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POLITICA

Un abogado denuncia el falso progresismo de los que se oponen al régimen de responsabilidad penal juvenil

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Emilio García Méndez está muy lejos de ser un promotor de la mano dura. Tampoco es partidario de la consigna “a delito de adulto, pena de adulto”. Lo que él defiende es la necesidad de un régimen de responsabilidad penal juvenil para que los menores sean juzgados como tales.

Además denuncia el doble discurso de quienes se oponen a esto a la vez que defienden la vigencia del decreto por el cual en 1980 la dictadura, con la firma de Jorge Rafael Videla, fijó un régimen de minoridad vigente hasta hoy.

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Quienes agitan el debate denunciando que se quiere bajar la edad de imputabilidad “buscan el aplauso fácil”, dice García Méndez.

También despeja los malos entendidos sobre el tema que circulan como verdades que nadie discute, las falsedades que por demagogia muchos dejan circular. “Responsabilidad no es lo mismo que imputabilidad”, aclara.

Lo más llamativo de quienes se oponen a la creación de un régimen penal juvenil es el tiempo y los medios que tuvieron para modificar esto según sus estándares supuestamente ideales. No tienen excusa. Son los mismos voceros de las administraciones que legislaron el “derecho” de menores de edad a la transición social de género por encima de la autoridad de los padres. Ni hablar de las campañas para promover métodos irreversibles de contracepción —vasectomía y ligadura de trompas—, a partir de los 16 años, sin autorización parental. Y el mensaje a chicos de 13 en adelante de que podían ir por su cuenta a asesorarse sobre anticoncepción. En esta perspectiva, los menores pueden tomar decisiones estratégicas sobre sus cuerpos y sus vidas pero no saben discernir lo que está mal de lo que está bien.

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En el continente, Argentina es el único país que no tiene un régimen de responsabilidad penal juvenil como lo dispone la Convención de los Derechos del Niño. Lo que tenemos actualmente se llama régimen penal de la minoridad, establecido por un decreto, el nº 22.278 de 1980, que tiene la firma de Jorge Rafael Videla.

“En el imaginario social, no hay menores presos, son todos inimputables”, dice García Méndez, pero la realidad es muy diferente.

El decreto de la dictadura funciona sobre el principio del patronato: el menor de 16 es inimputable, pero queda a disposición del juez que puede ordenar medidas de privación de la libertad sin el debido proceso, con el argumento de la “protección”.

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Ese sistema arbitrario es el que sigue vigente desde 1980 y lo que en la práctica defienden los críticos del proyecto.

Familiares de víctimas de delitos violentos asisten a la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados

Emilio García Méndez es un jurista especializado en derechos de la infancia, fue diputado nacional (2005-2009) y hoy preside la Fundación Sur Argentina. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (en San José de Costa Rica); consultor de Unicef y profesor en las facultades de Psicología y Derecho de la UBA.

Hace años que viene bregando por un régimen de responsabilidad juvenil acorde con lo que dispone la Convención de los Derechos del Niño. En esa búsqueda, el principal escollo lo ha encontrado en Raúl Zaffaroni, responsable de la vigencia del decreto de Videla.

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— ¿Qué piensa de la iniciativa de crear el régimen penal para menores?

— Llevo años, décadas, insistiendo en la necesidad de tener un régimen de responsabilidad juvenil. Y espero que alguna culpa le quepa al mayor responsable de esto que es Raúl Zaffaroni.

— Los que más protestan hoy, ¿no pudieron sustituir el decreto de la dictadura por una ley acorde a lo que dicen promover?

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— Tuvieron durante 20 años todas las mayorías necesarias para hacerlo pero lo único que se les ocurrió fue esta letanía triste: “No a la baja de la edad de imputabilidad”. Es como el “No pasarán” de la Guerra Civil Española. Hace muchos años vi una obra satírica sobre el “No pasarán”. En una parte decían: “Sí, Franco ganó la guerra, pero a hacer canciones, ¿quién nos ganó?”

— ¿Por qué no derogaron el decreto de Videla?

— Acá hay dos grotescos: el primero es, como dijimos, que tuvieron 20 años para derogar el decreto de la dictadura, pero el problema es que Zaffaroni defendió en varias ocasiones su vigencia. El 2° es que esos mismos sectores van a querer tachar de inconstitucional este proyecto. Me hacen reír porque en un famoso fallo de la Suprema Corte de Justicia, del año 2005, fallo García Méndez-Mussa, Zaffaroni declaró constitucional el artículo 4° de ese decreto. Por lo tanto, la mera sugerencia de que este proyecto es inconstitucional sería vergonzosa.

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— ¿En qué contexto declaró Zaffaroni constitucional ese artículo?

— Cuando en 2005 se aprobó la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, se derogó la ley 10.903, o ley Agote o ley de Patronato. Pedimos la inmediata liberación de todos los menores retenidos. La respuesta fue el fallo de Zaffaroni declarando constitucional el artículo 4° que permite a los jueces disponer de un menor. En la práctica, puso de nuevo en vigencia la ley Agote. [N de la R: En ese momento, Zaffaroni y Carmen Argibay Molina argumentaron que si se liberaba a esos menores, serían víctimas de “gatillo fácil”]

Alimentando equívocos: Raul Zaffaroni durante una nueva intervención contra la baja de la edad de imputabilidad. En 2005 declaró la constituiconalidad del decreto de Videla, a la vez que admitía que no lo era

— En un momento, hace varios años ya, se había logrado también una media sanción a un proyecto suyo de régimen juvenil, ¿qué pasó luego?

