delfín del ministro de Trabajo de Kicillof, Walter Correa. La jefa comunal que dijo estar dispuesta a competir con la vicegobernadora Verónica Magario por la conducción del PJ provincial, ahora debería contentarse con que la Junta Electoral no valide a su rival interno en el distrito.
En el norte del conurbano, pero también en la Primera Sección Electoral, el municipio de Tigre es otro donde la conducción del intendente está en tela de juicio. Sucede que el jefe comunal Julio Zamora fue desafiado por el concejal Luis Ducó, cercano a Malena Galmarini pero también con buena relación con el MdF y La Cámpora.
Zamora, que compitió por afuera de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, debe aguardar ahora que la Junta Electoral convalide su lista, que fue denunciada por presentarse fuera de término y con “avales apócrifos”.
El intendente de Tigre está enfrentado desde hace años con Sergio Massa, el jefe del Frente Renovador que conserva un fuerte predicamento en el PJ bonaerense, como aliado dilecto del peronismo.
Otra puja relevante en el PJ acontece en Mar del Plata. Allí se anotaron tres listas: una liderada por Daniel Di Bártolo, con respaldo de La Cámpora y de su referente local, Fernanda Raverta; otra que lleva a Adriana Donzelli, ligada al MdF axelista y una tercera encabezada por Rodolfo Iriart, un referente del peronismo local.
De acuerdo a fuentes partidarias, Di Bártolo es un histórico del peronismo puro, de la rama docente, y fue mucho tiempo ladero de una conducción cegetista de encabezó Daniel Rodríguez. También Donzelli proviene del sector docente.
“Manino” Iriart fue sciolista en los tiempos de la ola naranja, que tenía anclaje en Mar del Plata, y ocupó el cargo de secretario de Seguridad de Carlos Arroyo, el intendente que llegó en 2015 de la mano de María Eugenia Vidal.
Pese a la lista de unidad a nivel provincial, en 25 de Mayo el axelista MdF llevó a José Luis Cunullán, propuesto por el exintendente Hernán Ralinqueo, para competir contra Mateo Quattrinni. Mientras que en Junín las listas las lideran Fernando Burgos, Cristina López y Camilo Claudio.
En Roque Pérez, la hija del exintendente Juan Pablo “Chinchu” Gasparini, Eliana Gasparini, se enfrentará con Homero Salas. Las listas se terminarán de definir en la Junta Electoral Partidaria el sábado 21, por lo que hasta entonces hay un doble proceso de negociación, por un lado, y de constatación de avales y requisitos, por otro.
Atento a estas pujas, que por ahora siguen en pie, la nueva cúpula del PJ bonaerense llamó a los partidarios a lograr la unidad, pero en estas comunas las partes, que armaron filas para una eventual confrontación, se niegan a capitular.
“Hasta el jueves que viene se van a unificar muchos. Se habían presentado 37 y ya se bajaron varias- dijo un hombre que participa de la negociación en el PJ provincial.- Por caso: Saavedra, Tandil, Ramallo y La Plata”.
pipa de la paz,María José Lucesole,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil antes del 1 de marzo
El oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo para que la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea estén aprobados antes del 1 de marzo, con el objetivo de que formen parte del discurso del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.
Para cumplir con este cronograma, el Gobierno ya giró el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se espera que el Ejecutivo publique un nuevo decreto que extienda las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
En la Cámara de Diputados, la intención de Martín Menem y Gabriel Bornoroni es citar a un plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero, con el fin de dictaminar y sesionar el jueves 19. Sin embargo, esta estrategia de tratamiento “exprés” enfrenta cuestionamientos de la oposición.
“En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo”, advirtió un diputado opositor, mientras que otros sectores critican lo que consideran un funcionamiento de “escribanía” por parte de quienes antes cuestionaban estas prácticas.
Diputados aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el debate se traslada al Senado
Además del rechazo opositor, La Libertad Avanza enfrenta la resistencia de sus socios, como el bloque del PRO encabezado por Cristian Ritondo, que adelantó que pedirá modificaciones al proyecto de reforma laboral.
Según interpretan sectores del kirchnerismo, el apuro oficialista responde al temor de que se introduzcan cambios que obliguen al texto a volver al Senado. En paralelo, Patricia Bullrich impulsa su propio ritmo en la Cámara Alta con la meta de dictaminar la próxima semana el Régimen Penal Juvenil y el tratado con la Unión Europea.
El oficialismo necesita cumplir con los siete días de plazo reglamentario entre el dictamen y la llegada al recinto para sesionar antes de fin de mes. Una alta fuente libertaria admitió a Infobae las dificultades de la negociación con los aliados para asegurar el quórum y las firmas necesarias: “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”.
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Acuerdo Mercosur Unión Europea,baja de edad de imputabilidad,Reforma Laboral,régimen penal juvenil
CÓMO ES HOY. En cuanto a las plataformas digitales, como Rappi, Uber o Pedidos Ya, sus trabajadores se encuentran hoy en una zona gris. Trabajan de manera independiente, el tiempo que desean; suelen estar registrados como autónomos y facturan por sus servicios, pero siempre por fuera de la ley de contrato de trabajo. Algunos fallos judiciales, sin embargo, ya identifican en ese vínculo laboral algunos elementos típicos de una relación de dependencia.
En cuanto a los trabajadores de tiempo parcial, hoy no pueden superar los dos tercios de una jornada completa. Si eso ocurre, aunque sea por una hora, los trabajadores cobran la totalidad del salario.
