A medida que la guerra de Rusia contra Ucrania entra en su quinto año, la economía que la sustenta se ha transformado de tal manera que será difícil, quizás imposible, revertirla sin otra crisis. Los occidentales siguen esperando que la economía rusa colapse. No lo hará. Pero tampoco se recuperará. Ha entrado en lo que los alpinistas llaman la zona de la muerte: la altitud por encima de los 8.000 metros en la que el cuerpo humano se consume más rápido de lo que puede repararse.

La economía rusa está estancada en lo que podría describirse como un equilibrio negativo: se mantiene unida mientras destruye constantemente su propia capacidad futura. Los ingresos por exportaciones están cayendo y la debilidad económica significa que los déficits presupuestarios no pueden cubrirse con ingresos fiscales adicionales. La economía creció solo un 1 % en 2025. Las previsiones para este año son peores.

En los últimos cuatro años, la economía rusa se ha bifurcado en dos sistemas metabólicos distintos. El primero comprende las industrias militares y afines: los órganos vitales que reciben un flujo sanguíneo prioritario. Estos sectores están creciendo, contratando e invirtiendo. Tienen acceso prioritario a la mano de obra, el capital y las importaciones. El segundo sistema contiene todo lo demás: la empresa privada, las pequeñas empresas, las industrias de consumo. Estas son las extremidades que se quedan al margen. El sector manufacturero ruso en su conjunto ha crecido un considerable 18,3 % en los últimos tres años. Pero todo ese crecimiento, y más, proviene del sector militar. La industria manufacturera relacionada con la defensa creció lo suficiente por sí sola como para impulsar un 20 % las cifras generales, lo que significa que la industria civil se ha contraído en el mismo periodo.

La característica más peligrosa de esta nueva estructura es el combustible que consume. La economía rusa funciona ahora con lo que podría denominarse “renta militar”: transferencias presupuestarias a empresas de defensa que generan salarios y actividad económica. Funcionalmente, esto se asemeja a las ganancias extraordinarias del petróleo de la década de 2000. Pero hay una diferencia fundamental. La renta del petróleo procedía de fuera del sistema; los extranjeros pagaban por un activo negociable y el dinero circulaba por la economía con efectos multiplicadores reales. La renta militar es una redistribución interna hacia activos diseñados para la destrucción. El organismo está metabolizando su propio tejido muscular para obtener energía.

No se trata de una recesión cíclica que pueda solucionarse con políticas monetarias o fiscales. Una recesión es como la fatiga: con descanso se recupera uno. La situación de Rusia es como el mal de altura: cuanto más tiempo se permanece allí, peor se pone, independientemente del descanso.

Consideremos las cuentas del descenso del Kremlin. El sector de la defensa de Rusia representa actualmente alrededor del 8 % del PIB. La desmovilización sin caer en una crisis requeriría que se cumplieran simultáneamente cinco condiciones: garantías de seguridad creíbles que satisfagan las percepciones de amenaza del Kremlin (que a su vez determinarán el grado en que reconstruye sus capacidades militares); una desmovilización masiva con programas de reciclaje profesional eficaces; al menos un alivio parcial de las sanciones para el acceso a la tecnología; una revolución en la adquisición de material de defensa que dé prioridad a la eficiencia sobre la absorción presupuestaria; y un ecosistema saludable de pequeñas y medianas empresas capaces de absorber los recursos reasignados e impulsar la innovación. La probabilidad de que las cinco condiciones se den al mismo tiempo es casi nula.

Mientras tanto, el oxígeno fiscal se está agotando. El déficit presupuestario se ha ampliado rápidamente hasta alcanzar los 5,6 billones de rublos (73.000 millones de dólares), o el 2,6 % del PIB, para 2025, el mayor desde la pandemia. Los pagos de intereses de la deuda pública este año superarán el gasto en educación y sanidad juntos.

Los precios del petróleo están aumentando la presión. Con el crudo Urals, el principal tipo de crudo de Rusia, cotizando ahora con un descuento del 25-30 % respecto al Brent, los ingresos por exportaciones de Rusia se encaminan hacia su nivel más bajo desde 2020. Los ingresos presupuestarios del petróleo y el gas se redujeron a la mitad en enero, en términos interanuales, hasta situarse justo por debajo de los 400.000 millones de rublos.

Pero la debilidad de los precios de la energía no es principalmente una cuestión rusa. Refleja la desaceleración deflacionaria de China, el estancamiento de Europa y las guerras comerciales de Estados Unidos. La escasez de oxígeno a gran altitud es una condición global. Rusia sufre de manera desproporcionada, pero también lo hacen otros Estados petroleros.

