Un colectivo que va y viene por el área metropolitana se lleva, en promedio, unos $12 millones de subsidio por mes. Son algo más de $400.000 por día, que debería multiplicarse por las 16.700 unidades del sistema. Así la cuenta trepa a alrededor de $208.000 millones mensuales. Quien quiera entender por qué los dueños de los colectivos terminaron denunciándose entre ellos en Comodoro Py tiene que empezar por ese número.

Sobre esa caja cayó el viernes la resolución 83 de la Secretaría de Transporte, que toca nada más y nada menos que un premio: 30% extra en la tarifa con la que se calcula el subsidio para quien ponga a circular en la calle un colectivo a gas natural comprimido (GNC). Llevado al promedio, ese plus equivale a unos $3,6 millones más por mes por cada unidad.

Hasta ahí, un incentivo como tantos. El problema es que la plata a repartir es un número cerrado. Si el que compra un coche a gas cobra más, el que sigue con gasoil cobra menos. No hay otra ventanilla. Ese es el corazón de un conflicto que arrancó como una discusión de planillas y terminó con empresarios acusándose de estafa.

Desde ahora, el premio fijo desaparece para las líneas nacionales, las que en su recorrido tocan la Ciudad de Buenos Aires y llegan al conurbano. En total, la medida alcanza a 6855 colectivos, según datos de la estructura de costos que el propio Gobierno aprobó en octubre. Y acá aparece la primera sorpresa: de ese total, apenas 33 funcionan a GNC y 3 son eléctricos. La pelea, entonces, no es por los coches que ya circulan sino por los que se iban a comprar.

Un punto a aclarar es que en el área metropolitana (AMBA) conviven tres jurisdicciones: Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. La administración porteña fue la que hizo punta con una norma que está vigente en este territorio y que entregaba ese plus. El Grupo Metropol fue el que hizo punta, con la compra de 150 colectivos que fueron importados como “temporarios”.

Cuando estaban en la calle, empezó a cobrar ese dinero extra y esa situación detonó la pelea. Como se dijo, lo que los “pioneros del GNC” cobraban se lo restaban al resto. Con lo cual, decían en las otras líneas, el camino que venía era el empobrecimiento de la “clase media” del transporte, así llamada a las compañías (cerca del 50% del parque) que no pertenecen ni a Metropol ni a DOTA, el otro gigante del sector, con alrededor del 40% del total de colectivos del AMBA.

Poco después, cuando la gestión del arquitecto Fernando Herrmann llegó a Nación, primero a Transporte y ahora a la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, copió ese esquema porteño. Eso es lo que ahora se cambió, no lo que escribieron la Ciudad y el gobierno bonaerense.

El plus del 30% nacional había nacido en enero y fue ratificado en mayo. La norma nueva, que firma Mariano Plencovich y rige para la liquidación de octubre, un mes ya vencido, lo cambia por otra cosa: una tarifa teórica por tipo de energía, armada según lo que cuesta el kilómetro de cada tecnología. Dicho de otro modo, el Estado deja de premiar y pasa a reconocer la diferencia de costo.

¿Cuánto es eso? El número oficial no se publicó. En AAETA, la cámara que integra Metropol y la más crítica de la medida, hicieron la cuenta con las planillas oficiales: el gas cuesta entre 6% y 14% más por kilómetro, según el grupo de líneas. Si el reconocimiento va por ahí, el plus quedaría en menos de la mitad. La entidad agrega que las empresas que tenían comprometidas unidades a gas para recorridos nacionales frenaron las compras.

Hay letra chica. La Secretaría se guarda la facultad de recalcular esos parámetros cuando lo considere y de fijar una tarifa distinta para cada línea. Un porcentaje escrito en una norma pasó a ser un valor que se define en un escritorio. Es la segunda vez en el año que se modifica el esquema.

