POLITICA
El Gobierno cambia su propuesta de reforma: endurece penas para delitos comunes, pero no para los casos de corrupción

Con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el gobierno reconfiguró su agenda reformista: dejó atrás la idea de presentar un nuevo Código Penal, con cambios de alto impacto político y social, para avanzar con ajustes parciales.
En esa reformulación aparecieron cambios significativos. Por ejemplo, se reducirían las penas para funcionarios condenados por delitos de corrupción.
También se elevaría el piso para los delitos de lavado de dinero a 5000 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).
Se eliminaría, además, el capítulo que aparecía en la reforma sobre genocidio y delitos de lesa humanidad que estaba y desparecería o se debilitaría el castigo para los delitos contra el medio ambiente, según dijeron a fuentes con acceso al nuevo borrador.
Los cambios resultan sustanciales y alteran el espíritu original de las reformas que fueron trabajadas por una comisión de juristas y luego revisadas por el exministro Mariano Cúneo Libarona y la hoy senadora Patricia Bullrich.
El texto que había elaborado aquella comisión de expertos, coordinada por el juez Mariano Borinsky, sufrió luego nuevas modificaciones cuando pasó por las manos de Cúneo Libarona y Bullrich, pero ahora tendrá la impronta del nuevo ministro Mahiques.
Estos cambios están alineados con los deseos de Javier Milei que la semana pasada traabajó en la Quinta de Olivos los ajustes con el ministro Mahiques y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
El texto que se analiza ahora plantea una nueva condición objetiva de punibilidad del lavado de dinero, es decir, un criterio que debe cumplir para ser considerado delito.
La ley de 2024 fijó el piso para perseguir el lavado en 150 salarios mínimos, unos 52 millones de pesos. Por debajo de esa cifra quedan exentos de investigación.
Ahora se analiza elevar ese número a 5.000 millones de pesos, lo que impediría perseguir importantes casos en trámite.
Según pudo saber , Mahiques se abocó en las últimas semanas a la tarea de una revisión pormenorizada de los cambios a presentar en el Congreso. El eje ordenador de los ajustes ya no sería librar la “batalla cultural” sino avanzar sobre lo seguro: agravamiento de penas y nuevos tipos penales.
En cambio, el oficialismo abandonó por ahora la idea de volver a penalizar el aborto, eliminar la figura de femicidio -que establece la pena máxima para el hombre que asesine a una mujer por cuestiones de género- y declarar como imprescriptibles a los delitos de corrupción.
“Iba a ser una guerra absoluta”, evaluó un referente libertario sobre la idea original, que finalmente quedó en pausa.
El nuevo criterio, que se inauguró con el desembarco de Mahiques y su viceministro de Justicia, Santiago Viola -en reemplazo de Sebastián Amerio, aliado de Santiago Caputo-, se afinca en la idea de avanzar con pasos firmes. “Cambiar las cosas, no polemizar en X”, sintetizan.
“No se va a enviar nada que no se haya revisado”, aseguró a una encumbrada fuente ministerial. La semana pasada, el ministro de Justicia se reunió con los tres magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Tras ese encuentro se confirmó que el ministro hará consultas con el máximo tribunal sobre los ajustes del Código Penal y elevará un informe al presidente Javier Milei antes de su presentación formal.
El mismo principio rige para los pliegos judiciales que se enviarán al Senado. Se avanzará con aquellos que hayan sido revisados y presenten mayor urgencia: vacantes en fueros con alto impacto en el funcionamiento del sistema, pero menor exposición política. Los cargos en Comodoro Py, donde se investiga al poder, quedan fuera de la agenda inmediata.
El paquete de reformas penales en elaboración combina una ampliación de derechos para las víctimas con un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas que reflejan modalidades criminales en expansión.
Uno de los cambios más relevantes apunta a reforzar el lugar de las víctimas dentro del proceso penal. El proyecto introduce un “criterio de interpretación pro-víctima”, que obligará a jueces y fiscales a ponderar sus derechos con mayor amplitud, y les otorga un rol más activo en decisiones clave.
