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Sturzenegger sobre la ley de propiedad privada: dijo en el Senado que es “el único insumo que Argentina” no respetó

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El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde la ley que blinda la propiedad privada que Javier Milei envió semanas atrás al Congreso. El texto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, la mayoría cristinistas o de izquierda-, tierras rurales e incluso el criticado régimen de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su estimado “compañero” Alberto Fernández.

Sturzenegger fue el principal expositor del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado -presidió el libertario fueguino Agustín Coto, que por momentos se dejó manejar los tiempos por cristinistas-, que comenzó a analizar una iniciativa que consta de seis capítulos y 53 artículos. La ,misma también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y cambios en el Registro de Propiedad para fomentar la incorporación de tecnología.

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“El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”, aseguró en los primeros minutos de su disertación.

Tras ello, Sturzenegger dio detalles de cada capítulo. En cuanto al primero, relacionado con las expropiaciones, señaló que las mismas “no pueden ser discriminatorias” y deberán ser “específicas y bien fundadas, como ya sucede en tratados bilaterales de inversiones” firmados desde hace larguísimos años por la Argentina. Es decir, alinear la ley con documentos que el país ya tiene vigentes con otras naciones y suelen rubricar todas las administraciones centrales.

Además, el funcionario habló de compensaciones “al valor del mercado”, la contemplación del “lucro cesante” y la preservación de dicho derecho ante eventuales declaraciones del sector público, así como la “no transferencia de dominio sin previo pago” y la “clarificación del proceso judicial cuando no se logre definir un valor”.

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La reunión plenaria se realizó en el Salón Azul del Senado

Sobre procesos de desalojo, confirmó un “cambio sustancial” para activar “juicios sumarísimos” y así “tener otros tiempos y velocidades”, con el fin de un proceso “más efectivo”. En dicho capítulo se incorpora la notificación electrónica y la falta de pago como condicionante, lo que objetó parte de la oposición.

No llamó la atención, pese a haber sido parte del Gobierno de Cambiemos –Mauricio Macri-, cómo defenestró la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. En este sentido, sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Para Sturzenegger, hay una explicación “clarísima” por haber “transferido responsabilidades territoriales, como la municipalidad o la provincia”.

Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Después habló de una “ley tapón” y usó de ejemplo de eficiencia en este problema al intendente -en uso de licencia- de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El gran problema aquí, como en otras cuestiones, es quién pondrá millonadas que, hasta ahora, no sirvieron de nada.

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Seguido a ello, observó el límite de compra de hectáreas a extranjeros, diferenció los casos en los que sí se blindarían -si se sanciona el proyecto- ante cuestiones de seguridad nacional, y a posterior denostó la ley de fuego de Máximo Kirchner. “O sea que si tengo una catástrofe -en un campo ganadero- no puedo hacer otra cosa -por 30 años- mientras crece. ¿Alguien pensó que podía tener algún sentido?”, preguntó, y calificó el régimen como un “dislate”.

Tras la exposición, los primeros senadores en preguntar fueron kirchneristas: José Mayans (Formosa-jefe del espacio), Martín Soria (Río Negro), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis). Varios de ellos lanzaron varios dardos venenosos por su pasado amarillo y el endeudamiento, más su gestión actual en Desregulación. No obstante, el último alertó sobre desalojos con juicios sumarísimos a personas “que no puedan pagar el alquiler”.

Los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez al lado de Sturzenegger. La neuquina tuvo que tomar el control del plenario ante legisladores kirchneristas que aprovecharon al recién llegado fueguino para poner la lupa sobre los inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en vez de debatir la ley

Salino fue al único de este lote al que Sturzenegger le agradeció un requerimiento concreto. Más tarde, a modo general, resaltó que el objetivo es “un país sin cercos que nos hemos puesto a la inversión”. Para esta altura, la libertaria y titular de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), pareció tomar el control del plenario, que le correspondía en realidad a Coto. Luego, esto se reacomodó.

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Otra senadora opositora, la peronista riojana Florencia López, castigó a quien Milei califica de “coloso” y lo halagó por su “capacidad para la creación de términos faranduleros”, en relación con el nombre de su Ministerio, y por haber tomado medidas que afectaron “a los más vulnerables”. “El estado atrasa”, replicó Sturzenegger.

Por el oficialismo, uno de los que hizo uso de la palabra fue el exjefe de la bancada, Ezequiel Atauche, quien se refirió a “privados que tenían que salir a proteger sus tierras en Jujuy por grupos políticos sostenidos por el gobierno anterior”, con “gente encapuchada con palos entrando a la privada a robártela”, y recordó a la condenada Milagro Sala. “No hubo nunca voluntad política de proteger”, finalizó el legislador.

