POLITICA
La Casa Rosada le restó importancia al pedido de EE.UU. de disolver el comité de la ONU que trata el reclamo por Malvinas

El Gobierno minimizó el impacto de la postura de Estados Unidos en la ONU, donde la representante de Donald Trump pidió disolver el Comité Especial de Descolonización, el foro donde la Argentina lleva cada año su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
El planteo de Washington se produjo en la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde se discuten iniciativas en materia de Política Especial y de Descolonización. Allí, la representante de la Casa Blanca pidió que se pusiera fin al mandato del organismo, al que cuestionó por haber “sobrevivido a su propósito original” y considerar a algunas de sus actividades “un despilfarro de recursos”.
El Comité Especial (C-24) fue creado en 1961 y supervisa la situación de los 17 territorios no autónomos, de los cuales el Reino Unido administra diez. Entre ellos Malvinas. En junio, el canciller Pablo Quirno denunció en ese escenario la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en las islas.
Pese a tratarse del foro que insta cada año al Reino Unido a retomar las negociaciones por el archipiélago, en Balcarce 50 desestimaron que la postura norteamericana atente contra el reclamo argentino. “La posición del comité no ha servido para recuperar las islas…”, replicó a TN una fuente con acceso al despacho presidencial.
Para Estados Unidos, el Comité de Descolonización quedó obsoleto, ya que “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos cada año pese a que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros de Naciones Unidas. En el debate en la ONU, la funcionaria norteamericana también cuestionó sus viajes anuales a “centros turísticos” del Caribe y el Pacífico Sur, que calificaron como “un derroche de tiempo y recursos de la ONU”.
El mensaje de Washington se alinea con la política de la administración de Donald Trump de recortar fondos y personal de la ONU, una mirada que también fue ratificada por Milei en sus últimas intervenciones en la Asamblea General. “Han montado un leviatán burocrático, abocado a decidir cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”, cuestionó semanas atrás en Nueva York.
Allí, el Presidente también criticó la inacción del organismo ante la ocupación británica en Malvinas: “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: su autoridad».
La discusión por las sanciones en medio del conflicto por Sea Lion
En el mismo debate de la Cuarta Comisión de la ONU, la representante de Estados Unidos rechazó la iniciativa impulsada por Rusia en torno a “cómo abordar las formas contemporáneas de colonialismo”.
Entre los principales ejes de discusión que tiene el texto, que fue aprobado por el Comité con 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones, este plantea que el colonialismo persiste en “formas y prácticas contemporáneas” como el uso de “medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajustan al derecho internacional ni a la carta orgánica de la ONU”.
En ese contexto, Estados Unidos defendió durante el debate las sanciones, los controles a las exportaciones y las decisiones comerciales soberanas como “instrumentos legítimos de la política estatal”. La postura refleja la política exterior de Donald Trump, que durante su mandato se valió de sanciones económicas y amenazas de aumentar los aranceles para ejercer presión en sus negociaciones bilaterales. “Toda nación tiene derecho a elegir a sus socios comerciales y a responder a las amenazas”, agregó la representante norteamericana.
POLITICA
Talerico pidió el juicio político de los camaristas de Casación Borinsky y Barroetaveña, cuestionados por la Corte

La abogada María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, presentó un pedido de juicio político por mal desempeño contra los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Los magistrados intervinieron en la causa por la quinta de Pilar vinculada con la AFA y la Corte Suprema fue muy crítica de la actuación de ambos en ese expediente.
El pedido de juicio político se basa en esas apreciaciones de la Corte, que por unanimidad revocó el fallo de Borinsky y Barroetaveña que había ordenado que la causa pasara al juzgado federal de Campana, como pretendían los acusados. El máximo tribunal dispuso que sea la justicia federal penal de la Capital la que lleve adelante la investigación.
Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, en su fallo de este jueves, dijeron que Borinsky y Barroetaveña habían incurrido en una “prístina y grosera violación a las reglas de la competencia” y habían afectado la garantía constitucional del juez natural.
Según la Corte, los dos jueces de Casación “omitieron deliberadamente analizar los argumentos del Ministerio Público Fiscal”, que había dictaminado que el caso debía investigarse Capital Federal.
“No estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA”, dijo Talerico, vicepresidenta de la asociación civil Será Justicia, sobre la sentencia de Casación que la Corte dejó sin efecto.
El máximo tribunal decidió ayer que sea el juzgado federal de Daniel Rafecas el que investigue la causa en disputa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Pero Rafecas, que ahora reasumirá el expediente, podría dejar su juzgado en cualquier momento porque está a un paso de ser nombrado juez de la Cámara Nacional de Casación Penal (la casación ordinaria, no federal). Cuando eso ocurra, dejará Comodoro Py y alguno de sus actuales colegas asumirá como subrogante en su juzgado y, por ende, en esta causa.
El 3 de noviembre pasado, Milei le pidió oficialmente al Senado el acuerdo a la designación de Rafecas. Ayer, en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, el expediente tomó estado parlamentario.
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El Senado convocó al plenario de comisiones para debatir la ley de ludopatía el próximo miércoles

