El jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) , según surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizaron y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

El funcionario designado en octubre para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria administra dos de esas propiedades –la tercera la vendió–, mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. Abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami. Si se hubiera desprendido de esos activos no está consignado en ninguno de los registros oficiales donde debería figurar.

No es la primera vez que se relaciona a Vázquez con operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó una denuncia porque desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. En aquella ocasión, Vázquez no lo informó ante el fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas. Ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.

Los funcionarios del nivel de Vázquez están obligados por la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, si el funcionario no logra justificar el origen lícito de sus bienes.

Durante las últimas dos décadas, numerosos funcionarios afrontaron problemas judiciales por la presunta omisión maliciosa de bienes. Desde el expresidente Carlos Menem y el exrector de la UBA, Oscar Shuberoff –ambos fueron procesados, pero con los años terminaron beneficiados por la prescripción de la acción–, a Pablo Alejandro Brula, un exfuncionario de la AFIP acusado de ocultar su participación accionaria en una sociedad offshore detectada en los Pandora Papers. La Corte Suprema rechazó su recurso de queja y dejó firme su procesamiento, en septiembre pasado.

procuró contactar a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre, a su correo electrónico personal y a través de un vocero de la AFIP, y se le enviaron preguntas concretas sobre su situación patrimonial, pero hasta el cierre de esta edición optó por no responder.

Vázquez, de 64 años, es funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (ahora renombrada ARCA) desde 1990. Fue referente clave durante años del área de inteligencia fiscal del organismo y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana del ente recaudador entre 2009 y 2016, según consignó en su propia cuenta de Linkedin, en la que no aparece una imagen de su rostro.

Su designación al frente de la DGI causó revuelo interno en el Gobierno: el decreto de nombramiento lo firmó el presidente Javier Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, participaron del trámite. Tampoco firmó la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, a quien Milei terminó por echar el 7 de este mes.

Mientras ya ejercía cargos jerárquicos en la AFIP, Vázquez tenía participación accionaria en Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, constituidas entre 2015 y 2016 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Al mismo tiempo la Justicia argentina mantenía abierta la investigación en su contra por sus presuntas cuentas en Curazao y Luxemburgo, pero no avanzaba con los exhortos que solicitaban la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para obtener datos del exterior.

Las compras inmobiliarias de Vázquez en Estados Unidos a través de sociedades del exterior comenzaron en enero de 2013, cuando adquirió dos propiedades en Miami, inscriptas a nombre de Alcorta Corp, según surge de documentos oficiales de esa ciudad. Dos años después, compró un tercer departamento en Miami, adquirido por otra firma panameña, Pompeya Group Corp, según consta en los registros oficiales disponibles del condado Miami-Dade.

¿De qué propiedades se trata? El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo de alta categoría Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, el 10 de enero, esa compañía compró otro departamento, cerca de allí, aunque por un monto más bajo: desembolsó 350.000 dólares por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell.

Dos años y medio después, se registró otro movimiento en Estados Unidos. Pompeya Group Corp compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, según surge también de los registros oficiales del condado Miami. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, fue por 980.000 dólares, según consta en los registros consultados.

Después de la publicación global de los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos. Recurrió para eso a Galanthus Capital Limited, que quedó como la firma holding, controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.

A partir de entonces, la serie de compañías y propiedades perduró estable por algo más de dos años y medio, cuando la primera de las sociedades, Alcorta Corp, se desprendió del inmueble más pequeño. Ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando vendió por 350.000 dólares la unidad 2811 del edificio ubicado en 1060 Brickell Avenue. ¿Su adquirente? Otra sociedad: 1390 Brickell 2811 Corp.

Tras esa venta, Vázquez continuó vinculado a la firma Galanthus Capital (BVI), sociedad que mantuvo el control sobre Alcorta Corp (Panamá) y Pompeya Group (también de Panamá), manteniendo estas la titularidad sobre las dos propiedades –una cada una–, en Miami y Sunny Isles, en el estado de Florida, por un total cercano a 1.690.000 dólares. Así continúa hasta hoy, de acuerdo a la documentación analizada.

