En pleno proceso de redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Gobierno evalúa ampliar el alcance de las sanciones a otras actividades, como la pesca, según confirmó una fuente oficial a Infobae. Se trata de un reclamo que levantó la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) al argumentar que el mismo criterio utilizado contra las petroleras debía aplicarse a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga desde hace décadas.

A partir de los anuncios del presidente Javier Milei, la administración libertaria analiza extender los alcances de la Ley 26.659, conocida popularmente como “Ley Pino Solanas”, aprobada por unanimidad el 16 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner. El articulado establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina solo pueden realizarse bajo habilitación emitida por autoridad competente argentina.

En Casa Rosada discuten la posibilidad de endurecer las penas y ampliar las actividades “de negocios” en las islas. La alternativa fue conversada en la última reunión de la mesa política, que tuvo lugar el pasado martes, y la eventual ampliación podría sumarse al esquema de sanciones contra las empresas que buscan extraer petróleo en Malvinas. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 firmas, en coordinación con la Procuración del Tesoro.

Si finalmente se avanza, quedará contemplada en el proyecto que actualmente atraviesa la última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy.

El planteo también pone el foco en la Ley Federal de Pesca, que regula el uso, la protección y la administración de los recursos vivos marinos en las aguas, aunque existen reclamos en torno a su aplicación.

El peronismo pide que las empresas y actores vinculados con la explotación de los recursos pesqueros en las islas sean alcanzados por el régimen de sanciones. El pedido se suma al de las entidades del sector, que buscan que la pesca sea incorporada expresamente al proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso.

Esta mañana, durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, el mandatario aseguró que con la nueva normativa “los que provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”. Además, reveló que incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del Ejército y el ejercicio de la soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional.

Por estas horas, el asesor presidencial, Santiago Caputo, termina de definir el formato que tendrá la presentación legislativa del próximo lunes, que ingresará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayores apoyos para avanzar. El Poder Ejecutivo evalúa dos alternativas: girar el proyecto de manera tradicional o enviar a un funcionario al Congreso para explicar los detalles del articulado.

En ese escenario, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), que participaron directamente en la redacción del texto, figuran entre los potenciales expositores. Más allá de esa eventual participación, en Casa Rosada descuentan que asistirán al Congreso cuando el proyecto se trate en comisión.

El oficialismo apunta a que el tratamiento legislativo comience entre fines de septiembre y principios de octubre. “Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido. Para la última de septiembre y la primera de octubre debería comenzarse a tratar”, expresó ante este medio una fuente de mesa política.

La discusión legislativa se da en paralelo a la ofensiva del Gobierno contra las empresas vinculadas a supuestos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, en el proyecto Sea Lion. Milei anunció además la construcción de una Base Naval integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento estará contemplado en el Presupuesto 2027 y que, según planteó el mandatario, “no pone en juego el superávit”. En ese marco, Quirno y Presti viajarán este viernes a la provincia para recorrer la zona y avanzar en las obras.

“El lobby petrolero es clave. Que los ingleses sienten a la Argentina en una mesa de negociación a hablar de compartir regalías, bloques conjuntos, lo que sea, supone un avance. Esta es nuestra última oportunidad”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.

En las filas oficialistas aseguran que la cadena nacional en la que el mandatario anunció el paquete de medidas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas generó buena repercusión en las redes sociales, una evaluación que el Gobierno celebró. Aún con los resultados sobre la mesa, evitan “gastar el recurso”, y dejan en manos de los dos ministros la explicación de los detalles del proyecto.

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En una sesión acordada y sin escándalos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso rápidamente en consideración los expedientes impulsados por la oposición sobre endeudamiento familiar y la Ley de Emergencia. La jugada opositora logró emplazar a la Cámara baja para que haya un cronograma de trabajo fijo en las comisiones, por lo que ambos temas tendrían dictamen hacia fin de mes. Oficialistas y opositores duros votaron en conjunto.

En cambio, otra iniciativa opositora se frustró por falta de votos: la intención de tratar este mismo miércoles los proyectos en el recinto. Sin el número para llegar a la mayoría calificada de los dos tercios del cuerpo, la moción resultó negativa.

Cómo se armó la jugada opositora

La oposición que había convocado a la sesión estuvo desde temprano en el recinto. Participaron Unión por la Patria, Provincias Unidas, el MID, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y los sectores que responden a gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como Argentina Federal, Elijo Catamarca, la Neuquinidad e Independencia.

El oficialismo se sumó cuando ya se habían superado los 129 diputados necesarios para el quórum. En tanto, los aliados del PRO tuvieron fuertes ausencias: Fernando De Andreis, Alejandro Finocchiaro y Álvaro González se quedaron de pie, mientras que el resto de los integrantes de la bancada amarilla se incorporó más tarde.

Una situación similar se registró en el radicalismo de Pamela Verasay, donde inicialmente se ausentaron sus seis integrantes: más tarde ingresaron al recinto. Para ese momento, el Comité Nacional de la UCR, que lidera Leonel Chiarella, difundió un comunicado en el que sostuvo: “Le toca al Congreso Nacional dar una respuesta porque no es un problema entre privados”.