En paralelo, se busca tipificar conductas que hasta ahora no estaban contempladas de manera específica en el Código Penal, pero que forman parte del delito cotidiano. Entre ellas, las estafas piramidales, que pasarán a tener penas de entre tres y doce años de prisión, con agravantes cuando se acredite que la víctima no podrá recuperar el dinero invertido.
La misma lógica se aplicará a modalidades de robo que ganaron visibilidad en los últimos años. El proyecto incorpora figuras como las “viudas negras”, las salideras y entraderas, y los denominados motochorros.
En estos casos, además de fijar escalas penales específicas -que en algunos supuestos van de los dos a los 12 años- se introducen agravantes vinculados al uso de sustancias o cuando ocurren al ingreso o salida de bancos o escribanías.
También se avanzará sobre delitos vinculados al sistema migratorio. La iniciativa incorporaría al Código Penal figuras ya existentes en la legislación vigente -como el tráfico ilegal de personas o el fraude migratorio– y sumar nuevas conductas punibles, con penas que pueden alcanzar hasta los 20 años en los casos más graves. Entre ellas, el ingreso ilegal al país o la violación de prohibiciones de reingreso tras una deportación.
El endurecimiento alcanza, además, a otros frentes sensibles. Se prevé elevar las penas por grooming y explotación sexual infantil, con agravantes cuando las víctimas sean menores de 13 años o personas con discapacidad, y se incorpora un esquema más severo para la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
En materia de seguridad urbana, se incrementarán las sanciones por picadas callejeras -con penas de hasta seis años, que pueden escalar en caso de homicidio- y se crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos penitenciarios, con castigos más altos si hay participación de funcionarios.
El proyecto también incluiría un capítulo sobre incumplimiento de deberes familiares, con penas que pueden llegar a los seis años de prisión en casos de reiteración o evasión fraudulenta de obligaciones alimentarias. También una reformulación integral de los delitos vinculados al maltrato animal, que pasarán a estar incorporados directamente en el Código Penal, con escalas más elevadas.
March 25, 2026,Hernán Cappiello,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Un lugar estratégico. Los libertarios impulsan a Lilia Lemoine para la comisión de Juicio Político,,Reformas. El Gobierno promete una restricción para que los extranjeros compren tierras argentinas pero sin afectar la soberanía,,Eutanasia en Argentina. Los proyectos del Congreso y la opinión de la gente que reflejan las encuestas
POLITICA
Diputados conformó las presidencias de ocho comisiones y La Libertad Avanza se quedó con una clave

En una jornada marcada por la organización parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación conformó este jueves el reparto de las presidencias y principales cargos de sus comisiones operativas. Se designó a las nuevas autoridades y hubo definiciones sobre el rumbo temático en áreas como obras públicas, ciencia y tecnología, defensa y turismo.
La designación de las autoridades en la jornada de hoy mostró al bloque de La Libertad Avanza que, en un principio, decidió correrse de la disputa de las presidencias, entendiendo que son comisiones por las que no pasarán los proyectos claves.
Una de las apostillas que rompió la monotonía de la elección de las autoridades fue en la Comisión de Turismo. La presidencia quedó en cabeza del bloque de Unión por la Patria, que propuso a Gabriela Pedrali y a Jorge Mukdise como vicepresidente segundo. El legislador de Santiago del Estero señaló que “en los últimos años hemos perdido un millón y medio de turistas extranjeros y hemos sumado 4,5 millones de turistas argentinos en el extranjero: unos 6 millones de turistas menos para nuestro mercado”.
La otra comisión que se conformó hoy solía ser de importancia cuando se discutía el Presupuesto, pero que en los últimos años perdió peso. Poco después de las 9 de la mañana, la Comisión de Obras Públicas designó a Martín Aveiro, de Unión por la Patria, como presidente. Defendió la presencia estatal como condición imprescindible para el crecimiento sostenido y la transformación social. El legislador de UP pidió que el Ejecutivo retome las obras paralizadas, sosteniendo que “es mucho más barato que no hacerlo”.
