POLITICA
Karina Milei gana poder interno e impulsa a Sebastián Pareja para presidir una comisión clave en el Congreso

El oficialismo quiere impulsar al diputado Sebastián Pareja como candidato para integrar la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Si bien en el Gobierno evitan confirmar al armador bonaerense de La Libertad Avanza de manera definitiva, este medio pudo saber que su nombre pica en punta dentro del esquema que se discute por estas horas para la conformación de ese organismo parlamentario.
La definición formal todavía no está cerrada. Los presidentes de cada cámara del Congreso —Martín Menem, por Diputados, y Victoria Villarruel, por el Senado— deben resolver primero la lista de integrantes de la bicameral mediante una resolución. Una vez que se oficialicen esos nombres, la comisión deberá reunirse y elegir a sus autoridades, instancia que aún no tiene fecha.
En ese marco, el nombre de Pareja aparece como el candidato que impulsa el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el oficialismo señalan que su eventual llegada forma parte de la disputa por el control de espacios estratégicos dentro del Congreso, en un momento en que el Gobierno busca consolidar posiciones en distintas comisiones.
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La Bicameral de Inteligencia es un organismo clave dentro del esquema institucional. Desde el Parlamento, es el órgano encargado de fiscalizar las actividades de los servicios de inteligencia, auditar su presupuesto y requerir informes. Además, por esa comisión deberá pasar la reforma del sistema de inteligencia que el presidente Javier Milei tiene previsto enviar al Congreso.
La Ley de Inteligencia Nacional establece que el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional debe ejercerse a través de esta comisión bicameral permanente. En ese marco, los organismos de inteligencia están obligados a entregar la información o documentación que la comisión requiera, respetando los recaudos previstos en la normativa vigente sobre la clasificación de seguridad de actividades, personal, documentación y bases de datos.
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La comisión está integrada por 14 miembros, con siete representantes de cada cámara legislativa. En la nueva configuración parlamentaria, el oficialismo aspira a ampliar su presencia. La Libertad Avanza sumará representantes desde el Senado, donde antes no tenía, y también podría incrementar su número en Diputados tras los resultados electorales de octubre pasado, que lo posicionaron como primera minoría.
Dentro de la Cámara baja, la presidencia de la Bicameral de Inteligencia es un cargo que, en esta reconfiguración legislativa, le corresponde a Diputados. Pese a tratarse de una comisión bicameral, desde el Senado postularán a sus integrantes, pero dejarán que las autoridades de la Cámara baja definan quién la encabezará.
En ese escenario también se cruzan intereses de distintos bloques. El jefe de los diputados del PRO, Cristian Ritondo, tiene aspiraciones en torno a la comisión, aunque en el Congreso dan por hecho que contará con una de las siete bancas que corresponden a Diputados, pero no con la presidencia del organismo. Dentro del oficialismo señalan que las definiciones finales se están coordinando entre Martín Menem y Karina Milei.
Entre los libertarios que integraron la bicameral hasta diciembre pasado estuvieron los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, ambos cercanos al titular de la Cámara de Diputados. Uno de ellos podría ocupar un lugar relevante dentro de la comisión, aunque el esquema todavía no fue oficializado.
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Mientras tanto, en el Congreso también se sigue de cerca la dinámica interna del oficialismo, marcada por tensiones entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, en el entorno de Caputo relativizan el impacto que podría tener la eventual designación de Pareja. Según indican cerca del asesor, no hay objeciones a que sea el armador bonaerense quien encabece la comisión si finalmente resulta elegido.
En ese sector recuerdan que anteriormente la presidencia de la bicameral estuvo en manos del radical Martín Lousteau y sostienen que ese antecedente no modificó su posición dentro del esquema político. Por ese motivo, aseguran que no planean intervenir en la discusión actual sobre el futuro titular del organismo.
Sebastián Pareja, Karina Milei, Santiago Caputo, La Libertad Avanza, inteligencia, Congreso de la Nación
POLITICA
Nuevo revés para Cristina Kirchner y De Vido en el caso de los Cuadernos de las Coimas

La expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Julio de Vido recibieron un nuevo revés de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa de los Cuadernos de las Coimas. El tribunal rechazó sus recursos para desestimar las declaraciones de los imputados “arrepentidos” en el caso y la pretensión de la expresidenta de cerrar la causa por ser cosa juzgada.
La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que bloquearon el acceso la Corte Suprema de los recursos planteados por la expresidenta y De Vido.
El fallo lleva la firma de los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.
Los magistrados declararon inadmisibles los recursos extraordinarios federales presentados por las defensas de Cristina Kirchner y Julio De Vido.
Petrone y Carbajo dispusieron el rechazo de las apelaciones, mientras que la jueza Ledesma votó en disidencia, a favor de conceder los recursos para que las quejas llegaran al máximo tribunal.
La defensa de Cristina Kirchner cuestionó la resolución que “incorporó los legajos de arrepentidos” al expediente principal del caso de los cuadernos de las coimas, que está actualmente en pleno juicio oral.
Hoy, en esas audiencias prestaron declaración indagatoria Oscar Thomas, extitular del Ente Binacional Yacyretá, y los funcionarios Walter Faggias, Germán Nivello, Ramón García y Camilo Gómez.
El juez Petrone, al liderar el voto de la mayoría al que adhirió Carbajo, desestimó la vía extraordinaria. Argumentó que “la resolución que se pretende impugnar no constituye sentencia definitiva ni es equiparable a tal categoría”.
Además, remarcó que la defensa solo demostró una discrepancia de criterios, señalando que “la parte recurrente basó su impugnación en juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal invocada”.
Por su parte, la jueza Ledesma votó en soledad para habilitar la apelación, al considerar que el planteo de la expresidenta introducía un debate válido sobre “el alcance del derecho de defensa en juicio, los principios de publicidad, oralidad y contradicción y la garantía de doble conforme”.
Asimismo, la expresidenta apeló el rechazo a su pedido de considerar que el caso debía archivarse por “falta de acción por cosa juzgada”.
Nuevamente, los jueces Petrone y Carbajo rechazaron su recurso con el mismo argumento sobre la falta de una sentencia definitiva.
A la hora de fundamentar por qué no se aplicaba la doctrina de la arbitrariedad, la mayoría resolvió que “para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no consiguió probar en autos”.
Ledesma, en cambio, sostuvo que la apelación debía prosperar porque se encontraba en juego el “alcance de las garantías de doble conforme y ne bis in idem”, que se refiere a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Y destacó además “la exigencia en el caso de una tutela judicial inmediata”.
De Vido, por su parte, había acudido a Casación buscando revertir el “rechazo de nulidad y recusación” del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio.
Petrone y Carbajo declararon “inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas”.
La magistrada Ledesma volvió a diferenciarse y argumentó a favor de los imputados, al señalar que los planteos de la defensa introducían cuestiones de gravedad institucional vinculadas al “alcance de los derechos a la doble instancia, debido proceso, defensa en juicio, garantías de imparcialidad, de juez natural y de legalidad”.
Al igual que en los casos de la expresidenta, Ledesma advirtió que la resolución atacada “resulta equiparable a una sentencia definitiva en tanto le ocasionaría a su defendida un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior”.
De esta forma, ahora las defensas de Cristina Kirchner y De Vido les queda el camino de plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno suspendió por irregularidades a 25 cooperativas que funcionaban en La Matanza

El Ministerio de Capital Humano informó la suspensión preventiva de la operatoria de 25 cooperativas de trabajo con sede en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, tras detectar “serias irregularidades” en su funcionamiento. Todas las entidades tenían domicilio en Entre Ríos 3269, San Justo, una oficina perteneciente al gobierno municipal. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y marca un nuevo capítulo en la fiscalización estatal sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el sector cooperativo creadas en gestiones anteriores.
Según el comunicado difundido por la cartera, la decisión se fundamenta en el resultado de un muestreo realizado sobre los asociados de estas cooperativas, en el cual se detectó que 119 trabajadores contratados no contaban con los beneficios de seguridad social obligatorios. La investigación determinó que las entidades, bajo la figura jurídica cooperativa, podrían haber desvirtuado los principios legales previstos en el artículo 2 de la Ley N° 20.337, así como la normativa vigente sobre aportes previsionales.
La suspensión de las actividades y la apertura del sumario administrativo fueron adoptadas como medidas preventivas, mientras se profundiza la investigación sobre la presunta utilización irregular de la estructura formal cooperativa. El Ministerio de Capital Humano remarcó que existen indicios de que estas organizaciones habrían sido empleadas para “eludir normativa vigente y con prácticas que vulneran derechos laborales”.
La ministra, Sandra Petovello, informó la decisión a través de su cuenta de X, replicando el comunicado oficial y arrobando al presidente Javier Milei.

