POLITICA
La Legislatura bonaerense está casi paralizada y aún no define sus comisiones
Los diputados y senadores provinciales bonaerenses realizaron solo dos sesiones en lo que va del año, ninguna de ellas de carácter ordinario, al no poder acordar todavía la conformación de las comisiones de trabajo en las que se deben tratar los proyectos legislativos antes de llegar a las votaciones en los recintos de la Legislatura. Con la actividad en pausa, en ambas cámaras provinciales afirmaron que circulan borradores con punteos de autoridades e integrantes de las comisiones, con la intención de realizar las primeras sesiones ordinarias antes de fin de abril, cuando habrán transcurrido casi dos meses de la apertura del período legislativo ordinario.
En la Cámara de Diputados bonaerense, durante 2026, hubo una sesión extraordinaria, el 24 de febrero, en la que el tema más relevante fue la creación de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. El 2 de marzo, fue la sesión de apertura del período ordinario de la Legislatura, con el gobernador Axel Kicillof al frente y en conjunto con el Senado. Y el 18 de marzo, la sesión especial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hasta el momento, no hubo más sesiones en esta Cámara, que preside el diputado Alejandro Dichiara, exintendente de Monte Hermoso y un referente del peronismo en la sexta sección electoral bonaerense, alineado con Máximo Kirchner.
Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados provincial, informaron a que el proceso de conformación de las comisiones “viene avanzando, aunque todavía no se ha cerrado la totalidad de los acuerdos”. Indicaron también que “el principal punto de discusión está vinculado a la comisión de Reforma Política y del Estado, una comisión estratégica por la que deben pasar todos los proyectos vinculados a eventuales cambios en el sistema electoral”. En cuanto a la realización de sesiones ordinarias, aseguraron que “se está trabajando para su puesta en marcha en el corto plazo”.
Por su parte, en los bloques opositores de la Cámara de Diputados trazaron un panorama oscuro. “Estoy preocupado. Este es el año [para que avancen las Cámaras con proyectos], porque se supone que va a haber desdoblamiento electoral y, por lo tanto, adelantamiento de la elección provincial, lo que nos va a llevar a discutir internas en enero del año que viene. Este año es importante. Por la atomización, es difícil llegar a acuerdos por las comisiones. La Libertad Avanza está pidiendo mayorías en comisiones que no les corresponden, a lo que se suma la propia discusión del peronismo. Las comisiones no avanzan”, describió el panorama de la Cámara de Diputados un legislador opositor.
Otra fuente opositora de la Cámara baja provincial subrayó a este diario que “no hay comisiones y, sin despachos de comisión, no hay proyectos” para llevar al recinto. “No lo está resolviendo el oficialismo, por su interna. Creo que el problema grande es Reforma Política, con los temas del calendario electoral, el desdoblamiento, las PASO, la boleta única de papel y las reelecciones [por la posibilidad de que vuelvan a ser indefinidas para intendentes y legisladores]”, agregó la fuente.
La Cámara de Senadores provincial, en tanto, abrió su recinto solo el 27 de febrero (para definir sus autoridades en una sesión preparatoria, algo que había quedado empantanado a fines de 2025, por internas del peronismo y reclamos de otras fuerzas) y el 26 de marzo (la sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la verdad y la Justicia). La Cámara de Senadores, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, no volvió a reunirse para sesionar.
Un senador de la oposición provincial afirmó que en esa Cámara “aún no hay nada”. Las definiciones de las comisiones se conocerían todas al mismo tiempo, en ambas cámaras. “Está todo medio trabado por la interna del PJ en el Senado”, aseveró otra fuente del mismo sector. No están confirmadas las comisiones, está todo paralizado y siguen las vueltas. Están trabados por cuatro presidencias, por internas”, sostuvo otro senador opositor consultado. preguntó a la Presidencia del Senado, sin conseguir respuestas.
