El juez federal Ariel Lijo dispuso este martes el peritaje de los llamados telefónicos entrantes y salientes del empresario asociado a la TV Pública, Marcelo Grandio. Se busca determinar si el pago de los vuelos privados a Punta del Este durante el feriado de Carnaval que hizo el jefe de Gabinete está vinculado a contrataciones estatales.

La medida incluye además el análisis de las comunicaciones entre Grandio y Horacio Silva, presidente de la productora Imhouse, y el requerimiento de los expedientes completos de los contratos que esa firma mantiene con la TV Pública.

Según los elementos incorporados a la causa, Grandio habría abonado los vuelos privados de la familia de Adorni a Uruguay.

La gerenta comercial de la empresa Jag Executive Aviation, Vanesa Tossi, declaró ante la Justicia que Grandio solicitó una cotización para “invitar a una familia” a Punta del Este. Según su testimonio, facturó únicamente el tramo de ida a nombre de Imhouse y pagó el regreso en efectivo, en un intento de evitar la facturación completa. Esta versión contradice la declaración pública de Adorni, quien había afirmado que él mismo había costeado los pasajes de su familia.

La causa, cuya investigación lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, busca determinar si esos vuelos tuvieron relación con beneficios obtenidos por Imhouse en sus contratos con el Estado. La TV Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete, confirmó la existencia de al menos seis contratos vigentes con la productora desde 2024.

Ante ese panorama, Lijo amplió el pedido de información para conocer los ingresos generados, el circuito administrativo de la documentación y los funcionarios que intervinieron en cada etapa.

Lijo también impuso a Grandio una restricción de contacto con la testigo Tossi, luego de que esta denunciara haber recibido llamados y mensajes de presión durante la audiencia.

El juez busca con el peritaje telefónico determinar si existieron otras comunicaciones relevantes y si hubo coincidencias en otros viajes entre el empresario y el jefe de Gabinete.

Las otras medidas de prueba

Días atrás, Pollicita solicitó a Lijo que autorice una serie de medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.

Entre los pedidos centrales, el fiscal requirió que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Adorni y de Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.

También solicitó información sobre los movimientos migratorios de la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y de otras personas que hayan integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

El requerimiento incluye datos detallados: fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. Además, el fiscal pidió que el organismo realice un cruce de la información para determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.

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Otro punto del dictamen apunta al registro interno de esos movimientos en el sistema migratorio. Pollicita solicitó que se identifique a los usuarios del organismo que intervinieron en la carga, validación o modificación de los registros vinculados a los vuelos investigados, con detalle de nombres, áreas de pertenencia, fechas, horarios e incluso las terminales e IP utilizadas en el proceso.

La intervención de la PIA, de concretarse, permitiría que ese organismo examine la documentación del expediente y utilice las herramientas con las que cuenta para evaluar eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el uso de recursos del Estado y con la actuación de quienes aparecen mencionados en la causa.

Manuel Adorni, Gobierno, Justicia

El candidato opositor de la UOM Zárate-Campana, Angel Derosso, denunció que dos desconocidos entraron este lunes en la sede de su agrupación en actitud intimidatoria (uno de ellos con un arma de fuego), golpearon a un activista con una llave inglesa y les advirtieron que “bajen la lista” que compitió contra Abel Furlán, el titular de esa seccional, en las elecciones de principios de marzo.

El dirigente, que encabezó la única lista opositora e impugnó la votación ante la Justicia por presuntas irregularidades, relató que cerca del mediodía de este lunes dos jóvenes ingresaron repentinamente a la sede de su agrupación, Azucena Villaflor, en Campana, donde él y otros dirigentes estaban reunidos. Uno de los agresores portaba un revólver y llevaba un casco de moto que le cubría el rostro, mientras que el otro, a cara descubierta, llevaba una llave inglesa a manera de arma.

Según Derosso, luego de que identificaron a uno de los presentes, uno de los atacantes le pegó en una rodilla con la llave inglesa mientras lo amenazó: “Bajen la lista; si no, va a ser peor”. En ese momento, uno de los activistas de la lista opositora logró escaparse, lo que provocó que los agresores se retiraran precipitadamente tras permanecer en el lugar entre 5 y 10 minutos. Antes de irse, les advirtieron: “No llamen a la policía”.

El agredido sufrió un edema en la rodilla producto del golpe, aunque su estado no reviste gravedad.

En diálogo con Infobae, Derosso apuntó directamente a la interna gremial como causa del ataque y acusó a Furlán como su “responsable directo” y explicó que el hecho responde a la escalada de tensión por las impugnaciones a la elección en la UOM Zárate-Campana y al congreso metalúrgico nacional del 18 de marzo pasado.

El sindicalista aseguró que ya se hicieron las correspondientes denuncias policiales por el episodio y que las lesiones que sufrió el otro miembro de su agrupación fueron constatadas por médicos del Hospital Municipal San José, ubicado en Campana.

Derosso reveló que el clima de amenazas motivó que un integrante de la agrupación Azucena Villaflor hiciera el 26 de marzo una presentación ante la Justicia debido a la sospecha de “actos de violencia física” en contra de él y de otros miembros de la lista opositora a Furlán.

