El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación ante la nueva ola de insultos y descalificaciones vertidas por el presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación.

En un comunicado publicado este viernes, la entidad que nuclea a más de 100.000 matriculados señaló que “la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía de todos los ciudadanos, que sin información libre y plural no pueden formarse un juicio propio ni controlar a quienes los gobiernan”. Defendió el rol de la prensa y destacó que la profesión “cumple una función insustituible en la vida republicana, especialmente cuando incomoda”.

El texto alude a “la reiteración de expresiones agraviantes” por parte de Milei en redes sociales. Esta semana, el Presidente dedicó insultos y descalificaciones a las periodistas Maru Duffard y Jesica Bossi. En las últimas horas calificó a Fernán Saguier, director de , como el “jefe de la banda de los sicarios de la pluma”, en respuesta a un editorial sobre las jubilaciones de privilegio.

“Una democracia plena necesita un debate público robusto, vigoroso, incluso áspero, pero el uso indiscriminado de insultos y agravios no solo no enriquece el debate sino que lo empobrece, lo debilita y finalmente, lo anula”, añade el comunicado del Colegio, que preside la doctora Alejandra García.

Al cerrar su mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los agraviados y manifestó el apoyo a la libertad de expresión “como herramienta esencial de una sociedad democrática”.

El ataque a

Milei estuvo particularmente activo en sus descalificaciones al periodismo durante esta semana. El jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X criticó un editorial publicado por e insultó a sus autoridades y periodistas.

La agresión estuvo dirigida contra el director de , Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.

El editorial reflexiona acerca de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que reciben los presidentes argentinos tras su paso por la Casa Rosada como titulares del Poder Ejecutivo. Allí se pone en tela de juicio la legitimidad republicana de acceder a este beneficio, que implica un gasto millonario mensual para las arcas del Estado por haber ejercido la Presidencia de la Nación. En la ley 24.018, estas prestaciones son denominadas “asignaciones mensuales vitalicias”.

En su posteo, Milei puso el foco en su decisión de haber renunciado a su jubilación de privilegio y escribió: “Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras”.

No obstante, el editorial publicado por este medio no se refiere al caso de ningún presidente en específico. En cambio, se pregunta: “¿Qué justificación conserva hoy que el Estado garantice de por vida una renta extraordinaria a una persona por el solo hecho de haber ocupado durante algunos años su más alta magistratura?“.

Con la intención de responder a esta pregunta, reflexiona: “Puede comprenderse que una comunidad quiera honrar a quienes han prestado servicios eminentes. Pero el reconocimiento público no exige necesariamente crear una renta vitalicia, móvil y desvinculada de los aportes efectuados al sistema previsional. Mucho menos parece razonable que ese beneficio pueda proyectarse, bajo ciertas condiciones, sobre los derechohabientes del funcionario fallecido”.

Si bien se destaca que “el ejercicio de la Presidencia constituye el más alto honor que puede conferir la ciudadanía”, también se señala que existe, en la jubilación de privilegio, “una reminiscencia difícil de conciliar con la idea republicana de igualdad ante la ley”. Aun más, cuando se lo compara con los “millones de jubilados cuyos haberes dependen de décadas de aportes y que conocen demasiado bien las dificultades financieras del sistema previsional”.

En los días previos, tomó como blanco a la periodista María Eugenia Duffard, conductora de Infobae TV, por una entrevista que le hizo a Máximo Kirchner. La llamó “basura”, “corrupta”, “zurda inmunda” y “chorra”. Siguió día tras día reproduciendo mensajes contra ella. También atacó a Jesica Bossi por comentarios que hizo para TN en su cobertura del Coloquio de IDEA. La trató de “tremenda ignorante” y la calificó de “zaffaronista defensora de chorros y asesinos”.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron blanco ayer de una protesta en San Martín de los Andes, donde participaron de un encuentro con magistrados de tribunales orales de todo el país. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron cuestionados por el fallo que provocó que ya no rija más el límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El fallo desató críticas al máximo tribunal y una dura reacción contra el Gobierno en el Congreso, donde la oposición busca hacer caer todo el megadecreto 70/2023, que incluye la derogación de la ley de tierras, derogación que con la sentencia de la Corte recobró vigencia.

