POLITICA
Sturzenegger sobre la ley de propiedad privada: dijo en el Senado que es “el único insumo que Argentina” no respetó
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde la ley que blinda la propiedad privada que Javier Milei envió semanas atrás al Congreso. El texto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, la mayoría cristinistas o de izquierda-, tierras rurales e incluso el criticado régimen de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su estimado “compañero” Alberto Fernández.
Sturzenegger fue el principal expositor del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado -presidió el libertario fueguino Agustín Coto, que por momentos se dejó manejar los tiempos por cristinistas-, que comenzó a analizar una iniciativa que consta de seis capítulos y 53 artículos. La ,misma también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y cambios en el Registro de Propiedad para fomentar la incorporación de tecnología.
“El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”, aseguró en los primeros minutos de su disertación.
Tras ello, Sturzenegger dio detalles de cada capítulo. En cuanto al primero, relacionado con las expropiaciones, señaló que las mismas “no pueden ser discriminatorias” y deberán ser “específicas y bien fundadas, como ya sucede en tratados bilaterales de inversiones” firmados desde hace larguísimos años por la Argentina. Es decir, alinear la ley con documentos que el país ya tiene vigentes con otras naciones y suelen rubricar todas las administraciones centrales.
Además, el funcionario habló de compensaciones “al valor del mercado”, la contemplación del “lucro cesante” y la preservación de dicho derecho ante eventuales declaraciones del sector público, así como la “no transferencia de dominio sin previo pago” y la “clarificación del proceso judicial cuando no se logre definir un valor”.
Sobre procesos de desalojo, confirmó un “cambio sustancial” para activar “juicios sumarísimos” y así “tener otros tiempos y velocidades”, con el fin de un proceso “más efectivo”. En dicho capítulo se incorpora la notificación electrónica y la falta de pago como condicionante, lo que objetó parte de la oposición.
No llamó la atención, pese a haber sido parte del Gobierno de Cambiemos –Mauricio Macri-, cómo defenestró la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. En este sentido, sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Para Sturzenegger, hay una explicación “clarísima” por haber “transferido responsabilidades territoriales, como la municipalidad o la provincia”.
“Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Después habló de una “ley tapón” y usó de ejemplo de eficiencia en este problema al intendente -en uso de licencia- de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El gran problema aquí, como en otras cuestiones, es quién pondrá millonadas que, hasta ahora, no sirvieron de nada.
Seguido a ello, observó el límite de compra de hectáreas a extranjeros, diferenció los casos en los que sí se blindarían -si se sanciona el proyecto- ante cuestiones de seguridad nacional, y a posterior denostó la ley de fuego de Máximo Kirchner. “O sea que si tengo una catástrofe -en un campo ganadero- no puedo hacer otra cosa -por 30 años- mientras crece. ¿Alguien pensó que podía tener algún sentido?”, preguntó, y calificó el régimen como un “dislate”.
Tras la exposición, los primeros senadores en preguntar fueron kirchneristas: José Mayans (Formosa-jefe del espacio), Martín Soria (Río Negro), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis). Varios de ellos lanzaron varios dardos venenosos por su pasado amarillo y el endeudamiento, más su gestión actual en Desregulación. No obstante, el último alertó sobre desalojos con juicios sumarísimos a personas “que no puedan pagar el alquiler”.
Salino fue al único de este lote al que Sturzenegger le agradeció un requerimiento concreto. Más tarde, a modo general, resaltó que el objetivo es “un país sin cercos que nos hemos puesto a la inversión”. Para esta altura, la libertaria y titular de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), pareció tomar el control del plenario, que le correspondía en realidad a Coto. Luego, esto se reacomodó.
Otra senadora opositora, la peronista riojana Florencia López, castigó a quien Milei califica de “coloso” y lo halagó por su “capacidad para la creación de términos faranduleros”, en relación con el nombre de su Ministerio, y por haber tomado medidas que afectaron “a los más vulnerables”. “El estado atrasa”, replicó Sturzenegger.
Por el oficialismo, uno de los que hizo uso de la palabra fue el exjefe de la bancada, Ezequiel Atauche, quien se refirió a “privados que tenían que salir a proteger sus tierras en Jujuy por grupos políticos sostenidos por el gobierno anterior”, con “gente encapuchada con palos entrando a la privada a robártela”, y recordó a la condenada Milagro Sala. “No hubo nunca voluntad política de proteger”, finalizó el legislador.
