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La reforma laboral aceleró la fractura del PJ en el Congreso: se van tres senadores

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Javier Milei llegará a la apertura de sesiones del domingo próximo con un dato político que buscará exhibir como propio: el quiebre del peronismo en el Senado. Tres gobernadores alineados en distintos niveles con la Casa Rosada impulsarán la ruptura del interbloque del PJ, después de haber contribuido al avance de la reforma laboral en Diputados.

Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mandatarios que sostienen una relación pragmática con el oficialismo y que resultan claves en la aritmética parlamentaria. Esta vez, su movimiento impactará en la Cámara alta: tres senadores dejarán el interbloque que conduce José Mayans y el PJ quedará reducido a 25 integrantes. Los que abandonarán el espacio son: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).

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Desde 1983, el peronismo mantuvo el control del Senado y funcionó como un actor con poder de veto. Esa mayoría comenzará a resquebrajarse justo cuando Milei inaugure el período legislativo, en un discurso que el Gobierno prepara para el prime time televisivo.

Los tres senadores forman parte del bloque Convicción Federal, junto a Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja). Hasta ahora convivían dentro de un interbloque con 21 legisladores kirchneristas y los dos santiagueños referenciados en el exgobernador Gerardo Zamora.

Diego Santilli se reunió con gobernadores para acercar posiciones respecto a la reforma laboral; estuvieron presentes Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca)

“Por ahora son solo tres, aunque van a tratar de convencer a los demás”, admitieron referentes del espacio a . Tanto Salino como Rejal se mueven con cautela entre sus agendas provinciales y las tensiones nacionales: el primero responde al armado del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, enfrentado tanto al kirchnerismo como al oficilalismo de Claudio Poggi en San Luis; el segundo, alineado con Ricardo Quintela, busca el equilibrio entre una agenda federal crítica del “ambacentrismo” de Cristina Kirchner y la disputa local con el armado de los Menem.

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La salida se formalizará esta tarde, según fuentes parlamentarias. En el entorno del grupo no descartan ampliar el espacio con otros referentes provinciales sueltos, como la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y los dos misioneros aliados a Carlos Rovira.

Detrás de la ruptura asoma un factor común: la relación de los gobernadores con la Casa Rosada. Con recursos escasos, la mayoría depende del margen de negociación que les otorgue la Nación.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz, registró en enero una caída real interanual del 6,6% en las transferencias automáticas a provincias y la Ciudad. La baja se explica, en gran parte, por la retracción del consumo y del IVA. Con un Gobierno que recortó obra pública y administra los fondos con criterio político, los mandatarios negocian caso por caso, sin coordinación colectiva.

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Jalil es uno de los ejemplos más claros. Busca destrabar el financiamiento del Acueducto Albigasta, una obra hídrica conjunta entre Catamarca y Santiago del Estero. El Banco Internacional de Desarrollo (BID) prevé desembolsar más de 200 millones de dólares, pero el contrato requiere una garantía nacional que todavía no fue firmada. El aval implica que, ante insolvencia provincial, el Tesoro responda y luego descuente el monto de la coparticipación. Esa firma -clave para el proyecto- permanece frenada, aunque ahora podría aparecer.

Diego Santilli se reunió con gobernadores para acercar posiciones respecto a la reforma laboral; estuvieron presentes Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca)

El antecedente más reciente fue la Ciudad de Buenos Aires, que necesitó un aval similar para un préstamo del BID destinado a fortalecer el sistema de salud. Aunque el proyecto había sido aprobado en noviembre de 2024, la garantía nacional llegó recién tras el acuerdo electoral entre Pro y LLA.

Jalil ya había mostrado su pragmatismo en Diputados. En diciembre retiró a tres legisladores de Unión por la Patria, armó el bloque Elijo Catamarca y contribuyó a que el oficialismo desplazara al peronismo como primera minoría. Poco después, la provincia recibió el control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una caja clave que concentra el 60% de las utilidades netas provenientes de explotaciones de oro, plata y litio. El actual presidente de la entidad es Fernando Miguel Jalil, hermano del gobernador.

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Tucumán también obtuvo beneficios concretos. En noviembre, en la previa del debate presupuestario que Jaldo terminó respaldando, la Nación giró $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el monto individual más alto entregado durante la gestión de Milei. Salta, en paralelo, se ubicó entre las provincias más favorecidas por las transferencias discrecionales del Gobierno.

