En medio del debate de la reforma laboral, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es uno de los artículos que más dudas está generando puertas adentro del Congreso y críticas de legisladores opositores. En este marco, el Ieral, de la Fundación Mediterránea, planteó dudas respecto a su impacto, diseño y efectividad.

El FAL tiene como objetivo inicial asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones por despido sin causa, mutuo acuerdo de desvinculación y muerte del trabajador, entre otros. De esta manera, los empleadores tienen una mayor flexibilidad para efectuar despidos.

En primer lugar, el informe del Ieral aseguró que reducir los costos del empleo formal es clave para mejorar el mercado laboral, pero el debate en el Congreso va más allá de modificar reglas puntuales. Consideran que la reforma será relevante si logra estimular la formalización y, al mismo tiempo, demuestra consistencia fiscal y sostenibilidad en el tiempo.

El contexto es complejo: entre 2023 y 2025 se sumaron unos 200 mil nuevos desocupados, lo que refleja la dificultad crónica para generar empleo al ritmo de una oferta laboral en aumento.

El empleo asalariado privado permanece estancado, mientras que la informalidad sigue creciendo y ya supera el millón de nuevos trabajadores informales desde 2012. Este fenómeno revela que, ante las restricciones, el ajuste laboral no solo se traduce en más desempleo, sino también en una mayor precarización y expansión de empleos de baja calidad.

En este contexto surge uno de los puntos más sensibles del proyecto del Gobierno: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Al respecto, el IERAL opinó: “Más allá de su objetivo de reducir la incertidumbre asociada al despido, el diseño del FAL plantea algunos aspectos discutibles. Su costo fiscal directo se estima en torno al 0,5% del PIB, un valor significativo en un contexto de restricción presupuestaria. Además, su impacto neto depende de que efectivamente se genere empleo formal adicional, algo que no está garantizado”.

“A esto se suma un problema de diseño, una prima homogénea (porcentaje fijo que todas las empresas deben pagar) del 3% que puede resultar insuficiente para empresas con alta rotación donde cubriría solo una fracción de las indemnizaciones y, al mismo tiempo, generar acumulaciones excesivas en firmas con baja rotación y planteles más estables”, detalló.

Vale recordar que, según el texto oficial, el financiamiento del Fondo se realizaría a través de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero las contribuciones se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador.

El estudio subraya que ese diseño puede generar distorsiones e incentivos poco claros, además de mayor complejidad administrativas. Como alternativa, el Ieral afirma que el mínimo no imponible aplicado sobre la masa salarial aparece como un instrumento más simple, focalizado y fiscalmente más acotado, ya que reduce de manera permanente la carga en los segmentos donde la informalidad es más elevada.

Más en detalle, este mínimo no imponible, elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano, propone reformular el esquema de contribuciones patronales aplicando el mínimo sobre la masa salarial total de la empresa y no por trabajador, incorporando progresividad y focalización en las pequeñas empresas.

Se trata de una herramienta fiscal que establece un umbral de remuneración a partir del cual los empleadores comienzan a pagar contribuciones patronales.

Las estimaciones del documento oficial permiten cuantificar el impacto fiscal. Los distintos escenarios planteados de mínimo no imponible implicarían un costo anual que oscila entre 0,05% y 0,23% del PIB, según el monto establecido, acompañado por la creación de nuevos empleos registrados.

“Incluso bajo supuestos conservadores sobre la respuesta del empleo formal, los costos netos resultan significativamente menores que los asociados a una reducción generalizada de contribuciones. Además, al concentrar el beneficio en micro y pequeñas empresas se minimiza el riesgo de subsidiar puestos que ya eran formales, mejorando la eficiencia del esfuerzo fiscal”, señaló Laura Caullo, responsable de la sección social-laboral del Ieral.

“La discusión de fondo no es si hay que modernizar el mercado laboral. Eso es indiscutible. La cuestión es elegir el instrumento que permita ampliar el empleo formal con el mayor impacto posible y el menor costo fiscal. En esa comparación, el mínimo no imponible ofrece una relación más equilibrada entre formalización e impacto sobre las cuentas públicas. La reforma laboral abre una oportunidad, que se traduzca en empleo registrado dependerá, en buena medida, del diseño que finalmente se adopte”, concluyó.

Los jubilados que cumplen con los 30 años de aportes exigidos por la ley previsional acceden a un haber inicial calculado según su historial salarial. En los casos en que se superan esos años mínimos, el sistema previsional argentino reconoce un adicional por cada año trabajado de más, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El haber jubilatorio inicial se determina a partir del promedio de los últimos 120 salarios actualizados, correspondientes a los últimos 10 años de actividad laboral. En este cálculo no se incluye el aguinaldo.