La vicepresidencia primera fue para Fernando Monguillot, del bloque Elijo Catamarca, que a pesar de ser propuesto por el libertario Nicolás Mayoraz, tuvo un discurso en contra del accionar de LLA en el sector al señalar que “la obra pública no es un gasto”.

El diputado Martín Yeza, por el PRO y representando a Fuerzas del Cambio, fue elegido presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El ex intendente de Pinamar anunció la distribución temática de los proyectos legislativos bajo análisis, indicando que “están distribuidos en un 50 % sobre asuntos vinculados a ciencia, tecnología e innovación, y otro 50 % a la inteligencia artificial”.
Yeza sostuvo que el trabajo de la comisión se regirá por un semáforo de coincidencias que indica con color verde las temáticas que convocan proyectos de todos los bloques, como “tecnología para engañar, principios de inteligencia artificial, educación e inteligencia artificial”. El amarillo representa iniciativas relativas a la graduación del riesgo en inteligencia artificial, mientras el rojo señala cuestiones críticas, como financiamiento y modelos regulatorios.
La comisión también significó la vuelta a la exposición dentro de la Cámara Baja de la diputada libertaria Lorena Villaverde, luego de que fuese rechazado su diploma en el Senado. La legisladora rionegrina, envuelta en polémicas durante los últimos meses, asumirá la vicepresidencia de este cuerpo.

Una particularidad “histórica” es que se terminó dando en la conformación de la Comisión de Defensa que será presidida por el libertario Carlos Zapata.
Agustina Propato (Unión por la Patria), designada vicepresidenta primera a propuesta de Germán Martínez, resaltó la presencia de “tres exministros de Defensa: Luis Petri, Agustín Rossi y Jorge Taiana“, lo que augura debates especializados.
Pasado el mediodía, siguió la conformación de las comisiones. La primera fue la Comisión de Asuntos Municipales, donde se designó a Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, como presidenta, quien anticipó una agenda orientada a la promoción del federalismo y la apertura institucional al interior del país.
Donde La Libertad Avanza sí fue por la presidencia, fue en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Este cuerpo es de vital importancia por el rol de puertos y porque también se tratará la licitación de la Hidrovía que el Gobierno impulsó este año.

En este aspecto, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, propuso una coordinación con la Comisión de Transporte —presidida por Jorge Rizzotti— para desarrollar una reunión informativa con los funcionarios encargados de la licitación de la vía navegable troncal Hidrovía. La presidencia en este caso quedó para el diputado chubutense de LLA, César Treffinger.
Las últimas dos comisiones que se conformaron hoy fueron la de Deporte y la de Finanzas.
En el caso de la primera, fue electo como presidente el sanjuanino Jorge Chica en nombre de Unión por la Patria. Para la segunda, otra vez el oficialismo decidió quedarse con la presidencia y, con el apoyo de los socios, impuso al diputado libertario Santiago Pauli.
POLITICA
El Gobierno en su ring político: obsesionado por retomar la iniciativa, Milei pelea contra su propia crisis

Javier Milei debate en redes sociales con ciudadanos que se quejan por no llegar a fin de mes. Manuel Adorni convoca a una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre su causa judicial, pero prefiere discutir con los periodistas; se enoja, no aclara y deja más dudas que certezas. Una enorme movilización popular, quizás la más nutrida de los últimos años, ignora el debate oficialista de relativizar los atroces crímenes de la dictadura al cumplirse 50 años del golpe de Estado. Como un boxeador desorientado que tira piñas al aire, el Gobierno no encuentra el foco para reorientar su propia crisis política.
