La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy jueves 19 de febrero el pago de diversas prestaciones sociales, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según el cronograma oficial correspondiente a febrero de 2026. El calendario de pagos, determinado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), alcanza a millones de beneficiarios en toda la Argentina. Los haberes se actualizan este mes con un incremento del 2,8% en línea con la inflación registrada en diciembre, conforme a la fórmula de movilidad vigente.

La actualización de los montos impacta de manera directa tanto en las jubilaciones como en las asignaciones, incluyendo el pago de bonos extraordinarios para sectores más vulnerables. El refuerzo adicional de $70.000 se mantiene para quienes perciben el haber mínimo, mientras que las asignaciones familiares también se incrementan en el mismo porcentaje.

Hoy jueves 19 de febrero, corresponde el pago a los titulares de diferentes prestaciones, según la terminación de su DNI y el tipo de beneficio.

Las personas cuyo DNI finaliza en 6 y 7 pueden cobrar su prestación hoy. Este grupo integra a quienes perciben la jubilación o pensión mínima establecida por la ANSES para febrero de 2026.

El pago para titulares cuyo DNI termina en 6 está disponible desde hoy. Estos beneficios alcanzan a familias con hijos menores de 18 años y a personas con discapacidad, según los requisitos vigentes.

Las beneficiarias cuyo DNI finaliza en 5 acceden hoy al cobro de la AUE, prestación destinada a mujeres embarazadas que cumplen los requisitos establecidos por la ANSES.

Hoy corresponde el pago a titulares cuyos DNI finalizan en 8 y 9. Este beneficio se otorga a trabajadoras registradas y monotributistas durante el embarazo y el período de licencia por maternidad.

Estas asignaciones pueden cobrarse desde el 10 de febrero y hasta el 12 de marzo, independientemente de la terminación del DNI. Incluyen los beneficios por matrimonio, adopción y nacimiento.

El calendario para Pensiones No Contributivas concluyó el 13 de febrero para todas las terminaciones de DNI, pero quienes no hayan cobrado en fecha pueden hacerlo hasta 60 días después.

Este beneficio continúa disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 9 de febrero y el 12 de marzo, de acuerdo con los lineamientos oficiales.

La prestación por desempleo correspondiente a DNI terminados en 0 y 1 se abonará el próximo 24 de febrero, por lo que hoy no está incluida en el pago.

El haber mínimo jubilatorio en febrero de 2026 es de $359.219,42. A este monto se suma el bono previsional vigente de $70.000, lo que eleva el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo a $429.079,70. El refuerzo está congelado desde marzo de 2024 y se mantiene como parte de la política de contención para los sectores de menores ingresos.

Para el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto se ubica en $287.375,53, equivalente al 80% de la jubilación mínima. En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascienden a $251.453,59, cerca del 70% del haber mínimo, y también incluyen el bono de refuerzo. El haber máximo para jubilados en febrero se ubica en $2.417.441,63.

La actualización de los haberes se realiza de manera automática en función del índice de movilidad, mecanismo que ajusta los ingresos previsionales en función de la variación inflacionaria y la recaudación de la Seguridad Social. La consulta sobre el monto exacto a cobrar puede realizarse en la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y clave de la Seguridad Social.

El monto general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $129.096, con un pago directo de $103.276,80 tras la retención habitual del 20%. Para quienes perciben la AUH por hijo con discapacidad, el valor actualizado es de $420.354, con un pago directo de $336.283,20. Las asignaciones familiares SUAF varían según los ingresos del grupo familiar; el primer rango establece $64.554 por menor y $210.186 por hijo con discapacidad.

En lo referente a la Asignación Universal por Embarazo, el monto se alinea con la AUH general, permitiendo a las beneficiarias acceder al mismo esquema de actualización y pagos. Las asignaciones de pago único también fueron incrementadas: nacimiento sube a $75.246, adopción a $449.888 y matrimonio a $112.668.

El monto de la Prestación por Desempleo en febrero de 2026 se ubica entre $170.500 y $341.000, ya que se abona a mes vencido, de modo que los nuevos topes comenzarán a regir a partir del mes siguiente.

Para acceder a la información completa y consultar el estado de cada prestación, la ANSES recomienda ingresar a su sitio web oficial o utilizar la aplicación Mi ANSES, donde cada beneficiario puede verificar la fecha exacta de cobro y el monto liquidado. La entidad recuerda que los fondos permanecen disponibles en las cuentas bancarias hasta 60 días después de la fecha asignada para el pago, y que no es necesario realizar ningún trámite adicional para percibirlos.

El Gobierno dio un nuevo paso en la ley de «inocencia fiscal», especialmente en su potencial para que afloren y comiencen a circular los dólares «en el colchón», con el objetivo de dinamizar la actividad económica.

En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia, difundieron un documento conjunto para recordar a los bancos que las normas de Prevención de Lavado de Activos «no prohíben los depósitos en efectivo, independientemente de su monto».

