POLITICA
El trasfondo del enojo del Gobierno con Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Fate e integrante del círculo rojo
En la Casa Rosada hay muchísimo malestar por el timing en el que ocurrió el anuncio del cierre de Fate, la histórica fábrica nacional de neumáticos de la que es dueño Javier Madanes Quintanilla, un peso pesado del empresariado industrial argentino por ser además dueño de Aluar, la mayor productora de aluminio primario del país.
No es casual que Javier Milei haya publicado esta mañana en su cuenta de X el siguiente tuit: “¿Conspiranoico yo? Fin“.
La comunicación del cierre de la compañía se produjo en el mismo día en el que la CGT iba a convocar a un paro nacional por 24 horas a partir de mañana, cuando se trate la reforma laboral en el recinto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa que impulsa el Presidente busca ser justificada por el oficialismo como un elemento dinamizador para la economía argentina. En tanto, el eje de la agenda de esta mañana estuvo enfocado en los trabajadores de Fate que iban llegando al enorme predio de San Fernando y que se enteraban que se estaban quedando sin su puesto de trabajo.
El trasfondo de la medida que tomó Milei por Fate
Milei ya tenía en agenda para esta mañana una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos. Aunque este tema no estaba en la agenda a tratar, estas cuestiones se debieron abordar inevitablemente. El diagnóstico al que arribaron es que hubo una “coincidencia sospechosa” sobre el anuncio del cierre. “Hace meses que están amenazando con lo mismo y justo lo vienen a anunciar ahora”, marcan en el entorno de ambos.
En esa reunión se decidió llamar a una conciliación obligatoria entre Fate y el SUTNA, el sindicato de los trabajadores del neumático. La medida no tiene por finalidad congraciarse con los trabajadores, sino postegar por algunos días los planes del Directorio de cerrar la compañía.
“Sabemos que esto probablemente no vaya a evitar que cierre en el mediano plazo. La va a prorrogar unos días”, reconoció una fuente gubernamental. En los hechos, el directorio ya envió notificaciones de despidos a cientos de los trabajadores de la compañía. También comunicó esta jornada que Aluar compró casi el 30% de los terrenos de la planta de San Fernando -donde se ubica Fate- por un precio de USD 27 millones.
Con esta prórroga, el Gobierno está encareciendo el proceso de cierre de la compañía, que implica el pago de indemnizaciones a 920 personas. Aunque son especulaciones, el efecto podría haber sido deseado y un vuelto por las complicaciones que produjo la noticia de Fate en las vísperas del tratamiento de la reforma laboral.
En el entorno más cercano del Presidente hablan de que hoy hubo un “principio de revelación” sobre la percepción que tenían de Madanes Quintanilla. Los adjetivos que se le habrían escuchado a Milei sobre su figura no son reproducibles para este artículo.
Para explicar su enojo sin dar menciones directas, en la cúpula del Gobierno utilizan un tuit de Antonio Aracre que cita un extracto de una entrevista del empresario con La Fabrica Podcast en la que que dice “No hay que aguantar, hay que atacar”, en referencia a la solicitud de mejores condiciones de competitividad. En el tuit, el economista marca “Nos quedó claro a todos hoy… ‘hay que atacar’… principio de revelación”.
En el Gobierno dicen que no creen en casualidades. Sin pruebas más que los acontecimientos conocidos públicamente hoy, marcan que habría existido una discrecionalidad debido a que el aluminio no formó parte del acuerdo comercial con Estados Unidos, Así hasta el momento, ese componente tiene un 50% de aranceles para las exportaciones que se hacen a ese país. El canciller Pablo Quirno había dicho días atrás que hay “una voluntad política explícita de revisarlo”.
El Gobierno vuelve a mantener una narrativa de confrontación con un actor importante del círculo rojo. Semanas atrás, el otro apuntado había sido, nada más y nada menos, que el CEO de Techint, Paolo Rocca. El disparador de ese episodio fue una licitación para la compra de tubos de acero para un gasoducto de 480 kilómetros que la multinacional perdió en manos de la india Welspun. La administración libertaria festejó ese resultado inédito y lo tomó como un signo de los nuevos tiempos de apertura económica, los cuales buscan dejar atrás las políticas proteccionistas para muchas industrias.
Pero el enojo de la Casa Rosada con Rocca estuvo viciado por lecturas cercanas a la conspiración, al igual que con Madanes Quintanilla. Milei lo acusa de haber propiciado una suerte de presión devaluatoria durante el período de elecciones de septiembre y octubre del año pasado. El encono es tal que llegó a apodarlo “Don chatarrín de los tubitos caros”, una forma despectiva de asociarlo a los tubos de acero que fabrica la compañía multinacional.
Ni el acero ni el aluminio argentino figuran en la página de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), la cual detalla los sectores englobados en el reciente tratado comercial negociado con la administración de Donald Trump.
POLITICA
La UTA confirmó que se sumará mañana al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó esta tarde que mañana se sumará al paro general anunciado por la CGT en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados.La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país, en protesta por la reforma laboral.
A través de un comunicado, la organización advirtió sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.
La UTA fundamentó la medida por la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico. Desde la entidad, además, señalaron el impacto del incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, junto a la preocupación por la estabilidad laboral.