Tras esa presentación judicial, la fiscalía de Campana dispuso custodia policial para 2 de los integrantes de la agrupación, incluyendo al dirigente agredido en el episodio de este lunes. “Ya nos habíamos enterado que iba a pasar algo de esto“, señaló Derosso.

Por su parte, allegados a Furlán dijeron que “no tienen conocimiento” del hecho intimidatorio sufrido por sus rivales y al ser consultados sobre la acusación de Derosso contra el líder del sindicato metalúrgico enfatizaron: “Es mentira. No podemos desmentir algo que no existió”.

El 17 de marzo pasado, tras tras la denuncia por presuntas irregularidades en los comicios de la seccional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la proclamación y toma de posesión de las autoridades electas en la UOM Zárate-Campana y pospuso la elección de la conducción del sindicato a nivel nacional en el congreso metalúrgico, que se hizo igual en abierto desafío al fallo de la Justicia y en el que Furlán logró la reelección como secretario general del gremio con el voto del 80% de los 270 delegados presentes.

En su sentencia, los jueces de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo María Dora González y Víctor Arturo Pesino se pronunciaron ante una presentación de la oposición a Furlán en la Seccional Zárate-Campana, que denunció irregularidades en el acto electoral y solicitó la suspensión del proceso, así como la nulidad absoluta de los comicios.

Mientras, el Gobierno decidió que no intervendrá en el conflicto desatado en la UOM luego de que Furlán realizó el congreso para elegir autoridades nacionales sin acatar la suspensión ordenada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Según fuentes oficiales, la Secretaría de Trabajo no cederá ante las presiones de los opositores a Furlán para que se declare la acefalía de la UOM ni ante la intención del líder metalúrgico de que le extiendan el certificado de autoridades para darle legitimidad a su designación.

En el entorno de Julio Cordero, el titular de Trabajo, consideran que el conflicto en la UOM nacional está judicializado y por eso decidieron esperar una decisión de los magistrados laborales en un sentido o en otro antes de dictar alguna resolución acerca de la validez del congreso nacional de los metalúrgicos.

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Mientras las cámaras del Congreso terminan de conformar sus últimas comisiones —el ámbito por el que transitan las discusiones parlamentarias—, las miradas se concentran en la Cámara de Diputados, que avanza hacia el cierre del mapa legislativo que ordenará el tratamiento de los proyectos durante el año.

En paralelo a la definición de la Comisión Bicameral de Inteligencia —un espacio clave para el control de los organismos del sector—, el oficialismo y la oposición ya distribuyeron la mayor parte de las comisiones permanentes.

A pesar de que aún restan definiciones, La Libertad Avanza ya controla 20 comisiones en Diputados, incluidas áreas estratégicas como Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Defensa y Relaciones Exteriores. Agregando este martes Previsión y Seguridad Social, que quedó a cargo del diputado Pablo Ansaloni.

En los últimos días se designó a Lilia Lemoine al frente de Juicio Político y a Guillermo Montenegro en Libertad de Expresión.

Otras comisiones quedaron en manos de aliados de la oposición dialoguista: Minería será presidida por Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), cercana al gobernador Raúl Jalil; Industria por José Luis Garrido (Por Santa Cruz), del espacio del mandatario Claudio Vidal.

El PRO, en tanto, conducirá Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con Martín Yeza; Agricultura y Ganadería, con Martín Ardohain; y Educación, con Alicia Fregonese.

Unión por la Patria encabezará 14 comisiones y recuperó esta semana la presidencia de Mercosur, tras la salida del ahora libertario Damián Arabia, que asumió en Comunicaciones e Informática, quedando a cargo de la presidencia el porteño Eduardo Valdés. Mientras que Horacio Pietragala asumió en Derechos Humanos y Garantías.

El interbloque Provincias Unidas, que lidera Gisela Scaglia, también tendrá conducción en áreas como Asuntos Municipales, con la cordobesa Carolina Basualdo, y Transporte, con el radical jujeño Jorge Rizzotti.

Las comisiones que faltan

Este miércoles se terminarán de conformar las comisiones restantes: Familia, Niñez y Juventudes y Seguridad Interior.

Se trata de áreas sensibles para el debate parlamentario, vinculadas a derechos civiles, políticas sociales y seguridad.

Con estas definiciones, quedará completo el mapa de comisiones de Diputados, el circuito institucional por el que deben pasar todos los proyectos antes de llegar al recinto.

La bicameral que define el destino de los DNU

Aún resta, además, definir la integración de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, un cuerpo clave dentro del funcionamiento del Congreso.

Este órgano es el encargado de analizar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que dicta el Poder Ejecutivo, una herramienta que permite al Gobierno legislar en situaciones excepcionales.

La comisión fue presidida hasta diciembre por el desarrollista Óscar Zago y su nueva conformación será determinante para el tratamiento de los decretos que emita la gestión de Javier Milei.

Con el cierre de estas designaciones, el Congreso terminará de definir su engranaje legislativo, una estructura clave para el desarrollo de la agenda política en los próximos meses.

Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y las Actividades de Inteligencia, Sebastián Pareja, Karina Milei