La Comisión Nacional de Valores (CNV) formalizó la apertura de un sumario administrativo contra Andreas Ignacio Keller Sarmiento, quien se desempeñó como director titular de Celulosa Argentina S.A. hasta septiembre de 2025. La medida, dispuesta mediante una resolución reservada de firma conjunta, investiga una serie de operaciones de venta de acciones de la compañía por más de $4.500 millones que el exdirectivo realizó en un contexto de grave deterioro financiero de la empresa, el cual aún no era de conocimiento público.

La maniobra, calificada técnicamente como “insider trading” o uso indebido de información privilegiada, habría permitido a Keller Sarmiento eludir un perjuicio económico estimado en más de $3.571 millones.

En septiembre de 2025, casi la mitad de la papelera había sido vendida a Esteban Antonio Nofal, titular de CIMA Investments, quien asumió el control mayoritario de la firma mediante la adquisición de 452,6 millones de acciones clase B, que representan el 45,5% del capital social, a cambio de un valor simbólico de un dólar.

La transacción desplazó al fondo Tapebicuá Investment Company, conformado por José Urtubey —hermano del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey—, Douglas Albrecht, Juan Collado y otros accionistas. Según lo comunicado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Nofal compró 452,6 millones de acciones clase B, equivalentes al 45,5% del capital social.

El expediente se originó tras un monitoreo de mercado que detectó una volatilidad inusual en la especie CELU (acciones de Celulosa Argentina) entre finales de 2024 y principios de 2025. Lo que llamó la atención de los técnicos de la CNV no fue solo el volumen de las operaciones, sino el perfil del vendedor.

Keller Sarmiento, quien formaba parte del Directorio de la sociedad desde 2009 con un marcado perfil financiero, comenzó un proceso de desinversión masivo en octubre de 2024. Según la resolución, durante el año previo a esa fecha, el directivo no registraba antecedentes de operatoria con acciones de la empresa, lo que marca un “patrón de conducta que difiere de su accionar posterior”. En un lapso de apenas cinco meses, se desprendió de aproximadamente el 60% de su tenencia accionaria, de acuerdo al documento oficial.

La CNV reconstruyó minuciosamente el cronograma de ventas ejecutado por el entonces director. La magnitud de la desinversión se desglosa en cinco períodos clave:

• Octubre de 2024: Venta de 22,5 millones de acciones por un valor aproximado de $238,7 millones.
• Noviembre de 2024: Venta de 164,5 millones de acciones por un total de $1.603,1 millones.
• Diciembre de 2024: El mes de mayor volumen, con 235 millones de acciones vendidas por $2.267,3 millones.
• Enero de 2025: Venta de 7,5 millones de acciones por $68,3 millones.
• Febrero de 2025: Último tramo de ventas por 44 millones de acciones, totalizando $342,7 millones.

En total, Keller Sarmiento liquidó 473.571.300 acciones por un monto de $4.520.531.544,23. La investigación destaca que estas ventas se realizaron mientras la empresa enfrentaba una “tensión financiera” caracterizada por la falta de liquidez para afrontar el pago de obligaciones negociables y cheques de pago diferido.

El núcleo de la acusación reside en que Keller Sarmiento habría utilizado su posición para vender antes de que el mercado conociera la profundidad de la crisis de Celulosa. La CNV determinó que la problemática de liquidez era de conocimiento interno del Directorio y los gerentes principales desde octubre de 2024. Mientras los directivos y gerentes mantenían reuniones constantes para buscar soluciones a la duplicación de costos fijos y la imposibilidad de acceder al crédito, el público inversor seguía operando bajo una percepción de estabilidad.

Un dato revelador en la resolución es el contraste entre lo que el exdirector declaró y lo que el resto de sus colegas afirmaron. Keller Sarmiento sostuvo en su declaración informativa que recién tomó conocimiento de los problemas de liquidez los días 7 u 8 de febrero de 2025. Sin embargo, la Gerencia de Administración y Finanzas y el resto del Directorio confirmaron que el deterioro era “muy marcado” desde finales de 2024 y que el investigado, por su perfil financiero, participaba activamente en todas las reuniones relevantes y era informado de todas las decisiones importantes.