Fuentes de ambas cámaras coincidieron en señalar que circula “un borrador” con la conformación de las comisiones. “Habría un borrador avanzado y se terminaría de definir la semana que viene. Hay intención de que el Senado sesione la última semana del mes. Mucho margen para seguir dilatando todo no hay, [las comisiones] deberían salir la semana que viene”, sostuvieron desde un bloque opositor de la Cámara que conduce Magario.
“Hay un borrador sobre presidencias y vicepresidencias. Las tres principales comisiones van a ser para el peronismo”, indicó un dirigente de la Cámara de Diputados. Esas comisiones son las de Presupuesto e Impuestos; Asuntos Constitucionales y Justicia, y Legislación General, que –evaluó la misma fuente– serían encabezadas por el massista Rubén Eslaiman, el insaurraldista Juan Pablo de Jesús (avalado por La Cámpora) y la kicillofista Lucía Iañez. “La semana del 20, tendríamos una sesión”, especuló el dirigente consultado.
El presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense para este año es de $222.800.000.000. A fines del año pasado, Kicillof vetó ese cálculo de recursos. Desde la Presidencia de la Cámara, no obstante, aseguraron que “el funcionamiento institucional no se vio afectado y la Cámara continúa desarrollando sus tareas con normalidad”. El Senado provincial cuenta con recursos para este año por $156.204.115.970.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el viaje de Caputo a Washington y la derrota de Orban en Hungría
En sus poco más de cinco meses como canciller el gobierno libertario, Pablo Quirno construyó un perfil de sobriedad y firmeza, combinando sus conocimientos previos de las finanzas y la economía con dotes de buen orador y un rápido aprendizaje de las reglas de la diplomacia. Pero la actual cabeza de las relaciones exteriores argentinas, comprometido en su férrea alianza con Estados Unidos e Israel como principales ejes, tiene un lado B, que se muestra en las redes sociales, con el lenguaje agresivo, que incluyó alguna alusión sexual, y los ásperos modos que el presidente Javier Milei y el ejército digital libertario utilizan a diario para descalificar opositores, periodistas de medios de comunicación, y voces que disienten con el relato oficial.
“En el trato es cortés, siempre atento, impecable. En las redes es otro, como el doctor Jekyll y Mister Hyde”, ironiza en diálogo con un diplomático extranjero con funciones en el país que conversó varias veces con Quirno, y compara sus cambios con los dos personajes de la conocida obra literaria del novelista escocés Robert Louis Stevenson, una genial parodia sobre la dualidad humana.
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Propofest: falta de “trazabilidad”, laboratorios sancionados y los responsables del desvío al circuito ilegal, según las normas
Sesenta y dos días antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitiera la alerta sobre el uso del fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma —propiedad del empresario Ariel García Furfaro, preso por la presunta muerte de 111 personas a los que se le suministraron ese medicamento—; el organismo publicó un comunicado urgente a través del cual se prohibía “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB’ -elaborado por la misma firma- por haber sido fabricado sin autorización y “sin la correspondiente etiqueta de trazabilidad”. Ahora, este potente sedante está presuntamente ligado a la muerte por supuestas sobredosis de dos trabajadores de la salud: el anestesista Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt.
En el departamento de Bentacourt, la Policía secuestró 50 ampollas de, entre otros fármacos, propofol y fentanilo, drogas de uso exclusivo hospitalario que no se comercializan en farmacias. Entre ellas había tres ampollas cerradas de “Fentanilo HLB”, pero que no pertenecían a los lotes contaminados que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y que tiene a 14 procesados, a cuatro de ellos se le dicto prisión preventiva y a dos prisiones domiciliarias.
Hasta el momento, la Justicia determinó que los fármacos fueron robados del Hospital Italiano, de la Ciudad de Buenos Aires, y del Hospital Rivadavia.
Estas drogas de uso medicinal eran utilizadas en las denominadas ‘Propofest’ o ‘fiesta del propofol’, en las que un grupo reducido de profesionales de la salud consumía estos anestésicos con fines recreativos o “viajes controlados”, que eran supervisados por un médico.