Sólo el fallo favorable a la Argentina en el juicio que se seguía en Estados Unidos contra el país por la expropiación parcial de YPF trajo sobre el final de la semana algo de alivio para la Casa Rosada. No llegó a ser un contragolpe. Apenas un manotazo. El Gobierno hizo un esfuerzo lógico por capitalizar el resultado favorable, pero terminó enredado en su propia contradicción: festejar el resultado de una exitosa intervención estatal contra el sector privado. Una derrota de la batalla cultural. Milei se despidió de la cadena nacional del viernes a la noche con un “Viva la Patria” final, una frase más propia de Cristina Kirchner que de él.
La crisis política que desparrama en el Gobierno el caso Adorni terminó por generar solo hacia afuera cierta tregua en la interna oficialista. Quedó en evidencia en la puesta en escena del festejo por YPF. El Presidente se rodeó por Karina Milei y Adorni, pero al mismo tiempo subió a escena al equipo jurídico que responde a Santiago Caputo, robustecido en estas últimas 48 horas. Después de meses de derrotas de palacio, el asesor presidencial capitalizó el fallo norteamericano vía María Ibarzabal, la secretaria Legal y técnica, y Sebastián Amerio, el nuevo procurador del Tesoro. Desde ese sector hubo euforia con la noticia. Fue como un grito contenido. “Y eso que somos sólo 4”, graficaba un integrante de esa mesa chica caputista para bajar la espuma de la supuesta injerencia que podrían tener en el derrotero de traspiés del karinismo. “Santiago nunca haría nada contra el Presidente, fue el constructor de todo esto, el que dice eso no lo conoce”, lo destacan a su lado. Un detalle no menor es que el último verdugo de ese sector, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, no participó de la cadena nacional. De su cartera depende administrativamente la tarea de los abogados del Estado, aunque jerárquicamente responda pura y exclusivamente al Presidente.
Del otro lado, el sector más cercano a Karina Milei no logra salir del encierro al que lo sometió el frente judicial de Adorni. Por las dudas, la secretaria general avanza. No quiere saber nada de su colega de gabinete y se molesta cuando le preguntan por Caputo. De hecho, no fue a la conferencia de prensa del miércoles en la que el jefe de Gabinete llevó a algunos ministros, entre ellos, al asesor. Más tarde volvió a dejar un mensaje de apoyo en sus redes ante las dudas que había generado su ausencia.

Concentrada en blindar al Presidente, esta semana dio un paso más en su avanzada y promovió a Lilia Lemoine para presidir la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. Lilia, “El jefecito”, tiene línea directa con la secretaria general y se convirtió en esta crisis en la única voz oficial de defensa pública de Adorni. Anulado el funcionario como vocero, el Gobierno explora alternativas. Esta semana, Karina se reunió en su despacho del primer piso (vale recordar, el del jefe de Gabinete) con Antonio Aracre, economista y una espada informal en la batalla mediática. No hubo ningún ofrecimiento, pero las especulaciones en torno a su rol crecieron a partir de la foto en la que se los ve juntos en la Casa Rosada. Karina tenía con él una relación vía whatsapp y finalmente se conocieron. Fue el miércoles, en plena crisis de comunicación de Adorni. También estaba Thor. Ambos son fanáticos de los perros.
Otro elegido por Karina es Sebastián Pareja, su alfil político en la provincia de Buenos Aires y hoy diputado nacional, que se hará cargo de la comisión bicameral de Inteligencia. Ese lugar se lo había autoreservado Cristina Ritondo. Ya le sacaron el sillón que el Pro pretendía en la Auditoría General de la Nación, de madrugada y en acuerdo con el kirchnerismo.
Sin agenda
El caso Adorni anuló la agenda del oficialismo en el Congreso. Martín Menem no quiere saber nada con abrir un debate en este contexto y por ahora sólo trabaja en terminar de conformar las comisiones. Hasta cumplió los pactos, dicen en el kirchnerismo, sobre el reparto de lugares y la proporcionalidad. Eso sí: este año se aseguró no dejar a la oposición a la cabeza de ninguna comisión que pudiera darle un sobresalto, como Salud o Discapacidad.
