POLITICA
Indagará a Tapia y Toviggino: quién es Diego Amarante, un juez de perfil severo y alejado de los operadores judiciales
Lejos de los espacios donde se mueven los operadores judiciales y con fama de severo ante el narcotráfico, el juez Diego Amarante es el primero que citó a prestar declaración indagatoria como sospechosos de evasión fiscal a la Asociación del Fútbol Argentino y sus máximas autoridades, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Amarante es un hombre de los tribunales, donde ingresó como auxiliar y escribiente −cuando estaba estudiando en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)− en distintos tribunales orales en lo penal económico y en juzgados nacionales.
Luego trabajó en la Cámara Federal de Casación penal, el máximo tribunal penal del país con el entonces camarista Eduardo Riggi; era su relator. “Mano dura”, resumió uno de sus colegas ante para referirse a ambos.
Su carrera se la debe a Riggi, el juez a quien Alberto Fernández no le quiso dar un nuevo acuerdo cuando llegó a los 75 años. En la Casación estuvo 15 años, entró como empleado y salió como juez.
Llegó a juez en lo Penal Económico N° 5 el 22 de diciembre de 2014, cuando gobernaba Néstor Kirchner.
Hijo de un militar, Amarante tiene 51 años y defendió a su padre en una causa por violaciones a los derechos humanos en la que fue sobreseído, a comienzos del kirchnerismo.
Tiene particular empatía con los uniformados y comprensión por las fuerzas policiales con las que le toca trabajar, dijeron sus allegados a .
Cercano a la Embajada de los Estados Unidos, no se pone colorado si le toca trabajar con la DEA u otras fuerzas extranjeras en la medida en que la información sea buena y le permita ir para adelante, señalan quienes conocen su pensamiento. También lo consideran equilibrado en sus análisis ante los planteos de la ARCA.
Es duro con sus imputados, aunque en particular en las causas de narcotráfico, coinciden en afirmar funcionarios del fuero penal económico.
Su severidad, que en ocasiones podía transformarse en desequilibrios en contra del imputado, le mereció que la Cámara de Apelaciones le hiciera algunos comentarios.
Su máximo enfrentamiento con la Cámara de Apelaciones ocurrió el año pasado, en una causa por drogas donde insistía para procesar a los acusados, y el tribunal le pidió que siguiera investigándolos antes de decidir.
Tanto fue y vino el expediente desde la Cámara que, al final, cansado, Amarante sobreseyó a los imputados y le preguntó por escrito a sus superiores si pretendían como prueba una foto de los acusados sentados encima de la droga. Un arrebato.
Quienes lo conocen en los tribunales, dijeron a que Amarante es ajeno al submundo de las operaciones y los operadores judiciales, rasgo que compartiría con el fiscal de la causa, Claudio Navas Rial. Un dato relevante en esta causa donde los acusados de la AFA no sólo tejieron fuertes vínculos con jueces y fiscales, a los que incorporaron a los tribunales internos de disciplina, sino que también se valieron de influyentes personeros para acercar su punto de vista, con “alegatos de oreja” que pretenden dejarlos mejor parados.
Amarante tuvo causas de alto perfil, como la que le tocó contra Susana Giménez, denunciada por la entonces AFIP por presunta evasión fiscal relacionada con el impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio 2019. La sobreseyó al evaluar que no existió una conducta engañosa o ardidosa configuradora de un delito penal tributario. Confirmaron su fallo.
Procesó al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por contrabando de un vehículo en una causa donde intervino en la importación de un auto para la embajada de Taiwán, que no era un país reconocido como tal. Echegaray fue absuelto en el juicio oral.
También procesó a Fabián de Sousa por evasión, pero sobreseyó a Mauricio Macri y a Gianfranco Macri por los Panamá Papers. Lo mismo con una denuncia a Jorge Lanata, quien fue denunciado por supuesto lavado de dinero.
También procesó a Gregorio Dalbón por supuesto contrabando de divisas. Finalmente, el abogado de Cristina Kirchner fue sobreseído por la Cámara porque, a pesar de que llevaba encima más dinero que el permitido al salir del país, el tribunal no consideró al dinero una mercadería.
Amarante obtuvo el título de abogado en la UBA el 17 de diciembre de 1998 y publicó varios artículos académicos en derecho penal. Fue coautor del libro “Código Procesal Penal de la Nación anotado con jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal” (2007).
Fue ayudante y profesor adjunto de derecho penal en la UBA y en el Instituto Universitario de Derecho Penal, y participó como profesor de cursos de capacitación judicial en la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados.
Como juez en lo Penal Económico actuó en causas complejas y en particular en un caso donde procesó con prisión preventiva a funcionarios de la Dirección General de Aduanas y un exagente de la SIDE por delitos de contrabando agravado y asociación ilícita. En esa resolución sostuvo que el delito era una traición a la patria.
En otra causa rechazó un pedido para cerrar un caso contra un acusado que había entrado en el blanqueo de capitales en una causa por presunto contrabando que había comenzado con allanamientos y secuestro de mercadería de origen extranjero. También procesó por tráfico de drogas de diseño a una banda que se dedicaba a comercializar éxtasis por correo y los dejó presos.
Ahora citó a indagatoria a las máximas autoridades de la AFA por evasión y, a juzgar por sus antecedentes, se enfrentarán a un tribunal particularmente severo.
Hernán Cappiello,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,AFA,Conforme a,Claudio Chiqui Tapia,,Estaba en un evento. Cómo se enteró Tapia de la citación de la Justicia y la decisión de no responder en público,,Posible conflicto de intereses. Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA,,¿Con qué necesidad?
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La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión
El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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