La resolución es tajante al respecto: “La manifestación tardía en tomar conocimiento de los problemas de liquidez de la Sociedad podría deberse a una estrategia para eludir y desviar el análisis de la existencia de un posible uso indebido de información privilegiada”.

Para dimensionar el beneficio obtenido por el uso de información no pública, la CNV realizó un cálculo económico comparativo. Si Keller Sarmiento hubiera mantenido sus acciones hasta el 1 de septiembre de 2025 —fecha en que la empresa informó formalmente su presentación en concurso preventivo— el valor de sus acciones habría sido de apenas $949,5 millones.

Al haber vendido anticipadamente entre octubre y febrero, obtuvo $4.520,5 millones. La diferencia arroja un “potencial perjuicio económico evitado por el Sr. Keller Sarmiento en el orden estimado de $3.571.021.087”. Esta cifra representa el costo que el mercado (otros inversores sin acceso a la información interna) absorbió al comprar acciones que estaban a punto de desplomarse.

En su defensa, el acusado argumentó que las ventas respondieron a “necesidades patrimoniales personales” vinculadas a otras inversiones y a la cancelación de créditos bancarios y familiares. Sin embargo, el análisis contable de la CNV desmintió esta versión. El organismo constató que del total de $4.520 millones obtenidos, el exdirector solo transfirió a sus cuentas personales el 8,41% ($380 millones). El 91,59% restante ($4.140 millones) habría sido invertido en otros instrumentos del mercado de capitales.

Para los investigadores, esto demuestra que la desinversión no fue por necesidad urgente de dinero, sino una decisión estratégica para “migrar a inversiones de menor riesgo” utilizando la ventaja informativa que poseía.

Además del presunto insider trading, la CNV le imputa a Keller Sarmiento y a Celulosa Argentina el ocultamiento de estas operaciones. Según la normativa, un director debe informar cualquier cambio en su tenencia accionaria antes del día 15 del mes siguiente. En este caso, las ventas realizadas desde octubre de 2024 recién fueron informadas de forma extemporánea el 27 de mayo de 2025, y solo después de que la CNV lo requiriera expresamente.

De probarse, esto implicaría un apartamiento del deber de lealtad y diligencia. La Ley de Mercado de Capitales (Ley N° 26.831) establece con claridad en su artículo 102 que cualquier persona que tenga acceso a información sobre un hecho aún no divulgado que pueda afectar la cotización debe “guardar estricta reserva y abstenerse de negociar hasta tanto dicha información tenga carácter público”.

La resolución concluye que la conducta de Keller Sarmiento dañó la transparencia y la confianza de los inversores. Al respecto, el documento cita doctrina judicial que advierte: “El insider trading destruye de manera decisiva la confianza de quienes acceden a los mercados de valores… pues si quienes cuentan con información que no es accesible al resto pueden aventajarlos, el ahorro público se derivaría hacia otras inversiones”.

Frente a esta situación, la Comisión Nacional de Valores resolvió iniciar un sumario administrativo contra Andreas Ignacio Keller Sarmiento, quien era director titular de Celulosa Argentina S.A. al momento de los hechos, por presunto incumplimiento de diversas disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales y de la normativa vigente.

Se fijó una audiencia preliminar para el 31 de marzo de 2026 y se designó como responsable del sumario a la doctora María Cynthia Pastor, a cargo de la Subgerencia de Sumarios por Incumplimientos Normativos.

La gravedad del caso radica no solo en el monto récord de la operación bajo sospecha —más de $4.500 millones— sino en la jerarquía del funcionario involucrado, cuya responsabilidad era, precisamente, velar por la transparencia de la compañía ante el mercado de capitales.

La Justicia comercial dispuso el levantamiento de la quiebra que pesaba sobre Deniro, la cadena argentina que revolucionó el mercado con sus famosas hamburguesas de entraña y que ahora buscará volver al rubro gastronómico. 

