Por considerar que eran reediciones de viejos planteos, tratados y descartados en instancias previas, el Tribunal Oral Federal N° 7 rechazó el bloque de objeciones contra el avance del proceso de los cuadernos de las coimas que intentaron construir la expresidenta Cristina Kirchner, otros exfuncionarios del periodo investigados y distintos empresarios implicados en el presunto sistema de sobornos.

De ese modo, el TOF convalidó la ley de los arrepentidos y su constitucionalidad; el nacimiento del expediente (cuestionado por presunto “forum shopping”); y la validez de los acuerdos de colaboración de los arrepentidos, entre otras cuestiones, y dejó todo en condiciones para el inicio de las indagatorias, el próximo martes, en la nueva sala Auditorium de Comodoro Py, de manera presidencial.

Cristina Kirchner quedó formalmente convocada a declarar a las 9 de la mañana. La expresidenta encabeza esta primera tanda, seguida del exministro Julio de Vido y su mano derecha Roberto Baratta.

Los rechazos

Enrique Méndez Signori, presidente del Tribunal, sostuvo que durante las cuestiones preliminares, en líneas generales, “no se han introducido argumentos novedosos”, y que “admitir una revisión general de todo lo actuado implicaría reabrir cuestiones ya resueltas y afectar la estabilidad del proceso”, porque obligaría a volver sobre temas ya analizados en instancias previas.

La decisión del Tribunal corrió en línea con la postura de la fiscal Fabiana León, quien, por distintos motivos, solicitó desestimar todos los cuestionamientos. Dijo que muchas de las defensas apostaron a reintroducir cuestiones ya cerradas en etapas previas al juicio para hacerlo caer.

En su fallo, el Tribunal repasó todos los planteos durante casi dos horas. La defensa de la expresidenta, en manos de Carlos Beraldi, había cuestionado el origen de la causa, denunciando un supuesto “forum shopping” (el modo en que se habría direccionado el expediente hacia determinados tribunales). Sostuvo que la investigación estuvo viciada por violaciones a garantías constitucionales, una idea a la que adhirieron las defensas de De Vido, Baratta y varios imputados más.

El Tribunal dijo que no hubo irregularidades en el inicio del proceso y que ese tipo de objeciones habían sido analizadas reiteradamente durante la instrucción y en distintas instancias judiciales, y que no surgieron elementos nuevos en el debate que justifiquen volver a revisarlas.

Entre otras cuestiones, también fue validada la declaración del chofer Oscar Centeno, autor de los Cuadernos que dispararon la investigación. El Tribunal sostuvo que la declaración no tuvo vicios aparentes, que el chofer que no fue obligado a declarar como arrepentido -como se insinuaba- y que todo ese tipo de planteos no pasaban de ser “meras conjeturas”.

Respecto a la presunta falta de registro técnico de las declaraciones de los arrepentidos, uno de los planteos más repetidos entre las defensas, el tribunal sostuvo que el formato del registro, que fue escrito y no grabado, como se señaló, no afecta, por sí mismo, su validez.

Noticia en desarrollo

Unas horas después de asumir en el Ministerio de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, sorprendió con la propuesta de designar en la Unidad de Información Financiera (UIF) a Matías Álvarez, un fiscal federal que se desempeña en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y que tiene una amplia trayectoria en la investigación de organizaciones narco en la Argentina. Mahiques eligió un funcionario judicial con un perfil técnico para un área que estaba desdibujada desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, luego de que pasaran por esa área Paul Starc y Ernesto Gaspari, este último, un hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

El arribo de Álvarez a la UIF es consecuencia de que Mahiques, al frente del Ministerio de Justicia, tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, inició una limpieza en el tablero de esa cartera. El nuevo ministro pidió la renuncia de los titulares de la UIF, la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Para conducir la UIF eligió a alguien con curriculum específico en el universo que el organismo debe monitorear: el lavado de activos derivado del tráfico de drogas.

Álvarez se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor en 2013, con orientación en derecho penal. Actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes y está en camino al doctorado en esa disciplina. Construyó su carrera en el fuero federal: fue secretario de fiscalía de primera instancia entre 2015 y 2019, luego auxiliar fiscal en PROCUNAR entre 2019 y 2023, y desde diciembre de ese año ocupa el cargo de fiscal federal coadyuvante.