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— Sí, eso fue en el año 2009. Mi proyecto fue aprobado en el Senado por unanimidad. Lo presentaron 4 senadores: (Miguel Ángel) Pichetto, Marita Perceval, que estaba en el Frente para la Victoria, (Rubén) Giustiniani, del socialismo, y el radical Gerardo Morales. O sea, fue fruto de un consenso. El mismo día que yo terminaba mi mandato en Diputados, a fines de 2009, se aprobaba este proyecto en el Senado. Preveía responsabilidad penal desde los 14 años, y pena privativa de libertad de un máximo de 3 años para la franja de 14 a 15 años de edad y de 5 años para los chicos de 16 y 17. Pero en el caso de dos delitos graves en concurso real el máximo de pena privativa de la libertad ascendía a 8 años.

— ¿Qué pasó con ese proyecto?

— Zaffaroni y sus seguidores acusaron al proyecto de punitivo y represivo y volvieron con la cantinela de la baja de la edad de imputabilidad. En 2010, cuando la ley pasó a Diputados, Diana Conti [N de la R: diputada kirchnerista, fallecida en marzo de 2024] orquestó su masacre. Si no tuvimos entonces una ley de responsabilidad penal juvenil, el responsable absoluto y total de esto fue Zaffaroni.

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— ¿Qué piensa del proyecto actual, que tiene ya media sanción de Diputados y se debatirá el jueves en el Senado?

—Lo que se votó surge del consenso de varios partidos, porque el proyecto inicial era muy deficiente. Pero en la comisión muchos diputados conocen del tema, diputados radicales, de Provincias Unidas y de la Coalición Cívica hicieron aportes y mejoraron el proyecto. Se aceptaron todas sus sugerencias. Salvo algunos detalles lo que quedó es esencialmente mi proyecto.

Plenario de comisiones sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

— ¿En qué aspectos representa un avance?

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— El proyecto que se votó ahora es un avance extraordinario porque actualmente los mayores de 16 años pueden recibir de hecho penas sin tope. En la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 25 jóvenes condenados a penas de entre 25 y 30 años. Y en cuanto a los inimputables, los menores de 16 que según los promotores de la mano dura quedan impunes, la realidad es muy diferente. Algunos sí quedan impunes, si son de clase media o alta y tienen familia que los banque. Pero los más pobres pueden quedar a merced de los jueces que pueden privarlos de su libertad sin debido proceso hasta los 18 años. A esos chicos los esconden. Tenemos muy poca información de dónde están los imputables menos aún los inimputables.

— Algunos argumentan que la ley no sería aplicable…

— Es totalmente aplicable. Todo este movimiento de no a la baja de la edad de imputabilidad es un movimiento dirigido al futuro: ¿donde los van a poner?, preguntan. No averiguan dónde están actualmente. Hay provincias donde los menores imputables, de 16 y 17, privados de libertad, son muy numerosos, como Córdoba y Buenos Aires. Y a los no imputables los psiquiatrizan, los disimulan. No dan información seria.

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— La paradoja entonces es que el progresismo está defendiendo un decreto de la dictadura.

— Por varios años fui asesor de Unicef para América Latina y logré que se aprobasen regímenes de responsabilidad penal juvenil en casi todos los países, menos en Argentina. Según todas esas leyes, los menores son responsables penalmente pero no imputables como si fuesen adultos. Hay que distinguir responsabilidad de imputabilidad. No es lo mismo.

— ¿Cuál sería exactamente esa diferencia?

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— Por ejemplo, dicen “en Brasil son imputables desde los 12 años”. Falso. Son responsables. La pena máxima que pueden recibir es de 3 años. Y la inimputabilidad de los menores de 18 está fijada en la Constitución, en su parte “pétrea”, es intocable. No pueden ser juzgados como adultos. En Uruguay es a partir de los 13 años, con una pena máxima de 10. Tampoco se los trata como adultos. En toda América Latina nadie asimiló responsabilidad con imputabilidad. En Argentina, entre 1997 y 2003 hubo 12 sentencias a reclusión perpetua a menores de 18 por las que el país tiene 4 condenas de la Corte Interamericana. Pero todo este coro griego saltó a decir que mi proyecto implicaba bajar la edad de imputabilidad. Se promueve a propósito el equívoco. Así logran el aplauso fácil, que es la especialidad de Zaffaroni, posando de protectores de los menores cuando están haciendo lo contrario, al perpetuar un régimen arbitrario.

— ¿El proyecto semi aprobado lo satisface entonces?

— Tengo algunas observaciones: 15 años como tiempo máximo de privación de libertad es muy alto. Además, no hay diferenciación de franjas etarias, como en otros países. En Costa Rica por ejemplo el máximo de 15 años es para los de 16 y 17 años; para los de 14 y 15, son 10 años. Finalmente no creo en la justicia restaurativa, es introducir niveles de arbitrariedad.

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— ¿Argentina estaba incumpliendo compromisos internacionales?

— Bueno, la Convención Interamericana de los derechos del Niño fija la necesidad de tener un sistema de Responsabilidad Juvenil.

— Es llamativo que hablen de regresividad y no tengan problema con mantener un decreto de hace casi 50 años.

