POLITICA
Manuel Adorni volverá a reunir a la mesa política en una semana clave para la causa por presunto enriquecimiento
En una semana en la que podrían surgir novedades en torno a las denuncias en su contra, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará participando de actividades oficiales, aparecerá públicamente y volverá a ponerse al frente del armado de la estrategia parlamentaria del Gobierno, que ya tiene definidas las próximas reformas que buscará aprobar en el Congreso.
Este lunes, a partir de las 9:00, comenzarán a declarar como testigo las dos mujeres que le prestaron 100 mil dólares al funcionario bajo juramento de decir la verdad y con el compromiso de entregar toda la documentación que pudiera ser relevante, tal como anticipó Infobae.
Se trata de Graciela Molina, comisario retirada de la Policía Federal, y su hija, Victoria Cancio, que actualmente es miembro de esa misma fuerza de seguridad, a quienes el ministro coordinador conoció a través de su escribana, Adriana Nechevenko.
En el círculo íntimo de Adorni remarcan que “todavía ni siquiera está imputado” en la causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, que llevan adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, por lo que niegan que vaya a renunciar, porque “siempre tiene que regir el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario”.
Sin embargo, el otrora vocero de esta gestión se muestra poco desde que se generó la polémica alrededor de sus propiedades y viajes al exterior, y todavía no tiene definido si va a asistir al tradicional foro de negocios de AmCham Summit.
En las últimas horas, el presidente Javier Milei les confirmó a los organizadores del evento que va a dar el discurso de cierre, que será escuchado por cientos de inversores y empresarios de distintos rubros.
Ese mismo día, un poco antes de que tome la palabra, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación correspondiente a marzo, por lo que se espera que el mandatario vuelva a defender el rumbo de su administración.
En un mensaje que publicó en su cuenta de X, remarcó que «los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos» y pidió “paciencia” para aquellos sectores que todavía no fueron alcanzados.
“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, señaló.
Entre los oradores están, por ejemplo, representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium, entre otras.
Asimismo, habrá varios integrantes del Poder Ejecutivo y referentes de La Libertad Avanza, como los ministros de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; del Interior, Diego Santilli, y de Salud, Mario Lugones; y los jefes del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y en el Senado, Patricia Bullrich.
Luego de la victoria que consiguieron la semana pasada con la modificación de la Ley de Glaciares, las autoridades nacionales intentan continuar en esa línea y sancionar otras reformas que tienen el carpeta.
De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes al tanto de las conversaciones, el objetivo en el corto plazo es conseguir los votos para tratar el 22 de abril los proyectos de Hojarasca y de adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).
La primera iniciativa busca derogar cerca de 70 normas que siguen vigentes, pero que se consideran obsoletas, mientras que la segunda es una medida que se viene discutiendo desde 1998, cuando tuvo media sanción del Senado, aunque nunca terminó de aprobarse.
Ahora, el país se comprometió a adherirse a ese régimen antes de que termine el mes. Así se comprometió cuando firmó el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, por lo que pasó a ser la prioridad.
Una vez que finalicen las negociaciones en Diputados, la actividad pasará por la Cámara alta, donde el Gobierno pretende avanzar con el paquete de propuestas vinculadas a la propiedad privada y el enduecimiento de las penas por falsas denuncias, aunque para el tratamiento de estos textos todavía no hay fecha exacta.
Por lo pronto, y en un nuevo respaldo de la cúpula del Ejecutivo hacia el funcionario, Adorni tiene previsto convocar para el viernes a otra reunión de la mesa política, en la que se analizarán los pasos a seguir.
Como es habitual, de ese encuentro participarán también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Un día antes, el jefe de Gabinete se mostrará, si no hay ningún cambio de último momento, junto a la hermana del líder libertario en una recorrida por Vaca Muerta, muy probablemente también acompañados por el titular de YPF, Horacio Marín. “Él vive prácticamente allá, así que lo más seguro es que vaya a estar”, explicaron fuentes de Balcarce 50.
POLITICA
Confirman que los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner están disponibles y piden decomisarlos por Vialidad
Luego de demoras y reclamos reiterados, la Justicia finalmente recibió un informe del Banco Galicia que confirma la disponibilidad de más de 5 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner.
Es dinero que fue congelado hace más de 10 años, durante la instrucción de la causa Hotesur-Los Sauces, pero que ahora se reclama en el marco de Vialidad, la causa por la que Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión y en la que se desarrolla, por capítulos, un decomiso millonario que busca recuperar más de $680.000 millones.