Ayer, el máximo tribunal dio a conocer un comunicado en defensa del fallo. Horas después, se realizó una protesta frente al hotel Le Village, en San Martín de los Andes, donde se celebró la reunión de magistrados. El reclamo fue promovido por el gremio estatal de ATE y la agrupación Frente Patria Grande, vinculada al kirchnerismo. Hubo pancartas y afiches contra los jueces, que fueron acusados de “vendepatrias”.

Lorenzetti ya no estaba cuando fue el epicentro de la protesta, ayer por la tarde, y Rosatti todavía no había llegado (se sumó este viernes). Sí se encontraba en el lugar Rosenkrantz, que expuso a las 16 y realizó un llamado a reformar el sistema de selección de jueces.

“Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”, dijo Rosenkrantz anoche. Lo hizo tras la manifestación, pero también luego de que la propia Corte Suprema difundiera el comunicado, de cuya redacción y difusión Rosenkrantz no participó, en defensa de la sentencia vinculada a la ley de tierras.

El comunicado, dado a conocer por las vocalías de Rosatti y Lorenzetti, estuvo destinado a “aclarar las dudas” que, según afirmó, se generaron en relación con la sentencia del martes. En su declaración, la Corte criticó a quienes, para “presionar sobre el tema” de la ley de tierras, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación -dice el comunicado-, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa ‘Cecim c. el Gobierno Nacional”. Advierte que en el caso “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar” y dice que la resolución de la Corte “se ajusta estrictamente” a todos los precedentes del tribunal.

El texto sostiene que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.

Si bien circuló como un comunicado de la Corte Suprema, no lo hizo por los canales oficiales del tribunal y en la vocalía de Rosenkrantz informaron a que este juez no participó ni consintió la redacción ni la difusión de ese material.

Para el martes próximo, las dos vertientes de la CTA convocaron a una protesta en el Palacio de los Tribunales con la consigna “la patria no se vende, la soberanía no se entrega”. La CGT, en tanto, no definió aún una postura común y mantiene en pie su protesta del jueves 8 “en defensa de la industria nacional”, que tiene como blanco la Secretaría de Industria.

El reclamo de Rosenkrantz

Mientras los manifestantes protestaban frente al hotel Le Village, Rosenkrantz, adentro, exhortaba a sus colegas a “mejorar el proceso de selección de magistrados”.

“La Corte ha intentado, al proponer un nuevo reglamento, ayudar al Consejo de la Magistratura a garantizar que los jueces que se elijan sean los mejores candidatos”, dijo, en alusión al proyecto que él y Lorenzetti enviaron al Consejo para limitar la discrecionalidad en el sistema de selección. Lo mandaron con la expresa pretensión de que fuera aprobado sin cambios sustanciales y cuanto antes, pero el Consejo no se mostró dispuesto a ninguna de las dos cosas. El propio Rosatti, que preside la Corte y también el Consejo, dijo que el proyecto iba a ser “enriquecido” por otras iniciativas, nuevos debates y las opiniones de especialistas de distintas ONG que pidieron ser escuchadas.

Rosenkrantz afirmó ayer que su propuesta de reglamento había sido articulada “alrededor de la convicción” de que el proceso actual “no testea los conocimientos generales de derecho de los aspirantes a la magistratura”, “carece de criterios claros” para evaluar los antecedentes de los jueces y no tiene las debidas herramientas para evaluar “los rasgos personales que son indicadores de competencia y de compromiso con la tarea apropiada de un juez”. También destacó que hoy la evaluación escrita que se toma a los postulantes “no ofrece garantías reales de objetividad” y que “el sistema de entrevistas permite alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito”.

Rosenkrantz les reclamó a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura que impulsen la reforma. “Aquí están presentes casi todos los jueces candidatos a consejeros del Consejo en las elecciones que se celebrarán en las próximas semanas. Votemos a aquellos que se comprometan a estar a la altura de los requerimientos de la hora”, dijo.