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El Gobierno habilitó la compra de nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas bajo secreto militar

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El Gobierno declaró secreto militar las operaciones contractuales para adquirir equipamiento destinado a las Fuerzas Armadas. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar el procedimiento y exceptúa esas actuaciones de las disposiciones sobre publicidad y difusión.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, alcanza las adquisiciones identificadas en un expediente de esa cartera. Sin embargo, el texto publicado no especifica qué materiales o equipos se comprarán ni detalla el alcance de las operaciones.

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El presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos PrestiLUIS ROBAYO – AFP

Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuyo contenido debe quedar restringido a personas autorizadas. La justificación oficial es que la divulgación de información sobre la naturaleza, las características y la finalidad del equipamiento podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.

El decreto se apoya en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además de la normativa que regula el secreto militar. Esta última contempla entre los asuntos alcanzados por esa figura las adquisiciones de material, las negociaciones y los trámites vinculados con ellas.

En su artículo primero, la norma declara secreto militar las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente. El segundo artículo autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a adoptar los actos necesarios para instrumentar la medida.

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“El secreto militar es una herramienta prevista en la legislación para proteger información sensible de la defensa nacional. Los países resguardan este tipo de información como parte de sus políticas de defensa. En determinadas adquisiciones, divulgar características técnicas, capacidades o condiciones de empleo puede comprometer la eficacia de los sistemas y la seguridad del personal”, argumentaron fuentes oficiales consultadas por . Y añadieron: “Su aplicación a una adquisición no implica un cambio en la posición argentina sobre Malvinas. El reclamo de soberanía se sostiene por medios pacíficos y diplomáticos, l mandato constitucional”.

El antecedente del programa de los F-16

La Argentina compró 24 aviones caza F-16 de DinamarcaRicardo Pristupluk

Semanas atrás, el Gobierno había ampliado el régimen de secreto militar aplicado al programa de incorporación de los aviones de combate F-16 que la Argentina compró a Dinamarca. Mediante el Decreto 735/2026, publicado en agosto, estableció medidas para proteger la información vinculada con la eventual salida del país de componentes del sistema de armas para tareas de mantenimiento, reparación y actualización.

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La decisión abarcó distintos materiales relacionados con los 24 cazas adquiridos, entre ellos partes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento y otros equipos asociados. El objetivo era permitir que determinados componentes pudieran enviarse temporalmente al exterior sin comprometer información considerada sensible.

El programa de los F-16 ya había sido alcanzado por otras medidas de secreto militar. En abril de 2024, el Gobierno declaró secreta la operación contractual para adquirir el sistema de armas; en septiembre de ese año, extendió el régimen a las obras de infraestructura necesarias para recibir los aviones y a la importación de materiales sensibles. En diciembre, incorporó también las operaciones contractuales para adquirir equipos y capacidades complementarias.

El nuevo Decreto 1205/2026, publicado este lunes, establece otra declaración de secreto militar para operaciones contractuales de adquisición de equipamiento de Defensa, pero no identifica en su texto público los bienes involucrados ni señala que correspondan al programa de los F-16.

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Talerico pidió el juicio político de los camaristas de Casación Borinsky y Barroetaveña, cuestionados por la Corte

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La abogada María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, presentó un pedido de juicio político por mal desempeño contra los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Los magistrados intervinieron en la causa por la quinta de Pilar vinculada con la AFA y la Corte Suprema fue muy crítica de la actuación de ambos en ese expediente.

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El pedido de juicio político se basa en esas apreciaciones de la Corte, que por unanimidad revocó el fallo de Borinsky y Barroetaveña que había ordenado que la causa pasara al juzgado federal de Campana, como pretendían los acusados. El máximo tribunal dispuso que sea la justicia federal penal de la Capital la que lleve adelante la investigación.

María Eugenia TalericoPilar Camacho

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, en su fallo de este jueves, dijeron que Borinsky y Barroetaveña habían incurrido en una “prístina y grosera violación a las reglas de la competencia” y habían afectado la garantía constitucional del juez natural.

Según la Corte, los dos jueces de Casación “omitieron deliberadamente analizar los argumentos del Ministerio Público Fiscal”, que había dictaminado que el caso debía investigarse Capital Federal.

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“No estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA”, dijo Talerico, vicepresidenta de la asociación civil Será Justicia, sobre la sentencia de Casación que la Corte dejó sin efecto.