Menem pateó nuevamente el debate de la Ley de glaciares. En la semana del 7 u 8 de abril convocará a una audiencia a los gobernadores de las provincias cordilleranas para socializar el costo político de la modificación y es poco probable que abra el recinto una semana después por la ausencia de al menos 35 diputados que van a estar de viaje. Recién toda la actividad se concentrará más llegado el fin de mes. El 29 de abril será la sesión para el informe del jefe de gabinete, que anunció Adorni esta semana y que tendrá el acompañamiento del propio Milei, en un hecho sin precedentes. Será su primera exposición. “¿Llega?”, se preguntaban dos diputados, uno de extracción oficialista y un aliado. La velocidad con la que se expande el caso en los tribunales de Comodoro Py hace difícil pensar de acá a un mes. Ya quedó imputado en la causa que lleva adelante Ariel Lijo, que esta semana se unificó bajo su mando. La explosiva declaración de la secretaria del piloto y broker Agustón Issin, que vendió los pasajes a Marcelo Grandio, el amigo de Adorni y contratista en la tevé pública, hace prever que se le vienen días complicados. Mañana vence el plazo para que los diputados envíen sus preguntas por escrito y el foco estará puesto ahí.
Mientras va por la vía judicial, la oposición mira el escenario convulsionado y trabaja en unificar criterios para un pedido de sesión especial. La tienen difícil, pero el contexto adverso en el que se mueve el Gobierno podría abrirles alguna hendija. El temario iría desde el rechazo al DNU que modificó el área de Inteligencia, la reapertura de la comisión investigadora Libra a una solución para las familias sobreendeudadas. Recién arrancaron las conversaciones.
La estrategia del jefe de Gabinete seguirá siendo la de excusarse en su vida privada para no responder. Son tiempos no aptos para pacientes, pero en el despacho de Adorni esperan que recién en dos meses, cuando se presente la declaración jurada de bienes, el asunto quede resuelto. Hablan de una hipoteca como justificación patrimonial. Eso será el 30 de mayo. El miércoles próximo volverá a insistir con exponerse en conferencia en modo acá no pasó nada. Una simulación de normalidad. El martes, la izquierda prevé plantarle una clase pública en la puerta de una de sus nuevas viviendas, sobre la calle Miró, a la vuelta de la Facultad de Filosofía y Letras.

Sin reemplazo
Más allá de Adorni, el problema expone a Karina. Ella lo ubicó en el cargo para taponar el ascenso de Santiago Caputo, pero en rigor, el lugar le pertenece. Su jugada sobre el final del año pasado fue la toma del poder de todo el gabinete. Los hermanos Milei se movieron en las últimas horas sobre la lógica de que Adorni no tiene reemplazo. El nombre que suena con más fuerza es el del canciller, Pablo Quirno, pero no llega a ser una espada karinista pura. Sí lo son, en cambio, los Menem. Cerca de ellos sostienen que no está en los planes de nadie. Lule, dicen, no agarraría por la exposición que depara el cargo. Es verdad que fue jefe de Gabinete Juan Manzur, que jamás habló cuando ostentó ese cargo. Martín Menem, dicen en el palacio legislativo, tampoco tiene reemplazo al frente de Diputados. ¿Y Karina? Ella actúa como la jefa de gabinete, pero correría un alto riesgo. Una moción de censura, por ejemplo, sólo requiere una mayoría absoluta del Congreso que habilite su remoción. Por fuera del karinismo, Diego Santilli siempre suena como posibilidad, pero no deja de ser un extrapartidario. Su llegada a ese cargo podría ser leído como la vuelta de la política tradicional que ostentó Guillermo Francos. Demasiado macrista. No está en los planes de la secretaria general, que ya lo condicionó con la incorporación de la firma de Adorni en la supervisión y autorizaciones para las transferencias de fondos a provincias y erogaciones del Estado.
