POLITICA
La instalación de una refinería en Uruguay abre un conflicto por su impacto ambiental en la Argentina
La instalación de una refinería en la ribera de Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Colón, reaviva tensiones entre ambos países por su impacto ambiental. “Va a intentar transformarse en un revival de Botnia y su historia con Gualeguaychú”, dijo a una fuente cercana a la cancillería uruguaya. Se refiere así a HIF Global, una empresa multinacional de electrocombustibles que avanza con un proyecto de hidrógeno verde del lado oriental del Río de la Plata.
En diciembre, el gobierno uruguayo firmó con la compañía un “Memorando de Entendimiento”. Se trata de una hoja de ruta que confirma la voluntad de invertir 5300 millones de dólares. Entre los puntos, hay otra planta de captura de dióxido de carbono, una tercera de “eMetanol”, una cuarta de “eGasolina”, un parque fotovoltaico, un parque eólico y la “revitalización de las vías ferroviarias” para llevar el combustible renovable al puerto de Montevideo.
“Esa historia terminó en que el desarrollo quedó de este lado y la protesta del lado de ustedes”, recordó la fuente charrúa al conflicto por la papelera Botnia (hoy UPM), que devino en un conflicto bilateral, protestas y corte de los puentes internacionales. “Va a entrar en un clima de reclamos ambientales y HIF Global va a avanzar y se va a instalar”, afirmó la misma fuente.
HIF Global es una empresa chileno-peruana con sede en Estados Unidos, parte de un holding encabezado por la fabricante alemana de automóviles Porsche. En la región, tuvo su primer proyecto en Punta Arenas (Chile) y marcha otro en Río de Janeiro (Brasil). El de Uruguay “lleva dos años de trabajo y, hasta ser aprobado, le queda uno o dos más” calculan los que conocen el tema.
En Uruguay esperan que el hidrógeno verde corra el mismo redituable destino que la industria papelera. Afirman que el producto cumplirá con estándares para ser exportado a Europa, en el marco de sus pretensiones de neutralidad de carbono para el año 2050. “El proceso de la planta tiene que ser renovable”, aseveró la fuente uruguaya al otro lado del río.
“Estos proyectos de transición energética son sumamente extractivos, toman grandes volúmenes de agua del río y toneladas de biomasa de residuo forestal para generar dióxido de carbono”, apuntó Adriana Viollaz, integrante de la agrupación de científicos Colón en Riesgo. “Es mucho peor que la papelera Botnia. HIF fabrica metanol, hidrógeno y combustible: los riesgos de contaminación son severos y múltiples”, alertó Viollaz en diálogo con .
“No es una planta, es un monstruo a 3000 metros de Colón”, sentenció la licenciada sobre el predio que estará 7,5 kilómetros al norte de Paysandú y tendrá 440 hectáreas de extensión. “En el mundo no existe una planta del tamaño de la que quieren hacer”, apuntó y anticipó: “Colón va a quedar arruinada, es una ciudad turística y una planta en frente va a ahuyentar el turismo, además de afectar la salud de la población y a la biodiversidad”. Viollaz es parte de un equipo que investiga de los alcances del proyecto de HIF a partir de los datos disponibles.
En paralelo, los vecinos de Colón formaron una multisectorial que se reúne los miércoles para organizarse contra la instalación de la planta y pedir por su relocalización. Entre sus actividades, hay una marcha todos los sábados en el centro de la ciudad. La municipalidad, encabezada por el intendente vecinalista José Luis Walser, forma parte de la coordinación con otras partes y lleva adelante buena parte de los reclamos ante las autoridades nacionales.
Según pudo saber , la municipalidad hizo presentaciones ante legisladores provinciales y nacionales por Entre Ríos, al gobernador Rogelio Frigerio, al canciller Pablo Quirno, al presidente Javier Milei, a la propia HIF Global, a la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a su presidente, Luis Montero.
El resultado de las acciones fue la conformación de una “mesa amplia” con el gobernador, legisladores, el intendente y referentes vecinales. En marzo de 2025, Frigerio y Walser se habían reunido con el presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, para manifestarle su preocupación por la instalación de la planta. “Estamos convencidos de que no se va a repetir una situación como la que nos enfrentó en el pasado”, dijo el gobernador en una comunicación oficial.
“La ubicación prevista para la planta frente a Colón genera una preocupación legítima en nuestra comunidad y merece ser revisada. Desde el primer momento planteamos con claridad la necesidad de relocalizar el proyecto”. De cualquier modo, sopesó: “No estamos en contra de la inversión ni del desarrollo, pero sí creemos que debe respetar el equilibrio ambiental, el paisaje ribereño y la principal actividad económica de la región”, amplió Frigerio al ser consultado por .