Una de las espadas cristinistas, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, consultó al jerarca libertario “qué estimación oficial tiene ante el -eventual- aumento de extranjerización de la tierra que generará proyecto en 10 y 20 años, desagregado por provincia y departamento”, así como un análisis geopolítico por los dichos del ministro sobre “seguridad nacional”, y mostró su preocupación por acuíferos y zonas fronterizas. Este último punto fue aclarado por otro funcionario nacional, que ratificó continuará igual. En cuanto a tierras extranjeras, la senadora kirchnerista llevó un mapa del Conicet y dijo que, del límite de 15%, hoy hay un 5%.

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Pedido por el ReNaBaP

El Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, sugirió no aplicar modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que hundió Sturzenegger horas atrás. “Son 6.467 villas o barrios populares, con cinco millones de personas”, remarcó.

Carrara además mencionó impuestos pegados años atrás a este sistema, como el PAIS y el de grandes riquezas -que detesta la Casa Rosada-, y recordó el amplio “consenso” entre bancadas. No olvidó mencionar al Papa Francisco y su lema de “tierra, techo y trabajo”. Tras sus palabras, Mayans y Márquez mantuvieron un intercambio entre religión y teología.

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El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada recibe críticas de los obispos y separa otra vez al Gobierno y la Iglesia

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Un nuevo frente de tormenta reaviva las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia. La piedra de la discordia es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que el oficialismo envió al Senado y que las comisiones ya tienen en su plan de trabajo.

La iniciativa es defendida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Iglesia alzó su voz contra el proyecto, que modifica la ley de integración sociourbana, sancionada con amplio consenso en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que le otorga un rol activo al Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.

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La norma vigente, que tuvo cambios en 2022, declara de interés público la integración urbana, suspende los desalojos y facilita la expropiación para garantizar el acceso a servicios básicos y títulos de propiedad a familias vulnerables, lo que se pondría en riesgo con la nueva propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada.

La propuesta oficial modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos. Establece un juicio sumarísimo, un trámite exprés para expulsar a quienes no paguen el alquiler, “okupas” o personas que tomen un terreno.

El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopadowww.arzobispadocba.org.ar

La Iglesia reivindica el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que permitió identificar 6467 barrios de emergencia en todo el país, con una población de cinco millones de personas. Se estima que un 20% de esos barrios tienen una antigüedad de 20 años o más.

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La regulación del alcance de la propiedad privada, que el gobierno de Milei quiere consagrar como “inviolable”, constituye un debate en el que la Iglesia ha fijado históricamente su posición en distintos documentos pontificios. En la encíclica Fratelli tutti (2020) y en un mensaje enviado al año siguiente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el papa Francisco había señalado que, junto al derecho de propiedad privada, “existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes y el derecho de todos a su uso”.

El magisterio se remonta a la encíclica Rerum novarum (1891), de León XIII, en la que el bien común y el destino universal de los bienes aparecen como principios irrenunciables. Más cerca en el tiempo, al cumplirse 100 años de la Rerum novarum, Juan Pablo II definió en Centesimus Annus (1991) que la propiedad privada no es un valor absoluto y se complementa el principio del “destino universal de los bienes de la tierra”.

El arzobispo de Córdoba y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Ángel Rossi, planteó su preocupación hace unos días en un encuentro convocado por la Mesa de Barrios Populares de esa provincia. En su exposición, advirtió que “no hay palabras que resuman mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’. Y llamó a comprometerse para que “toda familia tenga un techo digno, acceso a agua potable y a servicios básicos”.

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El Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) identificó 6467 barrios de emergencia en todo el país, con una población de cinco millones de personas

Rodrigo Nespolo

El cardenal jesuita, que fue alumno de Jorge Bergoglio, dijo que “la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos”.

En el encuentro se advirtió que la iniciativa oficial podría afectar a 40.000 familias cordobesas. Acompañaron al cardenal Rossi el padre Melchor López, vicario de los Pobres en el Arzobispado de Córdoba; Ayelén Cabaña, referente de la organización Techo, y Débora Koraj, vecina de un barrio popular.

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La organización Techo sumó su cuestionamiento al proyecto oficial y advirtió que elimina tres pilares fundamentales: la declaración de utilidad pública y expropiación, la suspensión de desalojos por diez años y la participación de cooperativas y la economía popular.