El máximo tribunal decidió ayer que sea el juzgado federal de Daniel Rafecas el que investigue la causa en disputa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Pero Rafecas, que ahora reasumirá el expediente, podría dejar su juzgado en cualquier momento porque está a un paso de ser nombrado juez de la Cámara Nacional de Casación Penal (la casación ordinaria, no federal). Cuando eso ocurra, dejará Comodoro Py y alguno de sus actuales colegas asumirá como subrogante en su juzgado y, por ende, en esta causa.

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El 3 de noviembre pasado, Milei le pidió oficialmente al Senado el acuerdo a la designación de Rafecas. Ayer, en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, el expediente tomó estado parlamentario.



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El Senado convocó al plenario de comisiones para debatir la ley de ludopatía el próximo miércoles

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a Libertad Avanza habilitó el tratamiento de la ley de Ludopatía en el Senado de la Nación.

Después de más de 700 días en los que los libertarios bloquearon el tratamiento del proyecto de ley que ya tiene media sanción, a pocos días de que la norma pierda su estado parlamentario, y luego del impulso que ayer mostró la oposición, finalmente citó al plenario de comisiones para la semana próxima.

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En este contexto, y tal como había adelantado la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se conoció que el Senado convocó al plenario para debatir los proyectos vinculados a la Prevención de la Ludopatía. El encuentro quedó fijado para el próximo miércoles 25 de noviembre a las 10.00.

La reunión estará compuesta por las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, todas presididas por La Libertad Avanza. El temario tiene 14 expedientes y se destaca el texto aprobado por la Cámara de Diputados del 27 de noviembre del 2024.

El argumento que presentó el oficialismo para no tratar el tema sobre tablas es que tenían ideas para mejorar el proyecto y por eso querían ir al plenario de comisión.

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“Nosotros vamos a trabajar en un dictamen propio”, dijo una fuente libertaria. “Creemos que se puede mejorar y poner más restricciones”, agregó.

El cambio de posicionamiento es total respecto del momento en que se debatió en Diputados en donde el oficialismo quiso avanzar con un proyecto mucho más laxo y no acompañó en el recinto el que finalmente obtuvo media sanción.

Ahora, el bloque libertario avanza en un nuevo texto en manos del senador Agustín Coto que asegura será “más restrictivo. La idea es ir mucho más a fondo con la protección de los menores de 18”.

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“Básicamente, plantea que la publicidad de apuestas tenga restricciones como las del cigarrillo y que no haya nada que le pueda llegar a un menor.” Además, que no exista ninguna forma de que un chico o una chica pueda jugar, y para eso propone un mayor control biométrico para validar la identidad y la edad. La verificación de los datos biométricos y del DNI en tiempo real con el RENAPER, explicaron.

Otro punto que quiere introducir, y sí lo adelantó Bullrich, es que vía Enacom se pueda dar de baja los sitios webs de apuestas on line que no respeten los lineamientos que establezca la norma.

Sin embargo, en la oposición no creen en esto que hace circular el oficialismo ya que entienden que “después de casi dos años de negarse a tratarlo ¿por qué ahora se volverían más restrictivos?” si ellos sólo habían planteado un proyecto sobre el juego ilegal, que ya es ilegal», señaló a Infobae un senador peronista.

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Pero además de los expedientes en los que trabaja un sector del bloque de La Libertad Avanza y el que ya tiene media sanción del diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, hay otros 12 expedientes impulsados por Unión por la Patria, Moveré por Santa Cruz, la Unión Cívica Radical, Independencia y La Libertad Avanza.

El proyecto de ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online, la iniciativa avalada por la Cámara baja, si no es aprobado la próxima semana perderá estado parlamentario a finales de febrero del 2027, en la previa a que comience el período ordinario, si el Gobierno no lo incorpora en sesiones extraordinarias.

Es en este contexto que el diputado autor del proyecto, Maximiliano Ferraro, se mostró ofuscado con la negativa de los senadores de tratarlo sobre tablas. “La desfachatez y complicidad de algunos senadores frente a la Ley de Prevención de la Ludopatía es una vergüenza. Tuvieron más de 700 días para tratarla y no hicieron absolutamente nada. Voten ahora mismo, dejen de especular”.

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Rafecas reasumió el caso AFA y se lo quedaría varios meses, pese a que su ascenso avanza en el Senado

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El juez federal Daniel Rafecas ya reasumió la investigación del caso por los manejos irregulares de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ayer le encomendó investigar la Corte Suprema de Justicia. Recibió el expediente digital y todo indica que en los próximos días le enviarán la documentación del caso.