Por otra parte, Walser elevó informes a la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, sobre el impacto que tendría la planta en cuanto a lo económico y sanitario para Colón. Fue así que la fiscal presentó un escrito al juez e inició de oficio una investigación. La abogada atendió los planteos de los ambientalistas, afirmó que el proyecto podría afectar el territorio argentino y sostuvo que HIF Global podría incurrir en el delito de “daño ambiental”.
Otro punto de la presentación de Minatta es la presunta violación por parte del gobierno oriental al Estatuto del Río Uruguay. Para ello, le pidió al canciller Quirno que solicite a las autoridades vecinas toda información disponible del proyecto y le reclamó a la CARU y a la secretaría de Ambiente nacional que evalúen la calidad del aire y del agua en la zona.
Por su parte, Frigerio reiteró a : “Vamos a seguir insistiendo por los canales diplomáticos correspondientes. Este es un reclamo firme, responsable y respaldado por intendentes, vecinos y sectores productivos de la costa del Uruguay».
En la multisectorial de Colón aseguraron que las autoridades locales no están tomando cartas en el asunto. Sin embargo, el titular de la delegación argentina ante la CARU, Luis Montero, elevó una nota en julio pasado ante su contraparte uruguaya. En el texto, al que accedió , “se reitera la importancia de observar el procedimiento de consulta previa establecido en el Estatuto”, para que la Comisión evalúe el proyecto y determine sus eventuales perjuicios.
Ante la consulta de este medio, en la delegación uruguaya señalaron que el proyecto de HIF Global fue comunicado a la CARU, aunque no bajo los artículos 7 al 13 del Estatuto. Son normativas que se refieren a que cualquier construcción que afecte al curso de agua debe ser avalada por las jurisdicciones de ambas orillas. También desencadenan una serie de procesos y negociaciones que las autoridades uruguayas por ahora prefieren no activar.
En Uruguay intentaron minimizar los reclamos y dijeron que solo se trata de “comunicación visual”. Las fuentes uruguayas consultadas adelantaron que se recurrirá a la CARU y se iniciarán negociaciones con la Argentina solo cuando el proyecto de HIF sea aprobado, probablemente con algunas modificaciones y sumando proyectos complementarios. “Veremos si hay que correrla. Todavía está todo por ver de qué se habilitaría y qué no”, dejaron abierta la puerta a una relocalización.
Un conocedor de la cancillería charrúa se mostró confiado con que el proyecto llegue a buen puerto. En noviembre, Quirno viajó a Uruguay junto a Frigerio, quien tuvo su segundo viaje por este tema. Si bien el canciller pidió recaudos para “evitar efectos perjudiciales” ante su par uruguayo, Mario Lubetkin, luego señaló que la Argentina “en este momento no se va a oponer nunca” a la inversión de HIF Global. En la Cancillería no respondieron a las consultas de .
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POLITICA
El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias para tratar el financiamiento universitario
Luego de que el Gobierno evaluara sumar al temario una nueva norma que buscaría compensar lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, se oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Así, el plazo se extenderá hasta el 28 de febrero.
Por medio de la publicación del Decreto 103/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei autorizó extender el plazo previsto para el príodo extraordinario. Así, se dictaminó: “Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″.
En este sentido, se sumará un día extra al cronograma previsto. El cambio busca satisfacer la norma interna de la Cámara de Diputados, que determina que, si restan diez días o menos para el fin de sesiones, la emisión de un dictamen particularmente carecería de efectos prácticos.
De la misma manera, el jefe de Estado confirmó que se sumará a la lista de asuntos a tratar “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente». Se trata de una propuesta que el Poder Ejecutivo Nacional enviará al recinto legislativo.
La decisión de incluir la cuestión de la actualización presupuestaria para universidades surgió después de que el Gobierno apelara la medida cautelar que los obligaba a aplicar el proyecto que fue aprobado a mediados de 2025.
Desde Balcarce 50, los funcionarios mostraron a Infobae optimismo respecto a los objetivos legislativos previstos para el receso de verano, pese a que el reglamento parlamentario formalmente exige que toda ampliación del temario se vote en el recinto. A pesar de esto, existen precedentes de proyectos incorporados por decreto, sin necesidad de acuerdo explícito en el Congreso, lo que allanaría el camino para instrumentar la nueva adecuación legal.
La crisis por el financiamiento universitario, que se registró entre 2024 y 2025, tuvo una escalada significativa, con protestas masivas y una segunda convocatoria federal en septiembre de 2025, tras el veto presidencial a la ley sancionada para el sector. Esta presión motivó al oficialismo a buscar una salida política que evite una profundización judicial del conflicto.