La ruptura venía madurando desde hace tiempo. En Jujuy y Salta, Cristina Kirchner intervino el PJ con dirigentes propios que definieron las listas en la última elección. A Moisés, incluso, la expulsaron del partido. Jaldo y Jalil lograron contener sus territorios con listas de unidad, pero la tensión nunca desapareció.

El debate por la reforma laboral terminó por quebrar la convivencia. La discusión tocó el corazón discursivo del peronismo -la representación de los trabajadores- y dejó expuestas las diferencias internas. Sin una conducción unificada, prevaleció la fragmentación.

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Durante el debate, Moisés denunció presiones internas y reivindicó su autonomía política. “Siempre voy a votar lo que sea mejor para los jujeños”, dijo, tras relatar una campaña de cuestionamientos dentro de su propio espacio. También ensayó una autocrítica: sostuvo que el peronismo se alejó de la realidad social y quedó atrapado en una lógica de resistencia permanente.

En Diputados, el clima fue similar. Los legisladores tucumanos, catamarqueños y salteños que dieron quorum para habilitar el tratamiento fueron señalados como “traidores” por sectores del PJ. El caso más visible fue el del tucumano Javier Noguera: tras las críticas, abandonó la sesión y no volvió al recinto. En las votaciones siguientes figuró como ausente. En Diputados, el PJ cuenta con 93 legisladores propios.


Tres gobernadores,aritmética parlamentaria,madurando,pic.twitter.com/OHGLeHcT0I,February 22, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Reforma laboral,Conforme a,,»Moralidad institucional». Una ONG pide un Código de Ética para Magistrados tras el caso de Carlos Mahiques,,Más atribuciones para los espías. El Gobierno trabaja en una nueva ley de inteligencia para convalidar el decreto de Milei,,Caso $LIBRA. El juez rechazó como querellantes a dos bielorrusos que reclaman más de US$ 2 millones,Congreso Nacional,,Reforma laboral. Por qué el aumento de los juicios es dispar y qué prevé la ley que se aprobaría esta semana,,Del Norte. Tres gobernadores aliados de Milei articulan una estrategia común, pero con bloques legislativos separados,,Asamblea Legislativa. Milei prepara un mensaje “ambicioso”, con eje en las nuevas reformas

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La mesa política del Gobierno pone el foco en la Ley de Glaciares y en ocupar las sillas vacías de la AGN

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Tras el triunfo legislativo de la semana pasada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a reunir este lunes a la mesa política del Gobierno de cara al tramo decisivo de las sesiones extraordinarias que resta en los próximos cuatro días.

En agenda está que el Senado trate la reforma laboral con la eliminación del polémico artículo 44, que fue descartado en Diputados, así como la Ley de Glaciares, el régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

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Este martes, además, Adorni reunirá al Gabinete en pleno por primera vez en el año. Todo se da en la previa a la apertura del año legislativo que protagonizará el presidente Javier Milei, el domingo 1° a las 21, en lo que será su tercer año allí.

Adorni convocó a la reunión de esta tarde el pasado viernes, apenas horas después de que la Cámara de Diputados votara el proyecto de ley de reforma laboral, con la eliminación del artículo 44 que incluía la reducción de los salarios en caso de licencia por enfermedad y que terminó siendo el epicentro de una fuerte polémica puertas adentro y afuera del oficialismo.

La sede de la Auditoría General de la Nación, en inmediaciones del CongresoCaptura – Archivo

La satisfacción era total en esas horas en Casa Rosada, que con este período de extraordinarias siempre apuntó a que el presidente tuviera la aprobación de la reforma laboral, la primera de las denominadas reformas de segunda generación que se aprueba, para su discurso de apertura en el Parlamento, el 1° de marzo.

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La mesa política está integrada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli y de Economía Luis “Toto” Caputo; el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.

“Se abordaron los temas previstos que se tratarán en la sesión del próximo viernes: Ley de Glaciares, Régimen Penal Juvenil y Mercosur”, dejaron trascender cerca de la cartera de Interior. Tras lo que agregaron que “también se repasó la agenda parlamentaria con miras al inicio de las sesiones ordinarias”.

Mientras que en el Gobierno ya dan por descontado las aprobaciones de la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, destacaron la prioridad que tiene el tratamiento a los cambios en la Ley de Glaciares, un punto clave en las conversaciones con buena parte de los gobernadores, cuyos apoyos terminaron siendo determinantes en la votación.

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El oficialismo quiere que Bartolomé Abdala siga como presidente provisional del SenadoNoelia Guevara

Durante la sesión preparatoria que tendrá lugar este martes, la expectativa está puesta en que el libertario Bartolomé Abdala sea ratificado como presidente previsional del Senado.