QUÉ DICE EL PROYECTO. En cuanto a las plataformas digitales, se les otorga un marco legal más definido, al introducir la figura legal del “trabajador independiente”, que reconoce, por caso, una cobertura a los accidentes laborales. No obstante, la reforma genera cierto rechazo en el sector porque mantiene al trabajador de plataforma por fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Para los trabajadores de tiempo parcial, se prevé una paga proporcional al tiempo de trabajo, sin cláusula “gatillo”. Así, si se trabaja el 80% de la jornada, se cobra por el 80% de la jornada.
POLITICA
El abogado laboralista Mario Ackerman analizó los puntos centrales de la reforma que obtuvo media sanción: “Faltó debate jurídico”
En una entrevista en Infobae en vivo, el abogado laboralista Mario Ackerman evaluó la reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados y cuestionó la forma en la que se avanzó en el Congreso: “Me parece mal cómo se hizo, el debate que empieza ahora es jurídico y no se dio”. Considerado uno de los mayores especialistas en la materia, Ackerman remarcó que el texto aprobado “es muy imperfecto, sobre todo con los últimos agregados que hicieron”, y anticipó que la falta de definiciones técnicas generará conflictos en la Justicia.
Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Ackerman desgranó los principales ejes que, a su criterio, quedaron mal resueltos en la reforma. “Algunos puntos clave se agregaron ‘a puño alzado’ el día anterior al tratamiento parlamentario. Ahora viene la discusión sobre, por ejemplo, cuál es el límite de la jornada de trabajo. ¿Siguen existiendo las ocho horas? ¿Podría un empleador exigir que el trabajador trabaje veinticuatro horas como hace la policía? No está claro”, sostuvo.
Ackerman explicó que la ausencia de discusión jurídica deja abiertas preguntas centrales para la vida laboral cotidiana. “Se perdió una oportunidad de hacer las cosas bien. Acá se podía haber hecho una cosa completamente distinta, conveniente para todos, sin sacarle plata a los trabajadores, bajando el costo de las empresas”, lamentó.
Las grietas de la litigiosidad y la indemnización
Ackerman desmintió que la reforma resuelva la llamada “industria del juicio”. “No hay una industria de juicio, lo que hay es mucha litigiosidad, y esta reforma no va a resolverlo si no se atacan las causas de fondo”, afirmó. Detalló que, según los datos de los tribunales laborales de la Capital Federal, “más de la mitad de los juicios en trámite son por accidentes de trabajo y el cuarenta por ciento restante por empleo no registrado o por no reconocer la relación de dependencia”.
El abogado profundizó sobre el cálculo de las indemnizaciones y las zonas grises que persisten. “En la base de cálculo de la indemnización, la pregunta es si en ese sueldo entran el aguinaldo, los premios anuales. Esto la ley lo unifica, pero no es lo que provoca más litigiosidad”, aclaró. Para Ackerman, el verdadero núcleo de conflicto se encuentra en la actualización de los créditos laborales: “Hoy los líos pasan por la tasa de interés, cómo se actualizan los créditos. Esto lo resuelve la ley y para mi gusto, de buena manera: de aquí en adelante, costo de vida más el tres por ciento anual”.
Sin embargo, advirtió que la distinción que introduce la reforma para los juicios en trámite incentivará la judicialización: “Si hubieran dicho que a todos los juicios, aun a los juicios en trámite, se aplica costo de vida más el tres por ciento, eso no se discute más. Pero si hacés esta distinción caprichosa, esto va a provocar litigiosidad, porque el negocio es no pagar”.
Pymes, informalidad y el costo del trabajo en negro
Consultado sobre el impacto en el universo pyme, Ackerman fue taxativo: “La pyme tiene trabajadores en negro en términos de legítima defensa. Es la única vía que tiene para bajar los costos”. Dijo que la presión fiscal y la caída de la actividad empujan a las pequeñas y medianas empresas a la informalidad como alternativa para sobrevivir. “Al Estado no puede dejar de pagarle, los servicios no puede dejar de pagarlos. Al trabajador le puede pagar en negro, o por lo menos una parte en blanco y una parte en negro”, puntualizó.
Para el abogado, el centro del problema no reside en la voluntad de las pymes, sino en la estructura de la economía argentina: “¿Por qué los grandes supermercados no tienen trabajadores en negro? Porque son formadores de precio. El problema de la pyme es un problema de números, pero no le castiguemos al trabajador”.
Ackerman relató casos de empresas metalúrgicas que, ante la caída de ventas y la imposibilidad de financiarse, debieron reducir personal y recurrir al pago informal: “Hoy cada vez es más necesario que la pyme tenga trabajadores en negro y venda productos en negro para equilibrar los costos. No puede exportar porque no le dan los números y tampoco puede pedir crédito porque es inaccesible”.
Las nuevas restricciones al derecho de huelga y el riesgo de inconstitucionalidad
Ackerman cuestionó la ampliación de los servicios considerados “esenciales” o “de importancia trascendental” en la nueva legislación y su impacto sobre el derecho de huelga. “Ahora pasamos a tener más de 70 rubros considerados esenciales. ¿No es una restricción al derecho a huelga?”, señaló.
Como exintegrante de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, explicó: “El criterio de la OIT es que los servicios esenciales, en sentido estricto, son aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. En esas actividades, la prohibición del derecho de huelga es admisible, pero en otros casos la interpretación debe ser restrictiva”.
El especialista anticipó una ola de impugnaciones sindicales y criticó la incorporación a último momento de la obligación de cumplimiento total para las fuerzas de seguridad: “Van a cansarse de plantear inconstitucionalidades los gremios por este tema. Eso implica reconocer el derecho de huelga a la fuerza de seguridad, un error tremendo que incorporaron a último momento”.
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