Estas muertes y el desvío de estas sustancias de alto impacto clínico se podría haber evitado si las instituciones aplicaban a rajatabla las disposiciones nacionales de “trazabilidad” que pesa sobre los fármacos críticos dentro del sistema de salud.
La práctica de sustracción y consumo de estas drogas fuera de las instituciones no es nueva y se extiende desde hace años, por eso, el silencio en el sistema de salud.
Después de la muerte del anestesista, se viralizaron audios sobre encuentros organizados entre médicos que consumían propofol y fentanilo robados de los hospitales y clínicas privadas donde trabajan.
El 3 de septiembre de 2025, en pleno escándalo por las muertes de pacientes que fueron tratados con el fentanilo contaminado por dos bacterias multirresistentes elaborado por los laboratorios de Ariel García Furfaro, el Ministerio de Salud, a través de la ANMAT, emitió la Disposición 6223/2025 que refuerza la trazabilidad de los medicamentos “para garantizar su calidad y seguridad”.
El objetivo de esta medida es fortalecer la seguridad sanitaria y la transparencia en la cadena de suministro de fármacos, garantizando a la población su seguridad, calidad y autenticidad.
Para ello, la normativa amplía el listado de sustancias trazables y establece criterios claros para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos en el Sistema Nacional de Trazabilidad. En este sentido, los medicamentos de alta vigilancia, costo, riesgo de uso indebido o de relevancia para la atención de enfermedades crónicas y de alta complejidad (refiere la normativa) “deberán incluirse en el sistema de vigilancia para su seguimiento exhaustivo en toda la cadena de distribución”.
De esta manera, la resolución aclara: “Hasta ahora, la trazabilidad de los estupefacientes y psicotrópicos como el fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba sólo a nivel jurisdiccional mediante un sistema de vales en papel que debía ponerse a disposición del Gobierno Nacional ante requerimiento expreso de la ANMAT”. Por esa razón, mediante la delimitación de lineamientos más claros para el registro y conservación de la información, con auditorías obligatorias y sanciones en caso de incumplimiento, “la nueva disposición permitirá llevar adelante un seguimiento y control uniforme a nivel nacional”.
Pero ¿hasta qué punto el desvío de Propofol para los “viajes asistidos” desde hospitales y efectores privados es responsabilidad del Estado, o de los nosocomios que lo compran para utilizarlos en los pacientes?
A diferencia de lo que ocurría tradicionalmente con drogas como la cocaína, los circuitos de abuso están cada vez más vinculados a medicamentos hospitalarios y no hospitalarios de alta potencia, diseñados solo para uso médico y con riesgos significativamente mayores. Las muertes de Zalazar y Betancourt, presuntamente vinculadas al circuito ilegal, deja expuesto una falla que no es nueva pero que tomó estado público ante la tragedia.
Infobae analizó las normativas que regulan la “trazabilidad” de estas sustancias y las responsabilidades que recaen sobre los estamentos estatales y privados.
En Argentina la trazabilidad de medicamentos tiene distintas etapas, y en cada una hay un responsable distinto.
La ANMAT, organismo que depende de la cartera de Salud, regula, habilita y fiscaliza la producción, importación y distribución hasta que el producto llega al establecimiento de salud, esto es: hospitales, clínicas, sanatorios o farmacias.
A partir de ese momento, la responsabilidad pasa al establecimiento: custodia del stock, condiciones de almacenamiento, control de acceso a medicamentos sensibles, registros internos de movimientos y cumplimiento de protocolos de seguridad.
En paralelo, los profesionales que los utilizan (por ejemplo, anestesiólogos en el caso de propofol o fentanilo) son responsables de la indicación, administración y uso adecuado de esas drogas, conforme a guías clínicas, normas éticas y controles institucionales.
En concreto, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una responsabilidad normativa y rectora, no operativa directa.
- Define la política sanitaria nacional.
- Dicta normas marco.
- Establece la obligatoriedad del sistema de trazabilidad.
- Supervisa el funcionamiento general del sistema.