A raíz de esto, los altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron recientemente con Carlos Greco, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y miembro de su Comité Ejecutivo.
Según informó una fuente calificada a este medio, los encuentros apuntaron a consensuar una actualización del financiamiento universitario, con previsibilidad y resguardo jurídico para las casas de estudio. Asimismo, se buscaría impulsar una medida que no comprometa el equilibrio fiscal, que es defendido a capa y espada por el Gobierno nacional.
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Desde el inicio del debate, la administración libertaria enfatizó que toda modificación del esquema financiero universitario debe enmarcarse en su política fiscal. En ese sentido, la intención sería consensuar una norma que reemplace la anterior y logre el respaldo necesario en el Congreso. “Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, explicó una fuente referenciada por este medio.
Por este motivo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde el Ejecutivo solicitó que la apelación sobre la ley votada en 2024 tenga efecto suspensivo, permitiendo la discusión de una ley adaptada a las nuevas reglas fiscales, mientras se resuelve en la instancia judicial.
En línea con esto, el Presidente espera que la reforma laboral se sancione durante febrero, antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, prevista para el 1 de marzo, donde presentará la hoja de ruta anual en su tradicional discurso.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ya obtuvo media sanción de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil y el acuerdo con Mercosur. No obstante, consideraron crucial el tratamiento de un nuevo marco legal a medida para las universidades, con el objetivo de enfrentar el año con los temas centrales redefinidos en el Congreso.
La convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) al cuarto paro general contra el Gobierno de Javier Milei sumó en las últimas horas nuevas adhesiones sindicales que amplían el alcance de la medida. A los gremios del transporte se agregaron sindicatos de la alimentación, la industria y el sector público, en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá la Cámara de Diputados.
La central obrera definió una huelga de 24 horas sin movilización, que se realizará el mismo día en que el oficialismo lleve al recinto la iniciativa. La sesión podría concretarse este jueves o la semana próxima, según el avance de las negociaciones parlamentarias.
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Con el respaldo confirmado de los gremios estratégicos del transporte, de sectores industriales clave, el comercio y gastronómicos, la medida apunta a una paralización amplia de la actividad en todo el país.
Si bien la CGT intentó sostener abiertos canales de diálogo con el Gobierno, no pudo contener la presión de los sindicatos de base y cedió al pedido de convocatoria a un paro general.
La central obrera dará los detalles de la medida de fuerza en una conferencia de prensa este miércoles a las 11, en la sede de Azopardo.
El transporte garantiza una paralización total
La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó que adhiere al paro y anticipó que no habrá servicios el día de la sesión. “La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando un paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros”, expresó en un comunicado.
“En defensa del trabajo argentino y de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalló.
La medida se suma a la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) —el sindicato de los choferes de colectivos—, los gremios ferroviarios y los sindicatos nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, lo que anticipa una jornada sin colectivos, trenes, vuelos, taxis ni transporte marítimo y fluvial.
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Desde La Fraternidad, Omar Maturano ratificó el cese de actividades y presionó para que la CGT confirme formalmente la medida. “Es un paro total de actividades y sin movilización porque el transporte no anda y no se puede movilizar a los compañeros”, afirmó en diálogo con Splendid.
La alimentación y la industria se suman al paro
La Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA) y los gremios que la integran también anunciaron su adhesión “al paro general por 24 horas decretado por la central obrera, a concretarse el día en que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados”, señalaron en un comunicado firmado por su secretario general, Raúl Álvarez.
El sector argumentó que acompaña la decisión “en defensa de los derechos laborales” y en rechazo de la reforma que se discute en el Congreso.
A estos respaldos se suman sindicatos industriales como metalúrgicos, mecánicos, textiles, petroleros y trabajadores de la construcción, además de estatales, bancarios, de la Salud y docentes, lo que amplía el alcance del paro a la administración pública, las escuelas y buena parte de la actividad fabril.
La CGT apuesta a que la medida de fuerza “sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga contundente”.
En el caso de los estatales, el Gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general.
Presión interna y convocatoria paralela a movilizar
Mientras la CGT optó por un paro sin movilización, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, ratificó una jornada de protesta con concentración frente al Congreso.
“El FreSU ratifica el paro nacional y la movilización al Congreso de la Nación prevista para este jueves 19 de febrero”, señaló el espacio en un comunicado en el que llamó a “trasladar la resistencia a las calles” durante el debate parlamentario.
Desde sectores más combativos también hubo cuestionamientos a la modalidad de la medida. “No nos sirve hacer un paro dominguero, porque acá no se trata de que se firme o no un aumento salarial, sino que se trata de la quita de derechos de todos los trabajadores”, argumentó Rubén Urbano, titular de la UOM seccional Córdoba, en Radio Mitre.