El contexto de sequía de bolsillo imposibilita que el Gobierno pueda encontrar un eje para salir de la crisis política. Los escándalos Adorni y Libra, que sigue creciendo, toma a Milei en un momento delicado en su valoración de gestión. Esta semana se conocieron nuevos resultados de sondeos de opinión adversos al oficialismo. La última encuesta de la universidad de San Andrés marcó un claro deterioro: solo el 33% de satisfacción, lo que representa una caída de 7 puntos respecto a noviembre de 2025. La baja se ve también en la aprobación presidencial, en 39%. No es un número de catástrofe si se lo compara con lo que tenía, por ejemplo, Alberto Fernández, en el mismo período, con solo 17%. El problema es la tendencia sostenida a la baja desde enero que el Gobierno no logra romper. Todas las encuestas marcan como principal preocupación los bajos salarios y la pérdida de empleo. Lo más preocupante: cambió sobre todo la expectativa de mejora económica.
El nuevo riesgo K: aviso del mercado
La economía sigue estando al tope de las preocupaciones. La actividad mostró un crecimiento a dos ritmos, con los sectores que más empleo generan en declive y sin recuperación. El Gobierno hizo retoques mínimos, como la baja de 5 puntos en los encajes bancarios que intenta una reactivación económica, a lo Ernesto Talvi, comentan en el mercado. Es que entre quienes siguen de cerca los movimientos de Luis Caputo ven algo de la influencia de su nuevo asesor en el rumbo económico, incluso recomendando moderar el objetivo de inflación cero en el corto plazo.
Esta semana, la consultora 1816 puso el foco en el riesgo K, pero no por el kirchnerismo, sino por ese crecimiento dispar de la economía, y puntualizó sobre los problemas que se le acumulan al equipo económico. “Es cierto que creció el desempleo en 2025 (primera vez en el siglo que sube con PBI al alza), viene bajando el salario real (el privado registrado de enero 2026 fue el más bajo en 18 meses) y se multiplicó la mora de hogares (de 2,5% en octubre 2024 a 10,6% en enero 2026, tomando entidades financieras), en un contexto en que industria y construcción siguen debajo de noviembre 2023”, detalla en su informe. Y se pregunta si ese riesgo K económico vuelve a traducirse en el mediano plazo en el riesgo K político. Por ahora, la consultora Opinaia, que suele medir para el Gobierno, refleja una caída para Milei, pero más moderada que el resto. Incluso destaca que tuvo momentos peores (septiembre 2025) del que se pudo recuperar. Hoy la imagen negativa la ubican en 52%, pero la tendencia también es a la baja estos últimos dos meses.
Lo que llamó la atención en 1816 es que en la última encuesta de Atlas Intel, que mide para Bloomberg, pone a Axel Kicillof con mejor imagen que el Presidente. El mercado empezó a hablar ayer con el resultado de las licitaciones de bonos, con vencimiento en octubre del año que viene y otro con un próximo gobierno. En la lectura del ministro de Economía, el riesgo Milei fijó una tasa de 5,02% mientras que a octubre de 2028, con otro gobierno, se va a 8,5%. Hay otra mirada: el mercado hoy no ve clara e indiscutida una reelección de Milei.
Modo panelista y batalla cultural
Sin adversarios políticos visibles, el Presidente volvió esta semana al modo panelista. Se trata de ganar discusiones, lanzar temas que prendan, con una dinámica en la que incluso puede caer en contradicciones. La falacia del hombre de paja, con discusiones forzadas, con tal de ganarlas. El riesgo es que esa estrategia no se traduce por ahora en un resultado favorable. Esa misma medición de Atlas Intel que se conoció esta semana pega de lleno en la batalla cultural. Más allá de que coincide en que la desaprobación a Milei cae a su mínimo histórico, en 36,4%, en su tercer mes consecutivo de caída, pone el foco en los debates que el Gobierno intenta instalar en la agenda pública. Los alineamientos internacionales del Presidente lo están haciendo perder apoyo social. Según ese estudio, 6 de cada 10 argentinos (64%) cree que las declaraciones de Milei cuando involucró a la Argentina en la guerra en Medio Oriente podrían tener un impacto muy negativo para el país. Solo el 6% las califica como muy positivas y el 57,5% rechaza totalmente la decisión de unirse al Board of Peace de Donald Trump.