Los fierros detrás de la pelea

En este expediente el gas no es un asunto ambiental. Cuando cuatro cámaras acusaron a La Nueva Metropol de inflar boletos, en el grupo de los Zbikoski contestaron que todo era una revancha por haber cerrado la compra de 150 colectivos chinos King Long a GNC. Los que no querían un jugador nuevo, decían, eran los históricos fabricantes.

Los números del parque ayudan a entender el argumento. Entre las líneas nacionales y las porteñas circulan 8924 unidades: 4537 son Mercedes-Benz y 3803, Agrale. Dos marcas se quedan con el 93% del mercado. La alemana tiene varios concesionarios, pero el más poderoso es el Grupo Prieto y su concesionaria Colcar; la licencia de Agrale es de DOTA, el grupo más grande del sector. En la misma planilla, King Long aparece por primera vez, con 149 coches.

No es la primera vez que el gas divide aguas. Las mismas cuatro cámaras ya le habían pedido por carta a la provincia de Buenos Aires que frenara un premio idéntico. El argumento era el de siempre: la torta es una sola.

Los $12 millones por colectivo no figuran en ningún papel oficial. Surgen de un cálculo de sobre el Índice Bondi, el tablero mensual de AAETA. En septiembre, el Estado le reconoció al sistema un costo de $361.692 millones. Los pasajeros pusieron, boleto a boleto, unos $153.800 millones, mientras que el resto salió de la caja pública.

Desde mayo, esa bolsa casi no se movió: osciló entre $200.000 y $210.000 millones, aunque sí subió la recaudación. Cada unidad juntaba $6,8 millones por mes en la máquina de la SUBE y ahora junta $9,2 millones. Traducido: la suba de costos la viene bancando el pasajero.

En las líneas nacionales el cuadro es más delicado. Su boleto mínimo está clavado en $742,81, contra $956,38 en la Ciudad y $1.276,08 en la provincia. El Gobierno eligió no tocar la tarifa y poner más compensación. Son los colectivos que menos cobran y más dependen de lo que llega por ventanilla.

La fórmula nueva tiene una pieza que decide mucho y explica poco. Se llama Índice de Operatividad y multiplica lo que le toca a cada línea. Qué mide y cuánto pesa cada variable no está en la resolución: lo define Transporte por instrucción, sin pasar por el Boletín Oficial. Entre los criterios que se mencionan al pasar figura el uso de tecnologías limpias, como la electricidad y el gas.

También hay controles que antes no existían. Se pueden descontar kilómetros si una línea suma recorrido sin sumar pasajeros, hay un tope a lo que rueda cada coche en hora pico y aparece un techo: nadie podrá cobrar por encima de sus costos más un margen. En AAETA advierten que ese límite puede alcanzar justamente a las líneas con más flota limpia.

Lo que no se tocó es lo que se discute en tribunales. El ingreso de subsidios de cada línea aún se calcula por la cantidad de boletos vendidos en cada sección, de modo que el pasaje largo rinde más que el corto. La Distancia Media Abonada, el indicador que originó la denuncia, no aparece nombrada en el anexo.

En el medio hay $6500 millones retenidos, el equivalente al subsidio mensual de unos 520 colectivos. Y dos causas que no pueden ser ciertas a la vez, ambas en el despacho del juez Sebastián Casanello: una investiga si hubo una estafa con la SUBE; la otra, si las cámaras armaron una acusación falsa para quedarse con la porción de un competidor. El fiscal Guillermo Marijuan ya pidió la indagatoria de los cuatro presidentes de las entidades y del exsecretario de Transporte Luis Pierrini. Por ahora, Casanello no hizo lugar.

Los anexos de la nueva resolución salieron de la Dirección de Subsidios al Transporte, que firma Guillermo Laión. Esa oficina está dentro del organigrama de la dirección nacional de Alejandro Seijas, el funcionario que en julio escribió que no había perjuicio para el Estado y en septiembre avaló recortes por $7156 millones.

