Justo a un mes del viaje a Nueva York que inauguró la etapa de mayor desgaste para el Gobierno, Diputados abrió el recinto para avanzar con la reforma de la ley de glaciares. Le permitió al oficialismo recuperar algo de temario y, a la vez, mostrar la decisión de cerrar filas y eludir debates como forma de protección a Manuel Adorni. Evitó que la oposición -con arrastre de debilidades propias– lograra la convocatoria del funcionario y también la exposición de la causa $LIBRA. Quedó en claro que la pelea de fondo será en tres semanas, cuando el jefe de Gabinete deba dar su informe de gestión. Hasta entonces, nada hace prever otra sesión de la cámara baja. Un camino realmente largo, con la mirada puesta en la investigación judicial sobre el patrimonio del funcionario.

Esta especie de freno para motorizar de forma efectiva otros proyectos no impide, por supuesto, algunos pasos en comisión, pero sí posterga la anunciada ofensiva del Gobierno para sancionar una serie de reformas. Anoche mismo, fuentes experimentadas del Congreso señalaban que de máxima podrían dar algunos pasos la ley de Hojarasca y la iniciativa para reforzar la propiedad privada, esta última en el Senado.

El objetivo de bajarle el volumen al caso Adorni quedaría por encima de los varios intentos por ganar renglones de la agenda pública y repetir la idea de “retomar la iniciativa”. En las últimas dos semanas, los gestos del oficialismo estuvieron limitados en buena medida a ratificar el apoyo al jefe de Gabinete.

La reforma a la ley de Glaciares corría ya con cuerda propia y, además, es parte de un entendimiento con los “gobernadores mineros”, que resultan piezas importantes para los acuerdos legislativos. Es además una sanción que afirma las fisuras en el peronismo. Olivos vuelve a moverse para repetir entendimientos con jefes provinciales, tarea retomada por Diego Santilli en un contexto difícil, tensionado por la persistente baja de la recaudación de impuestos, que afecta a la coparticipación, y también por la caída de los ingresos locales.

La sesión de este martes expuso, como era previsible, algunos intentos opositores para avanzar con una interpelación de Adorni, para emplazar el tratamiento del tema en comisión y para citar a Karina Milei por el criptogate. Las votaciones terminaron como se anticipaba al imponerse el criterio violeta sobre cuestiones reglamentarias: números -en algún caso muy ajustados- a favor, pero insuficientes para constituir mayorías especiales.

Más que frustración, los resultados generaron cierto malestar en filas opositoras, que exhiben desarticulación para encarar temas delicados como los que se expusieron en el arranque del debate sobre la reforma a la ley de glaciares. Con todo, no faltaban consideraciones sobre el objetivo de llegar en mejor posición a la cita del último miércoles de este mes. Falta mucho para el 29 y también la oposición dura sigue de cerca los pasos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo. Las versiones sobre un clima denso con jueces de Comodoro PY, tras el cambio en el ministerio de Justicia, alimentan las especulaciones.

El oficialismo, por lo pronto, optó por una estrategia básica que se resume en señales de apoyo al funcionario y el intento de amortiguar las novedades con foco en el patrimonio del jefe de Gabinete. En Diputados, eso fue traducido con la decisión de evitar el “ruido” en el recinto. La línea había sido transmitida al bloque de LLA y a los socios. Del mismo modo, se impuso frenar las respuestas frente a los créditos hipotecarios a legisladores, además de funcionarios.

En paralelo, desde el oficialismo se hizo trascender cierta tranquilidad sobre la declaración de Adriana Nechevenko en Comodoro Py. En realidad, la versión violeta fue una respuesta rápida frente a los titulares que dejó la escribana a cargo de las operaciones inmobiliarias de Adorni: el departamento de Caballito y la casa en un country de Exaltación de la Cruz. A eso se sumó la información menos conocida sobre el departamento en la calle Asamblea.

El punto ahora sería que, aún en caso de ser ratificado con otras medidas de prueba lo dicho por la escribana, se reforzarían los interrogantes sobre las deudas tomadas por el funcionario con las hipotecas no bancarias. Es decir, su capacidad real para enfrentar esos compromisos. Todo, claro, atado además a las dudas sobre las prestamistas y otras cuestiones que motivaron visitas a una inmobiliaria. El añadido sería la citación de nuevos protagonistas en la operación de compra de la propiedad de Miró al 500.

Según lo que habría expuesto Nechevenko, la hipoteca sobre el departamento de Caballito, de US$ 200.000, sería sin intereses y a cancelar en un plazo de un año. Y la hipoteca sobre la propiedad en el barrio de Parque Chacabuco, por US$ 100.000, fue establecida con un interés del 11% y habría sido cancelada parcialmente. El pago de tales deudas demandaría ingresos que el funcionario deberá demostrar. Todo podría quedar sujeto a peritajes que extenderían los tiempos de esta etapa judicial.

Por lo pronto, ahora se espera una nueva tanda de declaraciones ante el fiscal. Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las dos mujeres que aparecen en la venta del departamento de Caballito, tienen reprogramas sus citas para el miércoles de la semana próxima. Antes, el lunes, será el turno de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, madre e hija -comisaria retirada de la Policía Federal y agente-, por el préstamo hipotecario sobre la propiedad de Parque Chacabuco.

El oficialismo oscila así entre la atención a las novedades judiciales y los movimientos propios para respaldar al jefe de Gabinete, junto al intento de correrlo del foco principal. El Congreso no escapa a ese juego. Y en Diputados, ya tienen agendada la presentación del funcionario.