Entre otros aspectos, actualiza las condiciones objetivas de punibilidad para que se tipifique el delito de evasión tributaria elevando significativamente el umbral económico requerido para su configuración; crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone a disposición del contribuyente una declaración jurada precargada, que puede ser revisada, validada y presentada, y cuyo pago en término otorga un efecto liberatorio que acota y condiciona eventuales fiscalizaciones futuras.

Asimismo, en línea con el Principio de Inocencia Fiscal, la norma redefine el vínculo entre el contribuyente y la administración tributaria al establecer que ARCA debe presumir el cumplimiento fiscal salvo prueba en contrario, limitando controles patrimoniales preventivos y abandonando la lógica histórica de persecución generalizada.

Cuántos dólares se pueden depositar sin presentar ninguna documentación

El texto remarca además que tampoco se exige «la solicitud de información sobre el origen de los fondos en línea de caja como condición para aceptarlos» cuando las colocaciones no superen el equivalente a 40 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

«La obligación normativa se limita a la identificación del depositante y del titular cuando el monto supera los 40 SMVM», detalla el documento oficial.

Con el salario mínimo fijado este mes en $346.800, ese umbral equivale a $13.872.000, es decir, unos u$s9769 al tipo de cambio vendedor de $1420 del Banco de la Nación Argentina.

Por debajo de ese límite, aclararon fuentes oficiales, «no hay obligación alguna de solicitar documentación respaldatoria».

La comunicación se conoció días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, instara públicamente a los argentinos a ingresar al sistema financiero los dólares atesorados fuera del circuito formal. «Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco», sostuvo, al señalar que esa dinámica permitiría acelerar el crecimiento, reducir impuestos en el mediano plazo y generar más empleo formal, además de ofrecer la posibilidad de obtener intereses en dólares.

El Decreto 93/2026, que reglamentó la Ley 27.799, establece que los sujetos obligados deben considerar la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada como un antecedente favorable en su análisis de riesgo.

Asimismo, insta a bancos y agentes financieros a revisar umbrales operativos y requerimientos documentales cuando el origen y destino de los fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, siempre que el monto involucrado sea inferior al umbral que configura el delito de evasión tributaria.

En esos casos -recuerda la norma- podrá resultar innecesario exigir documentación adicional si, bajo un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) razonable, no se detectan inconsistencias relevantes.

Dólares del colchón: otros puntos clave del decreto

El Decreto 93/2026 del 08/02/2026, que reglamenta la Ley 27.799, insta a los sujetos obligados a que consideren la adhesión de un contribuyente al Régimen de Declaración Jurada Simplificada como antecedente favorable en su análisis de riesgos.

Cuando el origen y la aplicación de fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, y el monto involucrado sea inferior al umbral establecido para la configuración del delito de evasión tributaria, podrá resultar innecesario requerir documentación adicional cuando, conforme al análisis integral de riesgo efectuado por el sujeto obligado, no se identifiquen inconsistencias relevantes en línea con un EBR (Enfoque Basado en Riesgos) razonable.

En función de este enfoque, los Sujetos Obligados deberán efectuar un análisis integral del cliente, que contemple sus características, su comportamiento transaccional y la naturaleza y razonabilidad de sus operaciones, y no limitar su evaluación a una consideración exclusiva de su perfil impositivo o fiscal.

En este marco, y con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera, fomentar el uso de canales formales y preservar la integridad del Sistema Preventivo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el EBR constituye un elemento esencial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de los fondos depositados en el sistema financiero.

En consecuencia, los sujetos obligados deberán ajustar sus sistemas de prevención mediante la actualización correspondiente de sus matrices de riesgo, a fin de que reflejen las modificaciones normativas vigentes —en particular, el incremento de la condición objetiva de punibilidad— y permitan optimizar la categorización de clientes, el monitoreo de operaciones y la gestión de las alertas internas generadas por sus sistemas. Todo ello, con el propósito de evitar requerimientos de justificación de fondos que resulten inconsistentes con el EBR y con la normativa aplicable.

Por lo expuesto, se exhorta a los sujetos obligados a fortalecer el Enfoque Basado en Riesgo y a actualizar sus sistemas de prevención de LA/FT/FP, de conformidad con la Resolución 14/2023 y sus modificatorias, manteniendo vigentes las obligaciones en materia de prevención de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, emergentes de la Ley 25.246 y sus modificatorias.

Con estos cambios, el Gobierno apuesta a acelerar a fondo con la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal y captar los dólares del colchón, en un contexto de tipo de cambio en calma y consumo retraído.

El cierre definitivo de la planta industrial de Fate en la localidad bonaerense de San Fernando marca el final de una trayectoria de más de 80 años en la fabricación de neumáticos en la Argentina.

La decisión de la empresa de la familia Madanes Quintanilla, que implica el despido de sus 920 trabajadores y la liquidación de activos, es el desenlace de un proceso de deterioro operativo y financiero que se extendió durante la última década. La historia de esta caída puede sintetizarse en tres hitos críticos que reflejan el impacto de variables macroeconómicas y una persistente conflictividad gremial.