El intento de reinstalar el debate sobre lo que el oficialismo llama “memoria completa” tampoco prendió. Más allá de la impactante manifestación popular en la Plaza de Mayo, en las redes el tema no tuvo el rebote esperado. Según el estudio de la consultora Ad Hoc, en 2025, el volumen de conceptos asociados a “verdad completa” fue de 193.000 menciones, mientras que este año apenas se estancó en 58.000. Es una baja de 69%.
Milei ni siquiera se prendió. Solo reposteó el video de la Casa Rosada en una semana en la que tuvo más de 1000 interacciones en redes. Uno de los testimonios elegidos, el de Miriam Fernández, hija de desaparecidos, no hizo más que reconfirmar los crímenes de la dictadura. Otra vez la contradicción del relato. Su apropiador, Armando Osvaldo Fernández Miranda, fue condenado a 15 años de prisión como coautor de los delitos de retención y ocultamiento de una menor de 10 años, alteración del estado civil de una menor y falsedad ideológica de documentos públicos destinados a acreditar la identidad. Ella es hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, nacida durante el cautiverio de su madre en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se acreditó en el juicio que, transcurridos ocho días del parto, la niña fue arrancada de los brazos de su madre y entregada al matrimonio compuesto por el exoficial de inteligencia de la Policía de Mendoza y su esposa Iris Yolanda Luffi. La inscribieron como hija biológica, mientras que los excamaradas de Miranda, Abelardo Garay y Eduardo Smaha Borzuk -quien falleció antes del debate-, firmaron como testigos del nacimiento falsamente documentado mediante una partida de nacimiento con datos apócrifos, según el sitio fiscales.gob.ar. En la revisión de la condena, que determinó penas más elevadas aún, intervino Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia de Milei. Y este es solo un caso de los que tiene Fernández Miranda. Ahí es, como con el caso YPF, donde el Gobierno no encuentra el eje para alzarse con el triunfo discursivo de su mentada batalla cultural.
Peronismo y dilemas
El peronismo, mientras tanto, ensaya la apertura. Eduardo Wado de Pedro recorrió La Rioja la semana pasada con el gobernador Ricardo Quintela. Se propone como armador en el deshilachado PJ, en representación de Cristina Kirchner. Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, salió a pedir por carta al partido la convocatoria a una interna abierta para fin de año para definir candidaturas ante la posibilidad de que se terminen eliminando las PASO. Fue en su momento una figura impulsada por el esquema cristinista. Sergio Massa reapareció en la marcha por el 24 de marzo y manda mensajes de que no competirá por la provincia de Buenos Aires. Cerca de Axel Kicillof siguen con atención los movimientos y mantienen diálogo con todos esos sectores, menos con Cristina.
Un trabajo de Sinopsis reconstruye los fundamentos de la motivación del voto a Milei. Del 40% de la última elección, hay un 12% que representa un votante cautivo, ese que no acepta una opción del pasado y elige al libertario porque no tiene adonde ir. Si no hay cambios notorios de mejora, Milei dependerá de que la sociedad repita ese mismo dilema a su favor.
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POLITICA
Constitucionalistas celebran la propuesta de la Corte para modificar el reglamento de selección magistrados

La propuesta de la Corte Suprema para modificar aspectos del proceso de selección de magistrados -alcanzado en ocasiones por la suspicacia y las críticas- despertó elogios y optimismo en constitucionalistas de trayectoria, que coinciden en valorar positivamente la vocación del proyecto por reducir la injerencia de la política en la primera parte del proceso.
