La aprobación de la reforma laboral en el Congreso Nacional introdujo modificaciones estructurales en el sistema de relaciones del trabajo en el sector privado. A través de este nuevo marco normativo, se estableció la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo diseñado para que los empleadores puedan afrontar el pago de las indemnizaciones por despido y otras obligaciones derivadas de la extinción del vínculo laboral.

Este cambio de paradigma busca que el financiamiento de las desvinculaciones deje de ser una erogación directa y contingente de las empresas en el momento del despido, para pasar a un esquema de fondo acumulativo e individualizado. De esta manera, las organizaciones realizarán aportes mensuales que funcionarán como un respaldo financiero ante las eventualidades de su plantilla de personal.

El FAL tiene como objetivo principal asistir a los empleadores del sector privado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley del Régimen de Trabajo Agrario. Se trata de un sistema de capitalización donde cada empleador deberá abrir una cuenta individual en una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según la normativa aprobada, estas cuentas serán administradas como un patrimonio separado del resto de los activos del empleador y tendrán carácter de inembargables. El saldo acumulado en dichas cuentas solo podrá ser utilizado para cubrir las obligaciones laborales que surjan ante la finalización de una relación de trabajo. Es importante destacar que el Estado Nacional no asumirá responsabilidad por la disponibilidad o la suficiencia de los fondos, delegando la administración en entidades privadas autorizadas.

En cuanto a su aplicación técnica, el fondo no operará como un seguro de desempleo tradicional. Su uso está estrictamente limitado a situaciones específicas de egreso:

• Indemnizaciones por despido sin justa causa.
• Acuerdos de desvinculación por mutuo consentimiento.
• Fallecimiento del trabajador.

En los casos de renuncia voluntaria o jubilación del empleado, la Secretaría de Trabajo ha aclarado que los fondos no se pierden ni son retirados por el trabajador, sino que permanecen en el fondo común de la empresa para ser utilizados ante futuras contingencias de otros dependientes.

El financiamiento del FAL recae exclusivamente sobre el sector empleador a través de contribuciones mensuales obligatorias. La reforma estableció una diferenciación en las alícuotas según el tamaño y la estructura de la unidad productiva, revirtiendo una intención inicial que proponía una tasa uniforme para todos los actores.

Bajo el esquema actual, las grandes empresas deben realizar un aporte correspondiente al 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador. Por su parte, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) tienen una carga superior, fijada en el 2,5% sobre la misma base salarial. Estas tasas tienen un margen de incremento; el Poder Ejecutivo, con previa aprobación del Congreso, podrá elevar los porcentajes hasta el 1,5% para las grandes firmas y hasta el 3% para las MiPyMEs.

Además de las contribuciones obligatorias, el fondo podrá nutrirse de aportes voluntarios, donaciones y los rendimientos generados por las inversiones que las entidades administradoras realicen con ese capital. En términos impositivos, los recursos acumulados estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y no estarán alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a excepción de las comisiones que cobren las entidades por la gestión administrativa.

Para que un trabajador sea beneficiario de la cobertura de este fondo, debe estar debidamente registrado y contar con una antigüedad mínima de doce meses. La ley excluye explícitamente de este régimen a los trabajadores no registrados y a aquellos que pertenecen a sectores con regímenes de despido específicos, como la industria de la construcción o el personal de casas particulares.

La normativa también establece un período de carencia. El FAL solo podrá utilizarse para cubrir extinciones laborales una vez que el empleador haya realizado al menos seis contribuciones mensuales consecutivas. No obstante, el Poder Ejecutivo conserva la facultad de extender este plazo para sectores económicos determinados según la coyuntura.

Cuando se produce la desvinculación, el empleador debe iniciar un procedimiento administrativo:

1. Presentar una Declaración Jurada ante la entidad administradora con los datos del trabajador y la liquidación correspondiente.
2. La entidad debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
3. Una vez aprobada, la transferencia del monto al trabajador debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

A pesar de la existencia del fondo, la responsabilidad final por el pago de la indemnización continúa siendo del empleador. Si el saldo acumulado en la cuenta individual resultara insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda laboral, la empresa deberá abonar la diferencia con fondos propios. Asimismo, el sistema no impide que el trabajador recurra a la vía judicial si considera que sus créditos laborales no han sido satisfechos íntegramente.