Un primer listado de bienes transita la etapa final del decomiso y espera resoluciones de la Corte Suprema. Pero ese grupo podría no alcanzar para cubrir el monto total y, por estas horas, el Tribunal Oral Federal 2, encargado de llevar adelante la ejecución, tiene bajo análisis un segundo listado elaborado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Los más de US$5 millones de Florencia Kirchner forman parte de este segundo bloque, que incluye también 13 inmuebles de la familia Kirchner y otros 128 pertenecientes a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.
La demora del Banco Galicia en responder a la solicitud de la Justicia sobre el estado de ese dinero había generado inquietud en los tribunales, pero su disponibilidad fue finalmente confirmada este lunes por la entidad.
El primer grupo de bienes en la mira para ser decomisados abarca un total de 111 inmuebles: 84 están vinculados a Báez, 19 son de Máximo y Florencia Kirchner y uno pertenece a la expresidenta.
Su situación es distinta porque el TOF 2 ya ordenó su decomiso y la Cámara Federal de Casación confirmó esa decisión. Sin embargo, las defensas acudieron en queja ante la Corte Suprema, que todavía tiene planteos pendientes sobre la ejecución de algunos de esos bienes.
El máximo tribunal ya dejó firme, en cambio, el monto total que debe recuperarse, de $684.990 millones, aunque no se descarta que deba ser actualizado nuevamente por el efecto de la inflación y el paso del tiempo.
Además, la Corte debe definir si alguno de los inmuebles de ese primer grupo será destinado al funcionamiento del Poder Judicial.
Esto es así porque, al tiempo que se ponía en marcha el decomiso, la Corte dictó una acordada que estableció que los inmuebles decomisados deben ser puestos primero a disposición del propio tribunal para que determine si alguno puede ser destinado al Poder Judicial. Si no existe interés, se consulta al Consejo de la Magistratura y recién después el tribunal puede avanzar con la ejecución.
Pendiente
El decomiso es lo último que resta ejecutar de la condena por Vialidad, dictada por el tribunal en 2022 y confirmada por la Corte a mediados del año pasado.
El mecanismo se puso en marcha después de que ninguno de los condenados aportara voluntariamente el dinero para cubrir el monto de la condena, fijado originalmente en $84.835 millones.
Una vez actualizado a $684.990 millones, el TOF 2 los intimó a depositarlo en un plazo de diez días hábiles. Ninguno realizó el pago, por lo que el tribunal avanzó sobre los bienes que fueron, según la Justicia, producto del delito, incluso sobre aquellos que fueron transferidos a terceros, como es el caso de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner.
Los más de cinco millones de dólares de Florencia Kirchner que permanecen inmovilizados en el banco fueron embargados por el juez Julian Ercolini, en 2016.
Se componen de 4.664.000 de dólares encontradas en una caja de seguridad, y dinero que había en dos cajas de ahorro: 1.032.144 dólares y 53.280 pesos.
El juicio por Hotesur-Los Sauces, que es por presunto lavado y tiene a la expresidenta y a su hijo Máximo entre los principales acusados, tuvo su primera audiencia preparatoria la semana pasada y la fecha de inicio está próxima a definirse.
Florencia Kirchner no será juzgada en ese expediente porque fue sobreseída, pero la Justicia decidió mantener embargado el dinero al considerar que todavía estaba bajo sospecha el origen de esos fondos.
Por eso, el Tribunal Oral Federal 5 podría plantear reparos a que desde Vialidad se disponga de ese dinero, puesto que los dólares permanecen cautelados en Hotesur-Los Sauces y podrían resultar de interés para ese proceso.
Hotesur-Los Sauces,Federico González del Solar,Corrupción,Conforme a
POLITICA
Mauricio Macri criticó a la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires: “Es realmente muy preocupante”
El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles a la jueza bonaerense que resolvió frenar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
A través de un posteo en X, Macri calificó de “inaceptable” que una medida cautelar dictada por un juzgado provincial haya impedido la vigencia de una ley nacional y remarcó: “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”. “Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, agregó.
En ese sentido, el expresidente apuntó directamente contra los fundamentos de la magistrada y sostuvo que “la jueza reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones”, en referencia a un pasaje del fallo donde la funcionaria argumentó que “el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”. Según el expresidente, “esos elementos que dice tener no fueron presentados”.
Para Macri, el resultado de esa resolución generó una “controvertida situación”: una norma sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, y vigente en todo el país, “quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del territorio argentino, por decisión de un juzgado de primera instancia”.
Finalmente, sentenció: “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”.
El fallo que generó la polémica en la provincia de Buenos Aires
La resolución cuestionada por Macri fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de los adolescentes privados de su libertad. La suspensión llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia del régimen penal juvenil.
La jueza Pascual centró su decisión en la falta de infraestructura del Estado bonaerense para absorber el aumento de adolescentes que ingresarían al sistema penal tras la baja de la edad de imputabilidad. La Ley 27.801, sancionada en febrero y reglamentada por el Gobierno nacional, establece la responsabilidad penal desde los 14 años, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, además de contemplar medidas alternativas y monitoreo electrónico.
