El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde la ley que blinda la propiedad privada que Javier Milei envió semanas atrás al Congreso. El texto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, la mayoría cristinistas o de izquierda-, tierras rurales e incluso el criticado régimen de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su estimado “compañero” Alberto Fernández.

Sturzenegger fue el principal expositor del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado -presidió el libertario fueguino Agustín Coto, que por momentos se dejó manejar los tiempos por cristinistas-, que comenzó a analizar una iniciativa que consta de seis capítulos y 53 artículos. La ,misma también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y cambios en el Registro de Propiedad para fomentar la incorporación de tecnología.

“El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”, aseguró en los primeros minutos de su disertación.

Tras ello, Sturzenegger dio detalles de cada capítulo. En cuanto al primero, relacionado con las expropiaciones, señaló que las mismas “no pueden ser discriminatorias” y deberán ser “específicas y bien fundadas, como ya sucede en tratados bilaterales de inversiones” firmados desde hace larguísimos años por la Argentina. Es decir, alinear la ley con documentos que el país ya tiene vigentes con otras naciones y suelen rubricar todas las administraciones centrales.

Además, el funcionario habló de compensaciones “al valor del mercado”, la contemplación del “lucro cesante” y la preservación de dicho derecho ante eventuales declaraciones del sector público, así como la “no transferencia de dominio sin previo pago” y la “clarificación del proceso judicial cuando no se logre definir un valor”.

Sobre procesos de desalojo, confirmó un “cambio sustancial” para activar “juicios sumarísimos” y así “tener otros tiempos y velocidades”, con el fin de un proceso “más efectivo”. En dicho capítulo se incorpora la notificación electrónica y la falta de pago como condicionante, lo que objetó parte de la oposición.

No llamó la atención, pese a haber sido parte del Gobierno de Cambiemos –Mauricio Macri-, cómo defenestró la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. En este sentido, sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Para Sturzenegger, hay una explicación “clarísima” por haber “transferido responsabilidades territoriales, como la municipalidad o la provincia”.

“Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Después habló de una “ley tapón” y usó de ejemplo de eficiencia en este problema al intendente -en uso de licencia- de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El gran problema aquí, como en otras cuestiones, es quién pondrá millonadas que, hasta ahora, no sirvieron de nada.

Seguido a ello, observó el límite de compra de hectáreas a extranjeros, diferenció los casos en los que sí se blindarían -si se sanciona el proyecto- ante cuestiones de seguridad nacional, y a posterior denostó la ley de fuego de Máximo Kirchner. “O sea que si tengo una catástrofe -en un campo ganadero- no puedo hacer otra cosa -por 30 años- mientras crece. ¿Alguien pensó que podía tener algún sentido?”, preguntó, y calificó el régimen como un “dislate”.

Tras la exposición, los primeros senadores en preguntar fueron kirchneristas: José Mayans (Formosa-jefe del espacio), Martín Soria (Río Negro), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis). Varios de ellos lanzaron varios dardos venenosos por su pasado amarillo y el endeudamiento, más su gestión actual en Desregulación. No obstante, el último alertó sobre desalojos con juicios sumarísimos a personas “que no puedan pagar el alquiler”.

Salino fue al único de este lote al que Sturzenegger le agradeció un requerimiento concreto. Más tarde, a modo general, resaltó que el objetivo es “un país sin cercos que nos hemos puesto a la inversión”. Para esta altura, la libertaria y titular de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), pareció tomar el control del plenario, que le correspondía en realidad a Coto. Luego, esto se reacomodó.

Otra senadora opositora, la peronista riojana Florencia López, castigó a quien Milei califica de “coloso” y lo halagó por su “capacidad para la creación de términos faranduleros”, en relación con el nombre de su Ministerio, y por haber tomado medidas que afectaron “a los más vulnerables”. “El estado atrasa”, replicó Sturzenegger.

Por el oficialismo, uno de los que hizo uso de la palabra fue el exjefe de la bancada, Ezequiel Atauche, quien se refirió a “privados que tenían que salir a proteger sus tierras en Jujuy por grupos políticos sostenidos por el gobierno anterior”, con “gente encapuchada con palos entrando a la privada a robártela”, y recordó a la condenada Milagro Sala. “No hubo nunca voluntad política de proteger”, finalizó el legislador.

Una de las espadas cristinistas, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, consultó al jerarca libertario “qué estimación oficial tiene ante el -eventual- aumento de extranjerización de la tierra que generará proyecto en 10 y 20 años, desagregado por provincia y departamento”, así como un análisis geopolítico por los dichos del ministro sobre “seguridad nacional”, y mostró su preocupación por acuíferos y zonas fronterizas. Este último punto fue aclarado por otro funcionario nacional, que ratificó continuará igual. En cuanto a tierras extranjeras, la senadora kirchnerista llevó un mapa del Conicet y dijo que, del límite de 15%, hoy hay un 5%.

Pedido por el ReNaBaP

El Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, sugirió no aplicar modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que hundió Sturzenegger horas atrás. “Son 6.467 villas o barrios populares, con cinco millones de personas”, remarcó.

Carrara además mencionó impuestos pegados años atrás a este sistema, como el PAIS y el de grandes riquezas -que detesta la Casa Rosada-, y recordó el amplio “consenso” entre bancadas. No olvidó mencionar al Papa Francisco y su lema de “tierra, techo y trabajo”. Tras sus palabras, Mayans y Márquez mantuvieron un intercambio entre religión y teología.