Existe una cláusula de alivio para los empleadores: aquel que logre demostrar que el saldo acumulado en su cuenta ya cubre la totalidad de sus contingencias potenciales podrá solicitar la suspensión de las contribuciones mensuales obligatorias.

Junto con la creación del FAL, la reforma laboral introdujo un cambio sustancial en el modo en que se computan las indemnizaciones por despido sin causa. El nuevo texto legal modifica la base de cálculo, limitándola estrictamente a la remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador.

Esta redefinición excluye de forma explícita del cálculo a todos aquellos conceptos que no tienen una frecuencia mensual. En consecuencia, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y los proporcionales de vacaciones ya no forman parte de la base para determinar el monto indemnizatorio. Según el marco legal vigente, la cifra resultante de este cálculo constituye la única y total reparación por la ruptura del vínculo laboral, eliminando otros rubros que anteriormente solían integrarse por vía administrativa o jurisprudencial.

Finalmente, la reforma estipula un nuevo mecanismo para la actualización de los créditos laborales en caso de demora o litigio. El sistema de actualización se rige ahora por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al cual se le debe sumar un interés anual fijo del 3%. Este esquema busca estandarizar las actualizaciones y brindar previsibilidad sobre los montos finales de las liquidaciones.

En una resolución que marca un antes y un después en el negocio sanitario ganadero, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) autorizó el registro en la Argentina de una nueva vacuna contra la fiebre aftosa que ya se aplicaba en países vecinos, entre ellos Brasil.

La aprobación recayó sobre el laboratorio argentino Tecnovax, que podrá comercializar en el país una vacuna que, según informó la propia compañía, cuenta con más de una década de uso en Brasil, Paraguay y Uruguay, donde se administraron cientos de millones de dosis.

Se trata de una decisión de gran impacto, ya que el mercado de la vacuna antiaftosa en la Argentina mueve millones de dosis por campaña y constituye una pieza central del andamiaje sanitario que sostiene el estatus del país como exportador de carne. Por eso, el ingreso de un nuevo producto en un segmento históricamente concentrado reconfigura un tablero que venía tensionado desde hace años.

Vacuna antiaftosa: trámite de casi dos años y conflicto de fondo en el agro

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, la autorización se produjo luego de «casi dos años de tramitaciones», durante los cuales la firma respondió «de manera exhaustiva todos los requerimientos técnicos, regulatorios y documentales» exigidos por la autoridad sanitaria.

Detrás de esa frase formal se esconde una disputa que excedía lo meramente administrativo. El ingreso de esta vacuna, producida originalmente para el mercado brasileño, había generado resistencias y cuestionamientos dentro de un negocio donde la oferta estaba prácticamente acotada a un solo proveedor mayoritario.

La discusión combinó aspectos regulatorios, técnicos y comerciales. Desde el lado de la empresa impulsora del registro se sostenía que el producto cumplía con todos los estándares exigidos por la normativa argentina y que su utilización masiva en países vecinos era prueba suficiente de su calidad, seguridad y eficacia. Del otro lado, se advertía sobre la necesidad de preservar los controles en un insumo crítico para el estatus sanitario nacional.

La resolución del Senasa salda, al menos en términos formales, esa controversia, donde el organismo consideró que el producto cumple con el marco regulatorio vigente y otorgó el registro correspondiente.

Exportaciones: un mercado estratégico para la carne argentina

La vacuna contra la fiebre aftosa no es un insumo más dentro de la estructura productiva. Es la herramienta que sostiene el esquema de vacunación obligatoria que permite a la Argentina mantener su condición sanitaria y acceder a mercados internacionales de alto valor.

En ese contexto, la ampliación de la oferta tiene implicancias económicas directas. El propio comunicado empresarial subraya que el registro «contribuye a ampliar la oferta disponible y fortalecer la competencia, en beneficio directo de los productores ganaderos y del sistema sanitario nacional».