Otras reacciones políticas y judiciales
Las críticas de Macri se suman a las de referentes de La Libertad Avanza, que ya adelantaron su rechazo a la medida. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática” y el espacio libertario anunció que impulsará un juicio político contra la magistrada. En la misma línea, el diputado bonaerense Manuel Passaglia presentará un pedido de jury contra Pascual por su decisión.
Leé también: Patricia Bullrich cuestionó a la jueza que frenó la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires: “No le corresponde decidir”
En el plano judicial, la resolución también fue apelada. La Fiscalía de Lomas de Zamora recurrió el fallo y acusó a la jueza de avanzar sobre facultades que le corresponden al Congreso, al tiempo que pidió que la cautelar pierda efecto mientras se resuelve el recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías.
La jueza Pascual, por su parte, defendió su decisión y afirmó que, ante la falta de mecanismos para aplicar la norma, esta “no es más beneficiosa para la comunidad”. La medida cautelar suspende la aplicación de la ley por un plazo de 60 días y no implica su anulación definitiva.
Mauricio Macri, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
Una buena para el Gobierno: avanza en el Senado la reforma de la carta orgánica del Banco Central
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) consiguió este miércoles dictamen en un plenario de comisiones en el Senado y quedó un paso más cerca de convertirse en ley.
El texto fue aprobado sin cambios con relación a la versión aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de agosto último, por lo que quedó en condiciones de ser sancionado en la próxima sesión del Senado.
La firma del dictamen se concretó durante un plenario de las comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda en el que expusieron el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Werning.
El avance del proyecto, que el presidente Javier Milei considera prioritario para la agenda legislativa del oficialismo, se logró también poco después de que el oficialismo se viera obligado a postergar una sesión que pretendía convocar para este jueves ante la falta de consenso para aprobar un proyecto que modifica el régimen de biocombustibles.
Durante su presentación, el presidente del Central defendió la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y sostuvo que el proyecto “está disparado (sic) por argumentos económicos” y que “no tiene un origen político”.
Si bien Bausili advirtió que la Carta Orgánica del BCRA “no merece ser revisada permanentemente”, justificó la reforma al señalar que el marco reglamentario vigente desde 2012 “ni siquiera pudo cumplir el objetivo número uno” que se había fijado en la ley “que es preservar el valor de la moneda”.
El funcionario repasó los cinco objetivos principios rectores que, dijo, rigen actualmente a la autoridad monetaria y afirmó que “en los últimos años no se cumplió ninguno”. Fue una crítica directa a la reforma aprobada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
Además, defendió los principales lineamientos del nuevo texto y remarcó que la iniciativa “no implica afectar los depósitos de los argentinos”, sino que busca generar el efecto contrario, que es fortalecerlos.
Bausili también dijo que la propuesta replica “elementos básicos” presentes en las cartas orgánicas de bancos centrales de países que lograron combatir la inflación y aseguró que “no es un experimento”.
Por su parte, Werning sostuvo que el objetivo de la reforma impulsada por el Gobierno es “asociar nuestra legislación a lo que hacen los países exitosos”.
El dictamen fue resistido por la oposición kirchnerista que, como suele común en los últimos tiempos, mezcló sus críticas al proyectos con fuertes cuestionamientos al plan económico de la administración libertaria.
El jefe del bloque de senadores kirchneristas, José Mayans (Formosa), apuntó sus críticas a los cambios previstos en el proceso de elección y remoción de las autoridades del BCRA, al considerar que la propuesta “es inconstitucional” y constituye “una vergüenza para la democracia argentina”.
Según Mayans, la reforma pondría al Banco Central “al servicio del poder económico”.
Desde el oficialismo, el senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), defendió el avance del proyecto y sostuvo que su aprobación es necesaria para “fulminar la inflación”. Además, calificó a la iniciativa como una de las leyes consideradas importantes por la gestión de Javier Milei.
Las reservas de oro
La reunión tuvo un momento de tensión cuando la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), acusó al oficialismo de debilitar el rol de control del Congreso sobre los actos de gobierno y preguntó, con caja destemplada, sobre el destino de las reservas en oro.
“¿Qué carajos hicieron con las 13 toneladas de oro?”, disparó Di Tullio.
Tomó el guante Werning, quien dijo reveló que el oro estuvo depositado en un banco suizo y que si en su momento la operación se mantuvo en secreto fue para evitar operaciones en contra del mercado, pero que los movimientos fueron auditados por la AGN y por una consultora internacional.
Gustavo Ybarra,Banco Central,Senado de la Nación,Conforme a
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