Una de las espadas cristinistas, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, consultó al jerarca libertario “qué estimación oficial tiene ante el -eventual- aumento de extranjerización de la tierra que generará proyecto en 10 y 20 años, desagregado por provincia y departamento”, así como un análisis geopolítico por los dichos del ministro sobre “seguridad nacional”, y mostró su preocupación por acuíferos y zonas fronterizas. Este último punto fue aclarado por otro funcionario nacional, que ratificó continuará igual. En cuanto a tierras extranjeras, la senadora kirchnerista llevó un mapa del Conicet y dijo que, del límite de 15%, hoy hay un 5%.
Pedido por el ReNaBaP
El Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, sugirió no aplicar modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que hundió Sturzenegger horas atrás. “Son 6.467 villas o barrios populares, con cinco millones de personas”, remarcó.
Carrara además mencionó impuestos pegados años atrás a este sistema, como el PAIS y el de grandes riquezas -que detesta la Casa Rosada-, y recordó el amplio “consenso” entre bancadas. No olvidó mencionar al Papa Francisco y su lema de “tierra, techo y trabajo”. Tras sus palabras, Mayans y Márquez mantuvieron un intercambio entre religión y teología.
POLITICA
Mauricio Macri cuestionó a la jueza que suspendió la aplicación de la baja de edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires
El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles en duros términos la decisión de la jueza bonaerense Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Macri sostuvo que es “inaceptable” que una ley nacional quede temporalmente sin efecto “en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país” por decisión de un juzgado provincial.
“La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: ‘El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá’. Pero esos elementos que dice tener no fueron presentados”, afirmó el exmandatario.
Macri sostuvo que la medida representa una intromisión indebida del Poder Judicial sobre decisiones adoptadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo nacional.
“Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, expresó.
Y añadió: “Esta es la controvertida situación en que quedamos: una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, queda por ahora sin efecto, nada menos que en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país. Todo por la decisión de un juzgado provincial”, remarcó.
Opinó que la decisión de Pascal constituye una “alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”.
“La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”, concluyó.
El fallo de Pascual
La controversia se originó luego de que la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, resolviera una acción de habeas corpus preventivo colectivo presentada el 31 de agosto por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones que integran la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, entidad vinculada a la Iglesia Católica argentina.
El planteo fue realizado en favor de adolescentes privados de la libertad en territorio bonaerense y contó con la adhesión de 14 defensores departamentales de la provincia.
“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, justificó Pascual en diálogo con la radio Now 97.9 el lunes último.
Y amplió: “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”.
La resolución de la jueza Pascual, aunque no se ocupa de la legalidad de la ley que constituyó el régimen penal juvenil vigente en todo el país, tendrá un efecto concreto en la provincia más poblada y, en consecuencia, la de mayor cantidad de delitos: si, por caso, un menor de 14 o 15 años asesinara a una persona, no podría ser encarcelado.
En otro tramo de la resolución, Pascual, exministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde y expresidenta del Consejo Provincial del Menor, planteó que la cuestión central consiste en determinar si el Estado puede ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al régimen penal sin contar previamente con los recursos materiales, institucionales y profesionales requeridos para implementar esas modificaciones.
La jueza consideró que la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años, sumada a otros cambios introducidos por la ley, provocará un aumento de personas privadas de la libertad tanto por mayores ingresos al sistema como por una eventual extensión de los tiempos de permanencia.
“No cabe ninguna duda, y resulta de sentido común, que la aplicación inmediata de la ley (…) aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad”, señaló la magistrada.
Por su parte, la representación bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) anunció este martes que promoverá un pedido de juicio político contra Pascual, al considerar que e fallo “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, afirmó Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires.
La ley 27.801, aprobada por el Congreso el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. El lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rebaja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.
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El Gobierno evalúa incluir la explotación pesquera en el nuevo régimen de sanciones por Malvinas que enviará al Congreso la próxima semana. La Casa Rosada trabaja en extender a esa actividad parte del esquema que prepara para endurecer las penas contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con operaciones sin autorización argentina en las islas.
“Estamos trabajando en eso”, aseguran en Nación ante la consulta sobre la incorporación de la pesca al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el Ejecutivo anticipan que habrá definiciones la próxima semana, cuando está previsto que la iniciativa ingrese por la Cámara de Diputados.
La discusión se concentra ahora en qué alcance tendrá el nuevo régimen y a qué actores vinculados con la explotación pesquera podrá afectar. El Gobierno analiza especialmente la situación de empresas relacionadas de forma directa o indirecta con quienes operan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.
La Argentina ya tiene desde 2008 herramientas legales para sancionar vínculos con la pesca sin permiso argentino en Malvinas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país a declarar que no tienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional.