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— Se dice que hay regresividad, pero es al revés. Porque hoy son imputables los chicos de 16 a 17, y dejarán de serlo. Al contrario, hay progresividad porque ahora ningún menor podrá ser privado de su libertad sin debido proceso. El decreto de Videla es un cadáver insepulto. Espero que el Senado le dé cristiana sepultura.

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Libertarios, a las cosas

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En 1939, el filósofo español José Ortega y Gasset, que estaba muy interesado en la Argentina y escribió muchos ensayos sobre ella, dijo, como una especie de consejo: “Argentinos, a las cosas”. Luego quedó como un mandato. Ortega quería decir que había una propensión a enredarnos en cuestiones tangenciales, irnos por las ramas de la abstracción, encarar cruzadas inútiles y desentendernos de “las cosas”, es decir, de lo concreto, la solución de los problemas.

Hay algo de eso en este gobierno. Desde hace semanas vemos que aparecen sospechas de corrupción. Existe un problema, no solo por la calidad de esas sospechas, sino sobre por qué se multiplica tanto este tipo de percepción en este momento.

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Libertarios, a las cosas: el editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina

Son sospechas de corrupción agravadas por dos razones. Una es una pésima comunicación, una incapacidad llamativa del Gobierno para explicar lo que cree respecto de esas acusaciones. Lo más curioso es que esa sorpresa se ve todavía más acentuada en quien era el vocero, y debía seguir siéndolo: Manuel Adorni.

Pero hay otra razón por la cual este clima de enrarecimiento de la imagen del Gobierno se ve agravado: un internismo feroz. Una gran agresividad interna, básicamente entre dos bandos que se imputan mutuamente todo lo malo que les pasa: el grupo que lidera Karina Milei y el de Santiago Caputo.

Esto revierte en una característica que no es suficientemente destacada en esta administración: una parálisis de gestión. Es un gobierno que parece agotarse en la resolución de algunos grandes problemas macroeconómicos vinculados a la dimensión del Estado, la emisión monetaria y los factores que determinan la inflación. Pero en lo que se espera de un gobierno, que vaya “a las cosas”, hay una especie de enorme parálisis, acentuada porque, cuando logran alcanzar determinadas metas, como la reforma laboral, se las frenan en la Justicia. Federico Struzenegger suele decir que la Justicia es el último refugio de la casta, y tiene razón. Es otro de los problemas que presenta la Argentina.

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Todo esto está afectando la percepción popular del Gobierno. Hay un gráfico de la consultora Casa 3, de Mora Jozami, que señala cuáles son los tres principales problemas del país. El 24% de la gente cree que es la economía en general. Es curioso porque este es un gobierno economicista liderado por un economista. En broma, muchos dicen que Javier Milei es el ministro de Economía de Karina Milei.

El principal problema del país, según una encuesta nacional

El segundo tema son los bajos salarios y, el tercero, la corrupción. Habría que preguntarse si no hay una relación en todo esto, es decir, si la gente no se pone más quisquillosa con la corrupción cuando empieza a haber un problema económico que afecta sobre todo al salario y el empleo. Si no empieza a haber una hipótesis subliminal en la cabeza de las personas acerca de si la plata que se está llevando el funcionario es exactamente la que le falta a uno cuando no llega a pagar el supermercado.

Lo cierto es que esta agenda es importante porque la inflación es recién el séptimo problema. Es también un reconocimiento para el Gobierno por dominar la inflación, más allá de que no terminó siendo derrotada, sino que es altísima para los estándares internacionales. Eso sí, es mucho más baja que la que heredó Milei.

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Todo esto está regulado por un gran enfrentamiento interno que agrava la percepción de las cosas. Un grupo es el de Karina Milei, que viene amenazando la situación de poder interna de Santiago Caputo y su grupo. No se entiende muy bien cuál es el concepto alrededor del cual discuten. Daría la impresión de que es sólo una disputa por distintas colinas en la batalla del poder en estado puro, y de la capacidad de operación o de influencia sobre Milei. Caputo, el Mago del Kremlin, perdió el Ministerio de Justicia, que controlaba a través de Sebastián Amerio, que ahora es el Procurador del Tesoro, es decir, el abogado del Estado, y teme, con razón, perder la SIDE. La hermana del Presidente y su entorno están buscando un candidato que no encuentran para encabezar los servicios de Inteligencia.

El asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de la presidencia, Karina Milei

El 24 de marzo, la SIDE emitió un comunicado para autocelebrarse y hacerle notar a Milei la capacidad que tienen sus funcionarios, con una entrevista entre el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, viejo contador de la familia Caputo, con George Ratcliffe, el jefe de la CIA. Mucha ansiedad por demostrar lo que logran. Como pasó con el fallo de YPF: querer mostrar quién lo hizo y que no hubo ningún antecedente que conduzca a ese éxito. Lo mismo ocurrió en el caso de esta entrevista, que tuvieron que borrar porque el jefe de la CIA no revela con quién se reúne, mucho menos en medio de una guerra como la que está llevando adelante Estados Unidos en Medio Oriente.

Lo mismo sucedió con esta operación de lo que se llama guerra híbrida, que no es enteramente una guerra simbólica, sino que implica elementos tecnológicos. Se trata de una campaña de acción psicológica que lleva adelante Rusia, a través de periodistas de distintos medios en la Argentina para dañar la imagen de Milei. Es importante ubicarnos en el tiempo. En el primer semestre de 2024 gobernaba Joe Biden y la agenda de EE.UU. era marcadamente antirrusa y pro-ucraniana, pro-Zelensky. Milei, que lleva una política exterior en la que no hace más que plegarse a los movimientos de los Estados Unidos, en aquel momento era muy antirruso. Zelensky vino a la asunción de Milei y esto hizo que lo miraran al presidente argentino como un blanco para ser dañado o desestabilizado.

