Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El debate legislativo podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero.

Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendría la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.

El Ministerio de Seguridad difundió un comunicado que pone como ejemplo “no ponerse entre focos violentos y el personal de las fuerzas”.

Por Jaime Rosemberg

Ahoras del comienzo del debate en comisión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, desde el gobierno de Javier Milei confirmaron que descontarán el pago de la jornada a los empleados estatales que adhieran al paro general convocado por la CGT para el día en que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara baja.

“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, expresaron a cerca del presidente Javier Milei, en una Casa Rosada con actividad presidencial a pesar del feriado nacional de carnaval.

Con la intención de escalar en la confrontación con las centrales sindicales, fuentes oficiales destacaron que el descuento a los estatales “se dará como se hizo en otras oportunidades” en las que la CGT organizó un paro general contra las políticas del gobierno de Milei. Se trata de unos $50.000 según fuentes sindicales y la categoría de cada empleado.

Hasta el momento, fueron tres las jornadas en las que la central obrera recurrió al paro general. En esta oportunidad, adhieren los gremios del transporte y la huelga se anunció sin movilización hacia el Congreso.

Por Nicolás Balinotti

Roberto Fernández tiene 82 años y es desde 2008 el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso sindicato de los colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. El 5 de noviembre pasado, cuando la CGT renovó sus autoridades, decidió abrirse de la central obrera en rechazo a la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando, a quien acusó de haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano.

Tres meses después de haberse ido molesto de la CGT, Fernández se siente algo reivindicado. Entre ayer y hoy, en su teléfono se apilan mensajes de dirigentes de la CGT que le piden su adhesión al paro general que se concretaría este jueves en rechazo a la reforma laboral de Milei. Uno de los llamados que recibió fue el de Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. También hubo gestiones del ferroviario Omar Maturano y hasta del gastronómico Luis Barrionuevo, muy activo en la búsqueda de adherentes para fortalecer la protesta gremial. “Nos confirmó que va a parar”, dijo a uno de los interlocutores de Fernández.

Él, sin embargo, mantiene la cautela y no estaría decidido a confrontar con el Gobierno. El conflicto lo incomoda. Una de sus razones para no adherir a la huelga es que de Milei depende en gran parte su paritaria, teniendo en cuenta el peso que aún conservan los subsidios estatales en el transporte público de pasajeros. El salario básico de un colectivero es hoy de $1.407.239, más $16.000 diarios en concepto de viáticos. “No quiero que le descuenten el día por el paro”, enumeró como otro argumento para no sumarse a la cruzada cegetista, según pudo reconstruir de fuentes confiables.

El economista Antonio Aracre visitó los estudios de LN+, donde opinó sobre el proyecto de ley que impulsa el Gobierno.

“Entiendo que el sindicalismo solo tiene ojos para los seis millones de trabajadores registrados, pero hay 10 millones de argentinos que tienen trabajo en negro. Y eso les imposibilita el acceso a una jubilación digna, asistencia de salud o el acceso a horas extras”, analizó.

“Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas personas accedan al sistema?“, remató.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, sindicato que agrupa a los maquinistas y conductores de locomotoras y trenes de todo el país, confirmó la adhesión a la iniciativa de la CGT.

Por otro lado, criticó el articulado que compone la reforma laboral. “El derecho a huelga es innegociable. Es como que a los periodistas les prohíban opinar”, deslizó.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, dialogó con LN+ y manifestó su oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Esta ley no significa ninguna ventaja para los trabajadores”, manifestó.

Sobre la huelga, sostuvo que “para nosotros, el paro debía ser con movilización”.

La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA) convocó a un paro y movilización para este jueves contra la reforma laboral.

La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.

El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.

La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.

Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.

Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.

Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.

Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.

“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.

La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.

En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.