La Cámara Federal de Casación confirmó la integración del tribunal que debe decidir qué juez investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFAR), Claudio “Chiqui” Tapia, por los delitos de fraude y eventual lavado de dinero.

El tribunal quedó integrado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, quienes deberán resolver sobre la competencia en la causa.

Una decisión de mero trámite procesal, casi formal, como resolver qué juez es competente para investigar el caso, provocó en este expediente el apartamiento o recusación de varios magistrados, sin que a lo largo de cuatro meses se tome una decisión.

La pelea por la competencia es entre el juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charbay y el juzgado en lo penal económico que subroga Marcelo Aguinsky, o en su defecto el juzgado federal de Daniel Rafecas.

Gonzalez Charbay es el magistrado que prefiere la AFA para que siga adelante con sus causas, en la creencia de que será favorecida.

Cualquiera de esos tres magistrados deberá investigar a la AFA por todas las denuncias en su contra, excepto la de evasión. Deberán decidir en el caso de supuestos fraudes por el desvío de unos 400 millones de dólares de las cuentas del organismo en Estados Unidos a cuentas de empresas fantasma.

Y el juez designado deberá además investigar si ese dinero supuestamente ilícito fue lavado mediante la compra de una mansión en Pilar, valuada en 20 millones de dólares, que figura a nombre de una jubilada y su hijo monotributista, exdirigente de fútbol, supuestos testaferros.

La disputa por la competencia llegó a la Sala I de la Cámara de Casación. El juez Carlos Mahiques, que integra la sala como suplente, renunció a ese ereemplazo. Fue señalado porque supuestamente festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar.

En simultáneo, el juez de la Sala I Daniel Petrone se apartó del caso porque tenía vínculos sociales con los investigados.

Finalmente quedaron incorporados a la Sala I para este caso los jueces Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, junto a Javier Carbajo.

Pero la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió recusó a Ledesma y pidió que no vote en el caso, pues le asigna vínculos con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, al frente de un distrito en el que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene influencia con el poder y negocios.

Ahora la Sala I de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Borinsky y Carbajo, rechazó la solicitud de inhibición y recusación de la jueza Ledesma.

Borinsky y Carbajo afirmaron que el instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos.

Señalaron que su uso es para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional de juez natural.

Consideraron que el planteo de inhibición o recusación dirigido a Ledesma fue realizado por la denunciante, que no es parte en el proceso, por lo que no se encuentra legitimada: eso constituye un primer obstáculo para que progrese la pretensión.

Además, explicaron que los motivos por los que Carrió pidió apartar a Ledesma “están basados en hipótesis conjeturales, sin anclaje en circunstancias objetivas y verificables que permitan entender plausible el temor de parcialidad meramente alegado”.

Y concluyeron que “las afirmaciones abstractas esbozadas como causal para pretender el apartamiento de quien reviste el carácter de juez natural en el caso debían ser rechazadas”, a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema en materia de independencia del Poder Judicial.

También destacaron que “la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión, el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles y el deber de cumplir con la función encomendada deben colocar a los magistrados por encima de las insinuaciones” y conducirlos a no aceptar sospechas no probadas de parcialidad.

En tanto, ante el pedido de recusación del fiscal Mario Villar formulado por la defensa del monotributista Luciano Pantano, supuesto dueño de la mansión de Pilar, el tribunal corrió vista para que opine.

La renuncia de uno de los dos veedores designados por el Ministerio de Justicia para intervenir en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió un nuevo capítulo en la interna libertaria entre los sectores que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo.

El veedor Agustín Ortiz de Marco había sido elegido en marzo pasado. En aquel momento, el Gobierno se mostraba públicamente convencido de avanzar en la revisión de los fondos de la AFA.

Luego, Juan Bautista Mahiques, que tuvo contactos con la AFA, desembarcó al frente del Ministerio de Justicia. El jueves, Ortiz de Marco renunció a la veeduría.

El paso al costado renovó las diferencias entre ambos grupos internos del Gobierno y multiplicó las dudas sobre la decisión de la Casa Rosada de seguir adelante con la inspección de los manejos de dinero de la AFA, que también son motivos de una investigación judicial en el fuero Penal Económico.

Allegados a Ortiz de Marco aseguraron que “no llegó a asumir” y renunció antes de poder definir las condiciones de su tarea como veedor de la Inspección General de Justicia en la AFA.

En el Ministerio de Justicia, que ahora manejan Mahiques y su segundo, Santiago Viola, dijeron que buscaron contactarlo a Ortiz de Marco sin éxito.

