POLITICA
El Gobierno busca acercar posiciones con las provincias y planea transferirles rutas para que las concesionen

El Gobierno busca acercar posiciones con las provincias con una nueva herramienta de negociación: la transferencia de rutas nacionales para que sean las propias jurisdicciones las que las concesionen. En la Casa Rosada aseguran que el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas avanzan en conversaciones con distritos interesados para cederles corredores que no forman parte de los tramos ya licitados por Nación.
La intención oficial es que cada provincia pueda estructurar su propio esquema de concesión y usarlo para financiar mantenimiento, mejoras y ampliaciones de acuerdo con sus intereses productivos.
“Estamos hablando con todas las provincias interesadas. Con algunas hay avances y con otras no. Falta”, expresan en Nación.
En el oficialismo ponen como ejemplo los corredores ligados a la actividad petrolera y a Vaca Muerta, donde el flujo de carga pesada y la necesidad de infraestructura más robusta exigen soluciones específicas que la Nación no está dispuesta a financiar con recursos del Tesoro.
La lógica que plantean en Balcarce 50 es que las provincias que tengan incentivos económicos claros sobre una traza se queden con la concesión, definan el esquema de inversión y capturen el repago vía peaje o mecanismos complementarios.
El trasfondo de esa negociación es la reestructuración vial que ya puso en marcha el Gobierno. Según la página oficial de la Red Federal de Concesiones, Nación tiene en licitación 16 tramos que suman 9090 kilómetros de rutas nacionales. Ese número surge de la suma de los kilómetros informados oficialmente para los tramos Oriental, Conexión, Sur Atlántico Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte, Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. El sitio oficial resume ese universo como un total “superior a los 9.000 kilómetros” concesionados.
En paralelo, Luis Caputo confirmó en la Bolsa de Comercio de Rosario que el Gobierno diseña un segundo paquete de 12.000 kilómetros adicionales para obras de mayor envergadura, como autovías, duplicación de calzada, tercer carril y reconstrucción de rutas, también bajo esquemas sin aporte directo del Tesoro. Ese programa es distinto del plan de transferencias a provincias: mientras el primero apunta a nuevos contratos viales nacionales con privados, el segundo busca correr a las jurisdicciones subnacionales al centro del esquema para corredores que no entraron en la Red Federal de Concesiones y que pueden tener valor económico local.
El caso más avanzado es Santa Fe. Caputo anunció el 1 de abril la cesión de la ruta nacional A012, un corredor de 67 kilómetros que circunvala el Gran Rosario y conecta accesos logísticos clave para el sistema portuario. El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que, una vez concretado el traspaso, la provincia iniciará los arreglos y lo vinculó a su plan de accesos a puertos. La A012 no integra la Red Federal de Concesiones publicada por Vialidad, por lo que funciona como modelo del tipo de corredor que Nación pretende transferir: trazas estratégicas para una economía regional determinada, pero fuera del paquete nacional ya licitado.
En el Gobierno repiten que el objetivo es “federalizar” la solución sobre rutas con valor productivo específico. Eso incluye corredores petroleros, mineros, agroexportadores o portuarios, donde la rentabilidad no siempre depende del tránsito general sino del uso intensivo de un sector económico concreto. En ese esquema, las provincias podrían estructurar concesiones propias, negociar financiamiento multilateral y orientar las obras según la demanda de su aparato productivo. La Casa Rosada ya dejó trascender esa lógica en las conversaciones con Santa Fe, donde además de la A012 se mencionó la posibilidad de articular financiamiento con la CAF para obras ligadas al desarrollo portuario.
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Por ahora, el Ejecutivo no publicó un listado oficial con los corredores exactos que podrían ser transferidos ni un número cerrado del universo a ceder a las provincias. Lo que sí está claro es la división de tareas que empezó a ordenar Economía: una red nacional “rentable” bajo la Red Federal de Concesiones, de algo más de 9.000 kilómetros; un segundo paquete nacional en estudio por 12.000 kilómetros para ampliaciones y obras nuevas; y, en paralelo, una mesa de negociación con provincias para desprenderse de rutas que quedaron afuera de ambos esquemas o que tienen una lógica productiva local más que federal.
La apuesta oficial es que ese esquema sirva también para recomponer el vínculo político con gobernadores dialoguistas en un momento en que la Casa Rosada necesita acuerdos para sostener su agenda legislativa. En Balcarce 50 saben que la infraestructura vial es uno de los reclamos más sensibles del interior y creen que la cesión de rutas puede transformarse en una moneda de negociación con impacto concreto sobre las economías regionales. Admiten igualmente que todavía faltan definiciones técnicas, financiamiento y consensos distrito por distrito.
Gobierno, provincias
POLITICA
La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo para el 30 de abril