Si bien el Gobierno dictó ayer la conciliación obligatoria y la empresa aseguró que la acatará, también le dijo a este medio que “la empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas”.

El primer hito de la fase final de este declive corresponde a marzo de 2019, cuando Fate solicitó ante el entonces Ministerio de Producción y Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). En aquel momento, la empresa empleaba a 2.000 trabajadores y advirtió que la sustentabilidad del negocio estaba en riesgo inminente. A través de una misiva enviada a las autoridades nacionales, la firma calificó su situación como “gravísima” y señaló que los cambios en las reglas de juego —específicamente la eliminación de reintegros a la exportación, la imposición de derechos de exportación y las elevadas tasas de interés— habían erosionado su capacidad operativa.

Durante ese período, Fate destacó que más del 50% de su producción se destinaba al mercado externo, lo que la hacía vulnerable a la pérdida de competitividad exportadora. La dirección de la empresa argumentó que la estructura de costos local, sumada a una caída del consumo interno y a la competencia de importaciones, impedía mantener el nivel de actividad.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) rechazó los argumentos patronales, vinculando la situación a una falta de inversión tecnológica y no a un exceso de costos laborales. Este primer momento cerró con una adecuación de la plantilla, pero las causas estructurales del conflicto permanecieron latentes.

Los problemas con el sindicato no terminaron ahí, sino que se mantuvieron latentes a lo largo de los años. Sin ir más lejos, a finales de 2022 el sector atravesó una crisis de abastecimiento sin precedentes debido a un conflicto gremial que paralizó totalmente las tres plantas de neumáticos del país: Fate, Bridgestone y Pirelli. El Sutna, bajo la conducción de Alejandro Crespo, llevó adelante bloqueos y paros por tiempo indefinido en reclamo de aumentos salariales y el pago de horas de fin de semana al 200%. En el caso de Fate, la empresa intimó al sindicato ante la imposibilidad de operar y advirtió sobre los daños a la maquinaria y la pérdida de mercados. Este episodio consolidó una relación de extrema tensión entre la empresa y la representación sindical, factor que la compañía mencionaría recurrentemente como un obstáculo para la productividad.

Cinco años después de su primer intento de reestructuración, Fate volvió a solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis en julio de 2024. Luego de algunas idas y vueltas, el Gobierno no se lo otorgó.

Este segundo momento clave estuvo signado por un cambio drástico en la política comercial. El Gobierno redujo los aranceles de importación para neumáticos de camiones y buses del 35% al 16%, con el objetivo de bajar los costos logísticos en el país. Esta medida, sumada a la persistencia de derechos de exportación y a una brecha de costos con el exterior que la empresa calificó de “insalvable”, precipitó el despido de 97 empleados en una primera instancia.

En sus comunicaciones oficiales de ese año, Fate detalló que la planta operaba con una baja utilización de su capacidad instalada debido a la imposibilidad de competir con productos fabricados en otros mercados que contaban con subsidios e incentivos. La caída de la demanda interna, afectada por la contracción de la industria automotriz —que en abril de 2024 registró una baja interanual del 21% en su producción—, redujo el margen de maniobra de la fabricante. La empresa sostuvo que, pese a las inversiones realizadas para modernizar la planta de San Fernando, los sobrecostos derivados de la carga tributaria, la deficiente infraestructura y el ausentismo laboral hacían que el costo final del neumático argentino fuera muy superior al internacional.

Esta semana Fate oficializó el cese total de sus actividades industriales en la planta de San Fernando, una decisión que la empresa calificó como el desenlace inevitable de un contexto de negocios adverso. Tras 80 años de trayectoria, la histórica fabricante de neumáticos anunció el despido de sus 920 empleados, confirmando que dejaría de producir en el país para reorientar su modelo hacia la importación de productos fabricados en otros mercados.

La empresa fundamentó el cierre definitivo en la imposibilidad de sostener la operación frente a una estructura de costos locales que, según sus comunicados previos de 2024, incluía una “abusiva sobrecarga impositiva”, derechos de exportación (único caso en el mundo para este sector) y una baja productividad laboral afectada por la conflictividad gremial. Fate señaló que el costo final de un neumático fabricado en Argentina se volvió significativamente superior al de productos extranjeros, generando una “brecha de competitividad insalvable” que terminó por desplazar a la producción nacional.

Este escenario se vio agravado por las medidas de apertura comercial implementadas desde mayo de 2024, cuando el Gobierno redujo los aranceles para la importación de neumáticos del 35% al 16%. Esta política, que buscaba bajar los costos logísticos internos, facilitó el ingreso masivo de cubiertas del exterior. Según los registros de ese año, el mercado interno ya mostraba una fuerte permeabilidad al ingreso de neumáticos en condiciones que la empresa enmarcó como “comercio desleal”, sumado a una caída sostenida en la demanda interna de neumáticos, vinculada directamente a la contracción de la producción automotriz en el país. Con este cierre, la mayor empresa de capitales nacionales del sector puso fin a su ciclo productivo en la Argentina.