El Gobierno nacional resolvió convocar a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) a una sesión plenaria ordinaria, con el fin de actualizar el salario mínimo que deberían cobrar las empleadas domésticas. El anuncio fue oficializado por medio de una publicación en el Boletín Oficial.

A través de la resolución 1/2026, la presidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Gatti, confirmó que la reunión se realizará el próximo 24 de febrero de 2026 a las 11:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De la misma manera, plantearon que la reunión podrá realizarse de manera presencial en Av. Leandro N. Alem 628, piso 3° o, en caso necesario, de forma virtual conforme a lo establecido por la Resolución Nº 344 del 22 de abril de 2020.

“Fíjese como Orden del Día de la sesión mencionada en el artículo anterior, el siguiente: análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844″, establecieron.

A pesar de la citación, no está previsto que hubiera alguna modificación en el monto que percibirían por lo trabajado en febrero. Por este motivo, la remuneración sería igual a la cobrada en enero, luego de que se integrara el bono extraordinario abonado en noviembre y diciembre de 2025.

El último acuerdo paritario había incorporado el diferencial, que varió según las horas semanales trabajadas. De esta manera, se otorgó $6.000 para quienes cumplen de cero a 12 horas; $9.000 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas; y $14.000 para quienes superan las 16 horas semanales.

Con este esquema, las remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares en febrero de 2026 serán de $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales, para quienes realicen tareas generales con retiro; $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes, para quienes cumplan tareas generales sin retiro. Estos valores se aplican en todo el territorio nacional y deben respetarse tanto en nuevas contrataciones como en relaciones laborales previas.

La normativa vigente también exigió a todos los empleadores registrar al personal de casas particulares en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA) sea cual fuera la modalidad de contratación y la cantidad de horas de trabajo semanales. La inscripción se deberá realizar a través de la web oficial, donde se deben cargar los datos personales, el domicilio, las características del empleo y la modalidad de pago.

Los ahorristas están buscando conocer en qué invertir en un escenario en que el precio del dólar cae 3% en lo que va del mes, mientras que la inflación avanza por arriba del 2% mensual y las tasas de interés se ubican apenas por debajo de ese nivel. Por eso, desde la Fintech de inversiones Balanz recomiendan cómo debe armarse la «cartera ideal» en estos momentos.

Cabe recordar que la inflación de enero, informada por el Indec, fue de 2,9% mensual, mientras que el precio del dólar se ubica en torno a los $1.420 para la venta minorista en Banco Nación, por lo que desciende en febrero cerca de 3%.

Por el lado de las inversiones bursátiles, el principal índice de acciones de empresas líderes de Buenos Aires, el Merval, cae más de 14% en todo febrero, mientras que en lo que va del 2026 desciende cerca de 10%.

En tanto, los bonos en dólares con ley nacional descienden hasta 15% en todo el presente año.

En este marco volátil, los analistas de Balanz, la Alyc de inversiones digitales, sugieren cómo debe estar compuesta la «cartera ideal».

La misma está integrada en un 67% por renta fija en dólares y el 33% restante en instrumentos en pesos, donde busca captar las tasas altas, que se acercan a la inflación y le ganan al plazo fijo en pesos.

«Para armar una cartera moderada en Argentina, primero hay que tener claro el objetivo y el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir. Hoy las condiciones cambiaron: vemos tasas más bajas para la deuda en dólares que en períodos anteriores, pero también una menor percepción de riesgo y un contexto más estable», afirma Isabel Botta, Product Manager en Balanz. 

Por eso agrega que, en ese nuevo escenario, «la oportunidad está en combinar instrumentos que protejan el capital, generen rendimiento y permitan aprovechar selectivamente el potencial de crecimiento del mercado local».

Cartera ideal de inversiones 

La «cartera ideal» propuesta por Balanz se basa en una estructura, principalmente dolarizada, para «preservar valor y capturar tasas reales positivas».

Por eso, el 67% de la cartera está colocado en renta fija en dólares. 

Para configurar este segmento, los principales tickers seleccionados son las obligaciones negociables (ON) de empresas líderes y de segmentos en crecimiento.

De esta manera, este 67% de la cartera está enfocado en sumar a ON de firmas como IRSA (IRCPO), Telecom (TLCTO), Pan American Energy (PN43O) y los títulos de la provincia de Córdoba al 2035 (CO35), con TIRs que hoy se ubican en torno al 7,15% al 7,50% para la deuda corporativa, y por encima de 8% para el subsoberano.

«Estos niveles siguen ofreciendo un rendimiento real interesante por encima de la inflación de Estados Unidos», detalla Botta. 

Y agrega: «La curva de rendimientos se encuentra más comprimida que hace unos meses, lo que hace que estos tramos intermedios y largos sean particularmente atractivos». 