Emergencia en Discapacidad

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino pidió emplazar a las comisiones y fijó las fechas para debatir la Emergencia en Discapacidad en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. El tratamiento quedó establecido para los miércoles 16 y 23 de septiembre, con firma de dictamen.

“Hay una voluntad mayoritaria para volver al recinto y aprobarlo, el 23 de septiembre”, aseguró Germán Martínez, presidente del peronismo.

Desde la misma bancada, Eduardo Valdés sostuvo: “El sector de la discapacidad sin lugar a duda está en un estado de malestar social. Las personas con discapacidad, y sus familias. El Cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, ha hablado de que hay un sadismo de estado en este tiempo con la discapacidad, por eso pedimos que prorroguemos la ley de emergencia en discapacidad de forma urgente y después pensemos una cuestión de fondo si hay que pensarla, pero urgente prorrogar la emergencia en discapacidad”.

El oficialismo, en cambio, planteó que no corresponde prorrogar la declaración de emergencia porque el Gobierno ya tiene una solución para el pago de las prestaciones del sector. “La emergencia está cumplida”, sostuvo Silvana Giudici. De todos modos, el oficialismo acompañó a la oposición para que los proyectos continúen su tratamiento en las comisiones.

“La comisión de Discapacidad (presidida por el libertario Gerardo Huesen) ya viene trabajando los proyectos presentados”, señaló Gabriel Bornoroni, jefe del oficialismo.

El PRO y la UCR, a través de Cristian Ritondo y Pamela Verasay, respectivamente, elevaron además un pedido formal a La Libertad Avanza para completar las prestaciones del área de discapacidad y establecer un cronograma de pago a los prestadores. La Casa Rosada se comprometió a comunicarlo a la brevedad, en medio de la tensión entre los aliados y los libertarios.

El emplazamiento a las comisiones fue aprobado por 249 votos afirmativos.

La diputada cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, pidió una mirada integral sobre la discapacidad y señaló que existen distintas fuentes para financiar las prestaciones. “Hay que recordar que en la protección de las personas con discapacidad hay pensiones, prestaciones médicas, asistencia médica correspondiente, programas de reconstrucción del hogar y el acompañamiento escolar, son muchas prestaciones que están dispersas entre distintos organismos del Estado nacional”, planteó.

Torres advirtió que la dispersión entre distintos organismos genera superposiciones y vacíos que dejan a muchas familias sin las prestaciones que deberían recibir y las obliga a recurrir a amparos judiciales.

“La discapacidad no es solamente una emergencia, sino que es establecer reglas claras para saber cómo se evalúa la discapacidad, como se obtiene el CUD el certificado único de discapacidad, que tipo de pensiones o ayuda económica hay, que puede ser un Asignación Universal por hijo, y retiros por invalidez si su situación proviene por un accidente o una enfermedad laboral”, cerró.

El tratamiento del endeudamiento familiar

Tras el debate sobre discapacidad, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, propuso emplazar los cerca de 50 proyectos que existen sobre morosidad familiar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, presididas por Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, y Hugo Yasky, de Unión por la Patria.

El cronograma contempla reuniones los martes 15, 22 y 29 de septiembre a las 14, con la firma de los dictámenes prevista para la última jornada.

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“Cuando los temas se plantean con claridad y encuentran buenos defensores, ganan los temas. En el tema de morosidad, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, es inocultable, que no era una operación, no es que nadie le puso un arma en la cabeza como decía el Presidente. Acá está equivocado el gobierno en menospreciar, en subestimar. Yo hace tiempo vengo sosteniendo que el gobierno tiene la misma mecánica. Ante un problema, lo niega, después se llama en silencio y después le tira la culpa a la oposición como si fuera una operación política”, dijo Juliano.

La votación obtuvo 249 votos afirmativos y uno en contra, del santacruceño José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.

Germán Martínez planteó que el Congreso debe dar respuestas frente a la situación y pidió “dar una respuesta de alivio para millones de argentinos angustiados”.

Carlos Gutiérrez, de Provincias Unidas, destacó que el emplazamiento permitirá acelerar los tiempos de tratamiento. “Esto apura los tiempos en beneficio de la gente. Esto atraviesa transversalmente a la sociedad argentina, tanto el que produce como el que consume. Es tan irresponsable decir que no debe existir el crédito, como pensar que el crédito sin límite no participe del esfuerzo que todos los sectores argentinos estamos haciendo detrás de consolidar ciertos objetivos sobre los que no hay ninguna duda, como la baja inflación, déficit fiscal”, señaló.

El diputado agregó que no solo existen argentinos endeudados por consumo, sino también por cuestiones vinculadas a la producción, y sostuvo que también debe pedirse un esfuerzo al sector financiero.

La oposición busca unificar los proyectos

En los próximos días, la oposición deberá unificar cerca de cincuenta iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

Mientras tanto, el oficialismo trabajará en sus propios dictámenes y reconfigurará el tratamiento de ambos temas en las comisiones de Finanzas y Discapacidad, encabezadas por los oficialistas Santiago Pauli y Gerardo Huesen.

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