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Por qué “Chiqui” Tapia va a indagatoria: de la declaración clave de una contadora de la AFA al informe de ARCA

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El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La decisión incluye la prohibición de salida del país y se apoya, según surge de la resolución, en dos pilares centrales: un informe técnico del organismo recaudador que exhibe ingresos por más de $500 mil millones en 2024 y 2025, y la declaración de una contadora que integra la estructura administrativa de la entidad.

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El cronograma fijado por el magistrado establece que Tapia deberá presentarse el 5 de marzo. Al día siguiente será el turno de Toviggino, tesorero de la AFA. También el 6 de marzo fue citado Gustavo Roberto Lorenzo, exsecretario general. El 9 de marzo deberán comparecer Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y exsecretario general de la AFA, y Cristian Ariel Malaspina, actual secretario general y presidente de Argentinos Juniors.

La causa se inició a partir de una denuncia de ARCA por retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos investigados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

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Según la denuncia original, el monto no ingresado ascendía a $7.593.903.512,23. En una ampliación posterior, el organismo sumó otros $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera así los $19.300 millones.

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ARCA sostuvo que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”. El organismo remarcó que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.

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En esa línea, agregó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”. Y afirmó que la AFA “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”.

El informe de ARCA y la declaración de la contadora de AFA, las pruebas clave

El presidente de la AFA, Claudio «ChiquI» Tapia, y su mano derecha y tesorero de la institución, Pablo Toviggino. (Foto: Prensa AFA)

Para el juez Amarante resultaron determinantes dos elementos de prueba. El primero es un informe de ARCA que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por $45.072.435.530. Durante 2025, las acreditaciones ascendieron a $453.449.869.194. Además, en 2024 y 2025 la asociación constituyó varios plazos fijos en pesos y en dólares.

A partir de esos datos, el organismo concluyó que existía la “total posibilidad fáctica” de cumplir con las obligaciones como agente de retención. Entre las pruebas aportadas figuran también informes del Banco Credicoop que constatan acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas considerables.

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El segundo elemento que el magistrado valoró es la declaración de la contadora Mónica Bouvet, quien trabaja actualmente en la AFA como gerente de Administración y Control. Bouvet explicó que las tres autoridades principales de la entidad son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, y que “esos tres cargos son los que firman los estados contables”.

La profesional detalló que en su área se confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail a Toviggino el vencimiento del pago. “Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.

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Esa descripción del circuito administrativo fue considerada relevante para delimitar responsabilidades en la toma de decisiones vinculadas al pago de las obligaciones fiscales y previsionales.

La eventual figura penal en análisis prevé una pena de prisión de dos a seis años para el agente de retención o percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por cada mes.

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AFA, Claudio Tapia, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino

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Se complica el inicio de clases en la Provincia: Baradel se suma al paro contra Kicillof

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El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo y amenaza con afectar el arranque del ciclo lectivo. A la medida anunciada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se agregaron otros sindicatos del sector —incluido el Suteba que lidera Roberto Baradel— lo que configura el primer paro conjunto contra la gestión de Axel Kicillof.

Tras dos semanas de negociaciones sin acuerdo en la paritaria, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense —FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba— confirmaron una huelga para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. La medida impactaría sobre millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el distrito.

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El conflicto se activó luego de que la FEB, conducida por Liliana Olivera, rechazara la propuesta oficial de incremento salarial y anticipara medidas de fuerza. La decisión del sindicato —el segundo en cantidad de afiliados en la provincia— terminó arrastrando al resto de las organizaciones.

Los docentes bonaerenses tensan las negociaciones con el gobierno de Axel Kicillof. (Foto: Captura de Internet/Suteba).

Entre ellas, Suteba, el gremio mayoritario liderado por Roberto Baradel y tradicionalmente alineado con el gobierno bonaerense. La presión interna y el posicionamiento del resto de los sindicatos empujaron a la conducción a sumarse a la protesta.

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En la presentación formal de los reclamos, los gremios incluyeron en primer término demandas dirigidas al Gobierno nacional, como la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional, el incremento del presupuesto educativo y el rechazo a iniciativas vinculadas a la denominada “libertad educativa”. También solicitaron la regularización de transferencias de fondos adeudados a la provincia.

Sin embargo, el eje de fondo es el reclamo salarial a la administración bonaerense. Los sindicatos consideran insuficiente la oferta presentada en la última negociación y exigen una mejora que permita recomponer los ingresos del sector.

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La propuesta oficial, presentada días atrás, contemplaba un aumento del 3% para febrero, lo que llevaba el salario inicial de un maestro a poco más de $760.000 y superaba el $1,5 millón para quienes cumplen jornada completa. Ante el rechazo, las conversaciones quedaron en pausa, con pocos días hábiles por delante para intentar reactivar el diálogo.