Este contexto global crea una estructura de incentivos perversa. La teoría económica estándar sugiere que el deterioro de las condiciones debería empujar al Kremlin a negociar el fin de la guerra. Un actor racional que se enfrenta a unos costos cada vez mayores busca una salida. Pero Vladimir Putin no solo está pendiente de su propio medidor de oxígeno. También está pendiente de los demás escaladores.

Lo que ve Putin es lo siguiente: Europa luchando contra su propia crisis estructural, políticamente fragmentada e incapaz de ponerse de acuerdo en cuestiones estratégicas, incluida Rusia; Ucrania agotada y dependiente del apoyo occidental, que vacila con cada ciclo electoral; una economía global en la que muchos se quedan sin aliento, anticipando una crisis provocada por la elevada deuda y la militarización del comercio. Si tus competidores también se están debilitando, y si crees que puedes tolerar el dolor más tiempo que ellos, el cálculo cambia. La presión económica que debería impulsar el compromiso refuerza, en cambio, la lógica de la persistencia.

Hay una capa aún más profunda. Entre las élites rusas, no solo en el Kremlin, existe la convicción casi universal de que, independientemente de cómo termine esta guerra, el objetivo final de Occidente es la contención estratégica permanente de Rusia, y no solo como castigo por Ucrania, sino para frenar para siempre el potencial de desarrollo de Rusia. Esta creencia se ha vuelto difícil de desmentir. Los responsables políticos occidentales discuten abiertamente planes para contener a Rusia. Cuatro años de confrontación han creado una dependencia del camino recorrido por ambas partes.

Si ambas partes esperan una confrontación permanente, actúan en consecuencia, y la confrontación se convierte en el único resultado estable. La preferencia revelada de Rusia —continuar la guerra a pesar de los crecientes costos— es racional bajo estas expectativas. Tiene sentido seguir luchando y esperar que algo cambie: que la coalición occidental se fracture, que Ucrania se agote, que las prioridades de Donald Trump cambien.

Probablemente, Rusia pueda seguir librando la guerra en un futuro previsible. Pero ningún alpinista puede sobrevivir indefinidamente en la zona de la muerte, y no todos los que intentan el descenso sobreviven. Para el Kremlin, evitar el deterioro económico requiere, como mínimo, poner fin a la guerra. Eso por sí solo no garantiza la recuperación. Pero cada año adicional a esta altitud aumenta el riesgo sistémico: de crisis fiscal, de colapso institucional, de daños tan graves que ninguna política de posguerra podrá repararlos. La pregunta que deben hacerse los responsables políticos occidentales es qué tipo de Rusia surgirá cuando finalmente comience el descenso, y si alguien tiene un plan para lo que vendrá después.

Alexandra Prokopenko es investigadora del Carnegie Russia Eurasia Centre y autora de “From Sovereigns to Servants: How the War Against Ukraine Reshaped Russia’s Elite” (De soberanos a servidores: cómo la guerra contra Ucrania ha remodelado la élite rusa), de próxima publicación.

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La eliminación del artículo de la reforma laboral que habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales abrió un nuevo capítulo en el debate entre bancos y empresas tecnológicas financieras. La disposición había sido incorporada en el texto original del proyecto, pero fue retirada durante su tratamiento en comisión en el Senado, antes de la votación que le otorgó media sanción.

La Cámara Argentina Fintech anticipó que insistirá con la iniciativa cuando la reforma laboral sea tratada en la Cámara de Diputados. En un comunicado, la entidad sostuvo que «resulta contradictorio que se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial».

El texto eliminado contemplaba que los empleadores pudieran acreditar los haberes tanto en cuentas bancarias tradicionales como en billeteras digitales, siempre que el trabajador lo autorizara. Con la supresión del artículo, el esquema vigente continúa limitando el depósito de salarios a cuentas sueldo abiertas en entidades bancarias.

Reforma laboral y pago de salarios: qué proponía el artículo eliminado

El proyecto original de reforma laboral incorporaba un punto que habilitaba a los empleados a elegir el canal de acreditación de sus salarios. La redacción establecía que los haberes podían depositarse en cuentas abiertas en bancos o en proveedores de servicios de pago que ofrecieran cuentas virtuales, bajo regulación del Banco Central.

Durante el tratamiento en comisión, senadores decidieron eliminar ese apartado. La decisión dejó fuera del texto aprobado en el Senado la posibilidad de que las billeteras virtuales gestionen cuentas sueldo.

