POLITICA
El Gobierno profundiza su relación con Estados Unidos y busca firmar un acuerdo de ciberseguridad
El Gobierno trabaja en un acuerdo de ciberseguridad con los Estados Unidos con el objetivo de conseguir financiamiento, programas de cooperación y equipamiento para reforzar los sistemas de protección del Estado.
La intención del Ejecutivo es robustecer la capacidad de prevención y respuesta ante ataques informáticos y cerrar parte de las vulnerabilidades que hoy reconocen en distintas áreas de la administración pública.
En la Casa Rosada sostienen que el plan no está atado formalmente a una coyuntura puntual, pero admiten que existe inquietud por las capacidades reales del Estado para enfrentar intrusiones, filtraciones y brechas internas.
En Balcarce 50 aceptan que hay ataques que hoy no pueden evitar por completo y que tampoco se puede neutralizar del todo el riesgo de fuga de información por parte de personal con acceso a documentación sensible. La evaluación oficial es que esos “grises” no desaparecen, pero que sí pueden reducirse con mejores protocolos, tecnología y coordinación.
La base administrativa de ese rediseño quedó formalizada a fines de 2025. El decreto 941/2025 creó el Centro Nacional de Ciberseguridad y dispuso el traspaso de bienes, activos, derechos y obligaciones vinculados a la ciberseguridad que estaban asignados a la exagencia federal de Ciberseguridad, que dependía de la SIDE.
El texto oficial justificó esa mudanza en la necesidad de separar las tareas de ciberinteligencia del Sistema de Inteligencia Nacional de las funciones específicas de ciberseguridad, que pasaron a Innovación.
El entendimiento que busca cerrar Nación se inscribe, además, en una agenda más amplia de alineamiento con Washington en materia de seguridad. En julio de 2025, el oficialismo anunció la firma de instrumentos con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y antecedentes, con el argumento de mejorar las capacidades operativas frente a amenazas transnacionales.
Ese acercamiento se extendió también al plano militar. El ministro de Defensa, Carlos Presti, avanzó en Washington con gestiones para la compra de blindados Stryker, helicópteros Black Hawk y cooperación técnica y tecnológica para prevenir y responder a ciberataques sobre infraestructuras críticas, como puertos, centrales nucleares, gasoductos y yacimientos estratégicos.
En esa misma línea, el Gobierno ya había oficializado en 2025 un acuerdo integral con los Estados Unidos que incluyó cooperación en ciberdefensa, protección de fronteras, interoperabilidad militar y equipamiento estratégico, además del avance en etapas para la adquisición de vehículos Stryker.
La agenda bilateral también alcanzó al sistema de inteligencia. El jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, mantuvo en Washington una reunión privada con el director de la CIA, John Ratcliffe, que abrió una agenda de cooperación centrada en capacitación técnica, fortalecimiento de capacidades y mecanismos de trabajo conjunto, con foco en terrorismo, financiamiento ilícito e interoperabilidad entre agencias.
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En paralelo, la Casa Rosada busca darle encuadre legal a otro tramo de esa relación estratégica. Nación prepara el envío al Congreso del acuerdo de defensa firmado con los Estados Unidos en el marco de la alianza de seguridad impulsada por Washington contra amenazas externas.
En el oficialismo remarcan que ese entendimiento no implica el envío de tropas argentinas a escenarios de conflicto como el estrecho de Ormuz, pero admiten que forma parte del esquema de alineamiento militar y de seguridad que Milei viene profundizando con la Casa Blanca.
La intención oficial es consolidar una red de cooperación con Washington que abarque ciberseguridad, defensa, inteligencia y fuerzas de seguridad, con acceso a capacitación, tecnología, equipamiento y financiamiento.
En Balcarce 50 no dan detalles todavía sobre los sistemas que quieren adquirir, pero insisten con que buscan reforzar la seguridad informática del Estado y profundizar un vínculo estratégico.
