Tras el llamado a indagatoria a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, desde la entidad calificaron de “prematuro y carente de justificación” la citación de la Justicia. Por medio de un comunicado aseguraron que la entidad “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales” tomadas en la denuncia en cuestión.

Así, desde el organismo que preside Tapia se deslindaron de las acusaciones volcadas en la denuncia presentada por ARCA. “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”, señalaron.

Según remarcaron desde la entidad, “el pago de las obligaciones se realizó antes de su vencimiento”, por lo que cuestionaron que el organismo recaudador busque considerar esos compromisos —que, según sostienen, aún no se encontraban vencidos— como sustento de la presunta comisión de un delito penal tributario. En ese sentido, afirmaron que el planteo de ARCA se encuentra “en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.

Además, desde la AFA señalaron que la institución es “la única entidad” denunciada penalmente por ARCA en una situación impositiva y previsional que, aseguran, comparten otras organizaciones sin fines de lucro del país. En el comunicado, insistieron en que el llamado a indagatoria se produjo mientras permanecen pendientes de resolución planteos judiciales que —según la entidad— demostrarían la inexistencia del delito denunciado.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos. Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Las audiencias fueron fijadas para el 5 de marzo en el caso de Tapia y el 6 de marzo para Toviggino. A los directivos se los investiga por el presunto delito de omisión en el pago de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados.

Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.

En cuanto a la prohibición de salida del país, el magistrado fundamentó la medida en “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponder en caso de condena, además de la necesidad de garantizar la realización de los actos procesales. La restricción fue comunicada a los abogados defensores, a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad Nacional. No está definido si la medida será revisada tras las indagatorias, en un calendario que incluye compromisos internacionales de la selección argentina, como la Finalissima prevista para el 27 de marzo frente a España.

La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez, quienes fueron citados a declarar en distintas fechas. En la resolución, el juez sostuvo que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.

El diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla protagonizó uno de los momentos más controvertidos de la sesión en la Cámara de Diputados donde se debate la reforma laboral. El exsecretario de Derechos Humanos le entregó una cadena al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en protesta por la iniciativa. “Es una ley que nos retrotrae a la esclavitud”, argumentó.

El debate por la reforma laboral comenzó pasado el mediodía, luego de que el oficialismo consiguiera el quórum con la ayuda de sus aliados y referentes de los gobernadores de Tucumán, Salta, San Juan, Santa Cruz, Misiones y Catamarca. Debido a la falta de acuerdo durante la labor parlamentaria sobre los lineamientos de la sesión, la pulseada fue ganada en el recinto por los libertarios.

Allí se decidió que sería un debate acotado, con homenajes y cuestiones de privilegio limitadas. Por ello es que, cuando le tocaba hablar a su compañera de banca Vanesa Siley, Pietragalla pidió una interrupción, que le fue otorgada.

“Señor presidente, quería manifestar la disconformidad de que, en una ley que viene a robar tantos derechos a los trabajadores, se limite la voz a solamente 40 diputados, cuando sabemos que en una ley tan importante tendrían que tener la voz todos los presentes”, reclamó.

Luego, aseguró que la ley “retrotrae a la esclavitud” y que, por ello, entregaría una cadena a Menem. “Voy a hacer entrega del símbolo de esta ley, que es un retroceso para nuestros derechos laborales históricos y nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente”, detalló, mientras se levantaba de su banca para acercarse al estrado de Menem.

En paralelo, el presidente de la Cámara baja le dio la palabra a Siley. Al ver que Pietragalla se acercaba, le aclaró: “A mí no me puede entregar nada, diputado”. Sin embargo, el diputado continuó con su tarea y apoyó una cadena metálica sobre el escritorio de Menem.

“Le pido que respete el reglamento y retire lo que ha dejado acá, diputado. Es una falta de respeto al reglamento que pidió la diputada Teresa García también. No está permitido así que por favor le pido que este o cualquier objeto que quiera dejar acá, lléveselo”, expresó. Sin embargo, Pietragalla no se acercó al estrado, sino que volvió a su banca acompañado por aplausos de sus compañeros de Unión por la Patria.

La reforma tiene más de 200 artículos y se agrupa en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinados a medianas inversiones.

Sectores de la oposición aseguraron que, si el proyecto se convierte en ley, la puja se trasladará a los tribunales.