La medida fue dispuesta por la jueza María Virginia Villarroel, que fijó un plazo de 15 días para que el peticionario de la quiebra acredite haber promovido la ejecución pertinente y haber obtenido la afectación cautelar de los fondos depositados a embargo.

La quiebra quedó sin efecto tras un depósito que realizó la empresa el 12 de febrero y que abarcó el monto reclamado por el acreedor más los intereses y un porcentaje presupuestado provisoriamente para atender las costas del proceso, según surge del expediente.

En ese sentido, Villaroel entendió que «las sumas habidas en autos resultan suficientes para desvirtuar el estado de cesación de pagos que le fuera imputado» a la empresa.

Famosa hamburguesería salió de la quiebra

El abogado Germán Fernández Pescuma, representante de Deniro, aseguró que «tras algunos juicios y circunstancias financieras que los golpearon», la idea de la firma es volver a abrir, ya que de a poco se van a ir levantando todas las inhibiciones que tienen en su contra a raíz de la quiebra, que había sido decretada el 25 de noviembre último.

En representación de Nicolás Sánchez, socio gerente de la firma junto con Esteban Siderakis, el letrado había solicitado en diciembre la revocatoria de la sentencia de quiebra y que se disponga la apertura de una cuenta judicial a la orden del juzgado. Esto era a fin de instrumentar el depósito a embargo previsto en el artículo 96 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Ese artículo ofrece una vía rápida para que un deudor que fue declarado en quiebra (a pedido de un acreedor) pueda revertir esa situación pagando lo adeudado y evitando los efectos más graves de la decisión judicial, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

El deudor debe depositar el importe total de los créditos acreditados y sus accesorios, más una suma para gastos del proceso. El juez puede resolverlo sin pasar por todo el trámite judicial, que fue lo que sucedió en este expediente.

En este caso concreto, los dueños realizaron varios pagos hasta llegar a la suma requerida por la Justicia: 21 millones de pesos

Para que le hagan lugar al reclamo, el abogado había puesto énfasis en que se tuviera presente «la inexistencia de otros pedidos de quiebra pendientes» contra su representado y, en consecuencia, no se exija depósito adicional alguno.

El letrado había solicitado, además, que una vez acreditado el depósito ordenado, la jueza revoque sin sustanciación la sentencia de quiebra y se dejen sin efecto las medidas de incautación, inhibición, inhabilitación y cualquier otra restricción derivada de dicha declaración.

Como último punto, reclamó que se ordene «la restitución plena de la administración y disposición del patrimonio de Deniro Hamburguesería S.A.S.«, lo cual se irá concretando en breve.

Hamburguesas de entraña: un boom que había llegado a todo el país

El éxito de Deniro se basó en que, a diferencia de otras hamburgueserías tradicionales, utilizaba como corte para sus productos la entraña, algo totalmente inédito en el país. Por ejemplo McDonald’s usa paleta, solomillo y lomo que son molidos al 100%y luego congelados.

Al hacer los medallones de 200 gramos con entraña, la típica hamburguesa se parecía más a un plato que se puede comer en una parrilla y que es más agradable al paladar. Además, ofrecían papas fritas extra grandes y una gran variedad de aderezos caseros.

Después de abrir un pequeño local en el barrio de Belgrano, la cadena se extendió a Saavedra, Almagro, Caballito y La Paternal, donde Deniro buscaba competir con los negocios de barrio en lugar de con las grandes cadenas. Así, rápidamente comenzó a ofrecer franquicias en el resto del país, donde llegó a tener 30 sucursales.

Además, contaba con una planta de producción que estaba ubicada en el barrio de Mataderos, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde elaboraba y distribuía sus productos. 

La quiebra y la prohibición de salida del país

Después de años de éxito, en noviembre el Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 27 decretó la quiebra de Deniro Hamburguesería y designó al síndico Juan Manuel Ausa para llevar adelante el proceso.

Ese síndico deberá presentar su informe individual el 16 de abril  y el general el 1 de junio próximo, de acuerdo con la publicación realizada en el Boletín Oficial en diciembre pasado.

La magistrada también intimó a la sociedad a que pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la empresa.