En tanto, el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, presidió una misa en La Matanza, al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, y advirtió que “los barrios que no se integran se entregan al narcotráfico”. Junto con los obispos de San Justo, monseñor Eduardo García, y de Laferrere, monseñor Jorge Torres Carbonell, advirtió sobre los riesgos a los que se enfrentan los vecinos cuando no hay una presencia del Estado.

El plenario de comisiones en el Senado para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privadaHernan Zenteno –

Hace dos semana y media, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara, expuso la posición de la Iglesia en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado y advirtió sobre el impacto social que la iniciativa puede tener en los sectores más vulnerables.

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Carrara dijo que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, como las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo y dar un paso atrás”, al dejar de lado una ley que se generó con mucho diálogo y consenso. Y pidió mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.

“En su momento se hablaba de erradicar las villas. Después, en el discurso se pasó a la urbanización, que fija un piso mínimo de dignidad, pero considera a los vecinos como un sujeto pasivo. El concepto de integración sociourbana dice que los pobres se pueden organizar para sacar adelante a sus familias. Se los considera protagonistas”, explicó el arzobispo de La Plata en la reunión informativa presidida por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.

Con la colaboración de Gabriela Origlia

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Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Conforme a,Iglesia,,El titular del Episcopado en La Matanza. La Iglesia pidió “no acostumbrarse a la violencia, ni a naturalizar el descarte”,,Milei definió a Francisco como “uno de los argentinos más trascendentes de la historia”,,La celebración del Episcopado. Adorni encabezará la delegación de la Casa Rosada en la misa por Francisco que se hará en Luján

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Javier Alonso: “Patricia Bullrich está nerviosa porque el gobierno está cayendo mucho en la consideración de la opinión pública”

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El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, continuó hoy el cruce que mantuvo este sábado con la senadora y exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que se inició luego del robo a un nene de 12 años ocurrido en la ciudad de La Plata.

Durante una entrevista con la periodista Mariana Contartessi en Radio La Red, el funcionario de Axel Kicillof apuntó contra Bullrich y afirmó que la exministra “está nerviosa porque el gobierno está cayendo mucho en la consideración de la opinión pública”.

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Además, indicó que los dichos de Bullrich responden a una estrategia política, en un contexto en el que, según él, el gobierno nacional está perdiendo respaldo en la opinión pública y crece la imagen del gobernador Kicillof. Alonso expresó que el discurso de la senadora va en sintonía a una maniobra para desviar la atención de la caída en la consideración social, y no a una preocupación técnica en materia de seguridad.

De acuerdo con Alonso, la actual ministra de Seguridad de la provincia, María Fernanda Monteoliva, cuenta con conocimientos técnicos, pero se encuentra limitada por un gobierno nacional que “no pone un peso” ni impulsa políticas concretas. A su vez, señaló que Monteoliva habría advertido la falta de fundamento en las acusaciones y, por esa razón, la vocera principal terminó siendo Bullrich. “ (Bullrich) está tratando de volver a traer la idea del baño de sangre, la idea de que es un descontrol el conurbano”, remarcó Alonso.

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Durante la entrevista, Alonso sostuvo que el año pasado, la provincia de Buenos Aires registró la menor cantidad de crímenes en ocasión de robo desde el retorno de la democracia. “Desde que se contabilizan seriamente los homicidios, el año pasado fue el año con menos homicidios en ocasión de robo”, afirmó. El mandatario provincial reconoció la gravedad de cada hecho puntual y el impacto sobre las víctimas y sus familias, pero remarcó que el trabajo conjunto con los intendentes apunta a mejorar el espacio público y fortalecer los patrullajes.

La senadora de LLA criticó a través de X al gobierno de Kicillof por su política de seguridad

Al referirse al esfuerzo operativo, Alonso destacó el alcance de los recorridos policiales: “Cada cuatro horas recorremos el setenta y cinco por ciento de las calles”, dijo, y subrayó el gasto sostenido en combustible a pesar del aumento de los precios. Para Alonso, el contraste con la ausencia de inversión nacional evidencia una diferencia de prioridades y compromiso.

El funcionario concluyó que quienes critican la situación de seguridad en la provincia deben actuar con seriedad, abandonar la política del espectáculo y priorizar la gestión. “Tienen que dejar el show, dejar las redes sociales y ponerse a gobernar en serio”, concluyó Alonso.

