ECONOMIA
Las empresas de colectivos dicen que pierden $370 millones diarios por la suba del gasoil

La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó un nuevo pico de tensión. Las cámaras empresarias del sector, nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), advirtieron que el sistema pierde $370 millones diarios por la suba del gasoil. Este desfasaje financiero, provocado por la brecha entre el precio real del gasoil y el valor reconocido por el Estado en la estructura de costos, derivó en una reducción de frecuencias que afectó a millones de usuarios durante la última semana.
El foco del conflicto reside en la disparada del precio del combustible, un insumo que representa uno de cada cinco pesos del costo total de operación del transporte. Según los datos técnicos difundidos por AAETA, el precio del gasoil reconocido por la Secretaría de Transporte de la Nación para el mes de abril de 2026 es de $1.744,27 por litro. Sin embargo, el valor actual de mercado en las estaciones de servicio de YPF asciende a $2.065, lo que genera una diferencia de $320,73 por cada litro consumido.

Esta brecha se traduce en un impacto directo sobre las finanzas de las prestadoras. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026”, señaló la entidad empresaria a través de un comunicado oficial. En la práctica, las empresas aseguran que deben adquirir el combustible a valores que incluso oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro en canales mayoristas, mientras el Estado mantiene una estructura de costos basada en cifras desactualizadas.
El impacto del contexto internacional
La aceleración en los precios de los combustibles no es un fenómeno aislado de la economía local. El sector señala que el valor del gasoil se disparó de manera significativa a nivel global desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que introdujo una presión adicional sobre los costos operativos en Argentina. Dado que las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día —totalizando unos 411 millones de litros al año entre las jurisdicciones de CABA, Provincial, Municipal y Nacional—, cualquier variación en el surtidor tiene un efecto multiplicador inmediato.

En términos anuales, el gasto total en combustible para sostener la red de transporte del AMBA asciende a aproximadamente $870 mil millones. Ante la falta de actualización de las compensaciones tarifarias, las cámaras sostienen que el déficit diario de $370 millones vuelve insostenible la prestación regular del servicio.
Reducción de servicios y “racionalización técnica”
La gravedad de la situación financiera obligó a las empresas a implementar lo que denominaron una “readecuación operativa de emergencia” o “racionalización técnica”. Esta medida se manifestó en una merma considerable de las frecuencias en las líneas de jurisdicción nacional y provincial. Desde AAETA se enfatizó que la reducción no respondió a una medida de fuerza de carácter gremial, sino a una limitación física y financiera: “La reducción de servicios no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.
Aunque algunas líneas como la 64, 65 y 151 mantuvieron su funcionamiento habitual, una extensa lista de servicios nacionales y provinciales —incluyendo las líneas 136, 163, 166, 176, 182, 194, entre otras decenas— sufrieron interrupciones o demoras prolongadas.
La normalización del servicio comenzó a ser gradual tras el ingreso de algunos pagos por subsidios, aunque las empresas advierten que la solución de fondo no ha sido alcanzada. “La solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”, reiteró la cámara empresaria.
El déficit estructural
Para dimensionar la profundidad de la crisis, el sector difundió también el “Índice Bondi” correspondiente a febrero de 2026 (se elaboró antes de la disparada del precio del gasoil). Los números allí reflejados exponen un sistema con desequilibrios estructurales.
Según Aaeta, el costo real de mantenimiento del sistema para ese mes se estimó en $387.270,60 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció $298.433,63 millones. “Esto arroja una pérdida para la calidad del servicio, frecuencias y renovación de unidades de $88.836,97 millones mensuales”, señalaron desde la entidad.

El reporte también destaca la brecha entre lo que paga el usuario y lo que cuesta el viaje. Con un boleto mínimo actual en Jurisdicción Nacional de $700 (según el último aumento de marzo 2026), el costo real del boleto sin subsidio debería ser de $1.922 (promedio con IVA incluido). Esto significa que, incluso sumando las compensaciones del Estado y los boletos vendidos, las empresas aseguran perder $182,63 por cada pasajero transportado.
Negociaciones y amenazas de sanción
El Gobierno nacional ha mantenido una postura firme frente a la reducción de servicios. Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que el Estado cumplió con el pago de los subsidios y que no hay justificativo para la merma en las frecuencias. Ante esta situación, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se iniciaron fiscalizaciones y se labraron actas de infracción.
Las sanciones previstas por violar el régimen diario de frecuencias pueden oscilar entre los 500 y los 15.000 boletos mínimos. Además, las autoridades recordaron que la interrupción del servicio por cinco días consecutivos o diez alternados en un año puede ser causal de caducidad del permiso de explotación por abandono del servicio. “La Secretaría de Transporte reafirma su compromiso de proteger a los usuarios, aplicando todas las medidas necesarias ante cualquier incumplimiento”, indicaron fuentes oficiales.