La vacuna ahora autorizada fue utilizada durante más de una década en Brasil, Paraguay y Uruguay. En los dos primeros casos, el programa sanitario va hacía la eliminación de la vacunación contra la aftosa, a diferencia de lo que ocurre en Argentina.

Según Diego La Torre, gerente general de Tecnovax, «la vacuna que TECNOVAX comercializará en Argentina ha sido fundamental para erradicación de la fiebre aftosa en la región, permitiendo a muchos países que la utilizaron, acceder a nuevos y mejores mercados de exportación para su carne, ayudando a Brasil a alcanzar el estatus de libre de aftosa sin vacunación».

Esa referencia a Brasil envuelve la clave de todo. El vecino país avanzó en los últimos años hacia un esquema de retiro progresivo de la vacunación, tras consolidar su situación sanitaria. Que el producto ahora aprobado en la Argentina haya sido parte de ese proceso es uno de los argumentos centrales que esgrimió la compañía para respaldar su solicitud.

De Brasil a la Argentina

El dato político y comercial más relevante es que se trata de una vacuna con trayectoria en Brasil que ahora podrá aplicarse en rodeos argentinos. En términos prácticos, esto implica el ingreso de un nuevo competidor en un mercado históricamente dominado por un único laboratorio.

El negocio de la aftosa en la Argentina no sólo es voluminoso en términos de dosis, sino que está directamente vinculado con la arquitectura institucional del sistema sanitario, con campañas obligatorias, participación de entes sanitarios locales y supervisión estatal. Cualquier modificación en la oferta impacta sobre esa estructura.

Los productores ganaderos argentinos vienen reclamando una baja en los precios de la dosis de la vacuna, ya que en nuestro país el valor llega a duplicar el de los países de la región.

La empresa destacó además que muchos de sus productos se elaboran en su planta biotecnológica ubicada en Mercedes, provincia de Buenos Aires, desde donde exporta a más de 25 mercados. Sin embargo, el eje de la noticia no es la expansión industrial de la firma sino el cambio de reglas en un mercado sensible.

Un punto de inflexión para el campo

La autorización del Senasa marca un punto de inflexión en una discusión que llevaba años. No sólo habilita la comercialización de un nuevo biológico, sino que redefine el esquema competitivo en un rubro estratégico para la ganadería.

En un contexto donde el Gobierno impulsa mayor competencia y apertura en distintos sectores de la economía, la aprobación de esta vacuna se inscribe en esa lógica. Pero, más allá del clima político, lo cierto es que el mercado de la aftosa deja de ser el mismo.

La próxima campaña de vacunación será la primera en la que los productores podrán optar por una alternativa adicional. Cómo impactará eso en precios, participación de mercado y dinámica del negocio es algo que se verá en los próximos meses.

La última semana tuvo mucha intensidad política, con la aprobación de la ley de Modernización Laboral el viernes entre otros proyectos, además de un dato de crecimiento de 3,5% del PBI en 2025 -con mucha disparidad entre sectores- y la colocación de un nuevo bono en dólares del Tesoro como datos económicos.

Las acciones y los bonos acentuaron las pérdidas de un difícil mes de febrero y el dólar, con tónica alcista, acotó las pérdidas del mes, en lo que parece ser un piso de 1.400 pesos que el BCRA está dispuesto a defender.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 2.642.105 puntos, descontó un 18,6% en pesos en el segundo mes del año, y un 8% en la última semana. En 2026 la caída del panel de acciones líderes es de 13,4%, que deja a la plaza accionaria porteña como una de las de peor desempeño global.

Medido en dólares, el S&P Merval perforó el piso de los 1.800 puntos (-10,7% semanal), en su nivel más bajo desde el 27 de octubre del año pasado, la primera rueda posterior a las elecciones legislativas, es decir un mínimo en cuatro meses, acorde al comportamiento de los ADR en Wall Street.

“Los activos de riesgo argentinos continúan exhibiendo altos grados de volatilidad. El equity argentino se ve impactado por dos flancos. El exterior: un mercado cambiante que un día apuesta por emergentes y commodities y al otro busca refugio en activos de menor riesgo. Y el local: compañías que por factores inherentes a cada sector no logran romper la dinámica de estancamiento en ventas, ganancias y márgenes», definió un reporte de IEB.