Desde la Cámara Argentina Fintech señalaron que la medida excluida ampliaba las alternativas disponibles para los trabajadores. «El salario pertenece al trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería pertenecerle», afirmaron.

El sector sostiene que la libre elección no modifica la obligación del empleador de pagar en tiempo y forma, sino que habilita diferentes plataformas para la acreditación, bajo las condiciones de supervisión vigentes.

Billeteras virtuales y adopción en Argentina

El planteo de las empresas fintech se apoya en el crecimiento del uso de billeteras virtuales en el país. Según datos difundidos por la Cámara Argentina Fintech en base a un informe de la consultora Isonomía, nueve de cada diez argentinos considera que debería poder elegir dónde cobrar su sueldo. Entre los jóvenes, ocho de cada diez encuestados indicaron que recibir el salario en billeteras virtuales sería más práctico.

Las estadísticas del Banco Central de la República Argentina también muestran el peso que han ganado estas herramientas en el sistema de pagos. De acuerdo con la autoridad monetaria, las billeteras virtuales participan en el 75% de las transferencias inmediatas.

Las cuentas virtuales son ofrecidas por proveedores de servicios de pago que permiten realizar transferencias, pagos con códigos QR, recargas y otras operaciones digitales. Estas empresas deben inscribirse y cumplir con regulaciones específicas del Banco Central, que incluyen normas de prevención de lavado de activos, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones.

Desde el sector fintech sostienen que la incorporación de las billeteras como canal para el pago de salarios no implica una desregulación, sino la aplicación del mismo marco normativo que ya rige para estas plataformas en otras operaciones.

Bancos y fondeo: el eje económico del debate

Las entidades bancarias manifestaron su rechazo a la posibilidad de que las fintech gestionen el pago de salarios y jubilaciones. En diciembre de 2025, los bancos emitieron un comunicado conjunto en el que defendieron el esquema actual de liquidación de haberes. «El sistema demostró ser eficaz aún en las peores crisis», señalaron.

Las asociaciones que agrupan a las entidades financieras –Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA)- argumentaron que las billeteras virtuales solicitaron ofrecer cuentas sueldo y jubilaciones «sin estar reguladas ni supervisadas por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales».

El eje central de la discusión tiene una dimensión financiera. Los depósitos de salarios representan para los bancos una fuente de fondeo de bajo costo, ya que las cuentas sueldo no pagan intereses por los saldos depositados. Esos fondos son utilizados por las entidades para otorgar préstamos y realizar intermediación financiera.

Si los trabajadores pudieran optar por acreditar sus salarios en billeteras virtuales, los bancos deberían competir por esos depósitos. Eso podría implicar ofrecer incentivos o remuneraciones para retener clientes, lo que modificaría su estructura de costos.

Según fuentes del sector financiero, una mayor competencia por los depósitos podría trasladarse al costo del crédito. Un incremento en la tasa que los bancos paguen por captar fondos impactaría en las condiciones de los préstamos, tanto para empresas como para individuos.

Regulación y supervisión: los argumentos cruzados

Las entidades bancarias sostienen que las fintech no cuentan con el mismo nivel de regulación prudencial que los bancos, en particular en materia de garantías sobre los depósitos. Los bancos están sujetos a requisitos de capital, encajes y supervisión integral por parte del Banco Central.

Desde las empresas de tecnología financiera rechazan esa caracterización. Aseguran que operan dentro de un marco supervisado por el Banco Central, con normas específicas en materia de prevención de lavado de activos, ciberseguridad, identificación de clientes y registro de operaciones.

En el esquema actual, los fondos depositados en cuentas virtuales deben estar respaldados en cuentas bancarias a la vista, lo que implica que los proveedores de servicios de pago no pueden utilizarlos para otorgar crédito por cuenta propia.

El debate se centra en si la habilitación para pagar salarios en billeteras virtuales requiere cambios adicionales en la regulación o si el marco vigente resulta suficiente para garantizar la protección de los fondos y la estabilidad del sistema.

Próximo paso en Diputados

Con la media sanción del Senado, el proyecto de reforma laboral deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La Cámara Argentina Fintech anticipó que buscará reintroducir el artículo eliminado durante esa instancia.

El tratamiento en Diputados volverá a poner en discusión el modelo de acreditación de salarios y la posibilidad de ampliar los canales habilitados. El resultado dependerá de las negociaciones legislativas y de la posición que adopten los distintos bloques.