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La Casa Rosada le prohibió el acceso a periodistas acreditados de medios que publicaron notas de la campaña de espionaje ruso contra Mileitelam

Los rusos han hecho esto en distintos lugares. Hicieron acción psicológica contra Hillary Clinton en la primera campaña de Donald Trump. El líder republicano se vio beneficiado por la política de guerra híbrida a través de filtraciones de Inteligencia por Putin. Y también se verificaron, y las publicó el The New York Times, operaciones similares en Brasil.

Ahora, la SIDE salió a celebrar que en junio de 2025, es decir, un año después, hizo una denuncia en la Justicia Federal, en el Ministerio Público, contra estas operaciones de deterioro y agresión a la imagen del Presidente. No se sabe todavía cuál es el juez ni cuál es el fiscal que tomó la denuncia. Tampoco se sabe si la SIDE obtuvo esa información por una investigación propia o le fue trasladada por Patricia Bullrich, porque, para aquel momento, era ministra de Seguridad y mantuvo una conversación muy blindada desde el punto de vista de la seguridad, con Kristi Noem, su equivalente en la administración de Trump. Noem dijo a Bullrich que tenían que mirar esta operación rusa que está sucediendo en la Argentina con distintas informaciones, la mayoría falsas, para deteriorar la imagen de Milei.

En ese momento de Milei se dijo de todo, inclusive que había comprado unos collares Cartier para adornar el cuello de sus perros. Ahora se supo que toda esta operación la llevaba adelante un grupo ruso denominado La Compañía, que ejecuta este tipo de acciones en distintos lugares, eminentemente en Europa y África. Es una liga de rusos que infiltró información en medios argentinos. Muchos editores de esos medios publicaban la información sin saber siquiera si el autor de la nota que les llegaba existía. En muchos casos no existían. No solamente era falsa la información, sino que también era falsa la identidad del que escribía.

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La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia LemoineSoledad Aznarez

En consecuencia, el Gobierno prohibió a los periodistas de esos medios entrar a Casa Rosada para asistir a las conferencias de prensa, como un castigo por haberse prestado a esa campaña. Milei se envuelve de nuevo, y sobre todo Santiago Caputo, que es el jefe real y fáctico de la SIDE, en la bandera de “no odiamos lo suficiente al periodismo”. Una consigna que Caputo inventó y Milei hizo propia. No es “no odiamos lo suficiente al periodismo corrupto o mentiroso”, sino “no odiamos lo suficiente al periodismo”, a determinado grupo de gente por el oficio que ejerce. Todo esto revela una acción muy grande de Rusia en la Argentina. Todavía no hemos visto, que yo sepa, ninguna expresión de la diputada Lilia Lemoine que podría observar que su eterna enemiga, Marcela Pagano, es presidenta de la Comisión de Amistad Ruso-Argentina en el Congreso y que muchas informaciones falsas provenían de periodistas que compartían posiciones de ella en sus redes. Seguramente en cualquier momento Lemoine entre a este tema. Dicho sea de paso, Lemoine, que no es tomada tan en serio por sus excentricidades, hasta ahora ha sido la vocera más inteligente que tuvo este gobierno, sobre todo si uno la compara con Adorni.

Todo esto alimenta este odio del Gobierno al periodismo y su ataque a la prensa. Es alimentado por lo que Borges en su extraordinario cuento “La busca de Averroes” llama “la lógica peculiar que da el odio”. Porque no nos enteramos de quiénes eran los periodistas que publicaban información falsa y agresiva contra Milei el año pasado cuando la SIDE y Patricia Bullrich obtuvieron la información de que existía este grupo que hacía estas operaciones. Nos enteramos ahora. Y nos enteramos por el periodismo. Habría que explicarle al Gobierno que hay que odiar a todo el periodismo, menos al que le permitió conocer quiénes actuaban en su contra.

Es lo que sucede en la nota Ensalada rusa: la campaña de propaganda y desinformación del Kremlin en Argentina, publicada en un sitio que lidera Santiago O’Donnell, Filtraleaks, que se dedica a informar sobre filtraciones que ocurren en todo el mundo. Allí se estudia toda la actividad de La Compañía en medios argentinos. Se identifica qué medios y qué periodistas están involucrados, es decir, lo que se supone debería haber hecho la SIDE.

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La portada del sitio Filtraleaks de Santiago O’Donnell

Es un largo informe en defensa de Milei. A lo mejor a Milei le cuesta mucho entender por qué Santiago O’Donnell, que es el editor internacional de Página 12, lo defiende. Es decir, un diario que está en las antípodas ideológicas de Milei. Debe ser bastante desconcertante, si uno es muy rígido para entender la realidad, que alguien que no gusta de mí y no adhiere a mi gobierno, me defienda. Y que tome información de muchos otros medios que denunciaron estas filtraciones rusas y que están todos alineados en lo que podríamos llamar el progresismo internacional o la izquierda.