a Libertad Avanza habilitó el tratamiento de la ley de Ludopatía en el Senado de la Nación.
Después de más de 700 días en los que los libertarios bloquearon el tratamiento del proyecto de ley que ya tiene media sanción, a pocos días de que la norma pierda su estado parlamentario, y luego del impulso que ayer mostró la oposición, finalmente citó al plenario de comisiones para la semana próxima.
En este contexto, y tal como había adelantado la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se conoció que el Senado convocó al plenario para debatir los proyectos vinculados a la Prevención de la Ludopatía. El encuentro quedó fijado para el próximo miércoles 25 de noviembre a las 10.00.
La reunión estará compuesta por las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, todas presididas por La Libertad Avanza. El temario tiene 14 expedientes y se destaca el texto aprobado por la Cámara de Diputados del 27 de noviembre del 2024.
El argumento que presentó el oficialismo para no tratar el tema sobre tablas es que tenían ideas para mejorar el proyecto y por eso querían ir al plenario de comisión.
“Nosotros vamos a trabajar en un dictamen propio”, dijo una fuente libertaria. “Creemos que se puede mejorar y poner más restricciones”, agregó.

El cambio de posicionamiento es total respecto del momento en que se debatió en Diputados en donde el oficialismo quiso avanzar con un proyecto mucho más laxo y no acompañó en el recinto el que finalmente obtuvo media sanción.
Ahora, el bloque libertario avanza en un nuevo texto en manos del senador Agustín Coto que asegura será “más restrictivo. La idea es ir mucho más a fondo con la protección de los menores de 18”.
“Básicamente, plantea que la publicidad de apuestas tenga restricciones como las del cigarrillo y que no haya nada que le pueda llegar a un menor.” Además, que no exista ninguna forma de que un chico o una chica pueda jugar, y para eso propone un mayor control biométrico para validar la identidad y la edad. La verificación de los datos biométricos y del DNI en tiempo real con el RENAPER, explicaron.
Otro punto que quiere introducir, y sí lo adelantó Bullrich, es que vía Enacom se pueda dar de baja los sitios webs de apuestas on line que no respeten los lineamientos que establezca la norma.
Sin embargo, en la oposición no creen en esto que hace circular el oficialismo ya que entienden que “después de casi dos años de negarse a tratarlo ¿por qué ahora se volverían más restrictivos?” si ellos sólo habían planteado un proyecto sobre el juego ilegal, que ya es ilegal», señaló a Infobae un senador peronista.
Pero además de los expedientes en los que trabaja un sector del bloque de La Libertad Avanza y el que ya tiene media sanción del diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, hay otros 12 expedientes impulsados por Unión por la Patria, Moveré por Santa Cruz, la Unión Cívica Radical, Independencia y La Libertad Avanza.
El proyecto de ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online, la iniciativa avalada por la Cámara baja, si no es aprobado la próxima semana perderá estado parlamentario a finales de febrero del 2027, en la previa a que comience el período ordinario, si el Gobierno no lo incorpora en sesiones extraordinarias.
Es en este contexto que el diputado autor del proyecto, Maximiliano Ferraro, se mostró ofuscado con la negativa de los senadores de tratarlo sobre tablas. “La desfachatez y complicidad de algunos senadores frente a la Ley de Prevención de la Ludopatía es una vergüenza. Tuvieron más de 700 días para tratarla y no hicieron absolutamente nada. Voten ahora mismo, dejen de especular”.
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Rafecas reasumió el caso AFA y se lo quedaría varios meses, pese a que su ascenso avanza en el Senado