En el ámbito provincial, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió sobre el riesgo de quiebra de las compañías. En una entrevista con Infobae en Vivo, el funcionario explicó que la falta de rentabilidad pone en peligro la conectividad de miles de ciudadanos. Como medida paliativa, la provincia de Buenos Aires decidió adelantar pagos de subsidios de abril y aumentar el porcentaje de anticipo al 60% para evitar la parálisis total del sistema.
Tras una reunión entre funcionarios nacionales y representantes empresarios, se acordó la creación de mesas de trabajo técnicas. El objetivo de estas comisiones es buscar una reestructuración integral del sistema que permita absorber la disparada del gasoil sin trasladar el costo de manera directa y masiva a la tarifa que pagan los usuarios.
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ECONOMIA
Baja de impuestos a la industria: qué puede pasar en 2027 y por qué será difícil lograr un acuerdo


Con una industria que acumula meses de caída del empleo, empresas que reclaman alivio tributario para competir con los productos importados y gobernadores que hacen cuentas para sostener sus ingresos, la discusión sobre una baja de impuestos promete convertirse en uno de los debates económicos de 2027.
La Unión Industrial Argentina (UIA) busca avanzar con un pacto fiscal federal que reduzca la presión sobre la producción, pero el camino aparece lleno de obstáculos: mientras algunas provincias anuncian beneficios y exenciones, otras enfrentan una caída de la recaudación que deja poco margen para resignar recursos. ¿Hasta dónde podrán avanzar las rebajas y qué posibilidades reales existen de alcanzar un acuerdo?
La propuesta que impulsa la entidad fabril se presentó el 3 de noviembre, durante la 32ª Conferencia Industrial, y contempla una reducción gradual de los tributos que afectan a la actividad manufacturera. Buena parte de los cambios depende de las provincias, que administran Ingresos Brutos, y de los municipios, responsables de distintas tasas.
Carlos Abeledo, jefe del Departamento Tributario de la UIA, explicó a Infobae que la entidad decidió utilizar las uniones industriales provinciales para acercarse a los gobernadores e impulsar modificaciones en las leyes impositivas que se aprobarán en diciembre y comenzarán a regir en 2027. “Se va a avanzar en tratar de lograr, a través de las uniones industriales de cada provincia, un acercamiento con los distintos gobernadores para que empiecen a aplicar lo que estamos pidiendo de la reducción hasta la eliminación de Ingresos Brutos en cada provincia para la industria”, señaló.
La estrategia apunta a conseguir rebajas progresivas de Ingresos Brutos y la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones que afectan a las empresas. Abeledo recordó también que la UIA presentó previamente su propuesta al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante una reunión anterior a la Conferencia Industrial.
Por qué será difícil reducir Ingresos Brutos
El principal obstáculo aparece en las finanzas provinciales. Durante 2026, los gobernadores enfrentaron menores transferencias automáticas y no automáticas de la Nación, además de un retroceso de la recaudación propia.
El economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), consideró que ese escenario deja escaso margen para implementar reducciones significativas de Ingresos Brutos durante 2027. Según explicó, algunas jurisdicciones registraron caídas reales del 4% al 5% en la recaudación de ese tributo.
“Dado el contexto de financiamiento en el que están las provincias durante este año, es muy difícil que alguna provincia presente su proyecto de ley impositiva con una baja considerable, una baja concreta de Ingresos Brutos para el año 2027”, advirtió.
El especialista señaló que algunos proyectos provinciales contemplan actualizar las escalas de facturación que determinan las alícuotas. Ese mecanismo permitiría que determinadas empresas pasen a categorías inferiores y paguen tasas menores, sin modificar las alícuotas generales. Sin embargo, estimó que el beneficio alcanzaría a un número limitado de contribuyentes. “Entiendo que eso va a ser lo máximo que se pueda observar para el año 2027 en las provincias”, sostuvo.
Las provincias que anunciaron beneficios
Dentro del mapa provincial aparecen situaciones diferentes. Abeledo destacó que Catamarca cuenta con una norma escrita vinculada con la reducción tributaria, aunque todavía se espera su implementación. También mencionó los compromisos anunciados por los gobernadores de Neuquén, San Juan y Santa Fe para incorporar beneficios en sus leyes impositivas de 2027.
En Santa Fe, fuentes del gobierno de Maximiliano Pullaro señalaron que la provincia mantiene desde hace tres años una política de alivio tributario. Según detallaron, las exenciones adicionales representan alrededor de $80.000 millones que la administración deja de recaudar.
Entre los beneficios vigentes, recordaron, figura la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos hasta el 30% de los pagos de energía eléctrica y deducir los salarios correspondientes a nuevas incorporaciones de personal. Las fuentes oficiales vincularon esas medidas con la creación de 9.000 puestos industriales.