Quedan dos lecturas. O el Gobierno le sacó un privilegio a un puñado de coches y empezó a ordenar un sistema que nadie controló en serio durante dos décadas, o cambió las reglas justo cuando un jugador nuevo había apostado a ellas. La respuesta está en un número que todavía no se conoce: cuánto vale, desde octubre, un pasajero que viaja en un colectivo que se se mueve a gas natural comprimido.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó la jugada de la Casa Rosada: insistir con la suspensión de las PASO, pese a no tener asegurados los votos de sus aliados y los bloques provinciales. Para sorpresa de propios y ajenos, el oficialismo convocó para este martes a una reunión de comisión en la que buscará dictaminar una ambiciosa reforma electoral que, según los borradores a los que accedió , suma la posibilidad de incorporar listas de acople, uno de los reclamos de los gobernadores aliados.

Esta vez la negociación no pasa por el Congreso, sino que se maneja de “arriba para abajo”, según repiten varios legisladores acostumbrados al poroteo, marginados de las conversaciones entre el Gobierno, encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los mandatarios provinciales. Aunque desde la Casa Rosada insisten en que cuentan con los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa, la percepción en el Senado es bien distinta.

Ni siquiera los legisladores libertarios comparten el optimismo del Poder Ejecutivo. Según pudo constatar , el oficialismo tiene hasta el momento 31 votos asegurados de los 37 que necesita para darle media sanción a la iniciativa. Pero antes deberá superar un obstáculo más inmediato: conseguir el dictamen de comisión, el martes que viene.

Legisladores de distintos bloques anticipan un debate “difícil” en Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista fueguino Agustín Coto. Podrían abrirse allí nuevos frentes y quedar frustrada la intención de Balcarce 50 de avanzar con el proyecto para tratarlo en el recinto el próximo 26 de noviembre.

Es que, aunque la composición de la comisión favorece a los libertarios, necesitan reunir diez firmas y, para alcanzar ese número, dependen del respaldo de cuatro representantes del radicalismo y los bloques provinciales. Parte de la resistencia se explica porque hasta este fin de semana la mayoría de los senadores desconocía el contenido del borrador que el Gobierno pretende dictaminar.

El texto retoma los puntos de la iniciativa original, entre ellos los cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia, pero reemplaza la eliminación de las PASO por su suspensión y agrega la posibilidad de habilitar listas colectoras.

Sobre lo que puede suceder el martes, las lecturas son variadas. Hay quienes creen que el Gobierno logrará reunir las firmas necesarias, aunque con algunas disidencias que podrían derivar en cambios durante un eventual debate en el Senado. Los más escépticos, en cambio, anticipan una discusión más extensa, con legisladores clave que podrían resistirse a acompañar el dictamen mientras buscan negociar con el Ejecutivo.

Negociaciones

Entre las firmas que el Gobierno busca asegurarse figuran las de los tres radicales Eduardo Vischi (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Flavio Fama (Catamarca). Se descuenta que los dos primeros acompañarán a LLA, luego de que sus respectivos gobernadores alcanzaran acuerdos con Santilli.

En el caso del gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, una de las condiciones sería la inclusión de dos senadores de su espacio en las listas. Para el mendocinoi Alfredo Cornejo, en cambio, la concesión sería bastante más generosa, ya que implicaría dejar fuera de la competencia por una candidatura oficialista al actual diputado Luis Petri.

Distinta es la situación del catamarqueño Fama, que no responde al gobernador Raúl Jalil y cuyo respaldo todavía está en duda, en un escenario de incertidumbre por la renovación de su banca el próximo año.

Entre los provinciales, la cordobesa Alejandra Vigo mantiene sus cartas bajo reserva hasta último momento, aunque desde su entorno recuerdan que siempre se mostró a favor de suspender las primarias.

Con la necesidad de sumar otros dos apoyos para alcanzar las diez firmas, cobran especial relevancia las posiciones de algunos legisladores provinciales. Uno de ellos es Carlos “Camau” Espínola, que mantiene bajo reserva su postura y podría definirla a último momento. Está en duda el acompañamiento de Carolina Moisés (Jujuy), de Convicción Federal, cuya decisión estará sujeta a las conversaciones entre los gobernadores del norte, que se reunirán este lunes, y otros referentes del PJ, entre ellos Sergio Massa, con quien mantiene diálogo.