Para obtener ese promedio, la ANSES suma los 120 sueldos y divide el total por 120. El resultado se actualiza mediante un índice oficial que refleja la evolución de los salarios y la movilidad previsional.

Desde noviembre de 2025, el cálculo incorporó un cambio relevante. A través de la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano, se estableció un índice combinado que promedia la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el índice de movilidad jubilatoria. Este coeficiente se aplica únicamente a quienes se jubilan a partir de diciembre de 2025.

Jubilación con más de 30 años de aportes: cómo impacta en el haber

Cuando una persona acredita más de 30 años de aportes, el sistema previsional reconoce un adicional del 1% por cada año excedente, con un tope máximo del 15%. Esto equivale a un reconocimiento total de hasta 45 años de aportes.

Si el haber resultante, aun con ese adicional, queda por debajo del valor de la jubilación mínima vigente, el beneficiario cobra igualmente el haber mínimo garantizado por el Estado.

Hasta su finalización, la moratoria previsional permitió que quienes alcanzaban la edad jubilatoria sin reunir los 30 años exigidos regularizar aportes faltantes y acceder, en la mayoría de los casos, a una jubilación mínima.

Cuánto cobra un jubilado en marzo de 2026

Desde marzo de 2026, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,9%, conforme a la fórmula de movilidad vigente. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, informado por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $369.495,16, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.486.347,64. El aumento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), estableciendo un nuevo piso de ingresos.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos. Con este adicional, el ingreso mínimo garantizado en marzo rondará los $439.495,16.

El refuerzo se abonará de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, quienes perciban montos superiores a la mínima pero inferiores al tope establecido recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese límite. Aquellos que superen los $439.495 no accederán al beneficio.

En el caso de las PNC, el ingreso total con bono será de $328.649,34, mientras que la PUAM alcanzará los $365.596,53 tras la aplicación del extra.

Qué es el juicio por reajuste jubilatorio y cuándo corresponde

El juicio por reajuste jubilatorio es una acción judicial mediante la cual un jubilado o pensionado solicita la revisión del cálculo de su haber, ya sea del monto inicial o de los aumentos posteriores, cuando considera que la fórmula aplicada por ANSES fue incorrecta o desfavorable.

En distintos fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que ciertos índices utilizados por ANSES no reflejaban adecuadamente la evolución de los salarios, lo que habilitó miles de reclamos judiciales.

La ley bajo la cual te jubilaste y su impacto en el reajuste

Antes de iniciar un juicio, es clave identificar el régimen legal aplicable:

• Ley 18.037: quienes se jubilaron bajo este régimen suelen obtener una corrección casi total del haber.

• Ley 24.241: los criterios de recálculo se apartan de la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que puede implicar resignar parte del haber potencial si se acepta la propuesta de ANSES sin litigar.

Cada caso requiere un análisis técnico individual, preferentemente con un abogado previsionalista independiente.

Cuándo conviene iniciar un juicio de reajuste jubilatorio

Existen situaciones frecuentes en las que el reclamo judicial puede resultar procedente:

• Errores en el cálculo del haber jubilatorio, como aportes omitidos o topes indebidos

• Haber inferior al 82% móvil de los últimos salarios

• Haber igual o inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil

El juicio de reajuste puede iniciarse para jubilaciones otorgadas hasta marzo de 2018, período en el que existía un vacío legal en la fórmula de cálculo. Para jubilaciones posteriores, la normativa ya estableció un esquema definido.

Plazos, honorarios y pago de sentencias judiciales

Los juicios previsionales suelen demorar entre 5 y 7 años, según la complejidad del caso y la carga de los tribunales. Los honorarios profesionales, en general, se pagan solo si el jubilado obtiene un resultado favorable.

Una vez dictada la sentencia, ANSES liquida el nuevo haber y los retroactivos adeudados. Si el pago no se efectúa en la fecha asignada, los fondos regresan al organismo y se reprograman automáticamente.

Según el Comunicado A-7028 del BCRA, el cobro de sentencias por reajuste jubilatorio se realiza por ventanilla bancaria, sin necesidad de turno previo.

Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), calificó como “muy buenas” las discusiones entre el personal del organismo y las autoridades argentinas durante la misión reciente para la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y la consulta del Artículo IV. “Estas conversaciones continúan en el contexto de una agenda de reformas amplia que impulsa el Gobierno”, afirmó Kozack.