La propuesta oficial, presentada días atrás, contemplaba un aumento del 3% para febrero. (Foto:NA).
La propuesta oficial, presentada días atrás, contemplaba un aumento del 3% para febrero. (Foto:NA).

Mientras tanto, el Gobierno provincial dispuso el pago de un 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una decisión que también alcanzó al resto de los empleados estatales que permanecen sin acuerdo paritario.

El sistema educativo bonaerense, uno de los más extensos de la región, abarca más de 20.000 establecimientos entre gestión estatal y privada y demanda una porción significativa del presupuesto provincial, en su mayoría destinada al pago de salarios.

La actual directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi —quien asumió recientemente en reemplazo de Alberto Sileoni— podría enfrentar así un inicio de gestión atravesado por medidas de fuerza.

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Hasta ahora, la administración de Kicillof había logrado sostener cierta estabilidad en el vínculo con los gremios docentes, aunque en el último tiempo comenzaron a aparecer tensiones. Ya en diciembre pasado, la FEB se había desmarcado de un acuerdo salarial aceptado por el resto de las organizaciones, y durante el año anterior se registraron protestas que incluyeron paros y sanciones por ausencias.

En este contexto, también inciden factores internos dentro de los sindicatos. En el caso de Suteba, la conducción de Baradel enfrenta presiones de sectores opositores y de las bases, en un escenario atravesado por una próxima elección interna.

Desde los gremios advierten que la medida de fuerza podría revisarse si en los próximos días surge una propuesta superadora. De lo contrario, no descartan profundizar el plan de lucha con nuevas acciones que impacten en el calendario escolar.

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Roberto Baradel, Axel Kicillof, inicio de clases

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Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri, vinculado a la acusación contra Milman

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La jueza María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri en la causa que investiga por falso testimonio a su exasesor, Jorge Abello, en el marco de una serie de hechos laterales que rodearon al atentado a Cristina Kirchner en 2022.

Cleri quedó involucrado en la investigación por un mensaje de texto que habría recibido de Abello, aunque eso pudo ser constatado por la Justicia.

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La cita estaba prevista para el mediodía de este viernes, pero fue postergada porque Cleri no contaba con el patrocinio de ningún abogado defensor. Según indicaron fuentes al tanto del caso, finalmente se le asignó como abogado al defensor oficial Hernán Silva, pero aún no se fijó fecha para la nueva audiencia.

La causa por la que será indagado Cleri es una deriva de lo que se conoció como la “pista Milman”: 23 días después del ataque a la expresidenta, Abello -que por entonces era asesor de Cleri- se presentó ante la jueza Capuchetti y declaró que, dos días antes del ataque, había escuchado decir al diputado de Pro Gerardo Milman decir en un bar frente al Congreso la siguiente frase: “cuando la maten, estoy camino a la costa”, en presunta alusión a Cristina Kirchner.

Gerardo MilmanRicardo Pristupluk

No hubo testigos que pudieran ratificar la veracidad de esos dichos, que eran el sostén del caso, y la jueza Capuchetti terminó por archivar la investigación contra Milman. En paralelo, se abrió esta otra causa que puso bajo la lupa a Abello por presunto delito de falso testimonio. Comenzó a tramitar en el Juzgado Federal 11, pero el juez Sebastián Casanello, a cargo en ese entonces del juzgado, declaró la incompetencia por conexidad y el expediente acabó en el juzgado de Capuchetti.

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El exasesor Abello fue indagado por la jueza en octubre, pero su situación procesal no fue resuelta aún. Interviene la fiscalía de Carlos Rívolo.

En la declaración de 2022 por la que se lo hoy se lo investiga en Comodoro Py, Abello sostuvo también que el día del ataque a la expresidenta, recordó lo que había escuchado en el bar por boca de Milman y le envió un mensaje de texto a su jefe Cleri para ponerlo en autos. Ese contacto, sin embargo, no pudo ser corroborado por los peritajes que la Justicia realizó en el teléfono de Cleri.

Capuchetti, confirmada

La Cámara Federal ratificó a la jueza al frente del caso, al rechazar este jueves una recusación en su contra, presentada por la defensa de Abello.

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En su escrito, el defensor de Abello, Federico Paruolo, sostuvo que María Eugenia Capuchetti no debía intervenir en el caso, ya que el presunto falso testimonio habría sido prestado ante su propio juzgado, lo que -según el planteo de la defensa- podría convertirla en “sujeto pasivo” del hecho investigado.