Gobierno, ciberseguridad, Estados Unidos
Terminó la temporada de Milei, herbívoro, después de Adorni, de la renuncia de Adorni. Todo era serenidad, escuchábamos a los pájaros cantar en los árboles, el mar estaba plácido, casi no soplaba el viento, todo era felicidad. Vino el Mundial, nos entusiasmamos, desde lo más alto del poder no había un solo adjetivo agresivo volando, hasta que de repente, pim, se rompió la primavera de los epítetos silenciados y volvió el Milei fuerte, el Milei adjetivador, el Milei con impulsividad, directo contra Lula.
Los tosedores
Pero quiero decirles que todo esto empezó hace mucho tiempo, lejos, en un debate donde Milei escucha toses e interpreta que esas toses están hechas a propósito para desconcentrarlo, para quitarlo de foco. Estaba contra Massa en aquel debate, lo recuerdan, en la Universidad de Derecho, adentro en Figueroa Alcorta, y ahí él dice que escucha toses y que eso lo armaron consultores pagos por el gobierno de Brasil y por Sergio Massa, para hacerle una campaña sucia.
Al otro día del debate, en una entrevista con Mitre, Milei decía lo siguiente: “Algunos los empezaron a notar anoche, pero si usted se fija cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo el cierre, un momento muy importante, están todos tosiendo. Es decir, hubo un cambio de último momento sobre la disposición de la gente, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Me pusieron de mi lado. Me pusieron de mi lado, la gente de él, y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablaba, todos tosían”.
En ese momento se le representa a Milei que le están haciendo una campaña sucia. Esto es lo que se le representa a Milei con mucha claridad. Milei no olvida. Los hechos ya comprobados son que efectivamente una fundación próxima a Lula abrió o financió en parte los honorarios de varios consultores brasileños que asesoraron a Massa. También hay una seria sospecha de que tal vez desde el propio gobierno de Massa se extrajo dinero, quizás de la aduana o de algún otro organismo controlado por alguien allegado a Massa, y que con ese dinero se pagaron altísimos honorarios de asesoramiento en consultoría política. Eso existió. Que hubo consultores brasileños contratados, eso es así. Lo que no está comprobado es lo de la campaña sucia y está sujeto a interpretación.
Sobre eso radica gran parte del enojo de Milei y tiene que ver con la respuesta feroz que, en este acompañamiento al hijo de Bolsonaro en su candidatura, tuvo el fin de semana. Esta es la reacción de Milei. Milei en su cabeza fue dañado por Lula y ahí está la respuesta.
El problema de la desproporción
¿Cuál es el problema? La desproporción. Hay un problema de proporciones. Hay una acción y hay una reacción. Milei tiene todo el derecho a creer que fue perjudicado con toses o con una campaña sucia. Pero era candidato, ahora es presidente. Y es un presidente que lleva además al canciller a ese encuentro. De manera tal que no podés decir que era un espacio de la derecha argentina celebrando y apoyando a la derecha brasileña. No era el equipo local River o Boca apoyando al Flamengo. Era cuando ponés a Kirchner y ponés a un canciller, otra escala, la escala nacional. Iba, aparecía en representación institucional de la Argentina. Y ahí tenés un problema.
En donde además hay epítetos muy fuertes para uno de los jueces de la Corte Suprema de Brasil, que, equivocado o no, le prohíbe a Milei ver a Jair Bolsonaro. Y ahí aparece el epíteto: “pelado basura”. A Lula, por supuesto, le dijo “presidiario basura socialista”. Y le dijo otras cosas muy fuertes.
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Pero Milei no pierde el rol de la presidencia. ¿Por qué? Porque lo tiene al canciller al lado. Entonces esto deja de ser un mitin partidario y ya excede los partidos políticos dentro del tablero, en donde el cuadrante de derecha de la Argentina premia, acompaña y apoya al tablero de la derecha brasileña. Pasa a ser un conflicto diplomático porque el propio Milei le da un carácter institucional.
El fantasma del balotaje
Voy a spoilear algo: no va a haber ningún problema, ninguna consecuencia comercial, ni siquiera creo que diplomática con Brasil. El problema está en los votantes del centro que ven en esta desmesura de Milei, en esta nueva ola de desmesura, una reacción de temor.