Pero el peso de su trayectoria no está en los cargos ni en los títulos. Está en las causas. La más resonante para la agenda narco de Santa Fe es la causa por las narcoavionetas de Brian Bilbao. En febrero de 2025, tras casi dos años como prófugo, Bilbao fue detenido en la localidad bonaerense de Pavón con 956 kilogramos de cocaína en la caja de una camioneta.

El mismo día se accidentó una avioneta en Arequito, en el sur santafesino, con otros 60 kilos acondicionados de igual forma. En la audiencia de formalización realizada ante el juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, fue Álvarez quien solicitó la prisión preventiva para los cuatro imputados. “Estamos frente a un hecho complejo vinculado al crimen organizado, en conexión con varios países de la región, no es un hecho aislado, es algo extendido en el tiempo”, sostuvo en la audiencia. El fiscal describió una asociación ilícita transnacional que introducía droga desde países limítrofes mediante aeronaves privadas sin plan de vuelo, valiéndose de pistas clandestinas en campos del sur santafesino. El juez hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por 180 días para todos los acusados.

Antes, Álvarez había intervenido en una causa de alcance internacional con centro en Buenos Aires: el caso Goldpharma. La investigación se inició a partir de información que la DEA remitió a la PROCUNAR sobre una red de farmacias online radicadas en Argentina que comercializaba sin autorización sustancias controladas —oxicodona, hidrocodona, codeína, anfetamina, metilfenidato y otras— en el mercado estadounidense, con insumos provenientes de Rumania, India y Singapur. La pesquisa se orientó a rastrear cómo esas ganancias ilegales ingresaban al sistema financiero local. Álvarez recibió las declaraciones de arrepentidos de los imputados Rodrigo Ferrari y Hernán Tomaghelli, propietarios de la financiera DTS Consulting y del Grupo Smile respectivamente, quienes reconocieron los hechos. El mecanismo era el sistema informal de transferencia de valores conocido como “hawala”. El juicio terminó con condenas a tres años de prisión y el decomiso de más de 1,3 millones de dólares.

También intervino en la investigación de un clan familiar de Salta que operó desde 2011 organizando envíos de hasta 100 kilos de cocaína adquirida en Bolivia hacia distintas provincias. La causa incluyó lavado de activos. El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a seis integrantes a penas de hasta 13 años de prisión. En esa misma órbita geográfica, Álvarez actuó como auxiliar fiscal en la imputación del empresario boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, procesado por haber organizado el transporte en avioneta de 389 kilos de cocaína que ingresó al país y fue resguardado en una finca de Ibarlucea, en la provincia de Santa Fe, antes de ser distribuido hacia grupos criminales de Rosario.

El perfil se completa con una causa en el Bajo Flores porteño: junto al fiscal federal Eduardo Taiano, Álvarez pidió prisión perpetua para dos integrantes de una organización narcocriminal que operaba en el ex barrio 1-11-14 y asesinaron a un rival en una disputa territorial por el control de la venta de drogas en la zona.

El nombramiento formal de Álvarez al frente de la UIF no es inmediato. El proceso administrativo requiere la publicación de una resolución en el Boletín Oficial, la presentación de declaraciones juradas del candidato, un período para recibir adhesiones y objeciones, y recién entonces la designación oficial. El propio ministro Mahiques reconoció que los tiempos pueden demorarse varios meses.

La UIF que recibirá Álvarez no atraviesa un momento sencillo. El organismo está acéfalo desde la salida de Paul Starc, a comienzos de año, y pasó fugazmente por Gaspari antes del nuevo cambio. Además, enfrenta una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está en el centro de la disputa del gobierno con la Asociación del Fútbol Argentino, tras los intentos de la IGJ de supervisar las finanzas de la entidad. Para esa tarea —monitorear flujos financieros opacos, estructuras de lavado, conexiones entre el crimen organizado y el sistema bancario— Mahiques eligió a alguien que conoce la cocina de las organizaciones narcocriminales desde adentro de las causas.