También destacaron reducciones de la carga tributaria sobre el comercio y exenciones para actividades agropecuarias y maquinaria agrícola. “Es un camino que venimos transitando. En 2027 no vamos a subirlo, pero tampoco está pensado bajarlo”, afirmaron desde la administración provincial, al tiempo que reclamaron reducciones de impuestos nacionales.
En Córdoba, en tanto, fuentes del Gobierno explicaron que la provincia reorganizó sus regímenes de promoción industrial y estableció exenciones del 100% de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante diez años para las empresas comprendidas en la nueva norma. El beneficio puede extenderse a quince años en parques industriales y determinadas zonas provinciales. Según precisaron, unas 4.000 empresas industriales de un universo de 6.000 están incorporadas al sistema.
Por su parte, Marcelo Capello, economista del IERAL, detalló que el proyecto de presupuesto cordobés para 2027 contempla reducir la alícuota general de Ingresos Brutos del 4,75% al 3,5%, con un costo fiscal estimado en $64.886 millones. De todos modos, esta reducción es para el sector de comercio y servicios. La industria sigue pagando 1,2%, excepto las que se incorporen al régimen de promoción, señalaron las fuentes oficiales. El objetivo es que, si se resignan recursos, sea en beneficio de empresas que inviertan en Córdoba y no sólo que vendan en la provincia.
Pese a estas medidas, las fuentes consultadas advirtieron sobre las limitaciones de las decisiones individuales de los gobernadores. “Si no hay consenso fiscal a nivel nacional, es imposible que las provincias lo resuelvan solas”.
El problema del efecto cascada
Los especialistas también plantearon diferencias sobre la efectividad de reducir parcialmente las alícuotas provinciales.
Jorge Colina, economista de Idesa, cuestionó que una rebaja limitada de Ingresos Brutos resuelva los problemas de competitividad industrial. “No tienen ningún sentido las rebajas, porque Ingresos Brutos no te pega tanto por la alícuota como por su efecto cascada”, afirmó.
El economista explicó que el impuesto se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización. También advirtió que las alícuotas elevadas aplicadas al sistema financiero terminan encareciendo el crédito para las empresas. “Entonces, Ingresos Brutos y tasas municipales tienen que ser eliminados. De nada sirve bajar un poco la alícuota”, sostuvo.
En una línea similar, Marcelo Capello, del IERAL, planteó que la solución estructural sería reemplazar Ingresos Brutos por un IVA o un impuesto a las ventas finales, para evitar la acumulación de tributos durante el proceso productivo.
Sin embargo, mientras no avance una reforma integral, consideró conveniente que las provincias eliminen progresivamente la carga sobre las primeras etapas, especialmente el agro y la industria, para mejorar la competitividad frente a los productos importados en un contexto de apertura económica y tipo de cambio relativamente bajo.
También advirtió sobre los regímenes de recaudación anticipada que generan saldos a favor de las empresas, cuando los adelantos cobrados superan sus obligaciones tributarias. Como ejemplo, mencionó el caso de Misiones, donde una decisión judicial obligó a revisar el sistema de cobros anticipados en frontera.
Qué propone el pacto fiscal de la UIA
El Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial contempla un programa gradual de seis años. La entidad propone comenzar por las pymes expuestas a la competencia internacional, las actividades intensivas en empleo y los sectores con mayores dificultades, para luego extender los beneficios al resto de la industria.
Entre las principales medidas figuran:
- Ingresos Brutos: reducción progresiva hasta alcanzar la exención para la industria o establecer mecanismos de compensación con IVA.
- Contribuciones patronales: posibilidad de computar el 95% como crédito fiscal del IVA.
- Ganancias: reducción de la alícuota para sociedades del 35% al 25%.
- Impuesto al cheque: cómputo gradual a cuenta de IVA y Ganancias hasta su eliminación.
- Tasas municipales: vinculación de los montos cobrados con los servicios efectivamente prestados.
- Inversiones: amortización acelerada, Cuenta Única Tributaria y mecanismos de estabilidad fiscal.
La iniciativa se presentó en un contexto de dificultades para la actividad manufacturera. Según los datos difundidos por la UIA el 17 de noviembre, el empleo industrial cayó por vigésimo segundo mes consecutivo, mientras que los sectores textil y metalmecánico concentraron más de la mitad de los puestos perdidos desde agosto de 2023.
La entidad también señaló que, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, la inflación acumuló un 438%, frente a un aumento del 156% en los precios mayoristas de productos manufacturados.
La propuesta de Caputo para eliminar Sellos
Durante la Conferencia Industrial, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas de alivio fiscal para las empresas, entre ellas facilidades para regularizar deudas tributarias, la suspensión temporal de embargos a las pymes y mecanismos para compensar créditos y obligaciones aduaneras.

Sin embargo, uno de los planteos más relevantes para la negociación con los gobernadores fue la propuesta de eliminar el impuesto de Sellos, cuya recaudación depende de las provincias.
El ministro propuso que la Nación compense el 50% de los recursos que las jurisdicciones resignen al eliminar el tributo, mientras que los gobiernos provinciales asumirían la mitad restante. Según las cifras expuestas por Caputo, Sellos recauda entre $4 billones y $5 billones anuales, equivalentes aproximadamente al 0,4% o 0,5% del PBI.
La iniciativa se presentó formalmente este viernes durante una reunión de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), realizada en San Juan, donde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, expusieron el mecanismo ante los ministros de Economía provinciales.
La propuesta está dirigida a las jurisdicciones que adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
Caputo celebró públicamente la presentación, aunque la implementación todavía requiere la aceptación de los gobiernos provinciales. Hasta el momento no se informó un acuerdo para aplicar el mecanismo de compensación.
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