Hay un tema de honestidad intelectual de Santiago O’Donnell, así como lo hay en el diario Clarín, que publicó este fin de semana una columna de Javier Milei: Adam Smith, el padre de la economía. Es la última columna de una serie de columnas que publicó Clarín por haberse cumplido 250 años de “La riqueza de las naciones”, el clásico de Adam Smith.

¿Por qué es un rasgo de honestidad intelectual del diario? Porque Milei, en su cuenta de X, sigue teniendo fijado como primer tuit uno que se llama Clarín, la gran estafa argentina”, y donde insulta al diario de punta a punta. A pesar de eso, así como O’Donnell puede defenderlo a Milei, y seguramente no simpatiza con él, Clarín le publicó una columna este domingo, mientras él mantiene este insulto en su cuenta. ¿Hará falta odiar tanto al periodismo cuando el periodismo tiene estas conductas, gracias a las cuales Milei se entera de las cosas que lo afectaron y no por la SIDE?

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Hay un detalle en toda esta polémica, muy interesante, porque es donde se filtra la interna. La interna entre Karina Milei y Santiago Caputo ordena mucho más la vida de este oficialismo hoy que cualquier programa de gobierno. Si uno quiere entender qué hace el Gobierno, hay que tener en cuenta estos enfrentamientos. Apareció un abogado, muy desagradable para el gobierno, porque es de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, que enrostró a Santiago Caputo que él se queja de los trolls rusos cuando él mismo mantenía trolls o mantiene trolls a través de la SIDE.

El intercambio entre Gregorio Dalbón y Santiago Caputo en X

Caputo le contestó diciendo que todo eso es falso, obviamente, pero hay un párrafo interesante en la respuesta. El tuit empieza diciendo “estimado idiota”, porque el estilo de comunicación del Gobierno es siempre insultar, pero luego dijo: “Antes de hablar idioteces que no conoce, le sugiero que vaya pensando cómo explicar sus vínculos con el señor Toviggino, el señor Tapia y demás partícipes de la asociación ilícita que fue la AFA. Las malas lenguas dicen que usted andaba repartiendo plata por ahí”. Es un ataque de Santiago Caputo a Dalbón, que hoy es abogado de la AFA, de Tapia o de Toviggino.

Lo que importa en este mensaje de Caputo es que muchos más vínculos con la AFA que Dalbón tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuyo padre festejó el cumpleaños en la casa de Toviggino; además, le puso abogados a Tapia y Toviggino, sobre todo a Ignacio Jakim, su alter ego. El mismo Juan Bautista Mahiques fue vicerrector de la Universidad de la AFA y delegado a nombre de la AFA de un organismo internacional de la FIFA, para lo cual lo debió eximir de una incompatibilidad el Consejo de la Magistratura en el año 2016. Es decir, casi podríamos pensar que Mahiques es un hombre de la AFA dentro del Gobierno, tanto que se sospecha que hizo un viaje para encontrarse con Carlos Rovira en Misiones en el avión de “Tovi”, como lo llaman Mahiques y Jakim a Toviggino.

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Mientras están peleando Dalbón y Caputo por la cuestión de los rusos y sus operaciones en la Argentina, al asesor presidencial no se le escapa tirar un tiro por elevación contra Mahiques y, en realidad, contra Karina Milei, que es la que lo eligió para ocupara la Cartera de Justicia, desplazando a quien sería el candidato de Caputo, que era el exjuez Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata en uso de licencia. El tema Rusia sirve para que Caputo levante el prestigio delante de Milei, que lo está mirando, para conservar ese lugar de poder en la interna del Gobierno.

La secretaria de la presidencia Karina Milei junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

Ahora aparece otro problema, donde también hay una interna relevante y una incoherencia por parte del oficialismo: los créditos hipotecarios del Banco Nación. Hay una lista importante de funcionarios que obtienen créditos bastante voluminosos por un porcentaje importante de las propiedades que piensan comprar con esos créditos. Existe toda una discusión sobre si eso es correcto o incorrecto, si es un delito o no. Daría la impresión de que no lo es, sino que solamente sacaron una ventaja. Un “vacunatorio VIP”. Todo esto lo tiene que resolver la Justicia. El juez Lijo y el fiscal Pollicita, ambos son los que investigan a Adorni por sus tribulaciones con las propiedades.

Luis Caputo, el ministro de Economía, hablando con Luis Majul en LN+, no sólo hizo una justificación de la toma de esos créditos por parte de funcionarios, sino que dijo que estaban casi prestando un servicio a la patria. Que él los alentaba a pedirlos porque no hay nada que reactive más la economía que el crédito hipotecario por todo lo que tiene que ver con la construcción. Claro, él está defendiendo a Pedro Inchauspe y a Federico Furiase -hoy secretario de Finanzas-, dos funcionarios de su equipo. Pero en el momento en que pidieron el crédito, ambos eran directores del Banco Central. También pidió un crédito Felipe Núñez, que es asesor del ministro, y eso lo debe tener inquieto.