El sindicato reafirmó que el paro abarca todas las actividades del transporte a nivel nacional y reiteró su compromiso con la defensa del salario y el empleo.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió al procurador general Eduardo Casal que el Ministerio Público Fiscal retire a sus fiscales del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un órgano interno de la entidad que revisa y sanciona infracciones disciplinarias vinculadas a los partidos y que ya había sido cuestionado por sus múltiples vínculos con el Poder Judicial.
“La AFA regula y administra el fútbol profesional argentino, un ámbito que involucra intereses económicos de enorme magnitud. La exposición de fiscales a este universo, en roles directivos o disciplinarios, crea un riesgo evidente de múltiples conflictos de interés”, advirtió la organización.
La ACIJ señala que esa “doble función” es ilegal, incompatible y contraria a estándares internacionales y apunta al caso particular del fiscal de Comodoro Py Ramiro González, que actualmente ejerce funciones dentro del Tribunal de Disciplina de la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el escrito, la integración de los tribunales internos de la AFA “supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica”, puesto que sus miembros revisan expedientes, investigan antecedentes, analizan pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias. “En otras palabras −sostiene el texto− implica intervenir en el trámite de expedientes, en la valoración de pruebas, en el razonamiento jurídico y, finalmente, en la emisión de verdaderas ‘sentencias’”.
La organización recordó, además, que el Reglamento para la Justicia Nacional establece que los magistrados y fiscales no pueden participar en asociaciones profesionales ni integrar comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización expresa de la autoridad de superintendencia.
A su vez, señalan que no hay constancias de que la Procuración de Casal haya otorgado permisos especiales para ocupar esa doble función que, además, tensiona las directivas que recomienda la ONU para que los fiscales pueden desarrollar sus tareas “sin intimidación… ni injerencias indebidas”.
La AFA y el cruce con la Justicia
La repentina aparición de un puñado de causas sensibles colocó a la AFA en el centro de una tormenta judicial.
En los últimos meses del año pasado, y en medio de esa creciente judicialización, a los tribunales de ética y de disciplina de la AFA renunciaron distintos miembros del Poder Judicial: Diego Barroetaveña, que es presidente del Cámara de Casación Federal y lideraba el tribunal de Ética de la AFA; Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza y árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA; Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín y miembro del tribunal de Disciplina; y el juez en lo Criminal y Correccional Nº9 de la ciudad de Buenos Aires, Martín Peluso, que también integraba la comisión.
La ACIJ había elevado un pedido a la Corte Suprema para que disponga el cese inmediato de las funciones que desempeñan los jueces en los tribunales internos de la AFA por posibles conflictos de intereses.
El caso del juez Barroetaveña terminó por ilustrar las preocupaciones de la ACIJ. Como miembro de la Casación, el camarista deberá decidir junto a otros dos colegas si la causa que busca esclarecer de quién es la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a los altos mandos de la AFA, sigue tramitando en la justicia federal de Campana, como quieren los imputados, o regresa al fuero Penal Económico.
El propio fiscal González debió intervenir en los inicios de la causa que investigaba la quinta de Pilar, cuando el expediente daba sus primeros pasos en Comodoro Py, antes de pasar al fuero Penal Económico y a la Justicia de Campana, donde se encuentra ahora.
Los nexos de la AFA con la Justicia exceden la formalidad de los cargos. Del tribunal también formaba parte, por ejemplo, Esteban Mahiques, cuyo padre es Carlos Mahiques, miembro de la Casación Federal junto a Barroetaveña. Otro caso es el de Fernando Mitjans, que preside el tribunal de Ética de la AFA y está casado con Marcela Losardo, exministra de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.
AFA,Claudio Chiqui Tapia,Casos de corrupción,Conforme a,AFA,,Investigación. La Justicia analiza transferencias por supuesto juego ilegal que llegan hasta Sur Finanzas PSP,,AFAGate. Dos empresas “gemelas” de Miami recibieron casi US$ 5 millones y desaparecieron: los pagos a la misma hora,,»Ya nada será lo mismo». Nueva era: cómo es la nueva televisación de la Primera Nacional por la plataforma de la AFA
POLITICA
Causa Cuadernos: se anunció el traslado de la sede del jucio a Comodoro Py para que puedan comenzar las audiencias presenciales
El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, entre las que se incluye el traslado del Tribunal Oral Federal 7 que actualmente lleva adelante el juicio por la denominada causa Cuadernos.
La medida se concretaría antes de mitad de año, según detalló el organismo, y con el traslado podrán comenzar las audiencias presenciales, una demanda creciente de las partes y de la Cámara Federal de Casación Penal.
Leé también: La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate
El TOF 7 es el único tribunal que no funciona en Comodoro Py y tiene su sede en el Palacio de Tribunales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli expusieron oportunamente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió la presencialidad del proceso oral y público.
Con la mudanza se garantizará al TOF el uso de la Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado. También podrán disponer de otra decena de salas que se crearon y acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.
El cambio de sede también simplifica los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py.
“La relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”, remarcó el Consejo.
Desde el inicio del juicio, el TOF 7 optó por celebrar audiencias principalmente virtuales, dos veces por semana por Zoom. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron de manera insistente una frecuencia mayor de audiencias y su realización de forma presencial para dar mayor dinamismo al debate oral.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
Leé también: Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos en febrero y hay expectativa por un encuentro con Trump
La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Comodoro Py, cuadernos de la corrupción, Consejo de la Magistratura
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