¿Cuál es un pecado capital? La ira. Distinto del enojo de los ataques concebidos estratégicamente por Milei para ser disruptivo en la campaña, para mostrarse con adjetivos fuertes y mostrar que él, con esas palabras fuertes, es distinto de la casta que usa la corrección política y las palabras suaves -dice él- para mentir. En la campaña pudo haber ido muy fuerte y le sirvió, es parte de su identidad. Pero ahora está gobernando y está representando a la Argentina.
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Esto no asusta a Lula. Los insultos no le mueven un pelo, pero le mueven un pelo a los votantes del centro que Milei va a necesitar, porque el enemigo de Milei no es Lula, ni la izquierda, ni el progresismo. Es el fantasma del balotaje.
Milei va muy bien, el peronismo está muy desorganizado -veíamos la pelea entre Axel y Cristina a través de Aníbal Fernández, todo eso lo vemos-. Pero Milei tiene un desafío muy grande que es asegurarse una primera vuelta, y para eso necesita que votantes del centro, que están de acuerdo con el plan económico y que valoran la estabilidad y que valoran la baja de la inflación y que el dólar esté tranquilo, tener previsibilidad… Todo eso valoran y no les gustan demasiado las formas políticas, pero no tienen dónde irse porque no hay una casa mejor. Por eso se quedarían eventualmente con Milei si no hay otra opción.
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El tema es qué pasa con la desmesura. La desmesura asusta. Alguien puede ser estratégicamente fuerte, pero si la sensación es que hay inestabilidad, le genera un riesgo y lo aleja de los votantes que va a necesitar.
Milei va mucho mejor que la oposición, está valorado por cierto nivel de orden macroeconómico. La propia titular del Fondo Monetario ayer mismo se lo confirmó, hizo un guiño, dijo que el gobierno no va a necesitar otro préstamo. Todo eso es real. Pero después está la economía diaria y los ingresos. Y hay mucha gente que tiene alguna duda al respecto.
Javier Milei, Lula Da Silva, balotaje
Javier Milei es el segundo presidente de la democracia que no es abogado. Salvo, por razones obvias, el de Justicia, tampoco ninguno de sus ministros lo es. Sin embargo, el suyo acaso sea el gobierno con la narrativa constitucional más explícita en décadas: volver a la Constitución de 1853. Lo dijo, por ejemplo, en los fundamentos de la llamada “Ley Bases”, bautizada en homenaje a la obra de Alberdi que inspiró nuestra Constitución. El propio Presidente tuiteó hace unos días que la Constitución es “liberal/libertaria”, un anacronismo que al menos revela con claridad el pensamiento oficial.
Por eso los principales promotores de la derogación de la Ley de Tierras (el ministro Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich) defendieron la iniciativa en términos estrictamente constitucionales. El más enfático fue el ministro. Al defender el proyecto en el Senado, dijo que la compra irrestricta de tierras rurales por extranjeros era la única interpretación posible de la Constitución. Después subió el video a Twitter, contestándole a una senadora: “La Constitución no es un objeto ‘interpretable’. Mucho menos cuando habla claro. Textualismo y originalismo. MAGA. VLLC!”.
Si la Ley de Tierras es inconstitucional, dicen estos funcionarios, derogarla es apenas una consecuencia lógica de aplicar el derecho. Y una vez derogada -se seguiría de esta lógica- la ley ya no podrá ser restituida. Cuando no se tienen las mayorías para una reforma constitucional hecha y derecha, siempre puede intentarse consolidar una narrativa constitucional al mismo efecto.
El ministro invocó el “originalismo” y el “textualismo”. No es casualidad. Estas doctrinas de interpretación ganaron ímpetu en los Estados Unidos en los años 70 y 80, con el apoyo del gobierno de Ronald Reagan, para revertir la jurisprudencia progresista de su Corte Suprema en las décadas anteriores en asuntos como aborto o desegregación racial. Detrás de posiciones formalmente metodológicas, había en realidad una agenda política. Su aparición en la Argentina de Milei, de la mano de un grupo de juristas conservadores cercanos al gobierno, persigue lo mismo.