“En la etapa del Consejo de la Magistratura deben prevalecer los criterios técnicos por sobre los políticos. Luego el Presidente ejerce discrecionalmente sus atribuciones constitucionales para elegir a los integrantes de cada una de las ternas que se elevan”, señaló Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
En esa línea, sostuvo que la propuesta de la Corte es un “gran aporte” para tener jueces independientes e imparciales.
Su colega, el constitucionalista Alberto Garay, que preside el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, se pronunció en sintonía, al sostener que el trabajo realizado por los cortesanos es “digno de elogio” y acorde a los reclamos del mundo académico.
“Al proponer la reducción del puntaje de la entrevista personal de los candidatos con el pleno del Consejo -paso anterior a la calificación final y formación de ternas- aminora el peso que esa calificación posee sobre el puntaje total que obtengan los candidatos”, puntualizó.
“Si el Consejo hiciera propia esa propuesta, reduciría el margen de discrecionalidad de los consejeros en la puntuación de esa audiencia, margen que muchas veces ha llevado a la designación de jueces y juezas que nunca deberían haber accedido a la judicatura”, le dijo a .
La iniciativa para cambiar el reglamento de selección de jueces lleva la firma de solo dos de los tres jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Fue elevado para su análisis y consideración al Plenario del Consejo de la Magistratura, el órgano en donde nace el proceso de selección y se constituyen las ternas que luego se envían al Poder Ejecutivo.
El constitucionalista Alejandro Carrió, por su parte, calificó la iniciativa como muy “saludable”. “Busca remediar viejos males de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que tienen como nota común permitir a este cuerpo actuar con altos márgenes de discrecionalidad”, señaló a este medio.
Al igual que sus colegas, celebró el límite que la propuesta le pone a las entrevistas personales, una instancia del proceso en la que se suelen definir muchas de las ternas. En la versión de la Corte, la influencia de ese espacio no puede superar el 10% de los puntos totales.
“Es muy elogiable. Esa entrevista, generalmente llevada a cabo solo por algunos consejeros, ha dado pie a muy sospechosas alteraciones del orden de mérito de los concursantes”, apuntó Carrió.
Y añadió: “Separar las figuras de quienes proponen los temas de examen de aquellos que habrán de corregirlos, hará más difícil las ‘filtraciones’ de consignas a candidatos preferidos, como alguna vez sucedió en el pasado”.
También instituciones del ámbito del derecho se han expresado a favor de la iniciativa. El Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (FORES) emitió un comunicado valorando positivamente el proyecto.
“Constituye un avance institucional relevante en la búsqueda de fortalecer la calidad, transparencia y legitimidad del sistema de designación de jueces, eje central para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial y la vigencia efectiva del Estado de Derecho”, dice el texto.
“En particular, FORES destaca que el proyecto propone un rediseño estructural del sistema de concursos orientado a asegurar que el acceso a la magistratura se funde de manera prioritaria en criterios objetivos de mérito e idoneidad, reduciendo de forma significativa los márgenes de discrecionalidad que históricamente han afectado estos procesos”.
Un ángulo de análisis distinto ofreció en sus redes sociales el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En un extenso posteo en X, evaluó el peso jurídico de la “Acordada” por la cual la Corte giró el proyecto al Consejo, y si bien no se opuso, e inclusive dijo acordar con algunos de sus puntos, interpretó que el máximo tribunal se “extralimitó”, porque desde la reforma constitucional de 1994 la función de superintendencia del funcionamiento del Poder Judicial respecto de los jueces quedó en manos del Consejo de la Magistratura, dijo.
“La CSJN no quiso intervenir ‘lateralmente’ en el debate, sino que dotó al texto de una investidura institucional reforzada, con pretensión de autoridad y de irradiación sobre todo el sistema judicial argentino”, opinó.
propuesta de la Corte Suprema,Federico González del Solar,Conforme a
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