La CGT anunció este jueves que el próximo 30 de abril realizará una movilización a Plaza de Mayo, en la víspera del Día del Trabajador. Según indicó Jorge Sola, uno de los miembros del triunvirato que conduce la organización sindical, será en reclamo por “la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”. Además, habrá una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco.
Tras una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central gremial, el triunvirato se paró delante de los periodistas y Sola se plantó frente al micrófono. “Hicimos un profundo análisis de la realidad sociolaboral y económica que está atravesando nuestro país. Como es noticia en cada uno de los medios, cada una de las actividades estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad o la informalidad, o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo”, comenzó su discurso el representante del sector de Seguros. Lo escoltaron sus compañeros Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio, y Octavio Argüello, de Camioneros.
“En conmemoración por el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15, en la que se va a llevar adelante también una celebración religiosa conmemorando al papa Francisco, su relación con la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales. Ese vínculo que el papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera”, detalló Sola.
Y agregó: “A partir de eso, de esa situación, y en esa conmemoración, vamos a reclamar el estado actual de situación de los trabajadores y trabajadoras, de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar”.
Ya respondiendo preguntas de los periodistas presentes, Sola resaltó que “cuando se lleva adelante una política económica, no debe ser desarraigada de lo que siente la gente”.

“Y lo que está padeciendo la gente hoy es el ajuste brutal, que no es de ahora, viene sucediendo desde el mismo momento en que este gobierno asumió. Y que sucede en el poder adquisitivo, pero también sucede en la discapacidad, en los laburantes, los jubilados, sucede en la educación, y ese malhumor social se trasunta en una manera de expresarse que cada uno de ustedes perciben en las notas que hacen”, esgrimió.
En relación a la caída del poder adquisitivo, Sola consideró “importante la defensa irrestricta la posibilidad de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales”.
“Si hay algo que este Gobierno ha hecho y siempre ha denostado es el control de precios. Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es, precisamente, el control sobre uno de los valores y de los precios, que es el control de los salarios”, manifestó el líder sindical.
Luego, se quejó de que, para las negociaciones salariales, “el Gobierno pone un techo que está debajo de la inflación promedio”, mientras que “le cuesta muchísimo sostener la inflación en valores normales, y eso impacta directamente en el poder adquisitivo”.
Por otro lado, en relación a la judicialización de la reforma laboral, con una medida cautelar que actualmente pesa sobre más de 80 artículos de la ley, los dirigentes de la CGT consideraron que, entre otras cosas, en lo que se aprobó en el Congreso hay una “violación del principio protectorio del derecho del trabajo, donde en una relación contractual siempre el trabajador es la parte más débil que debe protegerse”.
También se refirieron a la transgresión del principio de progresividad que marcan nuestra Constitución y los tratados internacionales, que marcan que todo derecho social, una vez que se tiene ganado un derecho, no puede retroceder».
POLITICA
Por denuncias de su expareja, renunció el subsecretario de Justicia del gobernador Alfredo Cornejo

MENDOZA.- Tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual, lesiones y amenazas, renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino. Se trata de una figura decisiva en la provincia y soldado del gobernador radical Alfredo Cornejo, especialmente en el vínculo con el Poder Judicial.
Entre los delitos que empiezan a investigarse, expuestos ante la Justicia por su excónyuge, reconocida licenciada en comercialización, docente y periodista, se denuncian abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia de género. El funcionario rechazó todos los cargos, aunque dijo que dio un paso al costado para no entorpecer la investigación.
En la última década, D’Agostino fue una figura clave y espada del gobernador en el ámbito judicial. Se lo consideraba el “brazo ejecutor” de Cornejo en los tribunales, con una función determinante: gestionar las reformas judiciales y constituir el nexo con jueces y fiscales, además de ocupar un rol clave en el Consejo de la Magistratura.
D’Agostino fue subsecretario de Justicia desde la primera gestión de Cornejo en 2015 y mantuvo la función en el mandato del gobernador Rodolfo Suarez. Fuentes cercanas al gobierno mendocino lo ubican como u referente del núcleo duro y operador de Cornejo. Se interpreta s salida del gobierno como u fuerte golpe para el Poder Ejecutivo, por la confianza con el gobernador y rol estratégico que cumplía desde hace años.
Aunque rechazó las denuncias en la “renuncia indeclinable” presentada al gobernador, D’Agostino se vio obligado a dimitir para “garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia” en la investigación, que conduce la fiscal Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género.
Entre las acusaciones se incluyen audios de conversaciones y registros fotográficos de lesiones. Los hechos habrían sucedido entre 2021 y 2024, con una “prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025”, declaró la denunciante.
El funcionario ya se había separado de su esposa Anabel Molina, quien fue reina nacional de la Vendimia en 2003 y a fines de 2025 fue designada jueza de Cámara, integrante del Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial.
De acuerdo con la presentación judicial, se requirió la prohibición de acercamiento, retención del pasaporte, restricción de salida del país, botón antipánico y embargo preventivo de bienes para D’Agostino. Asimismo, se solicitó protección para la abogada de la víctima.
“Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los órganos del Estado”, señaló D´Agostino en la renuncia.
En el Ministerio Público Fiscal confirmaron a la presentación de la denuncia e indicaron que “se encuentran en curso las medidas correspondientes protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados”.
Pablo Mannino,Mendoza,Alfredo Cornejo,Conforme a,Mendoza,,Baja de la natalidad. Una provincia decide cerrar la maternidad de un hospital y abrir un área de salud mental,,»Ritual de iniciación». Qué pasó con la joven mendocina que denunció a jugadoras de hockey por abuso sexual,,»No fue obligada». La madre de una de las jugadoras de hockey acusadas de abuso negó los hechos y dio detalles del “bautismo”
POLITICA
El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política con el foco en superar el caso Adorni y definir una batería de anuncios