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. En la última disponible, correspondiente a 2023 y registrada en el sistema el 31 de octubre pasado, sí detalló que es titular de tres cuentas bancarias en Estados Unidos, con depósitos por un total inferior a los 3000 dólares, además de varias propiedades en la Argentina. Por otra parte, no pudo corroborar si Vázquez lo declaró ante el fisco argentino, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

¿Cómo se vincula Vázquez con el entramado de sociedades? En Panchy Ventures Limited aparece en los registros junto a Silvia Ivone Rodríguez –su primera esposa, también funcionaria de la AFIP, de la que luego se divorció–, con un título de copropiedad con derecho de supervivencia, y un paquete de 50.000 acciones que repartieron entre ambos por mitades, hasta que la sociedad se disolvió en 2022. En Galanthus Capital Limited, en tanto, Vázquez figura como único director de la sociedad creada por el bufete Trident Trust, que lo categorizó como “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) y abrió un legajo en el que constan una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su email personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, el mismo que obra en el pasaporte de Vázquez.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía que se conoce del rostro del funcionario y que reproduce en esta investigación. Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Vázquez recurrió a Galanthus Capital Limited para administrar inmuebles en Estados Unidos que ya poseía a través de las dos sociedades comerciales constituidas en Panamá, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.

La reconocida simpatía futbolística de Vázquez aportó un último dato. Identificado con el club Huracán, al que donó sumas pequeñas de dinero en 2011 para obras de infraestructura, su correo electrónico privado alude a ese club (”La Quema”), y los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a esa institución: el estadio de Huracán queda sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.

Vázquez registra un antecedente conflictivo con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante el fisco argentino sus cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y el fisco entre 2000 y 2009, a pesar de ser funcionario del propio organismo, según surge de la investigación que el actual titular de la DGI afrontó en la Argentina.

De ese expediente judicial surge, también, que la UIF había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de una unidad antilavado extranjera en 2005, según consta en un informe reservado de la Procelac. Pero resultó sobreseído el 15 de noviembre de 2022.

La causa se inició en 2011, cuando el juez en lo Criminal, Osvaldo Rappa, remitió a los tribunales de Comodoro Py los datos hallados sobre Vázquez en la “cueva” que el BNP Paribas operaba en el barrio porteño de Catalinas. Consideró que debían investigarlo en el fuero federal, dada su condición de funcionario público, confirmaron fuentes judiciales. También envió testimonios a la AFIP para que evaluara iniciar actuaciones administrativas.

El material proveniente del fuero ordinario tramitó por sorteo en el Juzgado Federal N° 12, que estaba a cargo de Sergio Torres hasta que asumió como ministro de la Suprema Corte bonaerense. Hoy el juzgado 12 lo subroga Lijo. La causa en la que estuvo investigado Vázquez, número 8316/2011, afrontó varias dificultades. Entre ellas, la reticencia del Juzgado para solicitar datos a Luxemburgo mediante un exhorto. Vázquez negó ser el titular de esas cuentas bancarias y afirmó al ser indagado que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la AFIP contra el Grupo Clarín, ejecutado en septiembre de 2009, en plena ofensiva del gobierno kirchnerista contra esa empresa.

El 17 de noviembre de 2022, Lijo sobreseyó a Vázquez y a su hermana ante la “imposibilidad” de avanzar con la pesquisa. En otras palabras, no porque se haya comprobado que Vázquez no tuviera esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. Indagados y sobreseídos en 2018 por el juez Sergio Torres –decisión que la Cámara Federal revocó–, Lijo los volvió a sobreseer cuatro años después. La resolución quedó firme.

Un año después del fallo que lo sobreseyó en la Argentina, Vázquez declaró un amplio listado de activos en el país y en el extranjero, en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Precisó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un country–, además de 10,5 millones de pesos en efectivo y tres cuentas bancarias en Estados Unidos por 2,1 millones de pesos. Es decir, poco menos de 2700 dólares al tipo de cambio entonces vigente.

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina: Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA. En esta última figura como vicepresidente la misma hermana con la que controló las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­. En ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en el Caribe ni a las propiedades en Estados Unidos.