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En la misma línea se expresó Claudio Dellecarbonara, metrodelegado. “Contra la ley esclavista, paramos todo! Una medida que venimos exigiendo a las conducciones cómplices hace rato, que exprese la fuerza de los trabajadores. Que sea inicio del plan de lucha que culmine en huelga general por tiempo indeterminado hasta que caiga esta ley retrógrada!”, escribió en X.
La CGT busca así mostrar unidad frente al tratamiento de la reforma laboral, en un escenario de tensiones internas y presión de las bases. Si la Cámara de Diputados avanza esta semana con la sesión, el paro se realizará el jueves; si el debate se posterga, la huelga quedará sujeta a la nueva fecha que defina el Congreso.
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POLITICA
Con guiños a la Casa Rosada, Rogelio Frigerio abrirá un nuevo período de sesiones legislativas en Entre Ríos
Rogelio Frigerio dará su tercer discurso ante la Asamblea legislativa de Entre Ríos este miércoles desde las 11 de la mañana. Será el puntapié inicial para que las cámaras de Senadores y Diputados comiencen su labor del año.
Además, la puesta en marcha del 147° período de sesiones ordinarias será también una oportunidad para trazar lineamientos políticos. Junto al informe sobre el estado de la provincia, el gobernador marcará cursos de acción para la segunda parte de su gestión.
Una alta fuente del gobierno provincial confirmó a Infobae que, en algún tramo de su alocución, Frigerio hará mención al “rumbo compartido” con la gestión de Javier Milei.
Al apoyo legislativo que dieron en el Congreso los diputados y senadores nacionales que responden al mandatario provincial, se sumó el año pasado un acuerdo electoral. Bajo la denominación “Alianza La Libertad Avanza”, confluyeron el partido del Presidente y el frente que conformó Frigerio en 2021, Juntos por Entre Ríos.
El resultado fue un triunfo aplastante sobre el peronismo, que llegó desgajado a los comicios. Si hubiesen ido separados, el pronóstico no era el mismo. La marea de votos se tradujo en una mayor representación libertaria en el Congreso.
La trama de acercamientos y gestos mutuos no terminó allí. El gobernador llegó a mover al bloque de LLA a uno de sus alfiles en Diputados, Francisco Morchio, para evitar que el PJ se quedara con la primera minoría de la Cámara.
Qué se espera del discurso
El mensaje del mandatario local estará muy focalizado en el futuro y en la realidad entrerriana, adelantó a este medio un estrecho colaborador de Frigerio. La matriz argumentativa será, párrafo a párrafo, contrastar que heredó una provincia endeudada y con déficit fiscal y que se pasó a una sana en términos financieros y con equilibrio de sus cuentas.
La idea central será que, a partir de ahora, se comenzará a cosechar el esfuerzo que se sembró durante los primeros dos años. En el primer tramo de su gestión, la actual administración debió surfear varias situaciones extremas. Tuvo la estrechez de recursos producto de la caída de coparticipación y merma en la recaudación propia. A esto se sumó una demanda social creciente por el fin de algunos programas nacionales.
Además, debió afrontar vencimientos de intereses y de capital de la deuda en dólares tomada por su antecesor, el justicialista Gustavo Bordet. Entre 2024 y lo que va de 2026, debió atender pagos por casi USD 300 millones.
En ese contexto, logró llevar adelante las negociaciones salariales con los gremios estatales. El principal escollo fue la paritaria docente. Los haberes representan la mayor erogación de la administración pública provincial. Si se suman jubilaciones y pensiones, el total ronda el 70% de los gastos corrientes. Al respecto, el Estado nacional dio un fuerte apoyo al déficit de la caja previsional.
Por otro lado, Frigerio tiene en la carpeta del discurso anuncios importantes de inversión en obra pública para Entre Ríos. Esto se sumará a créditos de organismos multilaterales. El gobernador viajó en septiembre del año pasado a la cumbre del BID en Brasil. Llegó acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman.
El objetivo fue aceitar las negociaciones para lograr financiación por USD 350 millones del organismo. Frigerio también tiene una carpeta en trámite ante el Banco Mundial.
Por otro lado, se esperan anuncios de inyección de fondos en tres áreas claves: seguridad, salud y educación.
Datos
La Asamblea empezará sobre las 11.30, con la apertura a cargo de la vicegobernadora, Alicia Aluani. Está previsto que Frigerio comience su alocución a las 12. El mensaje no durará más de 40 minutos, se estima. El acto se hará en el Centro de Convenciones.
Esta apertura de sesiones será la primera que no se realizará el 15 de febrero, como marca el texto constitucional vigente desde 2008. La explicación oficial fue que se debió a la concomitancia con el feriado largo de carnaval.
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