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El violento robo a un niño de doce años ocurrido el jueves en el barrio de Tolosa, en La Plata, generó este sábado un fuerte intercambio en redes sociales entre Bullrich y Alonso. El asalto ocurrió cuando un delincuente encapuchado abordó al menor mientras se dirigía a la escuela, lo tiró al suelo y le robó sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil y un buzo. El episodio fue registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales.

Tras conocerse el caso, Bullrich utilizó su cuenta en X para cuestionar duramente la gestión del gobernador Axel Kicillof y de Alonso, a quien calificó como “no ministro”. La exministra de Seguridad criticó la respuesta de las autoridades ante el hecho, acusándolos de no actuar frente a la inseguridad y de abandonar a los ciudadanos, y reclamó mayor presencia y acciones concretas para brindar seguridad a los bonaerenses.

Alonso respondió horas después con un mensaje en el que recurrió a una frase de Néstor Kirchner para interpelar a Bullrich y defendió el trabajo realizado por la cartera de Seguridad provincial. Sostuvo que la función del ministerio no es dictar condenas, sino que esa tarea corresponde a la Justicia, y destacó el nivel de esclarecimiento de delitos alcanzado durante la gestión de Axel Kicillof. Además, recordó la colaboración de la provincia en operativos en Rosario y señaló fallas de Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad.

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Para Alonso, las críticas de Bullrich forman parte de una “campaña sucia” que busca utilizar casos de inseguridad con fines políticos. El ministro cuestionó la instrumentalización de las víctimas y sugirió que estos ataques buscan desviar la atención ante la caída en la imagen del gobierno nacional. Y concluyó pidiendo a la senadora que actúe con dignidad y deje de emplear la inseguridad como herramienta electoral.

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Atento a las últimas encuestas, el Gobierno busca retomar el protagonismo de la agenda pública y apuesta a una baja de la inflación en el corto plazo

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Ante las múltiples encuestas que mostraron un impacto en el humor social por la situación económica, el Gobierno intenta recuperar los ejes de la agenda pública en medio de las investigaciones judiciales al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y apuesta además a una baja de la inflación en el corto plazo, luego de la cifra de 3,4% de marzo.

Después de su presentación de la semana pasada en el Congreso, con su informe de gestión, Adorni reaparecerá mañana con una conferencia de prensa en Casa Rosada ante periodistas. El funcionario se siente fortalecido, y el Gobierno apuesta a dar una vuelta de página para recuperar protagonismo en la agenda pública, que incluye el impulso de proyectos clave en el Congreso y el avance de reformas económicas.

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Como panorama de fondo, múltiples estudios de opinión pública advirtieron sobre una baja en la percepción social de la evaluación de la gestión del presidente Javier Milei, el rumbo del Gobierno y la imagen del mandatario.

Por supuesto que las encuestas son una foto de un determinado momento de la realidad, lo que no necesariamente puede llegar a traducirse en un impacto negativo futuro para el oficialismo en las presidenciales de 2027 en las que el libertario irá por la reelección.

En medio de una situación económica fracturada, el ministro Luis Caputo dijo que hay sectores en alza, que registran un gran crecimiento, como minería y energía, al plantear que entre los dos sectores “hay casi un producto Bruto Interno (PBI)”.

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No obstante, se trata de dos actividades que aportan un bajo caudal de votos en las elecciones, porque representan menos de un millón de trabajos directos. En contrapartida con rubros como el industrial, que atraviesa por un fuerte impacto, y que emplea a muchas más personas, en lo que marca dos realidades de la economía.

Ante este panorama es que el Gobierno espera una baja de la inflación, algo que indudablemente tendrá un correlato en una mejora del humor social. El próximo 14 de mayo se conocerá el índice de inflación de abril del INDEC, que en la previa, según mediciones de consultoras privadas, sería de entre 2,4% y 2,6%, mucho menor al 3,4% de marzo.

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Justamente el Gobierno necesita un punto de inflexión en la inflación, que revierta la suba y empiece a ir hacia una tendencia a la baja. En este sentido, los alimentos aumentan a un ritmo menor que el mes anterior, y en grandes volúmenes el promedio es a la baja. Además se espera una estabilización del precio de las naftas, luego de la escalada de 30% por el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tanto Milei como el ministro de Economía plantearon un escenario de baja de la inflación a partir de abril. El futuro del Presidente en las elecciones estará signado por la economía, y para eso necesita que este año el índice empiece con un “1″ hacia fin de año, de modo de consolidar una baja en la tendencia inflacionaria.

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Manuel Adorni, Inflación

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