El juez federal Daniel Rafecas ya reasumió la investigación del caso por los manejos irregulares de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ayer le encomendó investigar la Corte Suprema de Justicia. Recibió el expediente digital y todo indica que en los próximos días le enviarán la documentación del caso.
Su ascenso a camarista avanza, mientras tanto, en el Senado, donde ayer tomó estado parlamentario el pliego para su nueva designación. ¿Significa eso que Rafecas va a dejar el caso que acaba de reasumir? No en el corto plazo, coinciden en la Cámara alta y en los tribunales de Comodoro Py.
El trámite para que el Senado le dé acuerdo a su ascenso no estará terminado antes de marzo o abril próximo, estimaron fuentes de los poderes legislativo y judicial.
Rafecas lleva más de dos décadas como juez federal de primera instancia y hace años que concursa para ser nombrado camarista de la Casación Nacional (la que interviene en los casos ordinarios, no federales).
El 3 de noviembre pasado, finalmente, Javier Milei lo nombró para ese cargo y envió el pliego al Senado para que los legisladores le den su aval. El expediente está en la Comisión de Acuerdos, que se reunirá la semana próxima en lo que todo indica que será su última reunión del año. El ascenso de Rafecas no está en su temario.
“No dan los tiempos para que el pliego de Rafecas sea aprobado ahora”, dijo una fuente de la comisión a .
Antes de dictaminar, los legisladores deben entrevistar a todo candidato a juez o camarista. Solo después de esa entrevista, aprueban el dictamen y lo envían al pleno de la Cámara para la votación definitiva.
El fallo de la Corte
La Corte Suprema le encomendó a Rafecas el caso AFA en un fallo en el que dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de Casación de enviar el expediente al juzgado federal de Campana, como querían los acusados.
La causa en disputa, detalló la Corte, es por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la AFA e incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, en Pilar, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Los tres jueces de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– sostuvieron que aquel fallo de la Casación afectó de “modo severo e inequívoco” la garantía de juez natural; que cometió una “grosera” violación a las reglas de la competencia y que incurrió en un evidente apartamiento de las constancias de la causa y de las normas aplicables.
La Corte afirmó que la sentencia, firmada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, “omitió deliberadamente” analizar los argumentos planteados por la fiscalía, que había sostenido que le correspondía intervenir a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires; es decir, al juzgado de Rafecas.
Este magistrado fue el primer juez de la causa. Ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino como dueño real de la quinta, incluidos un bolso y una placa homenaje que tenían su nombre y una pintura con su rostro.
La historia del caso
La causa se inició por una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, que figuran como quienes adquirieron, a través de la firma Real Central SRL, la quinta de Pilar. La sospecha es que son testaferros porque de las pruebas reunidas surge que no tendrían la capacidad económica suficiente para justificar esa operación. Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de más de 2.000.000 de pesos. Conte, su madre, es jubilada y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.
La causa le tocó a Rafecas, pero él se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico, que tampoco asumió el caso. Quedó así configurada la primera pelea de competencia. La causa volvió entonces a Comodoro Py y la Cámara Federal dijo que le correspondía intervenir al fuero penal económico.
Pero la defensa se presentó entonces en el juzgado federal de Campana. Sostuvo que era el tribunal territorialmente competente para tomar el caso porque la quinta está dentro de su jurisdicción.
El juzgado federal de Campana hizo lugar a ese planteo y le reclamó el expediente al juzgado en lo penal económico, que se negó a enviárselo. Argumentó que la investigación no se centraba en el inmueble de Pilar, sino en supuestas maniobras de administración fraudulenta de los directivos de la AFA, cuyo domicilio estaba en la ciudad de Buenos Aires.
Esta disputa por la competencia fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en favor del juzgado federal de Campana, pero la historia no había terminado.
La fiscalía apeló y el caso llegó así a la Cámara Federal de Casación que, por mayoría, dispuso mandarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que resolviera la contienda. Ese tribunal dijo que debía intervenir el juzgado en lo penal económico N° 10.
Pero la defensa presentó un nuevo recurso de casación. En esta segunda intervención, la Sala I del máximo tribunal penal hizo lugar al planteo de la defensa y declaró competente al juzgado federal de Campana.
El Ministerio Público Fiscal, en desacuerdo, llevó el caso hasta la Corte, que este jueves resolvió finalmente la cuestión.
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