La norma también alcanza relaciones indirectas a través de sociedades vinculadas o controladas. Si se comprueba una violación, pueden caducar los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura de la empresa alcanzada. El Ejecutivo analiza ahora qué cambios incorporará al paquete que enviará al Congreso para ampliar el alcance de las sanciones sobre actividades vinculadas con Malvinas.
La posibilidad ya había sido anticipada por Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre. El Presidente anunció que modificaría la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental, y agregó que el nuevo esquema de sanciones se extenderá a otras actividades en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
El régimen que el Gobierno utiliza como modelo permite avanzar no sólo contra las empresas que realizan directamente una actividad sin autorización argentina. También busca alcanzar a accionistas, directores, proveedores y compañías que participen económicamente de esos proyectos, además de impedir que los infractores contraten en la Argentina.
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La Casa Rosada ya comenzó a aplicar esa lógica sobre los hidrocarburos. Después de la cadena nacional, Cancillería abrió procedimientos contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades petroleras y luego sumó otros 15 actores, entre accionistas y proveedores relacionados con los proyectos que avanzan en las islas.
El principal objetivo inmediato es Sea Lion, el proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Ejecutivo sostiene que su avance obliga a acelerar las herramientas para impedir que compañías que participan de actividades que considera ilegales puedan mantener al mismo tiempo negocios en la Argentina.
La pesca presenta un desafío diferente porque ya es una de las principales fuentes de ingresos de las islas. El sistema de licencias otorgadas por la administración británica funciona desde hace décadas y permite operar a decenas de embarcaciones durante las distintas temporadas pesqueras del Atlántico Sur.
Por eso, una aplicación amplia del régimen podría tener consecuencias más extensas que las sanciones petroleras. La legislación vigente no se limita al propietario del buque: también contempla vínculos societarios, jurídicos, económicos o de beneficio, lo que obliga al Estado a determinar hasta dónde llega cada relación antes de aplicar una sanción.
El Gobierno viene mostrando además una política más activa frente a la pesca ilegal en aguas bajo jurisdicción argentina. Cinco buques extranjeros fueron sancionados durante 2026 por operaciones dentro de la Zona Económica Exclusiva sin autorización. Esos procedimientos no corresponden específicamente al régimen de Malvinas, pero forman parte del refuerzo del control marítimo que impulsa Nación.
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La Prefectura también aumentó el monitoreo de la actividad pesquera mediante sistemas electrónicos y seguimiento de embarcaciones. En paralelo, el Ejecutivo busca ampliar las capacidades de vigilancia del Atlántico Sur desde Tierra del Fuego con radares, telecomunicaciones y sistemas de información marítima.
La discusión pesquera se cruza además con la agenda marítima que el Gobierno mantiene abierta en el Congreso. Allí continúan los debates sobre cabotaje, marina mercante y regulación de la navegación, mientras el Ejecutivo busca modificar distintos costos y restricciones del transporte fluvial y marítimo.
El próximo paso será definir si la pesca queda expresamente incluida en el proyecto que llegará a Diputados y qué sanciones adicionales se incorporarán respecto del régimen que ya existe. En la Casa Rosada confirman que el tema está bajo trabajo y esperan cerrar la redacción durante los próximos días.
Gobierno, PESCA, Islas Malvinas
POLITICA
“Se les ve el serrucho”: Kicillof sugirió que Milei quiere eliminar las PASO por miedo a que lo desafíe “un Milei de buenos modales”
POSADAS.− “Milei piensa que para tener la reelección hay que sacar las PASO”, afirmó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, este mediodía, en Misiones, donde se mostró junto a Hugo Passalacqua en medio de la disputa del mandatario misionero contra el histórico cacique provincial, Carlos Rovira.
Kicillof evitó confirmar si va a competir por la presidencia en 2027, aunque sí sugirió, en cambio, dos motivos por los cuales cree que el presidente Javier Milei impulsa la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El primero, admitido incluso dentro de las filas libertarias, es quitarle una herramienta a la oposición para organizar sus internas. El segundo, aventuró, es evitar que otros dirigentes oficialistas lo desafíen.
“Con las PASO, Milei piensa, su laboratorio piensa, cómo se va a organizar la oposición, y las PASO pueden ser un instrumento [para organizarla]. Al mismo tiempo, dentro del gobierno de Milei hay algunos anotados para reemplazarlo”, aventuró, flanqueado por Passalacqua, en una conferencia de prensa en la Biofábrica, una empresa estatal que desde hace 20 años desarrolla semillas, cultivos y bioinsumos.