Entonces, ¿es cierto que la Ley de Tierras es inconstitucional? El artículo 20 de la Constitución dice que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden… poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”. Para Sturzenegger y Bullrich, la norma es terminante: no permite ninguna distinción entre argentinos y extranjeros. Hilemos un poco más fino en sus argumentos.
El primer argumento fue el “originalista”: buscar el significado de la norma en las intenciones de quienes la redactaron. Sturzenegger afirmó: “No tengo la menor duda de que ellos pensaron esta Constitución para que los extranjeros puedan venir a comprar tierras a la Argentina, porque eso es lo que estaban fomentando”.
Este argumento no va muy lejos. La intención real, psicológica, de personas que escribieron hace 170 años es inasible: no sabemos si todos quienes votaron la norma coincidían, y mucho menos qué opinarían hoy. Pero algo sí sabemos: la intención de muchos constituyentes, además del propio Alberdi, era poblar la Argentina (de ahí que “gobernar es poblar”). Si esto es así, los destinatarios naturales de la prohibición de discriminar no son todos los extranjeros sino los inmigrantes: según la propia Constitución, “los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. El originalismo, entonces, nada podría decirnos sobre los derechos de extranjeros que no viven en la Argentina (la Ley de Tierras, recordemos, no se aplica a extranjeros tras ciertos años de residencia en el país).
El segundo argumento fue el “textualista”. El ministro dijo: “No soy abogado, pero sí sé leer”. Es decir, el texto del artículo 20 sería tan claro que no dejaría espacio para distinguir entre argentinos y extranjeros. Pero rara vez un texto es tan claro como para no admitir varias lecturas, y el artículo 20 no es la excepción. Con la Ley de Tierras vigente, los extranjeros sí gozan del derecho de comprar tierras, aunque con limitaciones. Una famosa crítica al textualismo señala que los textos pueden leerse a distintos niveles de generalidad: ¿el “derecho” involucrado, en este caso, es comprar inmuebles, o comprar inmuebles sin límites? El texto, por sí solo, no lo resuelve. De hecho, en un fallo célebre (“Repetto”, 1988), varios jueces de la Corte Suprema reconocieron que el artículo 20 tolera distinciones razonables por causa de nacionalidad.
Si estos argumentos no alcanzan, habrá que remitirse a los del propio Gobierno cuando se trata de extranjeros que no vienen a comprar miles de hectáreas. Figuras prominentes del oficialismo han promovido arancelar la salud y la educación de los extranjeros no residentes. Se ve que ellos, al menos, no consideran inconstitucional distinguir entre argentinos y (algunos) extranjeros.
Hay un ejemplo todavía más claro. El año pasado, el presidente Milei -con la firma de Bullrich y Sturzenegger- dictó un DNU para endurecer la Ley Migratoria. No debe haber regulación que distinga entre argentinos y extranjeros de modo más brutal: al argentino jamás se le niega el “derecho civil” de entrar o permanecer en el país; al extranjero, en varias circunstancias, se le impide el acceso o se lo expulsa del territorio nacional. Regulaciones así existen en todos los países del mundo, y dudo que alguien las considere inconstitucionales (de seguro, no los funcionarios que las firmaron). La supuesta lectura absoluta del artículo 20 no resiste una pasada por el Boletín Oficial.
No sabemos si el oficialismo logrará derogar la Ley de Tierras. Sí sabemos que, si lo logra, la cuestión permanecerá abierta para que una futura mayoría legislativa insista en ella. La Constitución sí tiene algunas cosas claras para todos los que, como el ministro, sabemos leer. Especialmente ese pasaje tan bello que promete el bienestar general y los beneficios de la libertad para todos los que queramos habitar el suelo argentino.
Profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)
Sebastián Guidi,LA NACION,Política
POLITICA
El presidente Javier Milei explicará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional para presentar uno de los proyectos de mayor relevancia política e institucional de su gestión. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el jefe de Estado explicará el próximo jueves por la noche los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que considera estratégica para consolidar el programa económico del Gobierno y establecer nuevos límites legales al funcionamiento de la autoridad monetaria.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el mensaje estará centrado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: la redefinición de su misión para priorizar la preservación del valor de la moneda, la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un endurecimiento de las condiciones para remover al presidente y a los directores de la entidad.
De acuerdo con la información a la que accedió este medio, el mensaje presidencial está previsto, en principio, para emitirse entre las 20 y las 21, aunque el horario todavía no fue definido de manera oficial. La realización de la cadena nacional será confirmada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
La decisión de presentar personalmente la iniciativa refleja la importancia que Milei le asigna al proyecto. En el Gobierno sostienen que se trata de una de las reformas institucionales más trascendentes de la gestión, junto con el paquete de cambios económicos que la Casa Rosada prevé enviar al Congreso durante las próximas semanas.
La modificación de la Carta Orgánica constituye, además, uno de los compromisos que el Presidente viene anticipando desde hace meses. Milei sostiene que el Banco Central debe recuperar una independencia mucho más robusta que la actual y quedar definitivamente desvinculado de las necesidades financieras del Tesoro Nacional.
El eje principal de la iniciativa será redefinir la misión de la autoridad monetaria. El proyecto establecerá que la función central del Banco Central sea preservar el valor de la moneda y dejará atrás el esquema vigente desde la reforma de 2012, que amplió sus objetivos e incorporó otras finalidades vinculadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.
En paralelo, el Gobierno buscará establecer una prohibición expresa para que el Banco Central vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. Para Milei, esa práctica constituye una de las principales causas de la inflación que sufrió la Argentina durante las últimas décadas y debe quedar vedada por ley para cualquier administración futura.
La reforma también apuntará a fortalecer la independencia institucional del organismo. Según pudo confirmar Infobae, el proyecto endurecerá significativamente las condiciones necesarias para remover al presidente y a los directores del Banco Central.
El objetivo será blindar la conducción de la entidad frente a eventuales cambios políticos y evitar que cada administración pueda reemplazar con facilidad a las autoridades del organismo. En la Casa Rosada consideran que la estabilidad de los funcionarios encargados de la política monetaria constituye una condición indispensable para construir una autoridad monetaria verdaderamente independiente y con capacidad para sostener políticas de largo plazo.
La iniciativa establecerá mayores exigencias para la eventual remoción de las autoridades, que solo podrá producirse bajo causales específicas previstas por la ley. De esa manera, el Gobierno pretende reducir la discrecionalidad política sobre la conducción del Banco Central y otorgar mayor previsibilidad institucional.
En distintas oportunidades, Milei sostuvo que la independencia del Banco Central debe quedar protegida no solo desde el punto de vista funcional sino también desde su diseño institucional. Bajo esa lógica, la reforma buscará que las autoridades de la entidad puedan desarrollar sus mandatos con mayor estabilidad, aun frente a eventuales cambios de gobierno.
El proyecto forma parte del paquete de reformas económicas que el Presidente presentó semanas atrás e incluye, además, iniciativas sobre el mercado de capitales, el régimen de inocencia fiscal, el sistema de seguros y nuevas reglas de disciplina fiscal.
En la Casa Rosada consideran que la exposición presidencial por cadena nacional permitirá explicar el alcance de una reforma de alta complejidad técnica, pero también instalar políticamente una iniciativa que el oficialismo define como estructural. La estrategia apunta a que el propio Milei exponga las razones económicas e institucionales detrás del proyecto antes de su ingreso formal al Congreso.
Una vez concluido el mensaje presidencial, el Gobierno terminará de ajustar la redacción definitiva de la iniciativa para enviarla al Parlamento. Allí comenzará una discusión que, según prevén en el oficialismo, se convertirá en uno de los debates económicos e institucionales más importantes del segundo semestre.
adrián ravier
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