La funcionaria sostuvo que el objetivo de este programa es “consolidar los logros de estabilización que la Argentina alcanzó hasta ahora, al tiempo que fortalece las bases para un crecimiento duradero”. Además, Kozack remarcó que “desde el inicio del año, observamos pasos muy importantes para reforzar la confianza y la estabilidad externa”.

En ese sentido, la portavoz del FMI señaló que el organismo se mostró “especialmente alentado por los recientes ajustes en el régimen monetario y cambiario, y por las compras diarias de divisas para cumplir con las obligaciones de deuda y reconstruir las reservas”. Según Kozack, “el Banco Central de la Argentina compró más de dos mil millones de dólares en moneda extranjera desde el inicio del año”.

Kozack insistió en que “la acumulación sostenida de reservas, apoyada por la continuidad del ancla fiscal de balance cero, será esencial para garantizar el acceso estable a los mercados y permitir que el país pueda enfrentar mejor los shocks”.

Respecto a las reformas estructurales, la directora de comunicaciones indicó que “los esfuerzos por profundizar los cambios en Argentina siguen adelante”. Destacó que “hubo medidas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad, pero también a respaldar la creación de empleo”. Agregó que “estas iniciativas están siendo debatidas en el Congreso”.

Además, Kozack valoró la apertura de la economía argentina y la búsqueda de inversiones: “Damos la bienvenida a los pasos que se están dando para abrir la economía al comercio y atraer inversiones, incluido el progreso en acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, este último a través de Mercosur”.

Sobre el proceso de reformas, Kozack subrayó que “mitigar apropiadamente los costos asociados con la transición también será importante para la Argentina”. Esta referencia se inscribió en el contexto del impulso de medidas estructurales, la apertura comercial y la atracción de inversiones extranjeras.

Al referirse a la calidad de las estadísticas oficiales, Kozack manifestó que el FMI mantiene un diálogo fluido con las autoridades. “Estamos profundamente comprometidos con los esfuerzos para salvaguardar la calidad, precisión y transparencia del sistema estadístico argentino. En nuestras conversaciones, coincidimos en que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y la confianza pública”, aseguró.

Las discusiones técnicas sobre la segunda revisión del acuerdo y la consulta del Artículo IV siguen en curso. Kozack explicó que “el próximo paso será, en caso de lograr un acuerdo a nivel de staff, preparar la documentación y someterla a consideración del directorio ejecutivo. Por ahora, seguimos en la fase de conversaciones”.

Kozack subrayó durante su intervención que “las discusiones siguen en curso y se desarrollan en el marco de una agenda de reformas que las autoridades argentinas están impulsando con determinación”. Enfatizó que el FMI mantiene “un diálogo constructivo y permanente con el Gobierno, enfocado en asegurar que los progresos observados hasta el momento puedan sostenerse en el tiempo”.

La vocera del Fondo hizo hincapié en la importancia de “la implementación continua de las políticas acordadas”, ya que, en sus palabras, “la sostenibilidad de las medidas adoptadas por Argentina será determinante para consolidar la confianza de los mercados y mantener la estabilidad lograda en los últimos meses”.

Kozack también se refirió a la estrategia del Banco Central: “El hecho de que el Banco Central haya realizado compras diarias de moneda extranjera representa un paso clave para fortalecer la posición externa del país y atender las obligaciones de deuda”. Agregó que “la reconstrucción del colchón de reservas internacionales forma parte de los objetivos centrales del programa”.

Respecto a la agenda legislativa, Kozack manifestó: “Las reformas laborales que están siendo debatidas en el Congreso representan una oportunidad para abordar problemas históricos del mercado de trabajo, como la informalidad, al mismo tiempo que buscan fomentar la creación de empleo”.

En relación a la apertura comercial, expresó: “El FMI valora positivamente los avances en la negociación de acuerdos comerciales. Creemos que estos convenios pueden contribuir a dinamizar la economía argentina y atraer inversiones productivas”.

Consultada sobre el acceso a los mercados internacionales, Kozack señaló: “El acceso duradero a los mercados requiere no solo disciplina fiscal y acumulación de reservas, sino también un compromiso sostenido con la transparencia y la calidad de los datos estadísticos”.

Kozack reiteró el compromiso del organismo con la transparencia: “El FMI está profundamente comprometido con los esfuerzos de Argentina para mejorar la calidad, precisión y transparencia de su sistema estadístico. La disponibilidad de datos confiables es fundamental para la toma de decisiones de política económica”.

Por último, la funcionaria recordó que el proceso de revisión técnica “seguirá su curso habitual, con nuevas actualizaciones a medida que avancen las discusiones y, eventualmente, con la presentación de la documentación correspondiente al directorio ejecutivo”.