En el mismo sentido, Villarroel le prohibió a la otrora exitosa firma recibir pagos e intimó a sus dueños para que en el plazo de 48 horas se presentaran en el tribunal. Posteriormente, se dispuso la prohibición de salida del país de Sánchez y de Siderakis hasta el día 21 de mayo de 2026, situación que el abogado aseguró que también se revertirá.

Ante el debate de la reforma laboral que se llevará a cabo este jueves en la Cámara de Diputados, la Confederación General de los Trabajadores (CGT) convocó a un paro general en rechazo al proyecto, impulsado por el Gobierno. A la medida se sumaron diferentes gremios, por lo que el funcionamiento de trenes, colectivos, subtes y otros servicios se verá interrumpido durante 24 horas.

Durante el encuentro cegetista, algunos dirigentes plantearon la posibilidad de acompañar la huelga con una movilización frente al Congreso de la Nación, tal como ocurrió la semana anterior. Esa propuesta no prosperó. Finalmente, la central obrera optó por realizar una paralización de actividades para expresar su rechazo, con la confirmación de la adhesión total del transporte al paro.

Posteriormente, tras confirmar la decisión de la medida de fuerza, el triunvirato que dirige la central obrera hizo un “llamado a la reflexión” a los diputados para que tengan “responsabilidad política” y no apoyen el proyecto oficial con el fin de “representar a los trabajadores, que también los votaron”.

“Nosotros hablamos con los dirigentes (de la UTA), que han adherido al paro”, aseguró el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguro), y puntualizó que “todos los gremios que conforman nuestra CGT, incluso sus confederaciones que también son parte en este caso del transporte, tanto la Confederación Argentina de Transporte, la CATT, como la UGATT, ratificaron el paro”.

Al poco tiempo de conocerse la noticia, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que adherirá a la medida de fuerza, pero realizará una manifestación ante el Palacio Legislativo. Por su parte, el Gobierno nacional adelantó que descontará los días a quienes participen. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra la UOM, Aceiteros y las dos CTA se sumarán a la marcha.

Mientras tanto, el oficialismo realizó la convocatoria este miércoles por la tarde para tratar la reforma laboral. La sesión comenzará a las 14 de este jueves y los libertarios se aseguraron el quórum para abrir el debate.

En comisión, el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Borboroni, confirmó la eliminación del artículo 44 sobre las licencias médicas por enfermedades y accidentes, que abrió todavía más el debate con los dirigentes sindicales. Sin embargo, adelantaron que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que tiene como función asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo.

Con respecto al transporte público, estos son los gremios que confirmaron su participación.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, ratificó su acompañamiento tras gestiones directas durante el fin de semana. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, expresó el dirigente sindical, lo que a priori que garantiza la interrupción de los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia en todo el país.

La UTA mantiene desde hace más de diez años una estrategia independiente frente a la central obrera. El sindicato se caracterizó por tomar distancia incluso en situaciones en las que el resto de la CGT impulsaba paros generales, al priorizar acuerdos con gobiernos de distintos signos políticos. Antes de definir el paro, distintos actores del sector sindical sostienen que la organización acompañará la medida. Esta expectativa genera dudas, dada la historia reciente de la entidad.

Sin embargo, habrá que esperar a lo que ocurre con una vasta cantidad de colectivos que no responden al liderazgo de Fernández. El gremio enfrenta una disputa interna de alta intensidad desde hace años. La gran mayoría de los choferes de colectivos que forman parte de la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA) recién resolverán este miércoles en distintas asambleas si se adhieren al paro general que dispuso la CGT. En otros conflictos, este sector tomó distancia de lo que resolvía la conducción sindical.

Otro grupo de choferes, aunque más minoritario, está nucleado en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), enfrentada al gremio oficialista. En este caso, lo previsible es que acompañen la huelga general.

La adhesión fue comunicada por la Unión Ferroviaria, presidida por Sergio Sasia, y por La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas y está liderada por Omar Maturano. Ambas organizaciones aseguraron que se suspenderán los servicios de trenes metropolitanos y regionales, lo que afectará a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y servicios interurbanos.