La decisión se tomó luego de descubrir que 119 trabajadores no percibían aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.
De acuerdo a lo establecido por la Resolución 4664/13 del INAES, las cooperativas deben realizar los aportes correspondientes al régimen previsional de trabajadores autónomos, o bien cumplir con otro sistema legalmente habilitado. Sin embargo, el relevamiento realizado por el organismo reveló que los beneficios sociales no eran otorgados a los contratados, en franca contradicción con las disposiciones vigentes.
Las entidades intervenidas comparten domicilio en una oficina de la Unidad Ejecutora Operativa Matanza, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la posible implicancia de la Municipalidad de La Matanza y de sus funcionarios en el funcionamiento de las cooperativas suspendidas. El sumario administrativo deberá dilucidar el grado de injerencia de la administración local en la operatoria de las entidades.
El Ministerio de Capital Humano sostuvo que las irregularidades detectadas podrían haber desnaturalizado los fines cooperativos, apartándose de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio, y aprovechando la estructura formal para eludir obligaciones legales. El comunicado advierte que, de comprobarse las acusaciones, las cooperativas habrían incurrido en prácticas que vulneran derechos laborales, utilizando la figura jurídica con fines ajenos a los establecidos por la normativa.
La decisión del INAES implica la suspensión de toda operatoria de las cooperativas alcanzadas hasta que se determine la existencia o no de responsabilidades administrativas, civiles o penales. El procedimiento se mantendrá vigente mientras avanza el sumario y se recolectan pruebas sobre la operatoria real de las entidades y la eventual participación de funcionarios municipales.
El comunicado oficial incluye la nómina completa de las entidades suspendidas, que abarca organizaciones con denominaciones correlativas y diferentes números de CUIT, como Coop. de Trabajo La Matanza 12 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 49 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 51 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 56 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 61 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 72 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 77 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 105 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 112 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 116 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 123 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 135 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 142 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 171 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 205 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 206 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 229 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 236 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 311 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 329 Ltda. y Coop. de Trabajo Fortalecer Ltda.
POLITICA
Axel Kicillof: “Javier Milei nos está robando recursos, pero no aceptaremos ninguna extorsión”

LA PLATA.− El gobernador Axel Kicillof citó en esta ciudad a los 135 intendentes bonaerenses para advertirles de la frágil situación financiera que atraviesa el territorio. “Estamos ante una verdadera catástrofe. El gobierno de Javier Milei tiene en la mira a la provincia de Buenos Aires”, aseguró.
El mandatario estuvo acompañado por intendentes de diversos partidos políticos, la vicegobernadora Verónica Magario, y los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.
Ante ellos, anunció que la provincia presentará una nueva demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se restituyan fondos por 1,3 billones de pesos por incumplimientos en la ley de consenso fiscal.
“Nos están robando recursos, pero no aceptamos ninguna extorsión para aceptar leyes dañinas”, denunció Kicillof. Ningún referente de La Libertad Avanza acudió a la Casa de Gobierno.
Recordó que hay siete causas en litigio ante al Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar los fondos retenidos de Seguridad, de Compensación de transporte público de pasajeros, de Incentivo Docente, de Bosques Nativos, el Compensador para la caja previsional, Boleto Integrado y reclamos por tributos locales en la facturación de gas.
“Vamos a realizar una nueva denuncia en la Corte por incumplimiento consenso fiscal por convenios que ascienden a 1,3 billones de pesos”, afirmó.
El ministro de Economía sostuvo que existe una marcada caída de la actividad en el país y en la provincia. Y fue el encargado de explicar a los municipios la merma de transferencias. “Queremos que vean por qué tienen una caída en los recursos que reciben. Tiene que ver con caída de recaudación y de las transferencias del gobierno nacional. Vemos una situación extremadamente compleja, de riesgo. No estamos viendo perspectiva de que esto vaya a cambiar”, afirmó Pablo López.
El ministro hizo hincapié en la caída de la recaudación nacional por séptimo mes consecutivo –cercano al 10 por ciento interanual–. Y dijo que eso luego se traduce en la coparticipación provincial.
Agregó que la provincia perdió 6,6 billones pesos en coparticipación desde 2023 y que las deudas de la Nación por las obras públicas suman más de 15 billones de pesos. “Llegamos así a más de 22 billones de pesos acumulados en dos años. Esto es una pérdida de recursos equivalente a la mitad del presupuesto anual de la provincia, que este año es de 44 billones de pesos”, dijo.
Entre los intendentes presentes se destacaron Julián Alvarez, de Lanús, y Juan Ustarroz, de Mercedes, alineados con La Cámpora. Entre los radicales se dejaron ver Maximiliano Suescun, de Rauch, y Diego Reyes, de Púan. También asistieron alcaldes del Frente Renovador como Javier Gastón, de Chascomús.
El gobernador les prometió que distribuirá 250 millones de pesos a los municipios en abril, correspondientes al fondo de Emergencia a la Inversión Municipal.
María José Lucesole,Conforme a
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