Su ascenso a camarista avanza, mientras tanto, en el Senado, donde ayer tomó estado parlamentario el pliego para su nueva designación. ¿Significa eso que Rafecas va a dejar el caso que acaba de reasumir? No en el corto plazo, coinciden en la Cámara alta y en los tribunales de Comodoro Py.

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El trámite para que el Senado le dé acuerdo a su ascenso no estará terminado antes de marzo o abril próximo, estimaron fuentes de los poderes legislativo y judicial.

La quinta de Villa Rosa, Pilar, atribuida a Pablo TovigginoRicardo Pristupluk

Rafecas lleva más de dos décadas como juez federal de primera instancia y hace años que concursa para ser nombrado camarista de la Casación Nacional (la que interviene en los casos ordinarios, no federales).

El 3 de noviembre pasado, finalmente, Javier Milei lo nombró para ese cargo y envió el pliego al Senado para que los legisladores le den su aval. El expediente está en la Comisión de Acuerdos, que se reunirá la semana próxima en lo que todo indica que será su última reunión del año. El ascenso de Rafecas no está en su temario.

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“No dan los tiempos para que el pliego de Rafecas sea aprobado ahora”, dijo una fuente de la comisión a .

Antes de dictaminar, los legisladores deben entrevistar a todo candidato a juez o camarista. Solo después de esa entrevista, aprueban el dictamen y lo envían al pleno de la Cámara para la votación definitiva.

El fallo de la Corte

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La Corte Suprema le encomendó a Rafecas el caso AFA en un fallo en el que dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de Casación de enviar el expediente al juzgado federal de Campana, como querían los acusados.

La causa en disputa, detalló la Corte, es por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la AFA e incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, en Pilar, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Allanamiento en la quinta de Villa Rosa, PilarRicardo Pristupluk

Los tres jueces de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– sostuvieron que aquel fallo de la Casación afectó de “modo severo e inequívoco” la garantía de juez natural; que cometió una “grosera” violación a las reglas de la competencia y que incurrió en un evidente apartamiento de las constancias de la causa y de las normas aplicables.

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La Corte afirmó que la sentencia, firmada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, “omitió deliberadamente” analizar los argumentos planteados por la fiscalía, que había sostenido que le correspondía intervenir a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires; es decir, al juzgado de Rafecas.

Este magistrado fue el primer juez de la causa. Ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino como dueño real de la quinta, incluidos un bolso y una placa homenaje que tenían su nombre y una pintura con su rostro.

La historia del caso

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La causa se inició por una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, que figuran como quienes adquirieron, a través de la firma Real Central SRL, la quinta de Pilar. La sospecha es que son testaferros porque de las pruebas reunidas surge que no tendrían la capacidad económica suficiente para justificar esa operación. Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de más de 2.000.000 de pesos. Conte, su madre, es jubilada y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

La causa le tocó a Rafecas, pero él se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico, que tampoco asumió el caso. Quedó así configurada la primera pelea de competencia. La causa volvió entonces a Comodoro Py y la Cámara Federal dijo que le correspondía intervenir al fuero penal económico.

Reunión de la Comisión de Acuerdos del SenadoMario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Pero la defensa se presentó entonces en el juzgado federal de Campana. Sostuvo que era el tribunal territorialmente competente para tomar el caso porque la quinta está dentro de su jurisdicción.

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El juzgado federal de Campana hizo lugar a ese planteo y le reclamó el expediente al juzgado en lo penal económico, que se negó a enviárselo. Argumentó que la investigación no se centraba en el inmueble de Pilar, sino en supuestas maniobras de administración fraudulenta de los directivos de la AFA, cuyo domicilio estaba en la ciudad de Buenos Aires.

Esta disputa por la competencia fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en favor del juzgado federal de Campana, pero la historia no había terminado.

La fiscalía apeló y el caso llegó así a la Cámara Federal de Casación que, por mayoría, dispuso mandarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que resolviera la contienda. Ese tribunal dijo que debía intervenir el juzgado en lo penal económico N° 10.

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Pablo Toviggino y Claudio «Chiqui» Tapia, en un almuerzo en Ezeiza con distintos dirigentes del fútbol argentino.AFA

Pero la defensa presentó un nuevo recurso de casación. En esta segunda intervención, la Sala I del máximo tribunal penal hizo lugar al planteo de la defensa y declaró competente al juzgado federal de Campana.

El Ministerio Público Fiscal, en desacuerdo, llevó el caso hasta la Corte, que este jueves resolvió finalmente la cuestión.



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