Antonio “Jaime” Stiuso se mueve como celebrity entre eventos sociales de la política y la Justicia. Pese al halo de oscuridad que lo rodea, quienes lo frecuentan -jueces, políticos y empresarios- no reniegan de hacerlo. Fernando Pocino vive cerca de la playa en Pinamar y opina sobre política a través de su cuenta de Twitter, y César Milani, un poco más enredado en cuestiones judiciales por su patrimonio, presenta amparos en los tribunales consternado porque no le prestan un quincho del Ejército para festejar su cumpleaños.

Ellos eran los pesos pesados en el mundo del espionaje hace diez años, cuando apareció el cuerpo del fiscal Alberto Nisman. En el informe dado a conocer la semana pasada por la fiscalía de Eduardo Taiano, que investiga la muerte, hay numerosas alusiones a la pelea de poder que se libraba en esa época en el mundo del espionaje. Eran tiempos en los que los servicios de inteligencia argentinos estaban convulsionados y sumidos en una feroz lucha interna por el control de recursos y poder.

La conexión entre los servicios de inteligencia y la justicia federal era ya un fenómeno corriente en los años previos a la muerte de Nisman. Como fiscal a cargo de la causa AMIA, Nisman trabajaba estrechamente con Stiuso, entonces una figura central de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Los informes elaborados por él constituían el pilar de los dictámenes del fiscal. Esa influencia de Stiuso sobre Nisman y esa cercanía -reconocida por el informe de Taiano- marcaron un rumbo que, con el tiempo, a la par del viraje de la Argentina en materia de política exterior, lo enfrentó al gobierno de Cristina Kirchner.

En los días previos a la presentación de la denuncia de Nisman contra la entonces presidenta, crecían las versiones de que Nisman sería desplazado de su cargo de fiscal de la UFI-AMIA. El uso del espionaje para atacar, para extorsionar y para controlar estaba exacerbado. La maquinaria que había sido reforzada durante el gobierno de Néstor Kirchner -quien presentó a Nisman y a Stiuso- se había convertido en un aparato difícil de manejar.

Las pugnas internas entre facciones de la SIDE –lideradas por Stiuso y por Pocino– y el ascenso de Milani al frente de la inteligencia militar crearon un escenario de enfrentamientos cruzados y operaciones encubiertas.

A medida que Cristina Kirchner perdía confianza en la SIDE que manejaba Stiuso, los gastos del Ejército en inteligencia fueron alimentados por aumentos en sus partidas presupuestarias. Este redireccionamiento de fondos acompañó el traslado de poder de la SIDE a la inteligencia del Ejército.

En 2008, el Estado había destinado $661,24 millones a tareas de inteligencia y la SIDE era receptora del 62% de los recursos, mientras que el Ejército recibía para inteligencia el 13% de ese total. Pero a medida que la facción liderada por Stiuso comenzó a perder terreno en el gasto total para espionaje, en el Ejército aumentaban las partidas. A punto tal que en 2013, cuando Milani fue designado jefe de la fuerza, la inteligencia del Ejército alcanzó el 25% de los fondos y la SIDE redujo su porción hasta un 40%.

Milani provenía de las filas de la inteligencia militar, por lo que su nombramiento al frente del Ejército en un momento en el que Cristina Kirchner desconfiaba de la central de inteligencia fue una fuerte decisión política.

Como consecuencia de esa dinámica, la estructura paralela de la inteligencia militar tomó vida propia. Mientras la gestión de Cristina Kirchner buscaba restarle poder a la Secretaría de Inteligencia (SI), reforzaba la estructura de Milani.

Al poco tiempo de disolver la SI, después de la muerte de Nisman, se creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la que desembarcaron como autoridades Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Con distintas improntas -dado que Parrilli tenía más asiduidad y mejor relación con el sector de Milani- los alfiles de Cristina Kirchner en la central de inteligencia estuvieron al frente del organismo hasta el final del gobierno. Pocino sobrevivió a la purga que se hizo en esa época e incluso siguió dentro del organismo, por un tiempo, cuando desembarcaron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La salida de Stiuso de la SIDE a finales de 2014 intensificó las tensiones. Los antiguos aliados del exespía, como Francisco Larcher y Héctor Icazuriaga, también dejaron sus cargos, dejando el camino libre para que Pocino y Milani consolidaran su influencia. Según el expediente judicial, a mediados de 2014, Cristina Kirchner había citado a Larcher y le había manifestado su enojo con Stiuso.

