Los más de seis meses que lleva la puja por la competencia del expediente de la quinta de Pilar atribuida a la AFA se fundan en los persistentes intentos de los dueños formales del lugar, presuntos testaferros de las autoridades de la AFA, de radicar el caso en la Justicia de Campana.

Pero el laberinto judicial que recorre el expediente también se explica por la buena recepción que sus planteos tuvieron en el juez al que todo el caso podría regresar: Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana.

Con roce político y una reputación de juez duro contra las drogas, González Charvay puja con la misma insistencia que el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, para hacerse cargo del caso que involucra principalmente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Ese alineamiento entre el juez y los investigados generó todo tipo de especulaciones alrededor de un expediente que desde su nacimiento no hizo más que crecer y ahora abarca no solo a la fastuosa quinta de Pilar, con haras y una lujosa colección de autos, sino también a los movimientos de TourProdEnter, la empresa vinculada a Javier Faroni que recolecta los ingresos de la AFA por el mundo, cobra por ello un 30% y podría ser la ingeniería financiera que se esconde detrás de la quinta.

González Charvay dejó de estar al frente del caso hace casi un mes, pero lo estuvo durante un buen tramo de esos 6 meses y podría volver a estarlo si así lo decide la Cámara de Casación, luego de la audiencia que dispuso para el 12 de agosto.

Sería una decisión a contramano de lo que dispuso la Cámara en lo Penal Económico, designada por la propia Casación para zanjar la disputa, y también en contra de los dictámenes de todos los fiscales que intervinieron por ahora en la causa.

Pero González Charvay todavía conserva bajo su conducción otro capítulo de la historia AFA. Es un expediente que nació y llegó desde Santiago del Estero, en el que un fiscal de la provincia, Pedro Simón, solicitó la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.

En el centro de su acusación se colocan movimientos millonarios que la entidad deportiva había girado hacia un entramado de sociedades vinculadas a Toviggino. El juez Sebastián Argibay rechazó el pedido y resolvió que el caso se traslade a Campana.

Por estas horas, la Cámara Federal de San Martín debe resolver si el juez González Charvay retiene el caso, regresa a Santiago o parte rumbo al fuero Penal Económico. Cuando intervino en el tramo principal, a través del juez Alberto Lugones, la Cámara se inclinó por el argumento territorial de González Charvay.

La puerta que permitió el ingreso de Charvay en la trama se entreabrió cuando el caso pasó de Comodoro Py a Penal Económico por orden del juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia.

En ese primer traslado, el camarista sostuvo que el nuevo magistrado del caso —en ese entonces, Marcelo Aguinsky— debía contemplar la posibilidad de que el expediente pasara a Campana, una opción que hasta ese momento no estaba sobre la mesa.

Pantano y Conte, los dueños formales de la quinta, aprovecharon esa ventana para solicitarle al juez González Charvay que le reclamara el caso a Aguinsky.

El juez se hizo eco del planteo de los investigados, presentó un pedido de inhibitoria y se inició el recorrido que se extenderá hasta la resolución de la Casación en agosto.

Quienes pretenden bajarle el volumen a las idas y vueltas del expediente advierten que existen “argumentos técnicos” para sostener que el caso debe quedar en Campana, reconocidos incluso por quienes piensan de otro modo.

El argumento de Charvay

La postura del juez González Charvay se apoya en dos patas: la garantía del juez natural en función del territorio para fundar la radicación —porque la casaquinta está ubicada en su jurisdicción— y la necesidad de evitar un doble juzgamiento para atraer las causas periféricas.

En la Justicia de Campana señalan que es un movimiento común en el fuero, que el magistrado lo realiza casi a diario en casos de narcotráfico -materia en la que ganó buena reputación-, y que solo ganó visibilidad en este caso, por su exposición.

Sin embargo, el complejidad del expediente da sustento a otras interpretaciones. La Cámara en lo Penal Económico argumentó que la investigación no podía definirse solamente por la ubicación de la quinta porque el objeto se insertaba en una trama más vasta, que incluida posibles maniobras de lavado y desvíos de fondos.

En su fallo, la Cámara dedicó renglones al supuesto ritmo apaciguado del expediente. “Hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”, marcaron los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

Desde aquel fallo, el caso tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, en manos de la jueza Verónica Straccia, que lo subroga hasta fin de año.

Una de las principales medidas en curso la heredó del propio González Charvay. Es un peritaje contable que está en manos de expertos de la Corte Suprema y, por su contenido, el resultado será determinante para el recorrido del caso.

El juez pidió identificar si las ganancias de la AFA obtuvo desde 2019 ingresaron efectivamente en sus arcas o si en el camino existieron desvíos como los que reveló .

También solicitó un análisis sobre el porcentaje que cobró TourProdEnter como agente comercial para saber si se encuentra dentro de los parámetros de mercado.

El estudio alcanza también transferencias recibidas por Real Central, la firma de Pantano y Conte, y la lujosa colección de vehículos que la Justicia encontró en la quinta. Son medio centenar de vehículos, entre ellos una Ferrari, varios BMW, Audi y otros modelos de alta gama.

“No van seis años, van seis meses de investigación”, atempera un funcionario judicial que siguió de cerca el proceso y conoce los tiempos de la Justicia.

El juez

González Charvay suele reservarse el control de las investigaciones que tramitan en su juzgado, especialmente en temas de narcotráfico, terreno en el que cimentó su fama de juez severo.

Uno de los casos más resonantes bajo su cargo fue “Bobinas Blancas”, una investigación suya que en 2021 terminó con condenas para varios integrantes de una organización transnacional que ocultaba cocaína en bobinas de acero especialmente acondicionadas.

Ordenó allanamientos en la terminal portuaria de Zárate, en Garín, en Marcos Paz y en Guernica, algunos con muy buenos resultados.

En el terreno político también tomó decisiones de peso. En noviembre del año pasado, procesó al exministro bonaerense de Transporte Jorge D’Onofrio, muy próximo al jefe del Frente Renovador y excandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa. Fue por presunto lavado de activos y le dictó un embargo de $350 millones.

Años atrás, procesó y elevó a juicio oral al exintendente de Pilar de Pro Nicolás Ducoté por irregularidades en la firma de tres convenios para obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y en un plan de microcréditos para la refacción de viviendas. Desde entonces, la carrera política de Ducoté quedó en pausa.

En la intendencia lo sucedió Federico Achával, que se vio favorecido por el juez cuando este permitió que la municipalidad cobrara sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el gobierno de Javier Milei. La medida impactó también en los municipios de Campana, de Pro, y Escobar, en manos del peronismo.