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Salió a la luz que Anabel Fernández Sagasti, senadora kirchnerista y una especie de bestia negra de todo lo que sea el antikirchnerismo en la Argentina, también tiene un crédito del Banco Nación. Pero ella dijo que lo tiene desde abril del 2018, bajo el gobierno de Macri y cuando Caputo era ministro de Finanzas. Una curiosidad también de la incoherencia y de la falta de profesionalismo en el manejo de la información y las acusaciones, y en el manejo de la polémica, que es algo a lo que está tan habituado un político profesional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier MileiPresidencia

Lo importante de todo esto es que, mientras Caputo dijo que haber pedido esos créditos es un mérito, Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, echó por haber pedido uno de esos créditos a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, un funcionario que venía casi manejando el Ministerio y prestándole un servicio muy eficiente a la titular. Ella entendió esto como una falla o como una irregularidad y lo echó, poniendo en offside a todo el resto del Gobierno. Porque, si cada ministro tiene que echar al funcionario que pidió un crédito, Caputo, por empezar, se queda sin tres funcionarios importantes, uno de ellos nada menos que el secretario de Finanzas.

¿Qué hay que hacer, defender a los funcionarios que tomaron el crédito, como Caputo, o echarlos como Pettovello? No hay quien lo decida porque hay un problema evidente de coordinación en el Gobierno. Adorni es el que tendría que coordinar, si no estuviera ya chocado.

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No solo no hay vocero, sino que tampoco hay un ministro coordinador, y, lo que es más grave para La Libertad Avanza, sin Adorni queda sin el candidato a jefe de Gobierno en la Capital Federal, que es la gran pelea por la representación del electorado que va del centro a la derecha. Es la pelea que Milei viene dando contra los Macri desde que llegó.

¿Por qué no lo echan a Adorni? Hay un enorme esfuerzo y sacrificio de todo el Gobierno por sostenerlo, como haber convocado una reunión de gabinete casi exclusivamente para que se vea que en la mesa estaba Adorni. El motivo también es la interna: porque si Milei echa a un funcionario de Karina, también tiene que echar a uno de Santiago Caputo. Se instaló un sistema de equivalencias. No los pueden echar, además, porque tampoco conocen tanta gente como para reemplazarlos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por presunto enriquecimiento ilícitoLUIS ROBAYO – AFP

Es un gobierno que está en un equilibrio inestable interno por esta lucha permanente entre dos bandos. Entonces la interna termina rigiendo la selección de personal y la permanencia de determinados activos que se van volviendo tóxicos, como es el caso de Adorni. Lo siguen investigando. Lo investiga el implacable juez Lijo, que en otros casos no investiga a nadie. Acá sí lo hace y empiezan a aparecer más problemas para el jefe de Gabinete.

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Hay una nota de Paz Rodríguez Niell en que lo explica: “Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron US$100.000”. Él tenía un departamento en la calle Asamblea y después compró uno en la calle Miró con un préstamo de dos jubiladas que se lo vendieron y que le cubrieron US$200.000 de US$230.000 que valía el departamento. Ahora, el primer departamento también lo había hipotecado y, señala Rodríguez Niell, que es curioso porque figura que la hipoteca fue en el mismo momento en que los Adorni estaban comprando su casa en Exaltación de la Cruz.

La nota periodística de Paz Rodríguez Niell en

Mil cosas uno se podría preguntar de por qué la hipoteca de este departamento. Y hay mil hipótesis obviamente sobre el origen del dinero. Pero hay una muy elemental: ¿si era patriótico pedir un crédito en el Banco Nación por qué Adorni no lo hizo, en vez de entrar en tantas hipotecas? Se ve que Adorni no le prestó atención a Caputo, que le sugirió a todos pedir un crédito. Prefirió endeudarse con dos jubiladas.

Aparecen jubiladas que le prestan plata para el primer departamento, jubiladas que le prestan plata para el segundo, jubiladas que le alquilan a Toviggino una mansión fastuosa en Villa Rosa. Empieza a haber una cantidad de jubilados prósperos que merecerían un estudio, en un momento en que todo el mundo dice que los jubilados han sido castigados.

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Hay una curiosidad en todo esto: apenas lo nombraron a Mahíques ministro de Justicia, se aceleraron todas las causas judiciales. Mahiques pretende ser procurador general de la Nación, el jefe de todos los fiscales nacionales y federales del país, que tiene contacto con todas las fuerzas de seguridad provinciales y federales, y dictamina en todos los casos que llegan a la Corte, antes de que los jueces traten el caso. Si uno mira el mapa del Estado argentino, probablemente sea el funcionario más poderoso del país. Hoy es Eduardo Casal quien cumple esa función, aunque de forma interina porque el cargo está vacante y se necesitan dos tercios del Senado para cubrirlo.

La fachada del edificio del departamento que tiene Manuel Adorni en el barrio de Caballito

Mahiques mirá ahí, pero Lijo también, con el apoyo de un sector de la vida pública que lamentablemente tiene un poder extraordinario en la Justicia: personajes de los servicios de Inteligencia, sobre todo el tenebroso Antonio Stiuso.

Cuando nombraron a Mahiques ministro de Justicia, el otro sector ligado a Lijo se sintió desplazado y se comprometió a hacer sentir el costo. No solamente en la causa de Adorni, a quien están vapuleando como pocas veces hemos visto que se vapulea un funcionario público, sino también en la causa $LIBRA, que inquieta verdaderamente a Karina y a Javier Milei. Esa causa la tiene alguien muy ligado a Stiuso, de quien dicen que le ofreció el cargo de juez hace muchos años: Marcelo Martínez de Giorgi.