El juez Leopoldo Bruglia sostuvo sin embargo que las hipótesis delictivas de esas dos causas difieren y que la jueza no es damnificada personal. “La actuación de la magistrada de grado no encuadra en el supuesto de apartamiento”, señaló.

Con la recusación resuelta por la Cámara, se allana el camino para que se resuelva la situación procesal de Abello.

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Federico González del Solar,Conforme a

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El comunicado del Gobierno tras la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería

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Una detonación registrada en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina alteró la jornada de este viernes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando alarma y una rápida respuesta de los organismos de seguridad. La explosión, ocurrida a las 13.49 horas en el piso once del edificio situado en Avenida Paseo Colón 533, tuvo lugar mientras integrantes de la fuerza manipulaban una encomienda que permanecía almacenada desde hacía meses en la institución, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional.

La situación derivó en lesiones para dos efectivos, quienes fueron trasladados al Hospital Argerich por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Ambos se encuentran fuera de peligro, según precisaron fuentes oficiales, mientras un tercer agente continúa en recuperación y evoluciona favorablemente. El hecho impactó de inmediato en la rutina del edificio y las inmediaciones, donde se dispuso la evacuación preventiva de 320 personas: 120 pertenecientes a la sede de Paseo Colón 533 y 200 al inmueble contiguo, ubicado en Paseo Colón 525.

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El operativo de seguridad se desplegó a lo largo de la cuadra, con la intervención de bomberos, personal policial y equipos de emergencia. La zona quedó bajo custodia mientras expertos de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina iniciaron las tareas periciales. Este cuerpo especializado, reconocido como el más calificado en el país para el análisis y desactivación de artefactos explosivos, se abocó a la recolección de pruebas y al estudio del dispositivo que originó la explosión.

Fotografía: Jaime Olivos

De acuerdo con la información oficial, la encomienda que detonó habría sido recibida aproximadamente cuatro meses antes del incidente y permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la escuela. Fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional confirmaron a Infobae que el paquete contenía un artefacto explosivo, lo que orienta la investigación hacia la hipótesis de un ataque dirigido. El comunicado oficial remarcó que la causa quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, quien coordina el análisis judicial y la labor de las fuerzas intervinientes.

El procedimiento incluyó la evacuación ordenada de todos los ocupantes del edificio afectado y del lindero, así como la restricción del acceso a la vía pública en el perímetro inmediato. El SAME, junto a la Policía de la Ciudad, dispuso ambulancias y asistencia médica en el lugar para atender a los lesionados y brindar contención al personal. Los heridos fueron estabilizados y trasladados al hospital, donde permanecen en observación, sin que su vida corra riesgo.

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Las primeras pericias realizadas por la DUIA se concentraron en identificar la composición y el mecanismo del explosivo. Este equipo técnico cuenta con experiencia específica en intervenciones de alto riesgo, análisis de dispositivos y desactivación de materiales peligrosos. La investigación busca determinar la procedencia del envío, la autoría y el posible móvil detrás del hecho, así como establecer si existieron antecedentes de amenazas o hechos similares en la dependencia.

El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó que continúa trabajando de manera conjunta con la Justicia y las fuerzas policiales para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad en la zona. Fuentes oficiales señalaron que se reforzaron los controles de ingreso y los protocolos de manipulación de paquetería en todas las dependencias vinculadas al Ministerio y otras fuerzas federales, como medida preventiva tras el incidente.

La noticia generó preocupación en el ámbito de la seguridad nacional, dada la ubicación estratégica de la Escuela Superior de Gendarmería y el carácter inusual del episodio. Las autoridades evitaron brindar detalles sobre los posibles destinatarios del paquete o sobre perfiles sospechosos, en tanto la investigación judicial se encuentra en etapa preliminar. El caso se mantiene bajo secreto de sumario, mientras los expertos continúan con el análisis de las pruebas recolectadas en el lugar de la explosión.

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De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, las tareas de peritaje y rastreo de correspondencia recibida en la escuela se intensificaron en las últimas horas. El Ministerio de Seguridad remarcó su compromiso con el esclarecimiento del hecho y el acompañamiento a los efectivos afectados, al tiempo que pidió colaboración a quienes puedan aportar información sobre la encomienda detonada.

El episodio no solo activó los protocolos de alerta en la Gendarmería Nacional Argentina, sino que movilizó a distintos organismos de seguridad en la capital, ante la posibilidad de que se trate de un hecho aislado o parte de una amenaza mayor. Las autoridades permanecen atentas a nuevos indicios y reiteraron que toda información relevante será comunicada oficialmente en la medida en que avance la investigación.

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