En términos jurídicos, la cartera a cargo de Mario Lugones no controla cada ampolla, sino que crea el sistema y exige su cumplimiento.
Y en este punto surgen las responsabilidades de los actores de la cadena.
Cada actor es responsable de su tramo:
- Los laboratorios deben registrar la “serializar cada unidad”. Informar a la ANMAT la producción y la liberación al mercado del producto.
- Las droguerías deben registrar la recepción y la distribución del medicamento.
- Los hospitales / clínicas están obligados a “registrar ingreso, almacenamiento y uso” del fármaco y asociar el medicamento al paciente.
Legalmente cada uno responde por la veracidad y carga en tiempo real de los datos.
La legislación actual desvincula a las autoridades de “la forma directa cada registro individual” y de los “errores de carga o desvíos internos”. En estos casos, como los que se investigan la responsabilidad de las sustracciones es de los hospitales y clínicas.
En el caso concreto del Propofol robado, los responsables son los efectores que compraron las ampollas y no registrar de manera correcta su uso.
Las muertes del médico y el enfermero y el desvió al circuito ilegal de estos anestésicos controlados expone las debilidades del sistema de control de medicamentos y los riesgos que esto implica para la sociedad.
Un tema aparte -o no tanto- que por estos días no se debate: la confirmación de que cientos de pacientes están expuestos a profesionales adictos, que deberían ser tratados por su enfermedad y no participar en una intervención quirúrgica o en una práctica médica.
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Solo en Off | Ministros despistados y caras largas en la semana hiperactiva de Manuel Adorni
Primero fue el ministro de Justicia, Juan Batista Mahiques, quien con una sonrisa, andar relajado y el cartel de debutante pidió ayuda a los encargados de ceremonial, apenas entró desde la explanada de la Casa Rosada. Lo siguió Carlos Presti, su par de Defensa, quien titubeó unos segundos antes de encontrar el camino correcto en el salón de los Bustos. Mario Lugones, ministro de Salud desde octubre de 2024, se equivocó de dirección y cruzó el busto de Carlos Saúl Menem hacia el despacho presidencial, antes de rectificar, volver sobre sus pasos y subir por las escaleras que lo llevaron al salón de los Científicos.
Los tres episodios, con tono de comedia ligera, se dieron el lunes, antes de la reunión de gabinete que –por orden del presidente Javier Milei-encabezara el jefe de gabinete Manuel Adorni. Los equívocos tenían una razón lógica: hacía más de un mes que el ministro coordinador no reunía a sus pares, todos juntos en el mismo lugar, y el reencuentro coincide con el avance de las causas judiciales en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito, en el juzgado del juez federal Ariel Lijo.
La reunión de gabinete, definida como “pesada” por uno de sus protagonistas, fue la primera cita de una semana agitada para el jefe de gabinete, quien también se juntó a solas con Presti, Lugones y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para reuniones de trabajo. De los tres, sólo la sucesora de Patricia Bullrich esbozó una sonrisa en las fotos que la misma Presidencia distribuyó una vez finalizadas. En contraste, el propio Adorni lució sonriente y en control, siempre mirando a cámara.
Sin conferencias de prensa ni contacto público con periodistas y medios, varios de los cuales no pudieron ingresar a la Casa Rosada por su presunta participación en la supuesta “infiltración” del Kremlin, el jefe de gabinete siguió preparando su presentación ante el Congreso, prevista para el miércoles 29. “De ninguna manera. Además, no hay cambios”, contestaba por estos días uno de los ministros que sonó durante este último mes como eventual reemplazo del jefe de gabinete, aunque no son pocas las voces las que, en voz baja, sugieren que, tarde o temprano, habrá modificaciones en el staff ministerial.
Se sabe que política y futbol están hoy, más de la mano que nunca en la Argentina. Y mientras el Gobierno pelea contra el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, varios de sus integrantes intentan sentar sus bases en uno de los clubes grandes, San Lorenzo de Almagro, que el 30 de mayo elegirá presidente hasta fines de 2027. El actual presidente interino y antiguo funcionario Pro, Sergio Constantino, que se impuso en la última elección interna a Matías Lammens, se le opondrán cuatro listas, una de las cuales es encabezada por el abogado Manuel Agote, cercano nada menos que al armador bonaerense karinista Sebastián Pareja, parte de la agrupación Movete Boedo Movete.