También, el propio Stiuso declaró que le habían dado la orden de dejar de investigar el caso AMIA. El enfrentamiento era cada vez más nítido. Pocos meses habían pasado desde la muerte del Lauchón Viale, agente híper afín a Stiuso -según él mismo declaró- a quien asesinó a balazos la policía bonaerense en un procedimiento judicial en su casa. Fue parte de la escalada de operaciones sospechosas que, según los investigadores, alcanzó su clímax en los meses previos a la muerte de Nisman.

Y el espionaje seguía de cerca al fiscal. Desde intentos de hackeo a su teléfono hasta seguimientos de agentes de inteligencia militar, las pruebas sugieren un contexto de presión extrema. Incluso en sus últimas horas, Nisman intentó comunicarse con Stiuso sin éxito. “Tenía el volumen bajo. No lo escuché”, fue la explicación del exespía en su declaración judicial.

La presencia de agentes de inteligencia del aparato kirchnerista en las horas previas y posteriores a la muerte de Nisman son un elemento de sospecha en la fiscalía, que da por probado que a Nisman lo mataron, pero no logró determinar quiénes fueron los supuestos asesinos.

En cuanto al intento de hackeo al teléfono del fiscal, la Justicia tiene los nombres de dos personas de una localidad entrerriana que habrían enviado un malware desde una dirección IP que, durante ese mes, chequeaba en la base de datos de Migraciones los movimientos migratorios de Stiuso.

Sobre Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario de la muerte de Nisman por haber aportado el arma de la que salió el disparo, la fiscalía afirma que pese a que todos los informes oficiales recibidos negaron que él tuviera una relación formal con la inteligencia, estaría acreditado en la causa que era un agente en las sombras.

También la irrupción del caso de Ariel Zanchetta, un expolicía acusado de haber sido un agente inorgánico de inteligencia que espió a jueces y fiscales, da cuenta de que Nisman estaba en la mira del espionaje. Entre los documentos del agente inorgánico de la AFI había información sobre la muerte del fiscal. Además, el sector del espionaje ligado a Pocino había seguido a Viviana Fein, la primera fiscal del caso, de acuerdo con la causa.

Otro hecho que conforma esta serie de eventos misteriosos fue el incendio ocurrido en la Casa Rosada durante la tarde del 17 de enero, por el que se perdieron los ingresos y egresos de la casa de gobierno que estaban en Casa Militar, y que habían sido solicitados por Nisman dentro de su denuncia.

Un caso paralelo que arroja luz sobre la dinámica interna de los servicios de inteligencia es la muerte de “Lauchón”, abatido en 2013 durante un operativo policial. En 2016, Stiuso declaró en la Justicia que la muerte de Nisman había sido un nuevo capítulo de una cadena de actos de violencia contra él y su entorno. Citó como antecedentes la muerte de Viale y el atentado a Javier Fernández, auditor general de la Nación, un hombre muy influyente para el kirchnerismo en la justicia federal, sobre todo en Comodoro Py.

En los últimos meses, la Cámara de Casación anuló las absoluciones de los policías involucrados en la causa por la muerte del Lauchón, reabrió el caso y exigió que Stiuso declare en un nuevo juicio. El pedido para que Stiuso sea escuchado fue repetidamente presentado por la familia del agente asesinado, representada nada menos que por los propios abogados de Stiuso, Julián Subías y Santiago Blanco Bermúdez.

A diez años de la muerte de Nisman, es una certeza en la causa que el fiscal federal era espiado. Sin embargo, esto no ha generado imputaciones ni condenas por violaciones de la ley Nacional de Inteligencia. El cúmulo de preguntas que siguen sin respuesta incluyen además: ¿Por qué Stiuso no le dijo a Nisman lo que él sabía de Allan Bogado, a quien Nisman acusó de ser un agente de Cristina Kirchner y Stiuso había denunciado como falso espía? ¿Por qué Stiuso dejó de atender las llamadas del fiscal en el momento más álgido?

En la causa por el atentado a la AMIA, cuyos responsables nunca fueron enjuiciados ni condenados, la Justicia se dedicó a castigar a los responsables del encubrimiento. La causa por la muerte de Nisman navega desde hace años con un rumbo similar. La investigación de la investigación.