“Dentro de esta dinámica esquizofrénica, el S&P Merval continúa su proceso de lateralización impactado durante esta semana por un tercer causa: el inicio de la temporada de presentación de resultados, que en el caso del Banco Macro disparó una fuerte corrección en el sector”, añadió IEB.

La aversión al riesgo en los mercados internacionales afectó también a la renta fija. Los bonos soberanos Globales -con ley extranjera- perdieron en el balance de cinco ruedas un 1% en promedio, y los Bonares -ley argentina- cayeron 1,3 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan ascendió para Argentina más de 50 unidades en la semana, en los 572 puntos básicos, un máximo desde el 14 de enero. En febrero este indicador trepó en 81 unidades.

“Con un contexto externo adverso es que los activos domésticos se ven arrastrados más allá de la positiva lectura que dejó la colocación del Bonar 2027 a través de los ahorristas locales. Esto se originó a partir de las características intrínsecas del título, entre ellas que sea de corto plazo y que abone renta mensual, lo cual permite explorar un nuevo canal de refinanciamiento en dólares, alineado al objetivo oficial de impulsar mayor desarrollo del mercado de capitales local”, afirmó el economista Gustavo Ber.

Un reporte elaborado por Federico Filippini y Javier Casabal, analistas de Research de Adcap Grupo Financiero, aportó que “la semana estuvo marcada por dos ejes principales. En primer lugar, la licitación del Tesoro excluyó instrumentos a tasa fija por primera vez desde noviembre, aunque igualmente logró un rollover del 93%, con fuerte demanda por CER corto (57% de las adjudicaciones). Esto parece responder a un movimiento deliberado para aliviar las tasas de corto plazo, limitando la oferta a tasa fija y apoyándose en la emisión ajustada por inflación”.

“En paralelo, el nuevo Bonar con vencimiento en octubre de 2027 mostró una sólida demanda y convalidó una tasa cercana al 7%, reforzando la estrategia de acumulación de reservas. En segundo lugar, la actividad económica sorprendió al alza (+4,4% en 2025), impulsada por el agro y los servicios financieros, aunque la recuperación continúa siendo heterogénea entre sectores”, añadieron los expertos de Adcap.

Desde una visión macroeconómic,a la gerencia de Estudios económicos del Banco Provincia advirtió que “el crecimiento de las compras al exterior multiplicó por cinco al de la actividad en 2025 (+24,6% y +4,4%, respectivamente), casi duplicando a la relación histórica que (tres a uno). Esta aceleración implica el desplazamiento de producción local por importada más que una preponderancia de la primera sobre la segunda en un mercado local que se amplía: la actividad industrial cerró el año pasado casi 11% por debajo de los niveles de mediados de 2023, en tanto que el comercio ‘solo’ quedó 5% por debajo”.

El dólar mayorista cerró a 1.397 pesos, y a lo largo de la semana exhibió una suba de 21 pesos o 1,5 por ciento. Asimismo a lo largo de febrero el tipo de cambio oficial descontó 50 pesos o 3,5 por ciento. Y en 2026 mantiene una pérdida nominal de 58 pesos o 4 por ciento.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en $1.606,99, que dejó al dólar comercial a 209,99 pesos o 15% de ese límite para la flotación.

La tendencia del dólar mayorista repercutió en los precios al público. En el Banco Nación el billete minorista cerró a $1.420, para acumular una suba de 25 pesos o 1,8%, tras tres alzas consecutivas entre el martes y el jueves. En febrero retrocedió 45 pesos o 3,1 por ciento.

El dólar blue operó a $1.425 para la venta, con una baja de cinco pesos en la semana, que se amplía a 45 pesos o 3,1% en febrero, y a 105 pesos o 6,9% en lo que va de 2026.

El BCRA sumó USD 300 millones por sus compras de contado desde el lunes 23, mientras que a lo largo de febrero sumó USD 1.555 millones por esta operatoria. Las reservas internacionales brutas bajaron en USD 596 millones, hasta 45.560 millones de dólares.