Además de ellos, están en la lista presentada esta semana otros dirigentes ligados al oficialismo: el experimentado ex funcionario Pro Juan Curuchet, Nicolás Ferro (funcionario del Banco Central), y Walter Weimann, coordinador de medios provinciales en la secretaría de prensa de Presidencia. De este último, opositores interesados recuerdan con malicia un antiguo paso por el cristinismo.
Días agitados en la política y la economía nacionales contagian a las administraciones provinciales y el gobierno de la ciudad. Cuentan testigos privilegiados que días pasados, en el gabinete porteño de Jorge Macri ardió troya, cuando se supo que la legisladora porteña Silvia Lospennato, la misma que encabezara la lista de legidsladores porteños de Pro en mayo pasado, derrotada por La Libertad Avanza, tiene listo un proyecto de ley que propone quitarles el sueldo a los comuneros, un interesante ingreso, hoy casi equivalente al de los legisladores porteños.
“Yo voy a mandar un proyecto para bajarles el sueldo a los legisladores, entonces”, desafió durante una reunión de gabinete Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno de la ciudad, y que tiene a su cargo las juntas comunales porteñas. Fuera de micrófono, voces de la calle Uspallata acusan a Lospennato de “cortarse sola”, en la búsqueda de competir con el discurso libertario, que en la ciudad propone una fuerte reducción de gastos en distintas áreas de la administración.
Tensa y movida fue la semana en el Banco Nación, bajo fuego mediático por la difusión de créditos millonarios a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La respuesta oficial, que buscó desinflar las presentaciones judiciales de miembros de la oposición, tuvo como uno de sus argumentos principales en que la existencia de una norma que favorecía a funcionarios y empleados públicos para tomar créditos a tasa preferencial, siempre que fueran clientes del banco estatal. “Tenemos el 95 por ciento de las cuentas sueldo del Estado, las ganamos todas por licitación”, se ufanaban cerca del presidente Darío Wasserman.
En el 5 por ciento restante aparece una curiosidad: no se trata del Ministerio de Defensa, que contrató al banco Supervielle, o del Indec, cuyos empleados cobran su salario en el banco Macro. Las ironías, en los pasillos de la calle Rivadavia, tenían un destinatario: el Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, quien al igual que sus subordinados percibe su salario en el banco ICBC, de origen chino. Alusiones risueñas al “coloso chino” (banquero en sus épocas de dirigente Pro) no faltaron, en tiempos de alineamiento sin dobles discursos de Argentina con Donald Trump.
Preocupados por no perder el tren en plena ola libertaria, en el radicalismo se viven tiempos de cambio. Con el joven Leonel Chiarella a cargo del Comité Nacional, Hernán Rossi a cargo del radicalismo porteño, y un grupo de gobernadores en el que sobresale el santafesino Maximiliano Pullaro, en la UCR imaginan iniciativas para fidelizar militancia y simpatía, mientras otros miembros del partido centenario prefieren pactar con La Libertad Avanza. En ese contexto, desde la legislatura porteña avanza una iniciativa radical: un monumento para el ex presidente Raúl Alfonsín en territorio de la ciudad. “Hay uno en Chascomús, el más grande. También en otras ciudades bonaerenses y del Interior, pero salvo la estación de subte y el Paseo del Bajo no hay nada a nombre de Alfonsín”, dicen cerca de los diputados Francisco Loupias y Aldana Crucitta, promotores de la iniciativa junto a la ex legisladora, del mismo partido, Inés Parry.
Comentan desde el radicalismo que ya comenzaron a estudiarse distintas zonas de la ciudad en las que la estatua podría ser emplazada, aunque para ello hará falta el visto bueno de los demás bloques que componen la legislatura porteña.
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