El Gobierno prepara para miércoles o jueves una nueva reunión de mesa política que buscará definir las prioridades legislativas de las próximas semanas y acompañarla con anuncios de gestión de alto impacto.
En el Ejecutivo reconocen que la intención es retomar la iniciativa con medidas que vuelvan a poner en el centro de la escena la agenda oficial, en momentos en que el avance de las causas que involucran a Manuel Adorni siguen condicionando la conversación pública.
La discusión interna pasa, sobre todo, por cómo comunicar ese paquete. Adorni y Santiago Caputo volvieron a coordinar este viernes la estrategia y se reunieron ayer en la Casa Rosada para ordenar las medidas en carpeta.
En Balcarce 50 admiten que no descartan una conferencia de prensa esta semana, aunque aclaran que la decisión todavía depende del jefe de gabinete y del clima político que deje el fin de semana.
Puertas adentro, los avances judiciales sobre el ministro coordinador siguen marcando el pulso de la gestión. En su entorno reconocen que el funcionario continúa “golpeado” y que sus equipos atraviesan días de fuerte tensión, mientras monitorean si el escándalo pierde intensidad.
“Bajó un poco la espuma el viernes”, resumen en despachos oficiales, donde también dejan abierta la posibilidad de convocar a una reunión de gabinete para mostrar orden interno y respaldo político.
La principal apuesta inmediata de Nación es el envío al Congreso de la reforma política y electoral. El oficialismo busca que el proyecto genere discusión pública y vuelva a abrir el debate sobre el sistema de representación.
Entre los puntos bajo análisis aparece la incorporación de circunscripciones uninominales para elegir diputados, una idea que ya había sido incluida por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Ley Bases girado al Congreso en 2023, junto con la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento partidario.
La mesa política deberá resolver además cómo escalonar el resto de los expedientes. El Gobierno venían ubicando hasta ahora como prioridades a la Ley Hojarasca, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el paquete de propiedad privada, mientras que una nueva Ley de Salud Mental no figuraba entre las urgencias inmediatas.
Entre las medidas que el Ejecutivo quiere activar también aparece el decreto para destinar el 10% de los ingresos provenientes de las privatizaciones al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Javier Milei habló de la decisión el 2 de abril, durante el acto por Malvinas, al sostener que esos fondos se usarán para “la compra de armamento y bienes de capital” del sistema de defensa.
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La estrategia oficial apunta a que esa agenda reabra frentes de discusión con la oposición, los gobernadores y los gremios, pero con una lógica distinta a la de las últimas semanas: correr el foco del frente judicial y volver a disputar la centralidad con iniciativas propias.
En la Casa Rosada creen que una reforma política, sumada a decretos y proyectos con alto voltaje político, puede ordenar a la tropa y recuperar margen en el debate público.
El cierre de esa hoja de ruta quedará atado a la reunión de mesa política que buscan concretar entre miércoles y jueves.
En varios despachos oficiales buscan llegar con una medida de impacto, como el envío de la reforma del Código Penal al Congreso. El juez Mariano Borinsky estuvo además en Balcarce 50 este viernes en medio de las versiones que indican que el oficialismo planea retomar las negociaciones por la Corte Suprema. Por el momento, descartan oficialmente anuncios de esa índole.
Gobierno, anuncios
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