Mientras tanto, el esquema actual continúa vigente: los salarios deben depositarse en cuentas sueldo abiertas en entidades bancarias. La discusión sobre la incorporación de billeteras virtuales como alternativa forma parte de un debate más amplio sobre competencia en el sistema financiero y el rol de las nuevas tecnologías en los servicios de pago.

La definición legislativa determinará si los trabajadores podrán elegir el canal de acreditación de sus haberes o si se mantendrá la exclusividad bancaria en este segmento.

El salario de una empleada doméstica en la Argentina sigue siendo un tema central para trabajadores y empleadores de casas particulares. En febrero de 2026, los valores mínimos se mantienen según lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y reflejan la estructura salarial que rige desde enero. Estas cifras sirven como referencia obligatoria en todo el país y cubren distintas categorías, modalidades y jornadas laborales.

El cálculo de los salarios depende directamente de la categoría de la trabajadora y de si su jornada incluye retiro o no. Las principales categorías reconocidas por la normativa vigente son Supervisor/a, Tareas específicas, Caseros, Asistencia y cuidado de personas y Tareas generales. Cada una tiene asignada una tarifa mínima por hora y por mes.

• Para las trabajadoras que cumplen funciones de supervisión, la tarifa por hora con retiro alcanza los $3.895,56. Cuando la supervisión se realiza sin retiro, el valor por hora sube a $4.254,05.
• En el caso de tareas específicas, las cifras se ubican en $3.696,15 con retiro y $4.039,45 sin retiro.
• Los caseros, que residen en el lugar de trabajo, cobran $3.494,25 por hora.
• Quienes se dedican a asistencia y cuidado de personas perciben $3.494,25 por hora con retiro y $3.894,43 sin retiro.
• Las tareas generales se pagan a $3.250,13 por hora con retiro y $3.494,25 sin retiro.

Estas tarifas horarias permiten calcular el salario mensual para jornadas completas.

• En febrero de 2026, una empleada que trabaja como supervisor/a con retiro alcanza un salario de $485.961,09 por mes. La misma categoría sin retiro recibe $539.711,97 mensuales.
• Para tareas específicas, la mensualidad con retiro llega a $452.478,51 y sin retiro a $502.101,03.
• Los caseros que viven en el lugar de trabajo perciben $441.806,54 mensuales.
• La asistencia y cuidado de personas se remunera con $441.806,54 por mes con retiro y $490.745,56 sin retiro.
• Las tareas generales se ubican en $398.722,14 mensuales con retiro y $441.806,54 sin retiro.

Además del salario básico, la normativa contempla adicionales por antigüedad, que equivalen a un 1% del salario por cada año trabajado. Este beneficio se aplica automáticamente y se acumula año tras año. También existen adicionales por zona desfavorable, que incrementan un 30% el salario en determinadas provincias o localidades donde los costos de vida son más elevados. Estos porcentajes se suman al sueldo mensual y al valor por hora.

El cálculo del salario también se ajusta según la modalidad de trabajo. Para quienes cumplen jornadas parciales, la remuneración se establece en función de la cantidad de horas trabajadas, aplicando la tarifa por hora correspondiente a su categoría. Por ejemplo, una persona que realiza cuatro horas diarias de tareas generales sin retiro recibe $13.977 diarios, calculados sobre la tarifa horaria de $3.494,25.

La normativa vigente no incluye un bono no remunerativo para febrero de 2026. Algunos meses del año anterior se abonaron sumas adicionales que luego se incorporaron al salario básico. Por ahora, estos pagos extraordinarios no se aplican de manera sistemática y quedan sujetos a futuras resoluciones de la CNTCP.

Para garantizar el cumplimiento de los valores legales, los empleadores deben registrar correctamente a sus trabajadoras y abonar las horas extras cuando corresponda. Las horas suplementarias se pagan con un recargo que varía según la jornada, y se calcula sobre la tarifa por hora de la categoría correspondiente. Esto incluye trabajos en fines de semana, feriados o días no laborables, que implican un incremento sobre el salario habitual.

En cuanto a los contratos, la formalización del vínculo laboral resulta clave para garantizar los derechos de las empleadas domésticas. Se recomienda registrar a la trabajadora en la seguridad social y cumplir con los aportes correspondientes, lo que asegura cobertura en jubilación, obra social y riesgos del trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones para el empleador.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mantiene actualizados los valores mínimos de manera periódica, y la información oficial puede consultarse en sus comunicados o a través de los sindicatos que representan a las empleadas domésticas. Estas cifras sirven como referencia legal y ayudan a regular las relaciones laborales en todo el país.