En un comunicado difundido durante la noche del martes, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó que se adherirán al paro de 00 a 24 horas, en rechazo a la reforma laboral, tal como lo hace su central, CTA-T.

De esta manera, no habrá servicio de Subte o Premetro durante esa franja horaria. “No podemos permitir que avance la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”, aseguraron y agregaron: “No se trata de modernización sino de quita de derechos a las y los trabajadores. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador”.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), informaron que “cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”, sostuvieron los gremios.

“Hoy ratificamos esa posición con hechos. En unidad de acción, defendemos nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales y el futuro de la aviación argentina. La gravedad del contexto exige firmeza, coherencia y acción colectiva para poner un límite a cualquier intento de flexibilización”, agregaron.

Además, la Asociación de Personal Aeronáutico y la CATT dirigida por Juan Carlos Schmid notificó la adhesión de gremios que agrupan a camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, extendiendo el paro a la logística de cargas, vuelos nacionales e internacionales, servicios fluviales y marítimos.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que se suspenderán 255 vuelos por la medida de fuerza y, según estimaciones de la firma de bandera, se verán afectados más de 31 mil pasajeros. La compañía implementó alternativas como cambios de horario, reubicaciones y ajustes operativos para reducir las consecuencias de la medida.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezada por Omar Maturano, sumó a señaladores, playeros de estaciones de servicio, remiseros y conductores de taxis al cese de actividades. El alcance de la medida garantizará la interrupción total de los servicios de transporte público de pasajeros durante la jornada determinada por la CGT.

Las entidades financieras garantizarán la operatividad de los canales digitales, pero suspenderán la atención presencial al público. Esta medida responde a la adhesión del gremio bancario a la protesta, que tendrá una duración de 24 horas.

La interrupción de la atención en sucursales afectará todo el horario bancario habitual. Las puertas de los bancos permanecerán cerradas y no se realizarán gestiones presenciales de ningún tipo. Los usuarios no podrán acceder a servicios como apertura de cuentas, consultas, depósitos en ventanilla o retiro de chequeras. La medida también alcanzará a la gestión de créditos, cajas de seguridad y trámites de documentación.

La banca digital y los canales electrónicos funcionarán con normalidad. Las operaciones a través de homebanking, aplicaciones móviles y billeteras virtuales estarán habilitadas durante toda la jornada. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y movimientos, así como compras con tarjetas de débito o crédito.

Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) indicaron que la intención del sector es «trabajar con la mayor normalidad posible»durante la medida de fuerza. La definición apunta a mantener abiertos los establecimientos y preservar la atención al público dentro de las condiciones que permita la jornada.

En la misma línea, desde una cadena de supermercados aseguraron que la prioridad es garantizar la operación. Según explicaron, la empresa mantiene su actividad habitual incluso en contextos de conflicto sindical, por lo que el objetivo operativo se centró en sostener la prestación del servicio y la disponibilidad de productos.

Otras fuentes del sector señalaron a Infobae que el impacto más probable podría aparecer en el nivel de ausentismo del personal, especialmente si la protesta afecta el transporte público de pasajeros. En ese sentido, remarcaron que la posibilidad de que los colectivos reduzcan su funcionamiento condiciona la llegada de trabajadores a los puntos de venta y a los centros logísticos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño informó que no habrá recolección de residuos domiciliarios durante la tarde y noche del paro. Se solicitó a los vecinos evitar sacar la basura hasta la noche siguiente, cuando se retomará el servicio.

Además, se dispuso el retiro preventivo de 140 contenedores en más de 60 cuadras de la zona del Congreso de la Nación y sus alrededores.

Esta medida busca prevenir incidentes durante la jornada y se complementará con un operativo especial de limpieza intensiva una vez finalizada la movilización, de acuerdo a lo comunicado por el Gobierno de la Ciudad.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos (que agrupa a gremios como la UOM, Aceiteros y las CTA), convocó a un paro y movilización hacia el Congreso. El Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la medida.

Además, los gremios docentes CTERA y CONADU participarán de la huelga y prevén manifestaciones frente al Parlamento.