La designación del veedor se había concretado cuando todavía era ministro Mariano Cuneo Libarona y como segundo estaba Sebastián Amerio, hombre del asesor presidencial, Santiago Caputo.

En aquel momento, al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), estaba Daniel Vitolo, quien ratificaba en público y en privado la decisión de pedir explicaciones a la AFA sobre los números que no cierran.

En los últimos meses, viene revelando cómo empresas fantasma desviaban millones de dólares de la AFA.

Con la salida de Cúneo Libarona, el sector encabezado por la secretaria general Karina Milei, avanzó sobre el Ministerio de Justicia. Sacó la cartera del área de influencia de Santiago Caputo y puso como titular a Mahiques, y como segundo, a Viola.

La avanzada generó aún más sorpresa porque la designación de Viola dejó a Amerio, alfil de Caputo, fuera del Ministerio de Justicia.

En la IGJ, Vitolo fue reemplazado por Alejandro Ramírez.

Ante sus vínculos con la AFA, Mahiques había asegurado que iba a mantener a los veedores para alejar sospechas.

El portazo ahora renovó las dudas. En el ámbito judicial se recordó la relación de Mahiques con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, investigado por la justicia en diferentes frentes y a quien se le atribuye una mansión en Pilar, en la que el camarista Carlos Mahiques, padre del actual ministro, festejó su cumpleaños.

Juan Bautista Mahiques siempre negó que tuviera un pacto con Tapia y Toviggino y que hubiera llegado a “tapar ninguna investigación”.

Consultados por , en el Ministerio de Justicia negaron que su renuncia fuera un síntoma de la falta de apoyo político para inspeccionar la AFA. Explicaron que Ortiz de Marco presentó su dimisión en las últimas horas luego de haber sido citado en dos oportunidades para empezar la veeduría. Y que, tras varios intentos de ser contactado, envió un audio de Whatsapp en el que declinó de participar alegando que “tenía mucho trabajo“.

accedió a los registros de los contactos.

Sin embargo, allegados a Ortiz de Marco dieron otra versión. Aseguraron que “lo designaron hace un mes y en ese período nadie se comunicó con él”, que en ese tiempo buscó ”hablar» para ver el trabajo que se haría, pero sin suerte.

“Lo entendió como un desinterés”, dijeron fuentes cercanas al exveedor.

También detallaron que, al margen de los contactos del Ministerio de Justicia, “no tuvo una reunión previa para resolver si aceptaba o no”.

“Esos contactos siempre se hacen antes de tomar un cargo de esta envergadura”, agregaron.

Todo fue interpretado como señales de falta de decisión para avanzar.

Desde el Ministerio de Justicia rechazaron esa explicación e insistieron en las notificaciones que se dieron a lo largo de los últimos días. Además de la documentación oficial hay correos en los que Ortiz de Marco fue contactado y aludió a una situación de salud por la que habría sido intervenido y que debió guardar reposo.

Ortiz de Marco fue señalado por dos fuentes como un funcionario que respondía a Amerio, el desplazado referente de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia y actual Procurador del Tesoro.

Incluso una de las fuentes precisó que Ortíz de Marco “es muy cercano y de la confianza de quien se desempeñaba como jefe de asesores de Amerio” y que “la propuesta de su designación salió directamente del actual Procurador”, quien afirmaron que la habría hecho llegar en su momento a través del subsecretario de Asuntos Registrales Carlos Medina.

Ante la consulta de , cerca del actual Procurador del Tesoro negaron el vínculo con Ortiz de Marco. Apuntaron que “lo designó Vitolo” y dijeron desconocer si había renunciado o no. Cerca de Ortiz de Marco también buscaron relativizar el vínculo con Amerio y apuntaron a que Vitolo lo conocía de su paso por la intervención en la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (Catac).

Ahora Mahiques deberá elegir un nuevo letrado para el lugar que deja la salida del abogado.

Por 180 días

El Gobierno dispuso en marzo pasado una “intervención en grado de veeduría” en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

La designación de Ortiz de Marco databa de ese momento y se dio junto a la del contador Miguel Pappacena que, por ahora, sigue en el cargo. Ambos tenían como misión elaborar un informe sin intervenir la gestión de la cabeza del fútbol local.

La veeduría se dio a partir de una solicitud formulada por la IGJ, el organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamentó en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.

Las irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente.

Por eso, el Gobierno designó dos veedores en la AFA, uno de los cuales renunció este jueves.