Al tiempo que hay expectativas para que se conozcan los tres nombres para las sillas que le corresponden a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el nombre que se impondría por el oficialismo tendría la impronta de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, lo que fue validado por el ala política, este lunes.


reunirá al Gabinete,su discurso de apertura,Cecilia Devanna,La Libertad Avanza,Conforme a,La Libertad Avanza,,Rumbo a 2027. Se aceleran los armados electorales para suceder a Kicillof en la provincia de Buenos Aires,,“Son todos unos descerebrados”. Carignano reivindicó el haber desconectado cables en la sesión y apuntó al bloque libertario,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales

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El empresario que reveló la ruta del dinero de la AFA fue ratificado como querellante en la causa que más preocupa a Tapia

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El empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue ratificado este lunes como querellante en la causa que investiga el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años.

La decisión, a la que accedió Infobae, fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, que analiza los movimientos financieros desde que la firma TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de los contratos en el exterior. La resolución se conoció tras la maniobra procesal impulsada por la defensa de los acusados para impedir que Guillermo Tofoni continúe interviniendo como parte activa del expediente. Es una decisión que suma un nuevo revés en la causa que más preocupa al mandamás del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, y su círculo más cercano.

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La decisión judicial que ratificó a Guillermo Tofoni como querellante en la causa que más preocupa a Tapia

El 13 de febrero de 2026, la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette presentó un escrito solicitando que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”, según documentación a la que accedió Infobae. En ese planteo, los acusados sostuvieron que el empresario no reunía la condición de “particular ofendido” exigida por el Código Procesal Penal y que, por lo tanto, no debía tener las facultades procesales que otorga la querella.

En el sistema penal argentino, la querella permite a quien se considera damnificado impulsar medidas de prueba, solicitar diligencias, controlar la producción de evidencia y recurrir decisiones judiciales. Apartar a Tofoni hubiese implicado limitar su capacidad de intervenir en un expediente que, desde su inicio, se apoya en la documentación que él aportó tras litigar en tribunales estadounidenses.

El juzgado decidió este lunes ratificar su rol de querellante, con el patrocinio de sus abogados, y dejó constancia de que queda sujeta a la jurisdicción del tribunal y a las resultas de la causa. Además, ordenó la presentación del bono de derecho fijo previsto por la Ley 23.187 y dispuso devolver el expediente a la fiscalía que dirige la investigación, conforme al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

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El empresario Guillermo Tofoni denunció a Tapia,l Toviggino y la pareja de Javier Faroni y Érica Gillette (foto Gustavo Gavotti)

La resolución fue notificada mediante cédula electrónica y representa un rechazo a la estrategia defensiva que buscaba desactivar la intervención del empresario. La causa continúa ahora bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con la querella consolidada como parte del proceso.

Miles de documentos bancarios obtenidos en Estados Unidos, según la hipótesis investigativa, permiten reconstruir el recorrido de más de USD 300 millones vinculados a contratos internacionales de la AFA. Esa masa de información fue incorporada a la causa más complicada para Tapia, a partir de actuaciones judiciales, tanto en el exterior como en tribunales argentinos.

De acuerdo con información a la que accedió este medio, esos registros incluyen transferencias, contratos, órdenes de pago y movimientos asociados a la comercialización de partidos amistosos y otros compromisos internacionales de la Selección argentina. El período bajo análisis coincide con los últimos cuatro años, una etapa de fuerte crecimiento económico para el seleccionado tras los títulos obtenidos en América y en el Mundial de Qatar 2022.

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El punto de partida es la designación de TourProdEnter como agente de cobro exclusivo de los contratos en el exterior. A partir de ese esquema, se canalizaron ingresos provenientes de distintos países, lo que dio lugar a un circuito financiero complejo que ahora es objeto de escrutinio judicial.

En el escrito presentado el 13 de febrero, las defensas de Faroni y Gillette cuestionaron la legitimación activa de Tofoni. Argumentaron que su eventual controversia con los acusados tenía naturaleza comercial y que no podía traducirse automáticamente en la condición de damnificado penal. La estrategia apuntaba a reducir el expediente a un conflicto entre privados, despojándolo del impulso adicional que implica la intervención de una querella con recursos y acceso directo a la prueba. Desde el punto de vista técnico, el debate giraba en torno a si el empresario podía acreditar un perjuicio concreto derivado de los hechos investigados.

