El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quedó a cargo de la investigación de la explosión de un paquete en la Escuela Superior de Gendarmería y solicitó las primeras medidas de prueba.

Según pudo confirmar TN, el magistrado le dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal y a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

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Concretamente, Martínez de Giorgi ordenó que se remitan fotos del lugar, los planos y todo lo relacionado al sistema de recepción de encomiendas desde hace cuatro meses a esta parte. También la nómina de personas que trabajan en el lugar.

También pidió a los peritos los detalles de la naturaleza del explosivo, así como la experticia necesaria para su armado y la correcta identificación de los lesionados y evolución de su salud.

Una vez que la SIDE envíe la información solicitada, Martínez de Giorgi deberá decidir si la incorpora como prueba al expediente o no.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 14 en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón 533. Según fuentes del operativo, personal de la fuerza abrió una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.

En rigor, había tres paquetes y uno de ellos fue el que detonó. Como consecuencia, dos efectivos resultaron lesionados con quemaduras y el SAME los trasladó al Hospital Argerich para su atención.

Tras el estallido se ordenó la evacuación preventiva total del edificio y se montó un amplio operativo de seguridad. La zona fue perimetrada mientras especialistas inspeccionaban el resto de las encomiendas para descartar otros dispositivos.

Peritos de la Policía Científica quedaron a cargo de la recolección de evidencia y del análisis de los paquetes restantes, con el objetivo de determinar qué tipo de dispositivo explotó, su mecanismo de activación y el origen del envío. La investigación busca establecer también por qué la encomienda permaneció guardada durante meses dentro de la institución.

Las autoridades no informaron amenazas previas y mantienen reserva sobre la hipótesis principal mientras continúan las tareas de inspección, que podrían extenderse durante toda la tarde.

Por su parte, el gobierno evalúa el hecho y prepara una presentación judicial para impulsar la investigación. El Ejecutivo asegura que los equipos técnicos están evaluando el material disponible para presentar, pero reconoce que no tienen indicios sobre los posibles autores.

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Según fuentes oficiales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se trasladó a la Casa Rosada para mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de coordinar la respuesta institucional y el seguimiento del caso.

Los funcionarios descartan que la causa pueda encuadrarse en figuras vinculadas a intimidación pública o estrago, dependiendo de lo que surja de las pericias.

Gendarmería , SIDE, Policía Federal, Justicia

un artículo periodístico,Antonio M. Hernández,Conforme a

Como anticipó el Ministerio de Capital Humano, los equipos técnicos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de Julio Cordero, definen por estas horas la cifra que aplicarán para multar monetariamente a los gremios de trenes y colectivos que se plegaron al paro del pasado jueves contra la reforma laboral. Lo cierto es que la medida fue adoptada a raíz del incumplimiento de las conciliaciones obligatorias vigentes en los conflictos de la UTA y la Fraternidad, luego de que se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Si bien hubo intenciones de avanzar con la quita de la personería gremial, el Gobierno Nacional redefinió la estrategia y se inclinó aplicar una multa monetaria tras incumplir el instrumento jurídico. “No hablamos de revancha ni vengaza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incuplir con una conciliación es grave. Tienen que cumplir con la ley. Ellos están acomstumbrados a hacer lo que quieren sin que nadie haga nada”, sostuvo una fuente inobjetable ante Infobae.

En la previa al paro del jueves, la Secretaría de Trabajo se anticipó y alertó a las organizaciones sindicales que cualquier acción directa representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación. “La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, remarcaron.

Hasta entonces, la cartera que lidera Sandra Pettovello, una de las ministras más elogiadas por el presidente Javier Milei, trabaja en las cifras que aplicarán contra los gremios. El número surge de un cálculo técnico por sobre la cantidad de empleados que cesaron sus tareas durante la jornada del pasado jueves en rechazo al tratamiento del proyecto de reforma laboral que se discutía en la Cámara de Diputados y que finalmente obtuvo media sanción.

“Una multa va a doler más. La idea es que sea alta y justa, de acuerdo al daño que produjeron”, sostuvieron por los pasillos de Balcarce 50 para explicar el cambio de estrategia.

La determinación se tomó a raíz de la violación al procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria en curso que compromente a ambos gremios. En el caso de la UTA, se dictó el 10 de febrero pasado y rige hasta el 26 del mes, a partir del anuncio del gremio de colectivos de hacer paros en el interior del país en el marco de un reclamo salarial. Mientras que en el caso de La Fraternidad tuvo lugar el 4 de este mes, por el mismo plazo, y venció el pasado jueves.

Si bien inicialmente la idea era quitarles la personería jurídica, en la administración libertaria plantean que se trata de un trámite extenso, que podría suponer trabas judiciales, por lo que avanzaron en un redireccionamiento del accionar a pedido de la Secretaria de Transporte. De esta forma, esperan darle además una “nueva oportunidad” para los gremios que, en caso de que desconozcan el pago, la administración libertaria retomará la idea de aplicar la pena máxima y avanzará con la quita de la personería gremial.

Con la media sanción de la reforma laboral obtenida en la Cámara de Diputados, y a la espera de la revalidación en el Senado luego de la eliminación del artículo 44 relativo a las licencias médicas, en Balcarce 50 festejaron el bajo acatamiento del paro convocado por la CGT. “Fue un paro muy tranquilo”, se vanaglorió una importante fuente con acceso al despacho presidencial que atribuyó la ausencia de una movilización masiva al impedimiento de la central para convocar a las bases.

“Diría que entienden el momento histórico, pero la verdad es que no pueden juntar gente”, planteó un interlocutor violeta que supo tener buen diálogo con el sector y que se prepara para hacer frente a la judicialización que prometieron los gremios.