En tanto, es de prever que la tucumana Beatriz Ávila, del espacio Independencia, siga las directivas de Osvaldo Jaldo, quien hace gala de su buena sintonía con la Casa Rosada, pero ya manifestó su rechazo a la eliminación de las PASO.

Frente a este escenario, prima la confusión entre algunos legisladores sobre las verdaderas intenciones del ala política que responde a Karina Milei y los Menem. “El proyecto estaba dormido y lo reactivaron. Es una forma de marcarle la cancha a Patricia”, repitieron en los pasillos del Senado, en alusión a la interna que mantiene la jefa del bloque libertario con un sector de la Casa Rosada.

Sin embargo, incluso en el escenario más optimista para el oficialismo, en el que lograra sortear sin contratiempos la reunión del martes, para muchos el verdadero desafío estará en reunir los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa en el recinto.

Los votos

En esa instancia, el bloque de la UCR, encabezado por Vischi, tendrá un papel determinante, dado que cuenta con diez senadores. Según pudo saber , el Ejecutivo ya alcanzó acuerdos no solo con Valdés y Cornejo, sino también con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a quien le habría garantizado despejarle el camino electoral, y Leandro Zdero (Chaco), otro de los mandatarios dialoguistas.

De esta manera, el radicalismo aportaría al menos siete votos a los 21 de LLA: Eduardo Galaretto (Santa Fe) y Carolina Losada (Santa Fe), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Mariana Juri (Mendoza), Mercedes Valenzuela (Corrientes), Vischi (Corrientes), y Silvana Lorena Schneider (Chaco).

Dentro del bloque también hay quienes se muestran incómodos con el tire y afloje entre las provincias y la Nación. “Me tengo que tragar el sapo”, admite, en una suerte de sincericidio, un senador del partido centenario que asegura estar éticamente en contra de suspender lo que considera “una herramienta de la democracia”. Aun así, descuenta que seguirá las directivas de su gobernador.

Más incierto es el panorama de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). Ninguno se referencia a un gobernador y, aunque los tres dejaron entrever que podrían acompañar al oficialismo, esa autonomía eleva su poder.

En las filas libertarias también dan por confirmado el respaldo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, con terminales directas con el gobernador Claudio Vidal. A ellos se suma la neuquina Julieta Corroza, con lo que el oficialismo reuniría, por ahora, 31 votos.

Un capítulo aparte merece la definición del bloque de Pro, presidido por Martín Goerling Lara, que defiende las bondades de las PASO. Desde el espacio, integrado también por Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa), aclararon a que todavía no tienen una postura tomada, ante los cambios previstos en la iniciativa y sin ocultar su malestar por la falta de circulación del borrador. “Si presentan eso, se abre una discusión de cero, más allá de que tengan los números”, advirtieron.

Por su parte, desde Convicción Federal, el bloque que responde a los gobernadores del norte, señalaron que cualquier definición llegará después de la reunión que mantendrán este lunes Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Después, se encargarán de bajar sus directrices a Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza.

La salteña Flavia Royón, que integra un monobloque, también aguardará la decisión de Sáenz, aunque desde su entorno anticipan que está “más cerca de un no que de un sí”.

Mientras tanto, no faltan los libertarios que, a contramano de la seguridad que exhibe el ala karinista, ven cierta improvisación en la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con su propio presidente, Agustín Coto, al margen del asunto, al igual que Patricia Bullrich. “Si sale, sale, y veo hasta dónde llego”, resumen sobre la estrategia del Gobierno. “Impulsarlo directamente en extraordinarias no era lo más prudente”, deslizan.

Sobre los cambios de última hora, también asumen reparos. Después de todo, dentro de las propias filas, Bullrich siempre se mostró en contra de las listas colectoras. Resta saber si la incorporación de este sistema de adhesiones abrirá un nuevo frente de conflicto o dará lugar a otro desmarque de la exministra.