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¿Es verdad que le llegó un mensaje cifrado al Gobierno de que Martínez de Giorgi podría llamarlo a indagatoria a Javier Milei por el tema $LIBRA o es una presión para conseguir la SIDE o la Procuración? La mujer de Martínez de Giorgi figura en unos pliegos que acaba de mandar el Gobierno al Senado como candidata a ser jueza federal en Hurlingham. Ana María Juan, de ella se trata, cumple un rol importantísimo en los juzgados federales de Comodoro Py: es la que maneja los sorteos de las causas. ¿Qué transparencia tienen? Es algo que se pregunta mucha gente, pero sobre todo se lo preguntan en la Corte y en el Consejo de la Magistratura. Allí quieren hacer una auditoría para ver la transparencia de esos sorteos que hacen que determinadas causas vayan a determinados jueces.

Sergio Massa en la marcha llevada a cabo en la Plaza de Mayo, por la condena de Cristina KirchnerHernán Zenteno –

Un dato que no sabemos si el Gobierno contempla en todo este panorama es que, hace aproximadamente un mes, el juez Lijo, junto con Stiuso, comió en el restaurante Roldán, de José Luis Manzano y Daniel Vila, con Sergio Massa. ¿Massa forma parte de toda esta supuesta y aparente operación? ¿Qué relación hay entre el peronismo de la provincia de Buenos Aires y Lijo? Porque también hubo una reunión hace 10 días de Lijo con dos jueces federales más de la provincia de Buenos Aires, Rodríguez y Armella, y el gobernador Kicillof, principal candidato del peronismo a la Presidencia.

¿Se está jugando también la pelea del peronismo contra el Gobierno en estas causas judiciales? Una pregunta que tal vez alguien dentro del Gobierno se esté haciendo, pero no aparece en la superficie.

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Todo esto nos pone frente a un problema muy importante de la Argentina. Podríamos pensar, si reflexionamos bien, que acaso sea el problema más importante y toca en el fondo a la economía también, porque tiene que ver con la confianza que ofrece el Estado en la Argentina: la calidad de los jueces. Por eso hay que celebrar que la Corte haya propuesto un reglamento que mejora muchísimo la transparencia de los concursos. Horacio Rosatti, que es presidente de la Corte y presidente del Consejo, ha sometido este reglamento a consideración del Consejo de la Magistratura para pasado mañana. Circula con enorme velocidad. Hay varios proyectos, 14, para mejorar la calidad de esos concursos de los que salen estos jueces. Y lo va a tratar el Consejo de la Magistratura como único tema del orden del día este jueves.

Manuel Adorni, Jorge Macri, Javier Milei y Martin MenemLUIS ROBAYO – AFP

Vamos viendo así, en los detalles, en las polémicas y en los casos sospechosos de corrupción, una especie de fisiología, de funcionamiento del Gobierno. Primero, una gran falta de profesionalismo. Nada que sorprenda, hubo un 30% del electorado que en las primarias del 2023 decidió caminar hacia lo desconocido y elegir a alguien que no era un profesional y carecía de un equipo, partido y diputados, senadores, gobernadores e intendentes. Tampoco tenía ningún tipo de arraigo en el mundo de los movimientos sociales ni anclaje sindical. Y no lo eligió a pesar de eso, lo eligió por eso. Es decir, parte de la sociedad argentina quería un gobierno no profesional. Bueno, en el Gobierno hay marcas de esa falta de profesionalismo.

El segundo rasgo de esta fisiología son las internas salvajes, de una agresividad desconocida. Para cualquiera que haya visto la vida política de los últimos 40 años, es muy raro ver un grupo humano tan agresivo en peleas facciosas. Tiene que ver también con la cultura de este grupo, sobre todo con la ausencia de un partido, que es una peculiaridad que empezó a insinuarse en el Pro y que se exagera muchísimo en La Libertad Avanza. No hay cuidado del conjunto, porque ni se conocen entre ellos. Hay un vértice, Milei, para el que todos trabajan y al que todos adulan, y debajo hay desconocimiento de unos con otros y, en consecuencia, falta de cuidado. Pareciera que no hay nadie que cuide a La Libertad Avanza como grupo. Daría la impresión de que tuvieran una consigna: “No odiamos lo suficiente al periodismo, tampoco nos odiamos lo suficiente entre nosotros”.

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periodistas de distintos medios en la Argentina,Ensalada rusa: la campaña de propaganda y desinformación del Kremlin en Argentina,Adam Smith, el padre de la economía,hablando con Luis Majul en LN+,también tiene un crédito del Banco Nación,LA NACION,mansión fastuosa en Villa Rosa,Carlos Pagni,Javier Milei,Manuel Adorni,LN+,,Conforme a,Javier Milei,,Ajuste por US$67.000 millones. Los recortes que explican el giro fiscal de Milei y el quiebre de 20 años de expansión del gasto,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: el apoyo a Adorni y las reacciones por los créditos hipotecarios del Banco Nación,,»¿Me dejarán entrar al Congreso?». La ironía de Bregman tras las restricciones de acceso a periodistas a Casa Rosada

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POLITICA

Mahiques nombró a un nuevo funcionario en un área clave

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El Ministerio de Justicia a través de su titular, Juan Bautista Mahiques, oficializó hoy una serie de cambios significativos en su estructura de conducción, con la aceptación de la renuncia del doctor Carlos Eduardo Medina como Subsecretario de Asuntos Registrales y la designación de un nuevo funcionario en ese cargo clave para la administración pública nacional.