El 33% restante de la cartera «ideal» de inversiones está orientado a una estrategia en pesos, pensada para «capturar las tasas todavía altas que ofrece el mercado local, sin resignar liquidez», suma la analista. 

Esta opción la recomienda a través de realizar fondos de inversión de corto plazo y Lecaps (Letras de Capitalización) que vencen en las próximas semanas, ya que «se busca hacer tasa de manera estratégica, con capacidad de reacción rápida ante variaciones macroeconómicas», finaliza Botta. 

El Ministerio de Economía calcula que el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves podría generar una pérdida de USD 575 millones, aunque la cifra depende del nivel de acatamiento. La protesta, impulsada en rechazo a la reforma laboral, coincide con la persistente incertidumbre en la Cámara de Diputados, donde aún falta el dictamen de comisión para tratar el proyecto.

Según fuentes oficiales de Economía consultadas por Infobae, el impacto estimado responde a proyecciones sectoriales que consideran la adhesión variable de cada rubro, en un contexto atravesado por la presión sindical y el reciente cierre de la fábrica FATE. Una fuente del Ministerio precisó que el cálculo “da aproximadamente USD 575 millones, asumiendo un acatamiento promedio de entre 30% y 50%, según la actividad”. Así, el paro se perfila como uno de los más costosos de los últimos años, aunque proporcionalmente menor respecto de huelgas anteriores con mayor participación.

La información se difundió tras la confirmación del paro nacional por parte de la CGT, que responsabilizó al Ejecutivo por el cierre de FATE y lo presentó como muestra de la crisis industrial. La central obrera sostuvo que la decisión empresarial constituye una señal de alerta para el sector manufacturero y atribuyó la situación al “fracaso del plan económico del Gobierno”. El objetivo de la medida es expresar el rechazo sindical a la reforma impulsada por el Gobierno, que, según la CGT, pone en riesgo derechos laborales y podría agravar la pérdida de empleo. En su comunicado, la central sindical describió la clausura de FATE como un llamado de atención para el sector productivo y respaldó el paro como respuesta ante el “fracaso del plan económico del Gobierno”.

La CGT vinculó la convocatoria con el cierre de FATE y la situación de la industria, argumentando que el evento refleja las dificultades que enfrenta el sector productivo ante el contexto económico y los cambios en la legislación laboral. Representantes sindicales definieron el paro nacional como una herramienta legítima para la defensa del empleo y las condiciones laborales.

Las huelgas generales previas convocadas por la CGT y otras organizaciones sindicales generaron pérdidas de hasta USD 544 millones, cifra registrada durante la medida del 9 de mayo de 2024, según datos del Instituto de Economía de la UADE. En esta ocasión, se anticipa un menor nivel de acatamiento y el Gobierno presiona por la no adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con la amenaza de quitarle la personería jurídica al encontrarse en conciliación obligatoria.

En 2025, el paro del 10 de abril sirvió como antecedente para analizar estas variaciones. En esa oportunidad, el funcionamiento habitual de los colectivos amortiguó la caída de la actividad, con un costo económico de USD 194 millones, equivalente al 6,4% del PBI diario. No obstante, los modelos técnicos advirtieron que, sin transporte, esa jornada habría costado USD 539 millones, casi el triple, lo que subrayó la importancia de la movilidad para el comercio y la industria.

Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, explicó la dinámica estructural de estas protestas. El economista indicó: “Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en quinientos millones de dólares, entre quinientos y seiscientos millones”. Esta estimación coincide con el impacto de otros paros masivos, como el del 9 de mayo de 2024, cuando la inactividad total generó una pérdida de USD 544 millones, alcanzando el 24,3% del PBI de ese día.

El factor determinante para el jueves próximo residió en la presencia de los colectivos en las calles: y los gremios de transporte ya anunciaron que adherirán. Álvarez destacó este punto al señalar: “El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre quinientos y seiscientos millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro”. Esta previsión colocó a la medida de fuerza en el rango más alto de impacto económico, debido a que la falta de transporte impidió que los empleados de sectores no sindicalizados llegaran a sus puestos de trabajo.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano, destacaron que está vigente la conciliación obligatoria y que, por lo tanto, no deberían adherir porque, de lo contrario, corren el riesgo de que se les quite la personería jurídica (representación sindical). Mientras que en el sindicato que conduce Roberto Fernández guardan silencio.

El escenario actual se diferencia de protestas anteriores por el menor nivel de adhesión previsto, la coyuntura industrial y el clima político. La CGT reiteró que el cierre de FATE es un mensaje de advertencia para el empleo y la producción, mientras que el Gobierno sostiene la necesidad de avanzar con la reforma laboral.