Para la fiscalía y para el juzgado, al menos en esta etapa preliminar, la respuesta fue afirmativa en términos procesales. Al ratificarlo como querellante, el tribunal reconoció que su interés jurídico resulta suficiente para intervenir en la causa y que está en condiciones de aportar material probatorio que puede ser clave para el rumbo de la investigación.

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El expediente es considerado el más sensible para la conducción actual de la AFA, porque pone bajo la lupa el manejo de fondos en el período de mayor exposición internacional de la Selección. Si bien no existen definiciones de mérito ni imputaciones firmes más allá de las ya formuladas, el volumen de dinero bajo análisis y la proyección pública del caso lo convierten en un frente delicado.

Los acusados rechazan cualquier irregularidad y sostienen que todas las operaciones se realizaron conforme a contratos válidos y dentro de los marcos normativos correspondientes. Alegan que la investigación responde a disputas empresariales trasladadas al ámbito penal. La querella, en cambio, sostiene que la complejidad del entramado financiero y la magnitud de los montos involucrados justifican una pesquisa exhaustiva, con cooperación internacional y pericias contables profundas.

Con la incidencia resuelta, el expediente regresa a la fiscalía para continuar con la producción de prueba. Entre las medidas pendientes figuran el análisis detallado de los movimientos bancarios, la eventual citación de testigos y la evaluación de nuevas solicitudes de cooperación con autoridades extranjeras.

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La ratificación de Tofoni como querellante no define el resultado final del proceso, pero sí preserva la arquitectura acusatoria con la que se inició la causa. El empresario que reveló la ruta del dinero seguirá interviniendo con capacidad para impulsar diligencias y cuestionar eventuales decisiones que considere adversas.

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La Cámara de Casación analizará si confirma el procesamiento de Alberto Fernández en la causa de los seguros

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La Cámara Federal de Casación Penal revisará el procesamiento de Alberto Fernández en la causa en la que está acusado de habers interesado en que amigos suyos, productores de seguros, obtuvieran las pólizas de organismos del Estado cuando se desempeñó como presidente de la Nación.

Fernández fue procesado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello y esa medida fue confirmada por los camaristas federales Roberto Boico y Martín Irurzun, con la disidencia de Eduardo Farah.

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El fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe había dictaminado que correspondía dictar la falta de mérito de Fernández porque eran necesarias más pruebas, pero el tribunal desestimó su posición.

El empresario del seguro Héctor Martínez Sosa

En esta causa Alberto Fernández está porcesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.

La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.

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María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández y esposa de Héctor Martínez Sosa, en los tribunales de Comodoro Pyricardo-pristupluk-11511

Alberto Fernández resaltó que el fiscal de Cámara había pedido su sobreseimiento. “Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en algo en aquella audiencia: el procesamiento no podía ni debía ser confirmado”, dijo la abogada del expresidente, Mariana Barbitta, y se quejó de que “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.

Ahora, la Cámara de Casación deberá llamar a una audiencia donde otra vez la defensa argumentará, pero estará presente ahora otro fiscal: Raúl Plee, de la Casación. Ahí se verá si decide acusar o si, por el contrario, comparte la postura de Agüero Iturbe y pide la falta de mérito del expresidente.

El fallo que procesó a Fernández como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública le impuso un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283.

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Además, tiene una prohibición de salir del país confirmada por la Cámara Federal. El tribunal estimó que está corroborada la hipótesis de que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Alberto Fernández en favor de Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica de Fernández, María Cantero.

Los jueces destacaron que el vínculo de Fernández con Martínez Sosa no solo era de amistad, sino también económico y profesional. Este nexo, sumado al rol de poder que detentaba, se tradujo en una participación directa del expresidente en el entramado de negociaciones.

Las pruebas revelaron que la empresa de Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales a partir de que Fernández fue designado presidente.

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Un indicio clave fueron los mensajes conocidos durante la investigación, cuando Fernández intervino personalmente, a requerimiento de Cantero, para dar continuidad a negocios que los involucraban, entendieron los investigadores.

En una comunicación de mayo de 2023, ante la preocupación de Cantero por la pérdida de un contrato en Cancillería, el exmandatario respondió: “Ya me ocupo”. Esta acción fue interpretada por el tribunal como una participación directa, haciendo uso de su cargo.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carbajo, Hornos y Borinsky, analizará el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país de Fernández. La defensa argumenta que sin acción penal es imposible avanzar y que el fiscal Agüero Iturbe había pedido la falta de mérito, convencido de que no había pruebas suficientes para un procesamiento.

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el procesamiento,Hernán Cappiello,Conforme a

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