La decisión fue instrumentada a través del Decreto 227/2026 publicado en el Boletín Oficial que establece, a partir del 9 de marzo de 2026 pasado, la aceptación de la renuncia de Medina al frente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, dependencia que integra la Secretaría de Justicia. Pese a que no precisaron los motivos por los que Medina deja su cargo, se le agradecieron formalmente por los servicios brindados en la función pública.

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La Subsecretaría de Asuntos Registrales es responsable de la supervisión y regulación de los registros públicos dependientes del Ministerio de Justicia.

La vacante generada por la salida de Medina fue cubierta mediante la designación, a partir del 23 de marzo de 2026 último, del doctor Gonzalo Miguel Estevez como nuevo titular del área, según lo dispuesto en el artículo tercero del documento oficial.

El recambio en la estructura de la Secretaría de Justicia se produce en un contexto de reorganización interna y responde a la necesidad de asegurar la continuidad operativa en áreas consideradas estratégicas para la gestión tras la llegada de Mahiques a la cartera.

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Los cambios ya realizados en Justicia

A casi un mes de haber asumido al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques está cerca de completar la renovación en los organismos que dependen de su cartera, algunos de los cuales cumplen funciones clave dentro de la estructura del Estado, como la prevención de lavado de dinero o la investigación de posibles causas de corrupción dentro de la propia administración nacional.

Apenas llegó al cargo, el ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires -que en realidad se pidió licencia en esa función para poder cumplir sus nuevas tareas- decidió reemplazar a todas aquellas personas que estaban en lugares relevantes dentro de su área, para reemplazarlas por gente de su confianza.

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De hecho, una de las primeras medidas que tomó el funcionario fue, justamente, pedirles las renuncias a los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro, entre otros.

En muchas de esas entidades los cambios ya se hicieron efectivos, mientras que en otras las modificaciones fueron anunciadas, incluso de manera oficial, en algunos casos, pero todavía no se hicieron efectivas, ya sea por los tiempos políticos o por los procesos que se requieren cumplir previamente.

Una de las dirigentes que ya se encuentra cumpliendo plenamente su trabajo es Gabriela Zangano, quien fue nombrada por Mahiques como la sucesora de Alejandro Melik en la OA, lo que se formalizó el viernes pasado mediante el Decreto 194/2026, publicado en el Boletín

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En tanto, en la UIF que se ocupa del “análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos”, entre otras cuestiones, es impulsado Matías Álvarez.

La designación del titular de la UIF no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

El área se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año, y aunque Cúneo Libarona había propuesto a Ernesto Gaspari para este lugar, su trámite nunca llegó a completarse.

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Ahora, el Gobierno convocó a la audiencia pública para el 22 de abril, desde las 10:00, en la sede del Ministerio y encabezada por el propio Mahiques, quien recibirá hasta 48 horas antes de esa fecha los pedidos de participación de todo aquel interado en opinar sobre la carrera de Álvarez.

Finalmente, el ex Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quedó allí junto a Santiago Castro Videla, que estaba al frente del área y quedó como subprocurador.

El 11 de marzo pasado, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Daniel Vítolo como inspector general de Justicia y nombró en su lugar a Alejandro Horacio Ramírez, un aogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral.

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POLITICA

El Gobierno oficializó la recompensa de $20 millones por datos sobre el exguerrillero chileno prófugo de la Justicia

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Tal como había anunciado el Gobierno la semana pasada, formalizaron la recompensa de $20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonarense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 302/2026 del Minsiterio de Seguridad. “Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa de Recompensas”, aseguraron.

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La disposición precisa que la orden de captura y extradición fue solicitada formalmente por las autoridades judiciales competentes, en el marco de la cooperación internacional en materia penal. El texto señala que toda información que permita dar con el paradero de Apablaza Guerra será suministrada bajo reserva de identidad, asegurando la confidencialidad de los datos proporcionados.

A través de diferentes administraciones, Chile responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.

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La oficialización de la recompensa se dio horas después de la visita de José Antonio Kast al presidente Javier Milei. De igual forma, la Justicia argentina ya había ordenado la detención con fines de extradición del exguerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la Policía fue a su vivienda, no se encontraba allí.

A raíz de esta situación, el gobierno de Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al mandatario que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicaron la semana pasada.

Galvarino Sergio Apablaza, en una foto de archivo (AFP)

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

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En 2004, Apablaza ya había sido detenido, según varios reportes oficiales. Utilizaba en aquel entonces el falso nombre de “Héctor Daniel Mondaca. Estuvo siete meses preso y el 4 de julio de 2005 el juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, hizo lugar al pedido de extradición. En el interín, fue liberado bajo fianza mientras tramitaba su apelación. Más tarde, el chileno presentó un pedido de refugio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CONARE). 

Galvarino Apablaza. La orden de detención se firmó ayer, miércoles (AFP)

Luego de que se conociera la noticia de la recompensa, el abogado defensor de Apablaza, Rodolfo Llanzón, insistió con que el exguerrillero es un “refugiado político en Argentina”. “Fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, dijo el letrado durante una entrevista con Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional. De esta manera, Llanzón planteó que la discusión debería centrarse en el derecho internacional.

Feinmann, por su parte, definió al exguerrillero como “un prófugo acusado de delitos graves vinculados la terrorismo”. Ante esto, Llanzón profundizó que el reconocimiento de Apablaza como refugiado político no responde a una decisión circunstancial de un gobierno, sino a estándares internacionales. “Entre las causales por las que fue reconocido como tal, está la de haber sido torturado, secuestrado y enviado a un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet”, reiteró.

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