“Se les ve el serrucho [a los supuestos rivales internos de Milei], reemplazar a Milei por un Milei de buenos modales, más amigable, que no putee a todo el mundo, que no esté contra los periodistas. Pero el programa no se toca, los problemas que tenemos hoy van a seguir igual, se va a cambiar el mascarón de proa”, sintetizó el bonaerense, dejando en claro que está en contra de eliminar las primarias a nivel nacional.
Además, explicó que para lograr ese objetivo, Milei comisionó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a utilizar con los gobernadores la estrategia de premios y castigos para conseguir apoyos a la eliminación a las PASO.
“A Santilli lo pusieron [en la jefatura de Gabinete] con un solo objetivo: conseguir la reelección de Milei”, afirmó Kicillof, quien detalló que el funcionario buscará negociar con los gobernadores recursos a cambio de apoyo a la eliminación.
“¿Cómo va a ser el método? Viendo si puede apretar, extorsionar, te doy un recurso si me votás alguna ley, y eso es un método espantoso, porque estamos [los gobernadores] con muchas dificultades”, explicó.
Motosierra a las provincias
“Está bien luchar contra la inflación, apoyamos eso, pero no de esta manera”, dijo Kicillof, quien criticó duramente el plan económico y afirmó que la gran variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal fueron los recortes a las provincias.
Además, sostuvo que “los problemas de la producción en Misiones son muy parecidos a los nuestros y a los de todo el país, con muy pocos los sectores a los que les va bien”.
“Hay una cuenta muy incómoda para el gobierno nacional. Cuando uno mira todo el superávit, mes por mes, la diferencia entre lo que gastó e ingresó, si uno suma todo esto, son 44 billones, es exactamente igual a los que perdieron las 23 provincias desde que llegó Milei. Comparado con 2023, el número no tendría que dar igual pero da igual”, explicó.
“Si no le hubiera robado la plata a las provincias, no hubiera tenido ese superávit. Entonces dan ganas de preguntar, es un superávit o una deuda que no pagás, ¿cómo se construyó? sacándole a jubilados, personas con discapacidad, remedios, cajas de jubilaciones, fondo de incentivo docente, y todo eso recae sobre gobiernos provinciales», afirmó.
El mandatario misionero suele repetir: “Buenos Aires trae solo amarguras”, en referencia a la inequidad en el reparto de los recursos entre el gobierno central y los distritos.
Jornada de acuerdos y visitas
Kicillof llegó esta mañana a Posadas para una jornada donde firmó acuerdos con Passalacqua y recorrió primero la Escuela de la Innovación y, más tarde, la Biofábrica.
La Biofábrica de Misiones le transfirió a Buenos Aires tecnología y asistencia para la apertura de dos establecimientos similares en territorio bonaerense: uno en Mercedes y otro en Miramar. “Son hijas de esta biofábrica”, dijo Kicillof, quien criticó a la política libertaria por “ir contra el Estado, la desregulación y los fondos para investigación”.
El mandatario bonaerense también apoyó a Passalacqua en su disputa política interna con Carlos Rovira, el jefe político de Misiones por más de 20 años, que ahora perdió influencia a manos del gobernador.
“Axel es muy respetuoso de la institucionalidad y no va a decir nada públicamente, pero apoya a Passalacqua, quien además está más cerca ideológicamente que Rovira, a quien vemos más cerca de Milei”, dijo a uno de los funcionarios cercanos que acompañó a Kicillof en su incursión en la tierra colorada.
Por su parte, Passalacqua también se deshizo en gestos de apoyo al gobernador bonaerense, con quien está mucho más vinculado ideológicamente.
Ambos, además, comparten un pasado en común como docentes universitarios. Passalacqua en la UNaM, en la Facultad de Artes; y Kicillof como profesor de Pensamiento Económico en la UBA.
Muy fuerte fue el contraste con la visita que realizó Milei a Iguazú el viernes pasado, cuando Passalacqua y el presidente no se sacaron juntos ni una foto, y la única que trascendió la distribuyó la organización del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que realizó su 47° convención anual en el lujoso hotel Loi Suites.
En cambio acá Passalacqua recibió a Kicillof, firmaron acuerdos, compartieron varias horas y se prodigaron mutuos elogios.
Tras la conferencia de prensa, Kicillof almorzó con Passalacqua en la residencia oficial del gobernador y luego visitará la cooperativa Las Tunas, en Apóstoles, a unos 80 kilómetros de Posadas.
Kicillof iba a cerrar su visita con un acto en el PJ Misiones, que tiene como presidente a Christian Humada, hijo de Julio, gobernador peronista entre 1989 y 1993.
Martín Boerr,Conforme a
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